Dice un popular
refrán que “en guerra avisada no muere gente”. Esto parece aplicar
perfectamente a la situación que atraviesa actualmente la propuesta
legislativa federal (H.R. 4900) para implantar una Junta de Control
Fiscal en Puerto Rico.
Al momento de escribir esta columna, el proyecto
se encontraba estancado en el propio Comité de Recursos Naturales, al no
contar con los votos necesarios para llevarla al pleno.
En mi última reunión en el Congreso, los asesores
legislativos me indicaron que una amplia cantidad de legisladores de la
mayoría republicana podían oponerse a la medida, particularmente los
sectores más conservadores.
Los acreedores (bonistas), particularmente los de
“fondos de cobertura”, han redoblado su cabildeo para evitar cualquier
posibilidad de que, aún bajo una Junta de Control Fiscal, Puerto Rico
pueda reestructurar su deuda. La vista celebrada en el Congreso la
semana pasada dejó saber la postura de los sectores más conservadores en
contra de cualquier ayuda para la Isla. Así las cosas, al menos ya
sabemos la procedencia de la oposición. En el Senado, la ruta que le
espera a la pieza legislativa tampoco será muy placentera.
Para acabar de complicar el cuadro, una
representación de las dos “tribus” locales, (PPD/PNP) también ha estado
cabildeando en el Congreso, en contra de la medida, y busca suavizarla
para que le deje el mayor poder de acción posible. Aún sin estados
financieros y sin una admisión de responsabilidad por el actual caos, la
partidocracia aún se proyecta en el Congreso como parte de la solución a
la actual crisis. Si todo lo anterior le parece surreal, la parte más
buena viene ahora.
¿Si no ocurre nada, cuanto le va a costar al
Gobierno de los Estados Unidos un programa de rescate de su territorio
en quiebra llamado Puerto Rico? Si finalmente colapsa en su totalidad
el Gobierno local, y sucumbe el resto de la economía, los costos
económicos, sociales y políticos serán enormes.
Aún dentro de la irracionalidad que parece se
apodera ahora del proceso legislativo, el Congreso no puede olvidar que
tiene la responsabilidad primaria de lidiar con los escenarios
apocalípticos de una debacle fiscal en su colonia en el Caribe.
Realicé un ejercicio analítico de los costos
económicos de un posible escenario de insolvencia total de Puerto Rico, y
le puse cifras a la crisis a la que nos enfrentamos.
Claramente, el gobierno central está corriendo
con déficit estructural de al menos $2,000 millones. Estabilizar esa
diferencia requerirá un proceso gradual, de por lo menos cuatro años.
Reducirlo de cantazo con un programa de pura austeridad solo contraerá
más la economía.
Las corporaciones públicas también enfrentan un
complejo escenario deinsolvencia con pérdidas operacionales de sobre
$2,500 millones anuales. Así que, de entrada, habrá que inyectar al
menos $8,000 para financiar la reducción gradual del déficit y la
consolidación de corporaciones públicas.
Entremos ahora al segundo componente más crítico,
el servicio de la deuda. El servicio global de la deuda que comprende
17 emisores o créditos, anda cercano a los $5,000 millones anuales.
Claramente, los emisores en mayores problemas son
las utilidades públicas, los cuales tienen un servicio de su deuda
combinado de $1,600 millones (excluyendo a Cofina). Sin acceso al
mercado y bajo una insolvencia, habrá impagos totales o parciales de
estas corporaciones y habrá que mitigarlos de alguna manera.
En tercer rango, miremos los sistemas de
pensiones del Gobierno central y de maestros, con una deficiencia
actuarial combinada de $40,000 millones, corren el peligro de quedarse
insolventes antes del 2018. Si colapsan ambos sistemas, habrá que pagar
anualmente, cerca de $1,400 millones en pensiones a los retirados. Las
pensiones son derechos adquiridos que habrá que honrar por razones
legales, morales y sociales.
En cuarto lugar, tenemos los costos potenciales
del colapso del sistema de salud. Claramente enfrenta el reto de una
insuficiencia de fondos a partir del 2017, y actualmente el Gobierno
federal envía $1,400 millones.
El envejecimiento acelerado de la población y el
empobrecimiento ejercerán fuertes presiones en los costos del sistema de
salud, y para evitar su quiebra habrá inyectarle nuevos recursos.
No es secreto de estado, las grandes presiones
que enfrenta el sistema financiero local (bancos, aseguradoras,
cooperativas) ante el deterioro económico de Puerto Rico.
En el 2010, el FDIC tuvo que dirigir unas las
consolidaciones más costosas en su historia moderna, y tuvo que
intervenir con tres bancos fallidos, a un costo aproximado de $5,000
millones. Un colapso económico puede provocar un riesgo sistémico al
sistema financiero de la Isla, particularmente al eslabón más débil
actualmente, que son las cooperativas de ahorro y crédito que tienen
$1,500 millones invertidos en bonos del Gobierno.
La inacción del Congreso va a provocar un
deterioro mayor y llevar la economía a un punto de no regreso. Un
rescate pudiera costarle al Gobierno federal entre $15,000 millones a
$20,000 en cinco años.
(*) Economista