WASHINGTON.- La Cámara de
Representantes de EEUU aprobó anoche el proyecto de ley para atajar la
deuda fiscal de Puerto Rico, que establece la creación de una junta de
control fiscal sobre el Gobierno de la isla para controlar la
elaboración y cumplimiento de los presupuestos y facilitar la
reestructuración de la deuda.
La votación del proyecto, cuyo acrónimo es "Promesa", acabó con 297 a
favor y 127 en contra, y se celebró tras una intensa jornada en la que
el presidente de la Cámara, el republicano Paul Ryan, argumentó que el
proyecto no tendrá coste alguno para los contribuyentes estadounidenses.
"Ya que Puerto Rico es un territorio estadounidense, en última
instancia la responsabilidad es del Congreso, tal y como dice la
Constitución", argumentó Ryan, quien en esta ley ve uno de sus mayores
logros desde que llegó a la Presidencia de la Cámara Baja en octubre
pasado.
Según resumió, los objetivos de "Promesa" son "proteger a los
contribuyentes estadounidenses, impedir que la crisis de deuda de Puerto
Rico se convierta en un desastre humanitario y poner a Puerto Rico en
el camino hacia la recuperación".
El texto sometido a votación fue consensuado tras semanas de
negociaciones entre demócratas y republicanos, y cuenta con el "fuerte
apoyo" de la Casa Blanca, por lo que ahora deberá pasar por el Senado,
donde no se espera que tenga grandes obstáculos, para después ser
aprobado por el presidente de EEUU, Barack Obama.
La líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi,
quien ha participado de las discusiones sobre el contenido de la ley,
explicó que la junta de supervisión será nombrada por el mismo Obama,
quien deberá "poner en práctica la reestructuración como se describe en
esta legislación".
"Sobre una base bipartidista, presentaremos nombres al presidente de
inmediato para que pueda nombrar a la junta de supervisión. Es mi
compromiso asegurarme de que los demócratas de la Cámara logren que
Puerto Rico esté representado en este equipo", agregó Pelosi sobre uno
de los asuntos más espinosos del texto legislativo.
Pelosi reiteró que, además de la junta de supervisión, la legislación
también contiene un grupo de trabajo, cuya tarea es analizar los
impedimentos que existen en la ley federal para promover el crecimiento
económico de Puerto Rico.
Bajo la nueva ley, la junta de supervisión fiscal podría anular
cualquier ley por parte del Gobierno de Puerto Rico que considere una
violación de "Promesa" y también puede obligar al Gobierno
puertorriqueño a vender activos, fusionar agencias y despedir empleados
gubernamentales.
La junta tendría el poder de convocar audiencias, citar testigos,
requerir información y estados financieros auditados del gobierno
puertorriqueño y se le permitiría imponer sanciones penales por
proporcionar información falsa o violar órdenes de la junta.
En este sentido, el representante demócrata Luis Gutiérrez, de origen
boricua, dijo durante su intervención que la evaluación de la medida
fue "una actividad totalmente antidemocrática en la democracia más
grande del mundo".
"Esta no es mi promesa. Mi promesa es que el pueblo de Puerto Rico se
respete y que no se les trate como si fueran esclavos colonizados. Yo
rechazo esta propuesta, y les digo que mi promesa es clara; trabajar
para defender", aseguró Gutiérrez.
La Casa Blanca emitió un comunicado en el que expresa su respaldo al
texto aunque también sus preocupaciones sobre algunas disposiciones que
pueden ser abusivas en materia de salario mínimo o el reconocimiento de
horas extra para los trabajadores.
"Mientras que el proyecto de ley incluye disposiciones a las que el
Gobierne se opone, en general, el Ejecutivo cree que el compromiso de
esta legislación es mejor que la situación actual y es necesaria para
proteger el bienestar de 3,5 millones de estadounidenses y crear un
camino hacia la recuperación", agregó la nota.