SAN JUAN.- El gobernante Alejandro García Padilla centra sus esfuerzos hoy a
favor de la legislación federal que impondrá a Puerto Rico una junta de
control fiscal, a la vez que la reestructuración de su deuda pública.
El mandatario, que se halla en Washington recabando el apoyo de
senadores demócratas a la criticada medida denominada Promesa, que a la
vez que impone una junta de siete miembros para supervisar el gobierno
del Estado Libre Asociado (ELA), tiene como objetivo garantizar a Wall
Street y a la fondos buitres el pago de la deuda pública de 70.000
millones de dólares.
La legislación, sancionada en día pasados por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, debe ser votada por el Senado a la brevedad posible, puesto que esta isla del Caribe, bajo la dominación de la nación norteña, incurrirá el próximo 1 de julio en un nuevo impago a los bonistas, esta vez de casi dos mil millones de dólares.
Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, siglas en inglés) es considerada un retroceso en las relaciones con Estados Unidos, que por más de 60 años aseguró en el plano internacional que esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes había alcanzado su soberanía, ya que regulará las operaciones del gobierno boricua.
El delegado puertorriqueño electo ante el Congreso, Pedro Pierluisi, también se ha manifestado a favor de la aprobación de la medida, no así el flamante presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló, candidato a la gobernación en las elecciones del 8 de noviembre próximo.
García Padilla se reunió con la influyente senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, además de Jeffrey Merkley, del estado de Oregon, y con miembros de la oficina de Joe Manchin, de West Virginia, como parte de sus esfuerzos para que se provea a Puerto Rico de herramientas para atender la crisis fiscal y el estancamiento económico de una década.
El mandatario advirtió a los funcionarios del Senado federal la urgencia de que se apruebe el proyecto Promesa, que es repudiado por un amplio sector del espectro político puertorriqueño.
García Padilla ha reconocido la necesidad garantizar los servicios esenciales de la ciudadanía por lo que no puede cumplir con el pago de notas que se avecina.
En días recientes el gobernador envió cartas a cada uno del centenar de senadores estadounidenses para solicitar su apoyo al proyecto antes de que finalice este mes, ya que Puerto Rico no cuenta con recursos para cumplir con el pago parcial de su deuda, a menos que se afecten servicios esenciales, que incluyen el pago de sus salarios a los empleados públicos, como policías, médicos, enfermeras y maestros.
La legislación, sancionada en día pasados por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, debe ser votada por el Senado a la brevedad posible, puesto que esta isla del Caribe, bajo la dominación de la nación norteña, incurrirá el próximo 1 de julio en un nuevo impago a los bonistas, esta vez de casi dos mil millones de dólares.
Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, siglas en inglés) es considerada un retroceso en las relaciones con Estados Unidos, que por más de 60 años aseguró en el plano internacional que esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes había alcanzado su soberanía, ya que regulará las operaciones del gobierno boricua.
El delegado puertorriqueño electo ante el Congreso, Pedro Pierluisi, también se ha manifestado a favor de la aprobación de la medida, no así el flamante presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló, candidato a la gobernación en las elecciones del 8 de noviembre próximo.
García Padilla se reunió con la influyente senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, además de Jeffrey Merkley, del estado de Oregon, y con miembros de la oficina de Joe Manchin, de West Virginia, como parte de sus esfuerzos para que se provea a Puerto Rico de herramientas para atender la crisis fiscal y el estancamiento económico de una década.
El mandatario advirtió a los funcionarios del Senado federal la urgencia de que se apruebe el proyecto Promesa, que es repudiado por un amplio sector del espectro político puertorriqueño.
García Padilla ha reconocido la necesidad garantizar los servicios esenciales de la ciudadanía por lo que no puede cumplir con el pago de notas que se avecina.
En días recientes el gobernador envió cartas a cada uno del centenar de senadores estadounidenses para solicitar su apoyo al proyecto antes de que finalice este mes, ya que Puerto Rico no cuenta con recursos para cumplir con el pago parcial de su deuda, a menos que se afecten servicios esenciales, que incluyen el pago de sus salarios a los empleados públicos, como policías, médicos, enfermeras y maestros.
