viernes, 18 de noviembre de 2016

La alcaldesa de San Juan dice que la junta fiscal actúa contra los puertorriqueños

SAN JUAN.- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, destacó el carácter colonial de la junta de control fiscal impuesta por Estados Unidos, que se reunió hoy por primera vez en Puerto Rico. 


'La junta de control fiscal sigue demostrando su intención de actuar en favor de los bonistas y en contra del pueblo puertorriqueño', expresó la ejecutiva capitalina, mientras protestaba debajo de la lluvia en el municipio de Fajardo (nordeste), donde se reunieron los siete miembros del organismo.

Es la primera vez, después de dos reuniones en Nueva York, que los integrantes de la entidad federal tienen un encuentro en este país, que está bajo asedio de los bonistas ante su imposibilidad de solventar la deuda pública de más de 68.000 millones de dólares.

Cruz Soto indicó que el carácter antidemocrático y colonial de la junta fiscal se sigue demostrando hoy, pues en esta tercera reunión tampoco ha habido espacio para hablar sobre reestructurar la deuda.

'Recordemos que cinco de sus siete miembros tienen que estar de acuerdo con la restructuración y ni siquiera se ha tocado el tema', reclamó.

La alcaldesa de la ciudad capital de esta isla del Caribe, quien acaba de revalidar al cargo con un sólido respaldo en las urnas a pesar de los ataques que le hicieron por su postura de confrontación con la junta, acusó a sus miembros de haberse reunido en la víspera, a escondidas y sin transparencia, en las oficinas de la Administración de Sistemas de Retiro.

El Sistema de Retiro de los empleados públicos puertorriqueños, al igual que el de los maestros, se encuentran afectados por lo que se teme que en los próximos dos años se queden sin liquidez.

Cruz Soto sostuvo que la agenda de los integrantes del organismo apunta a que serán los pensionados puertorriqueños 'los primeros en sufrir en carne propia la insensibilidad de aquellos que solo buscan saciar la sed de los bonistas'.

'El país debe despertar a la realidad de que esta junta no viene a ayudar, pues nada que nos arrebate la democracia ayuda; esta gente viene a actuar de agencia de cobro de los bonistas', subrayó.

Criticó el reclamo del gobernador electo Ricardo Rosselló Nevares, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), para que se detengan las acciones de la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

'Esto demuestra que él se rindió ante la realidad de que aquí manda la junta y que su actitud ante ellos solo será la de extender la mano para pedir ayuda', dijo al alcaldesa sobre Rosselló Nevares, quien asumirá las riendas del país el 2 de enero de 2017.

'El país debe despertar, y de manera pacífica y ordenada, unir esfuerzos para combatir esta junta colonial y antidemocrática que nada tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo', reiteró Cruz Soto, del ala soberanista del gubernamental Partido Popular Democrático (PPD), que perdió el control de la gobernación y las cámaras legislativas.

La alcaldesa recordó a las autoridades que el pueblo tiene derecho a 'protestar por un acto de barbarie como lo es que esta junta nos arrebate el poco gobierno propio que teníamos'.

Pese a la lluvia repudian a la junta de control fiscal en Puerto Rico

SAN JUAN.- Frente a un extraordinario despliegue policial y bajo la lluvia, cientos de manifestantes repudiaron hoy a la junta de control fiscal, impuesta por Estados Unidos al gobierno de Puerto Rico, que sesionó en Fajardo (nordeste). 

 
La protesta en la entrada frontal del hotel El Conquistador provocó la activación de sobre 500 policías, que además vigilaban la zona por aire y mar para evitar la infiltración de elementos extraños a la lujosa hospedería turística ubicada de cara al océano Atlántico.

'Hay efectivos desplegados por aire, mar y tierra', dijo a los periodistas el coronel Orlando Meléndez, director de Operaciones de Campo de la Policía de Puerto Rico.

En horas tempranas hubo un incidente sin mayores consecuencias con los agentes, cuando impidieron a miembros de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA-AAA), encabezados por su presidente, Pedro Irene Maymí, que se estacionaran a orillas de la carretera.

Mientras, en el sector bancario de Hato Rey unos 60 del colectivo Se Acabaron las Promesas, en alusión a la legislación federal Promesa que busca garantizar el pago de la deuda pública de sobre 68.000 millones de dólares a los bonistas, ocuparon el séptimo piso del edificio MCS Plaza.

En el lugar están las oficinas de una aseguradora propiedad de José Carrión III, quien preside el organismo federal de siete miembros impuesto por Estados Unidos al gobierno de Puerto Rico, ante su bancarrota fiscal y su estancamiento económico.

La portavoz del Campamento contra la Junta de Control Fiscal, Shelimar Velázquez, expresó que los integrantes del organismo escogieron en hotel de Fajardo porque 'sienten que ese es un lugar seguro'.

'Sienten que ese es un lugar donde pueden garantizar que la reunión se dé de la manera más pausada posible', manifestó Velázquez.

Contrario a lo que en principio se esperaba, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García, no asistirá a este primer encuentro del organismo en la isla, mientras que el gobernante electo, Ricardo Rosselló, compareció en calidad de oyente.

La Coalición Sindical, el Partido del Pueblo Trabajador y el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) se integraron a la protesta contra el organismo impuesto mediante Promesa, acrónimo en inglés de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico aprobada por el gobierno de Estados Unidos.

'La ley Promesa le establece una agenda muy clara a la junta y una meta perversa contra Puerto Rico: pagarle a los bonistas y a los fondos buitre con los recursos y presupuesto del gobierno de Puerto Rico', afirmó el copresidente del MINH, Héctor Pesquera Sevillano, que respondió a la convocatoria.

Para el dirigente del MINH la designación por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de los siete miembros de la junta constituye un acto dictatorial que atenta contra los mejores intereses del pueblo puertorriqueño.

'Nuestro pueblo tiene el derecho, así como la obligación, de combatir con todos los recursos a su alcance esta junta extranjera que viene a empobrecernos aún más y a llevarse hasta los clavos de la cruz', dijo Pesquera Sevillano.