domingo, 29 de enero de 2017

El gobernador Rosselló Nevares negociará con los acreedores de Puerto Rico

SAN JUAN.- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó hoy la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal con el propósito de negociar la deuda pública de Puerto Rico y por otro lado, garantizar servicios esenciales públicos.

'La Ley de Cumplimiento para los asuntos fiscales en Puerto Rico representa un cambio de filosofía significativo con la previa administración que tenía una ley de impago', dijo el mandatario en abierta crítica a su antecesor Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD).

Rosselló Nevares que este nuevo estatuto 'permite -basado en los recursos que tiene Puerto Rico- cumplir con aquellos que han invertido en la isla, pero también dejar claro que nuestra prioridad es el pago de los servicios esenciales'.

La disposición persigue identificar los servicios esenciales, reconociendo que en la medida de lo posible se cumplirá con las responsabilidades del pago de la deuda con los acreedores, pensionados y cooperativistas, que ronda los 70.000 millones de dólares.

'Con esta ley le demostramos al mundo entero que Puerto Rico nuevamente tiene credibilidad, pero a base de la evidencia, los datos y el capital que tememos accesible', agregó el gobernante puertorriqueño del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).

En la víspera la junta de control fiscal extendió hasta el 28 de febrero la entrega del plan fiscal del gobierno puertorriqueño con imposición de reducción de los galos y la moratoria del pago de la deuda hasta el 1 de mayo.

De acuerdo con la Sección 201 y 203, la ley identifica que durante la emergencia el gobernador pagará la deuda en la medida en que se puedan proveer los servicios esenciales como salud, seguridad y bienestar general a la población, que incluye la educación.

Esta ley dispone, además, la paralización de litigios mientras se encuentre en efecto la paralización que provee la legislación federal Promesa, impuesta al gobierno de Puerto Rico por el Congreso y la Casa Blanca.

sábado, 28 de enero de 2017

La Junta federal extiende la fecha del plan fiscal al gobierno de Puerto Rico

SAN JUAN.- La junta federal impuesta al gobierno de Puerto Rico, mediante la legislación Promesa, le otorgó hoy una extensión para presentar su plan fiscal, a la vez que paralizó hasta mayo cualquier litigio de los acreedores.

La decisión da un respiro al gobernante puertorriqueño Ricardo Rosselló Nevares que tendrá hasta el 28 de febrero para la elaboración de un plan fiscal ajustado.

El organismo federal rechazó el plan elaborado por la anterior administración encabezada por Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD), por no contener parámetros de despido de empleados públicos y de reducción de gastos.

La junta de control fiscal concedió, además, otra prórroga para la paralización de los litigios judiciales de los acreedores de la deuda pública hasta mayo próximo, lo que disipa un posible cierre del gobierno, tal como temía la administración de Rosselló Nevares.

El gobernador se ha comprometido con la junta de control fiscal en reducir la estructura del gobierno puertorriqueño, mediante la fusión y eliminación de agencias que permitirán hacer ahorros sin presuntamente despedir empleados públicos.

Con una deuda de 70.000 millones de dólares, Puerto Rico se encuentra al borde de la bancarrota fiscal, por lo que el Congreso y la Casa Blanca se pusieron de acuerdo para establecer un organismo rector de siete miembros, con poderes omnímodos, que controla las acciones gubernamentales isleñas.

Rosselló Nevares logró el aval de la junta horas después de que en la madrugada la Cámara de Representantes de Puerto Rico sancionara con enmiendas la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal, que establece hasta el 1 de mayo próximo una moratoria a los pagos de la deuda pública.

La determinación del organismo federal la anunció su presidente José Carrión III, tras una reunión en el lujoso hotel El Conquistador, en Fajardo (oriente), la cuarta que celebra, dos de estas en Nueva York.

Como parte de su cuarta reunión desde su establecimiento mediante la legislación Promesa, acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, la junta atendió, entre otros asuntos, la solicitud del gobierno de Rosselló Nevares, que tiene como su representante en el organismo federal a Elías Sánchez.

EPB-Macheteros advierte sobre represión a las protestas en Puerto Rico

SAN JUAN.- Las autoridades federales intensificarán la represión de las protestas contra la imposición de medidas impulsadas por la junta de control fiscal impuesta por Washington al gobierno de Puerto Rico, pronosticó el Ejército Popular Boricua (EPB-Macheteros). 

La clandestina organización político-militar reveló que entre febrero y marzo, cuando se establezcan las acciones que hagan más difícil la vida de los puertorriqueños, 'intensificarán la represión contra los sectores que se manifiesten en la calle'.

A esto responde, según el EPB-Macheteros, que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) impusiera al gobernante puertorriqueño Ricardo Rosselló Nevares el nombramiento de la coronel del ejército norteamericano Michelle Hernández como jefa de la policía isleña 'por su experiencia militar'.

'Es necesario que llamemos, como lo hemos venido haciendo, a la acción patriótica y combativa, sin la cual nunca saldremos de la trampa que nos ha tendido el imperio y sus cómplices en Puerto Rico', expresó la agrupación en un comunicado divulgado por la agencia puertorriqueña Inter News Service (INS).

En la declaración se establece que 2017 debe ser 'un año decisivo en nuestra historia, y lleno de combatividad y lucha'.

La junta de control fiscal, que emana de la legislación federal Promesa, ha exigido al gobierno de Puerto Rico que se comprometa a colaborar con el FBI para 'erradicar las protestas a como dé lugar, antes de que se generalicen y cobren proyección internacional, como pasó con Vieques', según el EPB-Macheteros.

En el organismo federal, indicó la amplia declaración, consideran que usar la violencia en contra de las protestas, generaría más violencia, lo que resultaría contraproducente, por eso creen más oportuno utilizar a los sectores con los que se puede conversar para tratar de contrarrestar a los otros sectores considerados más intransigentes.

'Se tomarán medidas represivas severas contra manifestantes y contra varias personas que tienen identificadas y que están bajo constante observación para detenerlas en los momentos precisos', insistió el EPB-Macheteros.

En lo que respecta al movimiento sindical, las autoridades opinan que la mayor parte de este sector ya está neutralizada y que solo consideran como posible amenaza a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), dijo la organización.

'Los puertorriqueños tenemos que hacer uso de todo tipo de lucha legítima y revolucionaria para lograr lo que por derecho es nuestro, como dijo el comandante Filiberto Ojeda Ríos', indicó a la vez que criticó la participación del independentismo en las elecciones coloniales.

Argumentó que 'es por eso que el Ejército Popular Boricua ha atacado sus bases militares, sus aviones de guerra, sus efectivos militares, al igual que ha hecho suyas las consignas de resistencia pacífica para sacar a la Marina de Guerra yanqui de la Isla Nena', en referencia a Vieques.

La agrupación político-militar estableció que el estatuto político no puede resolverse 'mediante plebiscitos ni asambleas constitucionales; tampoco puede resolverse uniéndonos a los que equiparan la independencia con la estadidad (anexión) o la libre asociación, haciendo creer que son opciones igualmente descolonizadoras'.

'No podemos imaginar a un independentista aceptando la participación en un plebiscito sobre si queremos o no queremos la estadidad... la estadidad no es alternativa descolonizadora, es asimilación, es anexión, que son procesos de violencia imperialista', según el EPB-Macheteros.

Recordó que 'el derecho inalienable de toda colonia es la independencia que trae la soberanía, el poder del pueblo para definir su futuro político, económico, social y cultural'.

'(La independencia) no está sujeta a plebiscitos, asambleas de estatus y otros inventos reformistas y coloniales que tratan de imponer a través de espurios procesos electorales', recalcó el EPB-Macheteros en su manifiesto.

domingo, 22 de enero de 2017

La Oposición puertorriqueña intenta frenar la reforma laboral en la Cámara

SAN JUAN.- El opositor Partido Popular Democrático (PPD) solicitó hoy al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, que frene la reforma laboral que impulsa el Partido Nuevo Progresista (PNP) de Puerto Rico en detrimento de los trabajadores.
 
El portavoz de la minoría del PPD, Rafael Hernández Montañez, exhortó al pueblo a firmar una petición contra la legislación, que dijo ya han respaldado miles de puertorriqueños.

'La mal llamada reforma laboral empobrecerá a los trabajadores y no creará un solo empleo; no existen estudios ni datos empíricos que demuestren que la reforma laboral será buena para el país', afirmó el portavoz de la delegación del PPD en la Cámara.

La diputada del PNP, Lourdes Ramos Rivera, consideró hipócrita y carente de 'moral', los planteamientos de Hernández Montañez.

'¿Dónde estuvo ese ánimo de este representante mientras le pasaba el rolo a cientos de miles de pensionados del gobierno en una sesión extraordinaria celebrada en la víspera de Nochebuena?', argumentó al categorizar a su colega de abusador con el pueblo de Puerto Rico.

Para Ramos Rivera, el parlamentario 'fue uno de los arquitectos de la imposición de sobre 90 nuevas contribuciones a la gente, sin consideración, sin debate, sin preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo'.

'No tomó en consideración el reclamo de miles de personas que gritaban que no aprobaran tantos impuestos, que no destruyeran sus pensiones; se hizo de la vista larga, no respetó al pueblo', insistió la representante oficialista.

viernes, 13 de enero de 2017

El sindicato UGT critica la reforma laboral en Puerto Rico

SAN JUAN.- La Unión General de Trabajadores (UGT) de Puerto Rico rechazó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares.  Consideró que el origen del problema fiscal y de impago de la deuda pública de Puerto Rico radica en la debilidad de su economía.

'La conversión del país en vitrina de América por razones circunstanciales de una determinada coyuntura histórica, ya es obsoleto y denota caducidad, tanto como su paradigma político colonial, al que es necesario buscar alternativas', dijo el presidente de la UGT, Gerson Guzmán López.

Advirtió que el problema de Puerto Rico no es el monto de 70.000 millones de su deuda pública, sino la declinación e insuficiencia de su economía que no genera capacidad de pago de sus compromisos, principalmente las de corto plazo.

Guzmán López aseguró que la deuda pública per cápita de los puertorriqueños, ascendente a 28.000 dólares, no es una de las más altas del mundo, conforme a las cifras del Foro Económico Mundial, y puso como ejemplo a los japoneses que tienen una deuda pública per cápita de 85.700 dólares, mientras que la de los irlandeses es de poco más de 67.000

El dirigente sindical agregó que la diferencia es que estos países tienen una deuda externa mayor a sus Productos Internos Brutos, pero sus economías nacionales generan riquezas que les permiten capacidad de pago de sus acreedores, de lo cual carece Puerto Rico.

El problema económico de Puerto Rico es estructural, sistémico, de una economía débil, 'cuyo desarrollo se ha detenido y no genera riqueza de dónde obtener ingresos para el fisco, que permita cumplir con la deuda pública.

Manifestó que el gobierno no ha realizado estudio alguno que justifique las medidas de empobrecimiento que pretende aplicarle a la clase trabajadora del país, mediante una reforma laboral que despojará a los trabajadores de sus conquistas del último medio siglo.

'Sabemos, por experiencia propia, que el despido de trabajadores en el gobierno, la reducción de beneficios para empleados activos y jubilados, la congelación de los convenios colectivos y las llamadas medidas de austeridad que se nos han impuesto no han logrado tener impacto alguno en la crisis fiscal y económica del país', dijo Guzmán López.

El presidente de la UGT anticipó que, como en el pasado, las modificaciones al código de trabajo no producirá otro resultado que un mayor enriquecimiento de la clase patronal, sin ningún impacto positivo para la economía ni para los trabajadores.

Recordó que el cambio en la ley de cierre de los negocios para favorecer a los empresarios no produjo, como se reclamó en su momento, los 25.000 nuevos empleos prometidos, por lo que ante la realidad que 'enfrentamos los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas no podemos quedarnos cruzados de brazos'.

'Los trabajadores, tanto los de la empresa privada, como los empleados públicos, tenemos que movilizarnos con efectividad para hacer patente nuestro más rotundo rechazo a todas estas medidas que, en forma alguna, van a resolver la grave situación de crisis que la insensatez de la clase política (dominante) ha creado', sostuvo Guzmán López.

El dirigente gremial manifestó que una vez más ha quedado evidenciada con esta apresurada adopción de las medidas que dictó la nefasta junta de control fiscal, impuesta mediante la legislación federal Promesa, no van a conducir a ningún lado que no sea en perjuicio del pueblo.

Guzmán López expresó que mientras se exigen sacrificios a los trabajadores, 'no hay una cuota de sacrificio igual para el empresariado y el capital'.

lunes, 9 de enero de 2017

La legislatura boricua inicia su más importante etapa, según el nuevo gobernador

SAN JUAN.- La Asamblea Legislativa, dominada por el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), inició hoy su etapa más importante en la historia de Puerto Rico, a juicio del nuevo gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.
 
'Lograr la recuperación de Puerto Rico, reactivando la economía, creando las condiciones que faciliten la creación de más y mejores empleos, y lograr que se recobre la confianza en las instituciones de gobierno, es nuestra agenda en común', apuntó.

El mandatario, quien preside el PNP, presentó ante la Legislatura varios proyectos de ley con el objetivo de lograr economías en la operación gubernamental, a la vez que se eficiencia al gobierno en sus servicios al pueblo, dijo.

'Tendrán ante su consideración proyectos de ley que garantizan la estabilidad de nuestros servidores públicos, estableciendo el concepto del gobierno como empleador único, y pasarán juicio sobre medidas que transformarán la manera en que se promociona a Puerto Rico como un destino turístico y de inversión', anunció Rosselló Nevares.

Apuntó que se atenderán a los sectores más vulnerables de la sociedad puertorriqueña y a la nueva generación que busca oportunidades 'en la tierra donde nacieron y donde todos queremos vivir'.

El gobernante reiteró la necesidad de incentivar el retorno de profesionales puertorriqueños, que han partido de la isla en busca de mejores oportunidades.

'Debemos trabajar para lograr la reunificación de las familias puertorriqueñas', insistió en un mensaje en la Cámara de Representantes, horas después de haber hecho lo propio en el Senado.

Rosselló Nevares se enfocó, además, en que ya identificó áreas presupuestarias en las que se realizarán economías anuales que superen los 225 millones de dólares.

'La crisis fiscal del gobierno y la económica que afecta a la mayoría de los puertorriqueños está íntimamente relacionada al colapso de la colonia', aseguró.

Propuso que para resolver los problemas de una forma definitiva, Puerto Rico tiene que acabar con las injusticias de un sistema de gobierno colonial.

Un experto de la ONU alerta sobre el impacto social de la austeridad en Puerto Rico

NUEVA YORK.- El experto independiente de Naciones Unidas sobre deuda externa y derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, advirtió hoy que un incremento en las medidas de austeridad en Puerto Rico dispararía la pobreza y la situación desesperada de muchas personas. 

Empeorarían los niveles ya intolerables de pobreza en ese territorio y amenazarían los derechos humanos, precisó en un comunicado, a partir de la grave crisis que vive la isla caribeña y de la solución promovida por el Congreso de Estados Unidos, la potencia dominante desde 1898.

De acuerdo con el experto argentino, asegurar la estabilidad financiera, controlar la deuda pública y reducir los déficits presupuestarios constituyen objetivos importantes, pero no deberían lograrse a expensas de los derechos humanos.

'La población no puede quedar como rehén de prácticas irresponsables de toma y otorgamiento de préstamo realizadas el pasado. La economía debería servir a las personas, no al revés. Las pérdidas deben ser distribuidas equitativamente. Los tenedores de bonos, incluidos los inversores en fondos de alto riesgo, deben asumir su parte equitativa de las pérdidas', afirmó.

Bohoslavsky exhortó a que se adopte una reducción significativa de la deuda para alcanzar niveles financieros y sociales sostenibles.

El Congreso norteamericano aprobó el año pasado una Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, ente encargado de lidiar con la crisis.

La Junta debe asegurar que los derechos económicos, sociales y culturales no sean afectados al dar prioridad absoluta a los derechos de los acreedores y la imposición de una austeridad excesiva, señaló el experto, quien ha pedido a Estados Unidos la invitación para realizar una visita de investigación en Puerto Rico.

De acuerdo con Bohoslavsky, el plan fiscal de la isla caribeña necesita prevenir mayores daños a aquellas personas en situación de vulnerabilidad.

'Las medidas de reforma deben garantizar la protección de los derechos a la salud, la alimentación, la vivienda y la seguridad social (...) Sencillamente, la isla no puede afrontar mayores niveles de austeridad', insistió.

sábado, 7 de enero de 2017

El presidente del Senado de Puerto Rico reconoce que se impondrán sacrificios

SAN JUAN.- El recién instalado gobierno puertorriqueño impondrá sacrificios al pueblo, mediante la aplicación de medidas antipáticas, reconoció el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz.

La aceptación, que contradice la prédica del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), se produce en el contexto de la falta de liquidez que enfrenta esta isla del Caribe para atender sus necesidades más perentorias, según reconoció el flamante gobernador puertorriqueño, Ricardo Rosselló Nevares.

'Hace falta comprensión, porque aquí habrá determinaciones antipáticas, incómodas, de sacrificio', dijo Rivera Schatz, quien el lunes asumirá nuevamente el liderazgo del Senado, que presidió en el cuatrienio 2009-2013.

Ante la falta de liquidez, admitió que resulta bastante complicado asegurar los servicios básicos y esenciales, asegurar nómina, particularmente a los sectores más vulnerables.

'Habrá decisiones que son antipáticas y yo no quiero llamarlas difíciles, son incómodas', dijo en entrevista radial.

Rivera Schatz confirmó que el gobierno de Rosselló Nevares deberá atajar 'los problemas presupuestarios y fiscales que tiene, que son bastante severos'.

Con una deuda pública de 69.000 millones de dólares, el presidente de la cámara alta consideró que hay un consenso generalizado de que las cosas están muy mal.

'La situación económica es de tal gravedad que va a requerir atención mayor y quizás amputación, en algunos casos', dramatizó.

Economistas puertorriqueños rechazan reformas privadas

SAN JUAN.- La Asociación Puertorriqueña de Economía Política (APEP) rechazó hoy las propuestas de reforma laboral presentadas por la Coalición del Sector Privado (CSP) por considerarlas perjudiciales a la creación de empleo.
 
Añadió esa entidad que dichas medidas privadas solo profundizarán la desigualdad, además de ahondar la crisis.

La APEP divulgó un comunicado en el que se propone como alternativa al nuevo gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, otras medidas exitosas en otras partes del mundo.

Entre esas propuestas está la progresión en los impuestos, fortalecer el sindicalismo y combatir la evasión fiscal entre los sectores mayores rentas.

El economista y miembro de la asociación Iyari Ríos, recordó que la larga lista de enmiendas previas, similares a las que proponen ahora, se transformaron en leyes laborales perjudiciales a la creación de empleos.

Una vez implementadas, nunca generan los empleos esperados, reiteró el experto.

Aclaró que en términos absolutos y relativos lo que recibieron los trabajadores fue cada vez menos, mientras lo aportado por esas leyes a los empresarios es cada vez más.

Esta reforma laboral propuesta por el sector privado solo profundizará esa tendencia y la crisis social y económica en Puerto Rico, destacó Ríos.

Por su parte, el economista y profesor de la Universidad de Puerto Rico Ricardo Fuentes llamó al nuevo gobierno para que lleve cabo un análisis serio y científico de las propuestas.

miércoles, 4 de enero de 2017

Pronósticos negativos para la economía de Puerto Rico

SAN JUAN.- La economía de Puerto Rico mantendrá un débil desempeño durante los próximos cuatro años y ningún análisis de escenario hace prever cambios de situación, indicó hoy la firma Estudios Técnicos.

De acuerdo con el informe 'Puerto Rico 2016-2030', el desfavorable comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) irá aparejado al decrecimiento de la población y el alza del desempleo.

La investigación, basada en análisis estadísticos y ecométricos, sopesó distintas variables para caracterizar tres posibles escenarios de cara a los años venideros: uno optimista, otro con perspectiva pesimista y un tercero de posición intermedia.

Esa última variante prevé que el PIB registrará una contracción de 1,8 por ciento durante el período 2016-2020, mientras avanzará apenas 1,1 puntos porcentuales de 2021 a 2025, fase que la pesquisa define como período crítico de estabilización.

Para la etapa 2026-2030, el mismo escenario estima un aumento del PIB en 1,9 por ciento, lo cual abrirá un 'camino a la recuperación'.

Si se toma como referencia el escenario optimista, el crecimiento de 2026 a 2030 pudiera ser de 3,4 puntos porcentuales.

Mientras el escenario negativo considera que de 2016 a 2020 la contracción sería de 2,2 por ciento, así como de 1,1 por ciento en el lapso siguiente hasta 2025 para lograr un exiguo crecimiento del uno por ciento a partir de 2026.

En cualquier caso, a corto plazo la situación es preocupante y habrá que esperar unos cuantos años para retomar el crecimiento, explicó el presidente de Estudios Técnicos, el economista José Joaquín Villamil.

El declive del PIB estará aparejado a una pérdida de población, y para el escenario intermedio los cálculos plantean una reducción hasta 3,1 millones de personas frente a los 3,5 millones de residen actualmente en la isla, comentó.

Dentro del escenario pesimista, la población podría caer a 2,9 millones de habitantes en el plazo de 2026-2030, precisó.

'Puerto Rico perdió la capacidad de crear crecimiento económico', un proceso de pérdida de pujanza iniciado en los años setenta del siglo pasado, observó.

Otro problema grave es el desempleo, que en el escenario intermedio podría llegar 14,3 puntos porcentuales para 2016-2020, lo cual resulta doblemente alarmante pues se espera un fuerte descenso de la población económicamente activa.

El informe 'Puerto Rico 2016-2030' fue elaborado a petición del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de esa isla caribeña, dependiente de Estados Unidos por su condición de 'estado libre asociado'.

martes, 3 de enero de 2017

El Partido Comunista advierte sobre la grave situación de Puerto Rico

SAN JUAN.- La posibilidad de que el gobierno puertorriqueño se quede sin recursos para operar a partir de febrero, es parte de una escalada contra la clase trabajadora, afirmó hoy el Partido Comunista de Puerto Rico (PCPR).

'Los tiros iniciales de esta guerra apuntan hacia los fondos de retiro de miles de trabajadores del sector público al anunciarse públicamente su inminente quiebra', dijo la Comisión Política del PCPR, al reaccionar a la toma de posesión en la víspera del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).

La organización de los comunistas boricuas precisó que, junto a la falta de liquidez del gobierno, los ingresos para el año fiscal 2017-2018, que comienza el 1 de julio próximo, no será suficiente para pagar las pensiones, los reintegros de los contribuyentes, el salario de los miles de servidores públicos y, a la vez, entregar su jugosa tajada a los bonistas.

'Las medidas de rapiña de la junta de Wall Street junto con el (gobernador) que colocaron en Fortaleza, tienen el objetivo de debilitar aún más a la clase obrera mediante las llamadas reformas laborales, que incluyen el debilitamiento de los sistemas de retiro', explicó la agrupación.

El Partido Comunista boricua sostuvo que con los informes financieros que presenta el gobierno isleño a la junta fiscal impuesta por Washington evidencia la precariedad del nivel de vida de la gran mayoría del país.

'La junta de control es utilizada para darle cobertura política a los parásitos del gobierno colonial, quienes continúan por generaciones como funcionarios de los bonistas en contra de las mayorías trabajadoras', alegó.

Destacó que la propia Administración de los Sistemas de Retiro confirmó que el actual déficit se debe en gran medida al incumplimiento de pagos por los capitalistas y el gobierno del territorio a los fondos de jubilación.

Puerto Rico enfrenta una deuda pública impagable que ronda los 69.000 millones de dólares en medio de una insuficiencia fiscal y un estancamiento económico de una década.

'El país no debe esperar de los capitalistas otra forma de manejar la crisis que no sea poner a pagar los platos rotos a la clase trabajadora', advirtió la agrupación comunista puertorriqueña, que llamó a quienes aportan y se benefician de los fondos de retiro, tanto activos como jubilados, a organizar de manera urgente asambleas de trabajadores.

El propósito, se indicó, es discutir estrategias y 'tomar control inmediato de los fondos de retiro por parte de los propios trabajadores'.

'Hay que comenzar a golpear a los bonistas de Wall Street y la junta que protege sus intereses por medio de una huelga contributiva', para golpear a los buitres por donde les duele, dijo el Partido Comunista de Puerto Rico.

lunes, 2 de enero de 2017

Jura el nuevo gobernador, comprometido con superar la crisis de Puerto Rico


SAN JUAN.- Ricardo Rosselló Nevares, de 37 años, asumió hoy las riendas de Puerto Rico como gobernador, comprometido con superar la crisis fiscal y económica, junto a lograr la integración plena a Estados Unidos. 

El duodécimo gobernador electo por los puertorriqueños juró formalmente al cargo a las 00:05 hora local, en la sede del Tribunal Supremo de Puerto Rico ante la jueza presidenta Maite Oronoz, mientras que a media mañana fue el acto público en la explanada norte del Capitolio, en el Viejo San Juan, donde estaba el presidente dominicano Danilo Medina, único dignatario extranjero.

La designada secretaria de Prensa de La Fortaleza, Yennifer Álvarez, explicó que Estados Unidos no ha confirmado la presencia de ningún representante del presidente Barack Obama ni del mandatario electo Donald Trump.

Rosselló Nevares, presidente del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), que ganó las elecciones el pasado 8 de noviembre con el 41,8 por ciento de los sufragios, al superar a su principal rival, David Bernier, del Partido Popular Democrático (PPD), que obtuvo 38,8 por ciento, es hijo del dos veces gobernador Pedro Rosselló González (1993-2001), a quien muchos consideran iniciador del endeudamiento de Puerto Rico.

El nuevo gobernante, que reemplaza en el cargo a Alejandro García Padilla, del PPD, cuya administración estuvo estrangulada por la insuficiencia fiscal, estará bajo la tutela de la junta de control fiscal de siete miembros impuesta por Washington, que decidirá cómo se manejan los recursos del país para cumplir con la deuda pública de 69.000 millones de dólares.

El organismo federal se impuso mediante la legislación Promesa, acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, aprobada por el Congreso estadounidense como parte de un mecanismo que sepultó después de 64 años de la alegada soberanía del Estado Libre Asociado (ELA), que dio a la isla gobierno propio en limitadas áreas.

Rosselló Nevares tiene como compromiso con sus seguidores, junto a la nueva delegada electa de Puerto Rico en el Congreso federal, Jenniffer González Colón, impulsar de inmediato la integración plena a Estados Unidos, como el estado 51 de la nación norteña.

En este sentido, opositores al PNP consideran que se trata de un imposible, porque Washington no ha mostrado disposición de auxiliar a esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes para que supere su crisis fiscal y se encamine a la recuperación económica después de una década.

El Congreso rechazó la petición del gobernador saliente García Padilla para que Puerto Rico pudiera acogerse al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal para negociar con sus acreedores, lo que dejó sin la posibilidad de emitir deuda en el mercado de bonos y la amenaza de incumplir con los servicios básicos de la población puertorriqueña.

Los senadores y representantes juran a primera hora, aunque las sesiones comenzarán el próximo 9 de enero.

Al terminar los actos frente al Capitolio, Rosselló Nevares y la primera dama Beatriz caminarán hasta La Fortaleza, sede del ejecutivo y residencia oficial del gobernante.

El presidente del Comité de Toma de Posesión, el exjuez Juan R. Melecio, había anticipado que la ceremonia estará ajustada a la realidad fiscal que enfrenta el país, 'con el protocolo necesario en un evento histórico como este para que sea uno digno y, sobre todo, innovador'.

domingo, 1 de enero de 2017

Puerto Rico pone en marcha dispensarios de cannabis medicinal

SAN JUAN.- El gobernante puertorriqueño saliente Alejandro García Padilla vio concretada este fin de semana una medida suya de hace año y medio con la apertura de dos dispensarios privados en Puerto Rico de cannabis medicinal.

'Me siento orgulloso de decir que este novel programa, el cual conllevó mucha valentía, tras ser objeto de estigmas sociales y de oposición, brindará una mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos', dijo el mandatario, que en julio de 2015 emitió un decreto para autorizar al Ministerio de Salud a reclasificar el cannabis para el uso de determinados pacientes certificados.

Con la apertura de ambos dispensarios, Puerto Rico se suma en tiempo récord a otros países de América Latina que han adoptado reformas sobre cannabis medicinal y su discriminación, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Además, se une a más de 25 estados de Estados Unidos que se han abierto de alguna manera a permitir el acceso al cannabis con fines terapéuticos.

'Hoy aseguramos un nuevo remedio medicinal para miles de pacientes en Puerto Rico, cumpliendo así con nuestro fin de aportar al desarrollo de un sistema de salud accesible para todos los puertorriqueños, más allá de la medicina tradicional', señaló García Padilla, quien entrega el cargo mañana lunes, 2 de enero.

Puerto Rico ha sido uno de los escasos lugares donde se ha logrado la dispensación en menos de un año desde la aprobación de las fuentes que autorizan el cannabis como remedio medicinal, además de tomar menos de dos años desarrollar una industria en sus diversas facetas.

Al momento, 23 compañías han obtenido sus respectivas licencias y cientos de empleos directos e indirectos han sido creados para atender esta nueva industria.

Del mismo modo, 1.953 pacientes se han registrado con el Ministerio de Salud para beneficiarse del uso legal del cannabis con el propósito de atender determinadas dolencias, que van desde el cáncer, el asma hasta la fibromialgia.

'Dejamos como legado una nueva industria en Puerto Rico, un programa establecido, apenas echando las primeras raíces y recogiendo hoy los primeros frutos', afirmó García Padilla.

El gobernante puertorriqueño aseguró que proyectos como este, que traerá beneficios a la salud del pueblo, insertará empleos, aumentará los recaudos de impuestos y reducirá las incidencias criminales, constituyen la mejor forma de echar adelante el país.

El año 2016 marcó el fin de la farsa de EE.UU. con la soberanía de Puerto Rico

SAN JUAN.- El año 2016 marcó el fin de la farsa internacional que por 64 años mantuvo Estados Unidos de que Puerto Rico había alcanzado su soberanía con el Estado Libre Asociado (ELA) y su quiebra fiscal.

Con una deuda pública que ronda los 69.000 millones de dólares, Puerto Rico está imposibilitado de asumir sus responsabilidades con los acreedores, por lo que Estados Unidos decidió, a mediados de este año que termina, imponer al gobierno del ELA una junta de control fiscal mediante la legislación Promesa, aprobada por el Congreso en coordinación con la Casa Blanca.

Casi de forma simultánea, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló que el ELA carecía de poderes soberanos para procesar judicialmente a un ciudadano previamente encausado en el tribunal federal en San Juan.

Además, Washington le negó a la administración del gobernante puertorriqueño Alejandro García Padilla acogerse a la ley de bancarrota, ante la imposibilidad de cumplir con los acreedores, debido a la insuficiencia fiscal y el estancamiento económico de una década.

García Padilla debió enfrentar, a la vez, la resistencia de la Asamblea Legislativa dominada por su propio Partido Popular Democrático (PPD), que desde 1952 enarboló el ELA como su carta de identidad, pese a su decadente fracaso en las últimas décadas.

La situación forzó al mandatario boricua a desistir de la posibilidad de buscar la reelección para dar paso en la boleta del PPD a su ministro de Estado David Bernier, quien no consiguió superar al candidato del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló Nevares, quien asumirá la gobernación mañana lunes, 2 de enero.

Rosselló Nevares, quien está comprometido en alcanzar la integración plena de Puerto Rico a Estados Unidos, tendrá que supeditarse a determinaciones de una junta de control fiscal de siete miembros nombrados por el Congreso y la Casa Blanca, que estableció Promesa, acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico.

La crisis económica, las limitadas posibilidades de empleos, la imposición de gravámenes y el alto coste de vida han ocasionado que en el último lustro esta isla del Caribe, bajo el dominio de Estados Unidos desde 1898, la pérdida de sobre 300.000 habitantes.

Esta emigración, que mezcla jóvenes y adultos mayores en procura de mejor calidad de vida, ha sido parte del círculo de la decadencia fiscal de Puerto Rico, a pesar de la imposición de mayores cargas tributarias.

El gobernador electo Rosselló Nevares se ha comprometido a trabajar en coordinación con la junta de control fiscal inmediatamente asuma la dirección del país el próximo lunes, a pesar de que rechaza la posibilidad de despedir empleados públicos, un objetivo del organismo impuesto por Washington, entre otros.

García Padilla solicitó en una carta a Rosselló Nevares que reclame al organismo federal de control fiscal que se proceda a una reestructuración de la deuda de 69.000 millones de dólares, a partir del Título III de la ley Promesa, y le recordó que Puerto Rico no está en capacidad de pagar en los próximos meses 3.500 millones de dólares por el servicio de la deuda.