SAN JUAN.- El
Gobierno de Puerto Rico advirtió de que en febrero próximo, cuando
termina la moratoria que establece la Ley Promesa para que los
acreedores puedan demandar al Estado Libre Asociado, no habrá liquidez
en las arcas públicas para atender los vencimientos de deuda.
El presidente del Comité de Transición Saliente, el
secretario de Estado Víctor Suárez, anunció la publicación hoy de un
informe en el que se revelan datos sobre la crítica situación por la que
atraviesan las finanzas públicas y que confirma que no se podrá pagar
la deuda por falta de liquidez.
El documento señala que para febrero próximo las finanzas públicas presentarán un balance negativo de 2.200 millones de dólares.
La información, disponible en la dirección de la Autoridad
de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), se difunde tras las
elecciones del pasado día 8 que dieron un cambio de Gobierno y a 48
horas de la celebración en la isla de la primera reunión de la Junta de
Supervisión Fiscal impuesta por el Congreso en Washington para atender
el problema de la deuda.
"La crisis económica e insolvencia de Puerto Rico no es un
secreto. Aunque es un hecho que aún trabajamos con los estados
financieros auditados del último año, la información financiera que
hemos hecho pública fue suficiente para que el Congreso actuara y
brindaran a Puerto Rico las herramientas legales necesarias para una
reestructuración de la deuda", dijo Suárez.
Agregó que esa información demuestra la necesidad de que la
Junta de Supervisión Fiscal autorice acceder al Título 3 de la Ley
Promesa para que Puerto Rico continúe cobijado por la moratoria de pago
de deuda disponible a través de esa legislación.
El documento financiero detalla entre muchos otros datos que
entre 2006 y 2014 la deuda de Puerto Rico aumentó en 29.000 millones de
dólares.
El documento destaca que la crisis económica es responsable
de que la población de la isla caribeña se haya reducido en un 9 % entre
2006 y 2015, hasta situarse en cerca de 3,5 millones de personas, a lo
que se suma un desempleo cercano al 12 %.
Además, según el documento, el 46 % de la población de Puerto Rico se sitúa por debajo del nivel de la pobreza.
La falta de liquidez provocó que en 2016 el Gobierno de
Puerto Rico declarara el impago a sus acreedores por valor de unos 1.400
millones de dólares.