SAN JUAN.- El desvío por el gobierno puertorriqueño
de fondos del Departamento de Vivienda de Estados Unidos destinados a
incrementos salariales, es motivo hoy de una demanda judicial por la
Federación Central de Trabajadores (FCT).
El presidente de la FCT, Andrés Lloret Gutiérrez, reveló que concurrieron en la víspera al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico con una demanda contra la administración del gobernante puertorriqueño Alejandro García Padilla por incumplir con las disposiciones de uso de esa asignación económica.
La acción judicial establece que el gobernador García Padilla, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, y el director de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Gabriel López Arrieta, incumplieron con las disposiciones de uso de fondos federales contenidas en el Plan Anual de Vivienda Pública.
Este método aprobado por el estadounidense Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, siglas en inglés) determina la manera en que se usarán los recursos fiscales que otorga al gobierno puertorriqueño.
'Estaban destinados a un aumento salarial de los empleados', aseguró Lloret González, en referencia al personal de la AVP, al tiempo que anunció que refirieron una querella al inspector general de HUD para que se investiguen las actuaciones ilegales del gobierno de Puerto Rico.
Adujo que tal acto de la administración de García Padilla pone en riesgo los fondos federales que recibe la AVP.
El sindicato alegó que los funcionarios de la AVP o de cualquier otra agencia que incumplan con el plan federal se exponen a severas penalidades administrativas o criminales, y hasta a la pérdida de los fondos asignados por el gobierno de Estados Unidos.
Para el año fiscal corriente, dijo el gremialista, la AVP recibió un aumento de 8 millones 115 mil dólares en fondos federales en comparación con el año anterior, de los cuales tres millones 198 mil dólares estaban destinados a propósitos de nómina.
'Ante la crisis fiscal, la Federación Central de Trabajadores aceptó posponer el aumento acordado en convenio colectivo, pero cuando el gobierno recibió los fondos federales aprobados para subvencionarlos, lo que incluye aumentos en las asignaciones, actuó de manera arbitraria', expresó Lloret Gutiérrez.
En la demanda se plantea que tras la aprobación de la Ley de Sostenibilidad Fiscal, la FCT y otros gremios hicieron concesiones al gobierno puertorriqueño para evitar que se aplicaran las rigurosas restricciones de ese estatuto, por lo que aplazaron el aumento salarial acordado para el año 2014-2015, con la condición de que se revaluaría año a año la situación fiscal de la AVP.
Cuando la AVP recibió aumentos en fondos federales que incluyeron partidas para recursos humanos, su junta de directores acordó solicitar a la OGP que aprobara el aumento acordado de 135 dólares por empleado, a ser pagado por los fondos federales, lo que fue rechazado.
En la demanda, la FCT solicitó que se declare inconstitucional el artículo 5 de la Ley de Sostenibilidad Fiscal por violar la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, dada la condición de subordinación del Estado Libre Asociado que rige desde 1952 en Puerto Rico.
El gobierno de Washington reconoció este año que en 1953 se incurrió en una falsa representación a la comunidad internacional y al pueblo puertorriqueño cuando se logró establecer en las Naciones Unidas que Puerto Rico, invadido en 1898, había alcanzado un estatuto soberano.