lunes, 20 de junio de 2016

Cuba exige en la ONU el fin del estatus colonial de Puerto Rico

NUEVA YORK.- Cuba exigió hoy en el Comité Especial de Descolonización de la ONU el respeto al derecho de Puerto Rico a la autodeterminación y la independencia, como un escenario clave para enfrentar los desafíos socioeconómicos de la isla.

Poco después de que el órgano creado en 1961 por la Asamblea General adoptara una nueva resolución sobre el caso boricua, el representante cubano en el foro Humberto Rivero advirtió que se agravan los problemas económicos y sociales de Puerto Rico, nación caribeña sometida a 118 años de dominio estadounidense.

La pobreza, el desempleo y la insolvencia del gobierno local crecen cada día, mientras una recesión paralizante del desarrollo económico y una deuda pública impagable, superior a los 70 mil millones de dólares, llevan al país a una crisis sin precedentes y a devastadoras consecuencias para la población, dijo el embajador.

Rivero criticó que en tan complejo escenario, la respuesta "del poder colonial" sea imponer una junta de supervisión fiscal, en lugar de desencadenar un proceso que permita a los boricuas ejercer la libre determinación y adoptar medidas soberanas para lidiar con los retos.

De acuerdo con el diplomático, la postura norteamericana, reflejada en una decisión del Congreso, solo busca obligar a Puerto Rico a pagar la deuda a "los bonistas y fondos buitre de Wall Street".

El representante cubano reconoció que 118 años de dominio colonial no pudieron arrebatar al pueblo boricua su cultura, dignidad y sentimientos nacionalistas.

En la sesión de hoy, el Comité Especial de Descolonización aprobó una resolución, la trigésima quinta desde 1972, que ratifica el derecho de Puerto Rico a la autodeterminación y la independencia, el carácter latinoamericano y caribeño de la isla y la urgencia de que Estados Unidos asuma su responsabilidad.

Rivero resaltó la iniciativa adoptada por consenso y las diversas intervenciones durante la jornada, las cuales consideró un ejemplo del apoyo a la causa del pueblo puertorriqueño.

Además de Cuba, representantes de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Siria y Venezuela manifestaron su respaldo a la independencia y la soberanía de Puerto Rico.

También el Movimiento de Países no Alineados, que agrupa a 120 de los 193 miembros de la ONU, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, bloque de 33 naciones, respaldaron la causa boricua en el foro, que escuchó a decenas de peticionarios.

Entre esos peticionarios estuvo la senadora independentista María de Lourdes Santiago, quien lanzó en el Comité una propuesta de diálogo entre Estados Unidos y los boricuas defensores de la autodeterminación.

La iniciativa fue aceptada por el órgano formado por 29 países, ante el cual también fijó postura el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla.

García Padilla solicitó la ayuda de la ONU para neutralizar el empeño de Estados Unidos en ignorar el derecho de la isla al autogobierno y en incumplir los argumentos que Washington presentó en la organización hace más de 60 años, entonces con el objetivo de remover a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos.

"Puerto Rico tiene hambre y sed de justicia, y aquí reclamo como gobernador el derecho a la autodeterminación, y la ayuda de la ONU para que se defina nuevamente que es de igualdad y respeto la relación que debe existir entre los dos pueblos", afirmó.

Acusan a empresa boricua de apropiarse de fondos públicos

SAN JUAN.- El ministro de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, anunció hoy la presentación de 48 cargos criminales contra la empresa Petro West por apropiarse de 10,8 millones de fondos públicos. 

 Los cargos también están dirigidos al presidente ejecutivo de Petro West, José González Amador, por el cobro a la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de un impuesto de 0,5 por ciento por concepto de patentes municipales en cada factura de venta de combustible durante los pasados cuatro años fiscales.

Miranda explicó que el esquema consistía en negociar una rebaja del impuesto en cuatro municipios, al punto de obtener incluso una exención total, mientras facturaba el 0,5 por ciento, a sabiendas de que no procedía dicho cobro.

"Esta sobrefacturación, a sabiendas de que en ningún municipio pagaría un impuesto de 0,5 por ciento, tuvo la intención de desfalcar al erario, acto que nos afecta a todos, pues las sumas infladas que cobró de más a la AEE impactaron negativamente el cálculo mediante la fórmula de ajuste por combustible", precisó Miranda.

Ese dinero lo pagaban los abonados de la corporación estatal de electricidad, situación que González Amador conocía, según el ministro de Justicia.

El Ministerio Público presentó cinco cargos por apropiación ilegal agravada de fondos públicos contra González Amador y otros cinco contra la corporación Petro West, para un total de 10.

Los restantes 38 cargos por apropiación ilegal agravada de fondos públicos corresponden a 19 contra González Amador y 19 a la empresa Petro West por apropiarse de 69.584 dólares que la AEE cobró por adelantado por concepto de impuesto especial al consumo.

El arbitrio es de ocho céntimos por galón de petróleo, que se supone que remitieran cada mes al Ministerio de Hacienda por la venta de combustible entre los años 2012 y 2013, que Petro West retuvo, al punto de disfrutar de casi 70.000 dólares durante los años subsiguientes hasta 2015, cuando inició la pesquisa.

La jueza de primara instancia Karem Álvarez Echeandía se reservó la determinación en cuanto a los 48 cargos de apropiación ilegal agravada.