SAN JUAN.- El ministro de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, anunció hoy la
presentación de 48 cargos criminales contra la empresa Petro West por
apropiarse de 10,8 millones de fondos públicos.
Los cargos también están dirigidos al presidente ejecutivo de Petro
West, José González Amador, por el cobro a la estatal Autoridad de
Energía Eléctrica (AEE) de un impuesto de 0,5 por ciento por concepto de
patentes municipales en cada factura de venta de combustible durante
los pasados cuatro años fiscales.
Miranda explicó que el esquema consistía en negociar una rebaja del impuesto en cuatro municipios, al punto de obtener incluso una exención total, mientras facturaba el 0,5 por ciento, a sabiendas de que no procedía dicho cobro.
"Esta sobrefacturación, a sabiendas de que en ningún municipio pagaría un impuesto de 0,5 por ciento, tuvo la intención de desfalcar al erario, acto que nos afecta a todos, pues las sumas infladas que cobró de más a la AEE impactaron negativamente el cálculo mediante la fórmula de ajuste por combustible", precisó Miranda.
Ese dinero lo pagaban los abonados de la corporación estatal de electricidad, situación que González Amador conocía, según el ministro de Justicia.
El Ministerio Público presentó cinco cargos por apropiación ilegal agravada de fondos públicos contra González Amador y otros cinco contra la corporación Petro West, para un total de 10.
Los restantes 38 cargos por apropiación ilegal agravada de fondos públicos corresponden a 19 contra González Amador y 19 a la empresa Petro West por apropiarse de 69.584 dólares que la AEE cobró por adelantado por concepto de impuesto especial al consumo.
El arbitrio es de ocho céntimos por galón de petróleo, que se supone que remitieran cada mes al Ministerio de Hacienda por la venta de combustible entre los años 2012 y 2013, que Petro West retuvo, al punto de disfrutar de casi 70.000 dólares durante los años subsiguientes hasta 2015, cuando inició la pesquisa.
La jueza de primara instancia Karem Álvarez Echeandía se reservó la determinación en cuanto a los 48 cargos de apropiación ilegal agravada.
Miranda explicó que el esquema consistía en negociar una rebaja del impuesto en cuatro municipios, al punto de obtener incluso una exención total, mientras facturaba el 0,5 por ciento, a sabiendas de que no procedía dicho cobro.
"Esta sobrefacturación, a sabiendas de que en ningún municipio pagaría un impuesto de 0,5 por ciento, tuvo la intención de desfalcar al erario, acto que nos afecta a todos, pues las sumas infladas que cobró de más a la AEE impactaron negativamente el cálculo mediante la fórmula de ajuste por combustible", precisó Miranda.
Ese dinero lo pagaban los abonados de la corporación estatal de electricidad, situación que González Amador conocía, según el ministro de Justicia.
El Ministerio Público presentó cinco cargos por apropiación ilegal agravada de fondos públicos contra González Amador y otros cinco contra la corporación Petro West, para un total de 10.
Los restantes 38 cargos por apropiación ilegal agravada de fondos públicos corresponden a 19 contra González Amador y 19 a la empresa Petro West por apropiarse de 69.584 dólares que la AEE cobró por adelantado por concepto de impuesto especial al consumo.
El arbitrio es de ocho céntimos por galón de petróleo, que se supone que remitieran cada mes al Ministerio de Hacienda por la venta de combustible entre los años 2012 y 2013, que Petro West retuvo, al punto de disfrutar de casi 70.000 dólares durante los años subsiguientes hasta 2015, cuando inició la pesquisa.
La jueza de primara instancia Karem Álvarez Echeandía se reservó la determinación en cuanto a los 48 cargos de apropiación ilegal agravada.
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