LIMA.- Los países de América
Latina deben invertir al menos un 5 % de su producto interno bruto (PIB)
anual para dar "el salto en competitividad", señaló un análisis
difundido hoy en Lima por el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF.
El organismo indicó, en un comunicado, que el aumento de la inversión
en infraestructura en América Latina "requerirá un sustancial aporte del
sector privado para alcanzar, al menos junto con el sector público, un 5
% anual".
La CAF indicó que el promedio de la inversión
en infraestructura como porcentaje del PIB en la región fue de 2,8 %
entre 2008 y 2015, según las cifras de la iniciativa www.infralatam.info de CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Esa iniciativa web ofrece cifras detalladas sobre inversión en sectores
como agua y saneamiento, energía, telecomunicaciones y transporte, con
el objetivo de medir las inversiones en infraestructura en los países de
América Latina y el Caribe, reportar su valor, difundir los resultados y
promover el análisis de sus impactos.
"Si
bien el promedio de inversión en la región es inferior al 3 %, hay una
importante variación entre países, destacándose por alcanzar niveles
mayores de inversión Bolivia, Honduras, Panamá y Perú, que superan el 4 %
del PIB para el período analizado (2008-2015)", acotó la información.
Su última actualización, suma a Belice, Guyana, República Dominicana y
Trinidad y Tobago a los ya relevados Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.
Esta
base de datos, indicó CAF, "puede constituirse en un instrumento
principal para el análisis y el desarrollo de infraestructura de
calidad, fiable, sostenible y resiliente, tal como lo señala el Objetivo
9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuesto en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por las Naciones
Unidas en el año 2015."
Agregó que la
inclusión de ese objetivo "marca un paso fundamental" en el
posicionamiento de la infraestructura en la búsqueda del desarrollo
sostenible "e implica una mayor responsabilidad de las políticas
públicas en el avance hacia mayores niveles de inversión de calidad
requeridos para mejorar la calidad de vida de las personas en la
región."