SAN JUAN.- La junta federal impuesta al gobierno de
Puerto Rico, mediante la legislación Promesa, le otorgó hoy una
extensión para presentar su plan fiscal, a la vez que paralizó hasta
mayo cualquier litigio de los acreedores.
La decisión da un respiro al gobernante puertorriqueño Ricardo Rosselló Nevares que tendrá hasta el 28 de febrero para la elaboración de un plan fiscal ajustado.
El organismo federal rechazó el plan elaborado por la anterior administración encabezada por Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD), por no contener parámetros de despido de empleados públicos y de reducción de gastos.
La junta de control fiscal concedió, además, otra prórroga para la paralización de los litigios judiciales de los acreedores de la deuda pública hasta mayo próximo, lo que disipa un posible cierre del gobierno, tal como temía la administración de Rosselló Nevares.
El gobernador se ha comprometido con la junta de control fiscal en reducir la estructura del gobierno puertorriqueño, mediante la fusión y eliminación de agencias que permitirán hacer ahorros sin presuntamente despedir empleados públicos.
Con una deuda de 70.000 millones de dólares, Puerto Rico se encuentra al borde de la bancarrota fiscal, por lo que el Congreso y la Casa Blanca se pusieron de acuerdo para establecer un organismo rector de siete miembros, con poderes omnímodos, que controla las acciones gubernamentales isleñas.
Rosselló Nevares logró el aval de la junta horas después de que en la madrugada la Cámara de Representantes de Puerto Rico sancionara con enmiendas la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal, que establece hasta el 1 de mayo próximo una moratoria a los pagos de la deuda pública.
La determinación del organismo federal la anunció su presidente José Carrión III, tras una reunión en el lujoso hotel El Conquistador, en Fajardo (oriente), la cuarta que celebra, dos de estas en Nueva York.
Como parte de su cuarta reunión desde su establecimiento mediante la legislación Promesa, acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, la junta atendió, entre otros asuntos, la solicitud del gobierno de Rosselló Nevares, que tiene como su representante en el organismo federal a Elías Sánchez.