miércoles, 7 de septiembre de 2016

Confirman irregularidades en la Cámara de Diputados de Puerto Rico

SAN JUAN.- Una auditoría externa de la Cámara de Diputados de Puerto Rico confirmó hoy irregularidades en el contrato con la empresa 3Comm Global, que le costó el cargo a su presidente Jaime Perelló Borrás. 
 
De acuerdo con la información, la compañía del empresario Anaudi Hernández Pérez, recaudador del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), carecía de peritaje y los teléfonos instalados en la Cámara baja ni siquiera cumplían las especificaciones de rigor.

La auditoría realizada por la empresa Benchmark Technologies determinó que hubo irregularidades en la gestión de instalar un servicio de voz y un nuevo conmutador telefónico en ese cuerpo legislativo, para lo que 3Comm Global carecía de experiencia.

Perelló Borrás intervino de forma irregular en la concesión del contrato a la empresa de su amigo Hernández Pérez, quien formó parte de su comité de finanzas para la campaña electoral de 2012.

En el informe, que abarca desde febrero de 2013 a junio de 2015, se estableció que los principales ejecutores del contrato no estuvieron disponibles para facilitar la realización de la auditoría.

Aparte, no se efectuó un estudio de necesidad y, por tanto, no se ejecutó, ni hubo un informe con un plan de trabajo dirigido a los cambios del sistema de teléfono de la Cámara de Diputados, que hasta entonces funcionaba bien según han reconocido miembros del cuerpo.

El contrato a 3Comm Global, que superaba el cuarto de millón de dólares, se ejecutó de forma irregular, lo que desató un escándalo que llevó al presidente del oficialista PPD, candidato a la gobernación David Bernier, a solicitar a Perelló Borras que dejara la presidencia de la Cámara.

Actualmente, Hernández Pérez es el testigo principal de un juicio conducido por el tribunal federal de Puerto Rico, que ha colocado en una situación difícil al PPD.

jueves, 1 de septiembre de 2016

Un congresista de Illinois reclama transparencia sobre la junta impuesta a Puerto Rico

SAN JUAN.- El congresista demócrata estadounidense Luis Gutiérrez (Illinois) reclamó hoy que la junta de control fiscal impuesta por Washington al gobierno de Puerto Rico, debe actuar con transparencia en las decisiones que afectarán al pueblo. 

'Estamos demandando a que renuncien a llevar estas reuniones en secreto, que se comprometan a una transparencia y a una gobernanza abierta para que el pueblo de Puerto Rico pueda ser respetado', expresó el congresista de origen boricua a la emisora local Radio Isla.

Además, instó a quienes se oponen al organismo a continuar las manifestaciones, porque 'todavía hay tiempo para resistir y creo que podemos hacerlos de una manera pacífica, no violenta'.

Reveló que se propone enviar una carta a los siete integrantes de la junta de control fiscal designados en la víspera por el Congreso y la Casa Blanca como parte de la legislación Promesa, acrónimo en inglés de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, que pretende reorganizar la impagable deuda pública de 69.000 millones de dólares.

Gutiérrez entiende que posterior a las reuniones que sostengan, los siete miembros de la junta de control fiscal deben realizar conferencias de prensa para divulgar sus resultados.

'Roma nombró a un procónsul como Poncio Pilatos para gobernar sobre las tierras que conquistaban y el procónsul no tenía ninguna obligación de decir lo que estaba haciendo, pero esos días han terminado; los puertorriqueños no son vencidos y no son esclavos', advirtió.

La legislación Promesa, además de permitir las reuniones en secreto de los miembros de la junta, quienes además pueden recibir regalos, por lo que el congresista considera que también deben hacerlo público.

El organismo federal está integrado por los expresidentes del Banco de Fomento Económico (BGF, central) Carlos M. García y José Ramón González; José Carrión III, Ana Matosantos, Arthur J. González, Andrew Biggs y David Skeel, a los que se unirá con derecho a voz el gobernador Alejandro García Padilla o su representante.

Los integrantes de la junta y todos los gastos que conlleve el organismo, serán costeados por el pueblo puertorriqueño.

Anticipan los comunistas mayores penurias para el pueblo puertorriqueño

SAN JUAN.- El Partido Comunista de Puerto Rico (PCPR) anticipó hoy que el establecimiento de la junta de control fiscal de Estados Unidos al gobierno puertorriqueño representará mayores penurias para el pueblo.

'Queda clara la intención de los banqueros de Wall Street de lograr sus objetivos mediante una reducción brutal del salario de las masas trabajadoras, inicialmente sobre los empleados del sector público y una disminución del nivel de vida de los trabajadores al mínimo necesario', aseguró la Comisión Política del PCPR ante la designación por Washington de los integrantes del organismo.

Para los comunistas boricuas la nueva legislación Promesa, acrónimo en inglés de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, que regirá sobre el gobierno del Estado Libre Asociado, es engañosa porque su propósito es que los acreedores de la deuda pública de 69 mil millones de dólares reciban su pago y no 'enderezar' las finanzas isleña.

Según la conducción del PCPR, como parte de las medidas que se establecerán la junta habrá reducción en el pago de las horas extra, los días de vacaciones, la bonificación anual y las justificaciones de despidos de empleados y la relación del patrono con los jóvenes, a los que se pretende colocar por debajo de la ley de salario mínimo, en detrimento de su calidad de vida.

La organización comunista expresó que es de vital importancia que la clase obrera entienda que estos ataques directos no son principalmente consecuencias de una mala administración' de los politiqueros de la colonia, una mentira de los medios masivos para manipularnos y facilitar nuestra obediencia hacia los cambios que necesitan realizar la clase dominante.

'El sistema capitalista, el cual se basa en obtener ganancias producto de la explotación de nuestro trabajo asalariado, está en crisis a nivel mundial debido a la disminución de ganancias de (sus) empresas (y) una de las formas principales de detenerla es reducir los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores, que producimos con nuestro trabajo las riquezas en la sociedad', dijo.

La Comisión Política del PCPR afirmó que la dificultad que han tenido los capitalistas en Estados Unidos para obtener ganancias satisfactorias en la actividad industrial ha provocado durante décadas el negocio fraudulento de los bonos y la deuda.

'Este negocio de la deuda es solo una estrategia adicional para evitar que sus ganancias sigan disminuyendo, por lo que Estados Unidos y otras potencias mundiales han preferido delegar importantes aspectos de la producción industrial a los capitalistas de otros países particularmente en Asia', expuso en su declaración.

Esto ha colocado a Estados Unidos en una posición vulnerable en la competencia capitalista mundial porque pierde ventaja en el terreno de la economía productiva ante sus rivales, estableció la declaración, lo que le ha planteado la necesidad de reorganizar la fuerza de trabajo para que sea mano de obra barata, tanto en su territorio como por todo el continente americano.