martes, 3 de mayo de 2016









Diputados boricuas derogan el alza del gravamen entre comercios

SAN JUAN.- Los diputados del oficialista Partido Popular Democrático (PPD) desoyeron al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, al aprobar la derogación de un gravamen con un alza a 10,5 por ciento a las transacciones entre comercios. 

Tal como había sido sancionado originalmente, el impuesto B2B (Business to business) incrementaría de 4,0 por ciento a 10,5 las transacciones entre comerciantes y servicios profesionales en medio de la crisis del país.

Los miembros de la Cámara de Representantes del PPD sumaron a la derogación de la medida los votos del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), por lo que obtuvo 45 a favor y ninguno en contra.

"Con la aprobación bipartita, la Cámara de Representantes da el primer paso para restablecer la estabilidad y tratar de mitigar la incertidumbre que hay en los mercados", aseguró indicó el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, el representante Rafael Hernández Montañez.

El gobernador García Padilla expresó que, en su momento, vetará la derogación del alza en el B2B por considerar que afectará los ingresos al fisco.

El portavoz de la mayoría del PPD en el Senado, Aníbal José Torres, que el mandatario corre el riesgo de que se pase por encima a cualquier veto.

Puerto Rico se prepara para nuevo impago de su deuda pública

SAN JUAN.- Puerto Rico se prepara para otro impago en julio próximo, tras el gobernador Alejandro García Padilla detallar la moratoria correspondiente a 422 millones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). 

"No se anticipa que tengamos el dinero", dijo el mandatario en una rueda de prensa en La Fortaleza, sede del Ejecutivo, junto al equipo económico de su gobierno que trata de mantener a flote el país a pesar de su impagable deuda pública de 70.000 millones de dólares.

Invitó a los acreedores a sentarse a la mesa a que "negocien de buena fe" después de reiterar lo doloroso que le resultó incurrir en la moratoria del BGF, agente fiscal del gobierno, de cuya deuda vencida en la víspera solo se pagaron 22 millones de dólares en intereses.

Explicó que con 33 millones de dólares en bonos comprados por las cooperativas nacionales se produjo un intercambio de notas, por lo que el impago ascendió a 367 millones de dólares.

García Padilla explicó que de esos, 120 millones de dólares formarían parte de un acuerdo alcanzado en la madrugada con el Grupo Ad Hoc de bonistas del BGF.

En la negociación se acordó que los acreedores tendrán una reducción de 43,75 por ciento del valor de las notas originales, además de un segundo con una disminución de 53 por ciento del valor nominal de los bonos originales.

Para el 1 de julio próximo probablemente García Padilla decrete otra moratoria de cerca de dos mil millones de dólares, de los cuales 700 millones corresponden a bonos de obligaciones generales, garantizados por la constitución del Estado Libre Asociado (ELA), sistema de gobierno imperante desde 1952.

En medio de la situación prevaleciente en Puerto Rico, que parece avanzar irremediablemente al colapso, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, advirtió al Congreso federal que el ELA caerá en un impago masivo de la deuda el próximo 1 de julio si no resuelve los asuntos pendientes en el proyecto HR 4900 que impone una junta de control fiscal.

Law urgió el establecimiento de un mecanismo que permita al gobierno puertorriqueño reestructurar su deuda, que ya a mediados de 2015 García Padilla estableció que era impagable.

El secretario del Tesoro indicó que si no se procede con un "mecanismos de reestructuración y supervisión apropiadas, un rescate financiado por los contribuyentes será el único curso disponible para atender una crisis que va en escalada".

García Padilla ha afirmado que no le interesa un salvavidas pagado por los contribuyentes de Estados Unidos, a la vez que recordó la cuota de sangre que los puertorriqueños han pagado en las guerras de la nación norteña.

El mandatario puertorriqueño aclaró que el pago de la nómina de los empleados públicos está asegurado al momento.

También se propone utilizar parte del dinero disponible para pagar a los proveedores de servicios al gobierno.

El ministro de Justicia, César Miranda, aseguró que se encuentran preparados para responder en los tribunales al aluvión de demandas que se avecinan.

Lew alerta sobre el "daño" en el mercado municipal de bonos por la crisis de Puerto Rico

WASHINGTON.- El secretario del Tesoro de EE.UU., Jack Lew, insistió hoy en la "urgencia" de la crisis de deuda en Puerto Rico y alertó sobre las potenciales consecuencias negativas de "una caótica cancelación de deuda", un día después de que la isla caribeña anunciara el primer impago masivo.

"Puerto Rico tiene una crisis ahora", aseguró Lew en un evento en Los Ángeles, donde se encuentra de visita, y recordó que 100.000 puertorriqueños abandonaron la isla el pasado año por la severa recesión económica.
El secretario del Tesoro recalcó posteriormente en una entrevista en Bloomberg Television que lo que haría "un gran daño al mercado municipal de bonos sería una caótica cancelación de la deuda de Puerto Rico", al referirse al gran volumen de deuda de la isla caribeña en manos de estatales, municipales y de condados en EE.UU.
En teoría, este mercado en el que las entidades públicas acudían a financiarse era considerado uno de los más seguros.
No obstante, la sombra de una masiva suspensión de pagos de Puerto Rico ha elevado la preocupación.
A las dudas se han sumado las palabras recientes del gobernador puertorriqueño, Alejandro García Padilla, quien adelantó este domingo en su anuncio del impago de un vencimiento de 422 millones de dólares, que no hay dinero tampoco para pagar los 2.000 millones que vencerán el 1 de julio.
Entre ellos figuran unos 700 millones de dólares en obligaciones generales, cuyo pago está garantizado por la Constitución local y que seguramente acarreará "una infinidad de demandas" ante los tribunales estadounidenses.
La Administración de Puerto Rico acumula una deuda de 72.000 millones de dólares, considerada "impagable" por el Gobierno local en medio de la aguda crisis económica que registra la isla caribeña, que cuenta con 3,5 millones de habitantes.
Dado que Puerto Rico es formalmente un estado libre asociado de EE.UU. y no un estado más de la Unión, no puede acogerse a la protección del Capítulo 9 de la Ley de Bancarrota, algo que ha solicitado de manera insistente García Padilla para reestructurar el pago de esta deuda y que ha sido rechazado por los republicanos, que controlan ambas cámaras del Congreso.
El Congreso se encuentra actualmente en receso hasta el 10 de mayo.
A su regreso, se espera que se discuta una nueva propuesta legislativa que incluya un consejo de control federal de las cuentas públicas de Puerto Rico para supervisar la inevitable reestructuración de deuda.
En su intervención, Lew recalcó que "este consejo debe ser justo, y tiene que equilibrar los intereses", en referencia al choque de intereses entre los acreedores y los puertorriqueños.