jueves, 14 de abril de 2016

Auditarán los últimos 45 años de la deuda pública de Puerto Rico


SAN JUAN.- La deuda pública de Puerto Rico, que asciende hoy a 70.000 millones de dólares, será auditada tras seis meses de retraso por falta de fondos, revisión que se extenderá a los últimos 45 años. 

El sindicalista Roberto Pagán, quien preside la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, reveló que, superada además las dificultades en la designación de sus miembros, asumieron la encomienda de auditar la deuda pública actual y, como parte de un proyecto piloto, irán "hacia atrás" para revisar las últimas cuatro décadas y media.

"La Comisión de Auditoría comenzó a operar desde finales de enero, (después de aprobada) la Ley 97 en julio del año pasado, y se supone que para el 1 de agosto estuvieran nombrados los comisionados y comenzaran a trabajar, pero ni el gobernador (Alejandro García Padilla) ni la Legislatura sometieron los nombramientos hasta enero", declaró al diario El Nuevo Día el presidente del organismo.

A su juicio, se perdió un tiempo valioso, "pero no es tarde para usar esta herramienta para darle posibles soluciones a la crisis financiera que atraviesa el país".

Pagán precisó que las primeras transacciones que auditarán serán la emisión de notas de anticipación de impuestos del año pasado por unos 400 millones de dólares y la emisión de bonos de obligaciones generales de 2014, ascendentes a unos 3.500 millones.

Aclaró que por los pasados tres meses, la Comisión de Auditoría operó sin presupuesto, haciendo el trabajo con recursos provistos por sus 16 integrantes, tanto del sector público como del sector privado.

Aclaró que luego de la reciente firma de la Ley 21-2016, a la Comisión se le asignaron dos millones de dólares para sufragar la adquisición de equipos y la contratación de personal técnico y especializado, como abogados y contadores públicos.

"Sometimos un presupuesto de 5,6 millones y nos aprobaron dos millones, pero eso nos da para empezar", dijo al sostener que en dos semanas recibirán los fondos, siempre que el Ministerio de Hacienda pueda hacer el desembolso con la urgencia que se requiere.

Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), recordó que la auditoría de la deuda pública es un reclamo de diversos sectores del país.

Recordó que este es un ejercicio que países como Islandia, Ecuador y Argentina realizaron antes de la reestructuración de sus deudas y la posterior implantación de medidas de revitalización.

"El país no tiene claridad de en qué consiste su deuda y eso es necesario en estos momentos", afirmó el sindicalista.

Firmes las demandas demócratas sobre Puerto Rico y causa común de los líderes de la minoría del Senado

WASHINGTON.- Mientras quedaba en suspenso el proceso legislativo en torno a la imposición de una junta federal de control fiscal sobre Puerto Rico, los  líderes de la minoría del Senado  estadounidense hicieron hoy causa común con el reclamo de sus colegas demócratas de la Cámara de Representantes.

Desde el Senado, una docena de demócratas reafirmaron su reclamo a favor de que el gobierno de Puerto Rico pueda reestructurar toda su deuda. También rechazaron el apartado de la legislación que permitiría la transferencia de terrenos dedicados a la conservación en Vieques y que se reduzca el salario mínimo para los más jóvenes en la Isla.
"Los demócratas del Senado comparten la opinión de que cualquier legislación para resolver esta crisis debe incluir un eficaz proceso de reestructuración que permita que Puerto Rico ajuste toda su deuda. Aunque agradecemos que los republicanos de la Cámara de Representantes hayan reconocido que el Congreso debe actuar rápidamente para abordar esta crisis, la legislación presentada ayer no satisface las expectativas en varias áreas claves", indicaron, entre otros, el líder de la minoría demócrata, Harry Reid (Nevada), y la portavoz en el Comité de Energía y Recursos  Naturales, María Cantwell (Washington).
Los senadores demócratas consideraron además que "pese a las mejoras la junta de supervisión tiene poderes excesivos y una inaceptable estructura de nombramientos".
"Nos oponemos a la incorporación de enmiendas partidistas que debilitan las protecciones para los trabajadores estadounidenses y a otras medidas problemáticas y superfluas, como el traspaso de tierras (en Vieques). La legislación sigue careciendo de protecciones adecuadas para los titulares de pensiones y jubilados. Además, cualquier solución integral a la crisis fiscal en Puerto Rico debe abordar la desigualdad en el cuidado de salud, que si permanece, pone en peligro cualquier recuperación económica real", agregaron.
En su declaración, los demócratas indicaron que   "cada minuto cuenta, e instamos a los republicanos de la Cámara a seguir trabajando de manera bipartidista para mejorar esta legislación y que cuente con el apoyo necesario para ser aprobada por el Senado".
Aunque están en minoría, los demócratas del Senado tienen suficientes votos – 46- de 100-, para bloquear cualquier medida. En el Senado, si un solo senador se opone a un proyecto de ley, se requieren 60 para que pueda ir a votación final.
La declaración la firman también el portavoz adjunto de la minoría, Richard Durbin (Illinois),   Elizabeth Warren (Massachusetts), Ron Wyden (Oregón), Robert Menéndez (Nueva Jersey), Kirsten Gillirband (Nueva York), Richard Blumenthal (Connecticut), Patrick Leahy (Vermont) y Bill Nelson (Florida).
Previamente, la portavoz de la minoría demócrata en la Cámara baja, Nancy Pelosi (California), había mantenido también sus objeciones en torno al proyecto de ley republicano, presentado el martes por el congresista Sean Duffy (Wisconsin).
"Se necesita más trabajo en el corazón de la propuesta republicana para mejorar la formación y el alcance de la junta y agilizar el proceso de reestructuración (de la deuda) para hacerlo funcionar mejor", indicó Pelosi.

'Puerto Rico enfrenta impago ante la inacción del Congreso', dice Paul Ryan


WASHINGTON.- El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, dijo hoy jueves que el Congreso tiene que "poner en orden el caos" en Puerto Rico y evitar que al final los contribuyentes estadounidenses deban rescatar el territorio, que enfrenta una deuda de 70.000 millones de dólares. 

Un panel de la cámara baja canceló una votación el jueves sobre una propuesta de ley que establecería una junta de control, con los republicanos divididos sobre cómo debe responder el Congreso a la crisis económica de la isla. El gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, ha advertido que se necesita aprobar una medida de restructuración de la deuda, en momentos en que se acerca el plazo el mes próximo para un pago de bonos de 422 millones.
Puerto Rico ha dicho que muy probablemente no podrá pagar, lo que sería la primera vez que la isla entra en impago de bonos generales protegidos por la constitución del territorio.
En una conferencia de prensa, Ryan dijo que cree que el Congreso actuará al final, pero que muchos legisladores apenas están conociendo del asunto. Dijo que los representantes republicanos se reunirán el viernes para discutir lo que se debe hacer.
Agregó que una junta de control ayudaría a Estados Unidos a evitarse un rescate del territorio.
"Mi prioridad mayor como presidente de la cámara baja respecto a este asunto es mantener al contribuyente estadounidense alejado de esto", dijo Ryan. "No va a haber un rescate por los contribuyentes". 
Los demócratas han expresado temores de que una junta de control sea demasiado poderosa, con ecos de colonialismo.
La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la propuesta debería incluir una junta supervisora "que sea respetuosa hacia el pueblo de Puerto Rico y que no mine la parte sobre restructuración ni contenga cláusulas que perjudiquen a los trabajadores".
Funcionarios del gobierno de Barack Obama advirtieron en una audiencia el miércoles que la isla enfrenta un colapso financiero total si el Congreso no interviene. Los republicanos admiten la urgencia del asunto, pero han enfrentado resistencia de su propia bancada y de los demócratas.
Puerto Rico ha estado inmerso en un estancamiento económico desde hace un decenio. Los problemas financieros empeoraron como resultado de problemas en la economía estadounidense en general y los gastos gubernamentales en la isla continuaron descontrolados.

Representantes republicanos cancelan una votación sobre el plan para Puerto Rico

WASHINGTON.- Los republicanos de la Cámara de Representantes cancelaron abruptamente el miércoles una votación prevista en una comisión sobre una iniciativa que ayudaría a Puerto Rico a enfrentar su deuda por 70,000 millones de dólares, debido a la oposición de legisladores conservadores.

La votación sobre una propuesta con la que se crearía una junta de control estaba programada para el jueves con carácter de urgencia porque el mes entrante Puerto Rico tiene que pagar un vencimiento millonario de una deuda derivada de bonos.
El gobierno ha dicho que posiblemente incurrirá en un impago, que sería la primera vez que Puerto Rico no cubra bonos de obligaciones generales que están garantizados por la constitución de la isla.
Una portavoz de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes dijo que la sesión del jueves fue cancelada sin que se fijara nueva fecha para realizarla.
El presidente de la comisión, el republicano Rob Bishop, de Utah, dijo que persistía la incertidumbre en ambos partidos y que el gobierno continuaba exigiendo que se hicieran cambios.
"Es injusto que se obligue a todos los miembros a que voten cuando las disposiciones continúan siendo negociadas", afirmó Bishop en un comunicado.
Funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama advirtieron el miércoles durante una audiencia que la isla enfrenta el derrumbe financiero total sin una intervención del Congreso.
El gobernador Alejandro García Padilla ha advertido que es necesaria la pronta aprobación de una medida para una reestructuración de la deuda porque en mayo vence un pago de bonos por 422 millones de dólares.
Los republicanos están de acuerdo en la urgencia del asunto, pero han afrontado oposición al interior de su bancada y de los demócratas.
El proyecto de ley presentado esta semana por la comisión prevé la creación de una junta de control y permitiría a esta instancia facilitar cierta reestructuración de la deuda por orden judicial, aunque no concede a Puerto Rico la autoridad para una bancarrota amplia como pretenden las autoridades de ese territorio estadounidense.
Los demócratas expresaron preocupación de que la junta de control pudiera tener demasiado poder, lo que suscitó reproches sobre colonialismo.
Algunos republicanos conservadores han objetado la reestructuración de la deuda con el argumento de que sentaría un mal precedente. En un intento por satisfacer a esos legisladores, el borrador más reciente del proyecto de ley prevé que los acreedores tengan una mayor participación en los planes sobre la deuda al permitirles decidir en una votación preliminar si aceptarían una reestructuración voluntaria de deuda.
Sin embargo, no fue suficiente. En la audiencia del miércoles, varios republicanos de la comisión se dijeron preocupados de esa reestructuración, lo que haría que careciera de claridad el resultado de la votación del jueves.
"Creo que aquí vamos hacia abajo en una cuesta resbaladiza", dijo el representante republicano Jeff Duncan, de South Carolina.
El representante republicano John Fleming, de Louisiana, también se opuso a la iniciativa y señaló que Bishop había intentado alentar a los miembros de la comisión a que la aprobaran simplemente o se retiraran de la sala durante la votación.
"Pedir que alguien se retire —pedir que alguien falte a una votación— es una solicitud que atenta contra la conciencia de los miembros. La jefatura no tenía que hacer una petición de ese tipo", declaró Fleming, quien anunció que rechazará la propuesta.
La comisión no reaccionó de momento a las declaraciones de Fleming.
La Comisión de Estudios Republicanos de la Cámara de Representantes, un grupo de unos 170 legisladores de tendencia conservadora, había manifestado preocupación sobre las disposiciones para la reestructuración de la deuda.
El representante Bill Flores, de Texas, líder del grupo, dijo que la nueva propuesta había alentado esta semana a los miembros porque consideraba algunas concesiones a los acreedores de la isla, pero el grupo no la había aprobado.
Durante la audiencia, el funcionario del Departamento del Tesoro, Antonio Weiss, dijo era necesario una acción pronta debido a las dificultades que afronta Puerto Rico.

La Banca de Puerto Rico pide al Gobierno respete negociaciones sobre deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica

SAN JUAN.- La Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) pidió al Gobierno de la isla que no decrete una moratoria sobre el pago de la deuda de la empresa eléctrica local y permita que las negociaciones con sus bonistas continúen su curso.

En un comunicado, advirtió que al incluirse a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico "se ha puesto en peligro" el cierre para este año del Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, por su sigla en inglés) que se negocia con los titulares de la deuda de esa empresa pública.
La Ley de Moratoria fue aprobada la semana pasada por el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, con el objetivo de hacerse con los poderes necesarios para detener el pago de las obligaciones derivadas de la deuda de más de 72.000 millones de dólares que acumula la Administración de la isla.
"Esta legislación nos proporciona las herramientas para atender las necesidades de mayor prioridad y proveer los servicios esenciales a nuestra gente sin temor a represalias", dijo en su día el gobernador.
La vicepresidenta ejecutiva de la ABPR, Zoimé Álvarez Rubio, hizo hoy un llamado tanto a la Legislatura como al Gobierno locales para que se enmiende la citada ley para excluir de una posible moratoria unilateral a la AEE, que lleva cerca de año y medio negociando con los titulares de su deuda, que ronda los 9.000 millones de dólares.
"Hacemos un llamado al Gobierno para que sostenga su compromiso con culminar el proceso de reorganización y reestructuración de la AEE", dijo sobre una negociación que considera "esencial" para "aspirar a un plan de desarrollo económico sostenible y alcanzable".
"Una AEE reestructurada es vital para cualquier plan que pretenda restaurar la integridad y la solidez fiscal de Puerto Rico", dijo.

La Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público de Puerto Rico dice no tiene presupuesto para auditar la deuda

SAN JUAN.- La Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público de Puerto Rico asegura estar trabajando "con intensidad" para realizar cuanto antes la auditoría de la deuda que tiene el Gobierno de ese Estado Libre Asociado, pero dice no tener presupuesto para iniciar siquiera la labor de investigación.

En un comunicado, el presidente de la citada comisión, Roberto Pagán Rodríguez, explicó hoy que "en este momento la Comisión se encuentra realizando esfuerzos para asegurar los recursos que se necesitan para completar su encomienda de manera profesional y responsable".
"Nos encontramos ante un reto enorme por la falta de recursos para cumplir con nuestra tarea. Sin embargo, esperamos pronto contar con el presupuesto asignado por la recién firmada ley 21 del 2016 para entrar inmediatamente en la fase de investigación y ejecución de la auditoría de la deuda pública y brindar a la brevedad posible soluciones a la crisis financiera que atraviesa el país", dijo.
Puerto Rico afronta una difícil situación financiera, con una deuda de unos 73.000 millones de dólares, ante lo cual el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, ha solicitado que el territorio caribeño pueda acogerse al Capítulo 9 del Código federal de Quiebras de Estados Unidos.
Pagán, también presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), explicó que durante los pasados meses se han mantenido reuniones con otras instituciones para establecer vías de colaboración y se han iniciado trabajos de organización interna.
Además, se cuenta ya con un resumen de la deuda pendiente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Esta comisión se creó con la aprobación de una Ley en julio de 2015 que ordenaba la auditoría de manera rigurosa y transparente de la deuda pública y la elaboración de una serie de recomendaciones para pagarla de una manera "razonable y viable".
La comisión también está integrada por Mario Marazzi-Santiago, director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; Jaime Perelló y Eduardo Bhatia, presidentes de ambas Cámaras; Larry Seilhamer y Jennifer González, legisladores del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP); y María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
También figuran José Alameda, catedrático en Economía; Juan Lorenzo Martínez, catedrático en Estadísticas; Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico; y Melba Acosta Febo, presidenta del BGF.

Una de las parejas más influyentes de Puerto Rico prospera en Washington al calor de la crisis en la Isla


WASHINGTON.- Mientras Puerto Rico se dirige hacia una posible bancarrota, el único representante de la isla en el Congreso de Estados Unidos ve su patrimonio crecer, en parte, gracias a las empresas en Wall Street que buscaron aprovecharse de la crisis financiera de la isla y encontraron en la esposa del representante la asesoría que necesitaban, según 'The New York Times'.

Estos papeles dobles —congresista y cónyuge involucrados en los asuntos financieros de sus comunidades— no son inusuales en Washington, una ciudad en la que las parejas poderosas son cada vez más comunes.
Sin embargo, la legislación que ha introducido Pedro Pierluisi, demócrata y comisionado residente de Puerto Rico en el Congreso, beneficiaría por lo menos a dos de las compañías que han contratado a su esposa, María Elena Carrión, como asesora financiera.
Carrión constituyó su compañía de consultoría en Puerto Rico solo 20 días después de que Pierluisi, de 56 años, fuera electo para ir al congreso en 2008, según muestran los registros. Desde entonces su valor ha superado el millón de dólares, y el patrimonio promedio de la pareja se ha multiplicado 27 veces desde la elección.
Mientras Carrión, de 51 años, trabaja con estas compañías, la oficina de Pierluisi cabildea con dos de sus clientes: Fundamental Advisors y Och-Ziff Capital Management, de acuerdo con lo que muestran los documentos proporcionados por la oficina del comisionado residente.
Por otro lado, el directivo de un fondo especulativo en Wall Street, cuya empresa participó en una venta de bonos del gobierno de Puerto Rico por 3,5 mil millones de dólares en 2014, ha recaudado fondos para la contienda de Pierluisi por la gubernatura, según muestran los registros financieros de su campaña y algunos correos electrónicos.
“Al congresista le gustaría continuar el diálogo con la comunidad inversionista”, se lee en una invitación por correo electrónico que este directivo envió en julio de 2014. Añadía que “otros gestores de activos y personalidades políticas” asistirían al evento. “Se sugiere una contribución, ya que el congresista está buscando la gubernatura en el 2016”.
Ninguna ley exige a Pierluisi que divulgue los nombres de los clientes de su esposa… y no lo ha hecho. Los nombres de Wall Street salieron a la luz después de que The New York Times los solicitara.
En entrevistas, tanto Pierluisi como Carrión dijeron que mantenían sus carreras profesionales separadas y que nada de lo que Pierluisi  hizo en el Congreso tuvo la intención de beneficiar a la joven empresa de su esposa, Multicultural Capital, o su campaña para gobernador.
“Ella tiene todo el derecho de ejercer su profesión”, declaró Pierluisi durante una entrevista en su oficina en el Capitolio. “No tiene nada que ver con lo que hago en el Congreso. El único vínculo aquí es que tiene sede en Puerto Rico”.
Carrión —que tiene una maestría en administración de empresas por la Universidad de Columbia y pasó más de una década trabajando para bancos de inversiones en Wall Street— opinó que las preguntas sobre un posible conflicto de intereses son infundadas.
“Soy una especialista en fusiones y adquisiciones con 30 años de experiencia en el sector financiero”, afirmó en una declaración por escrito. “Como mujer y como parte de un grupo minoritario, me siento orgullosa de tener mi propia compañía”.
Los directivos de las empresas que la han contratado, como Fundamental Advisors y Och-Ziff, rehusaron a hacer cualquier declaración oficial.
Las normas de ética del Congreso no establecen límites sobre el trabajo que la esposa de un congresista pueda realizar. Dos abogados de ética que examinaron el asunto a petición del Times opinaron que no veían ninguna violación a la ley en el trabajo que ha realizado Carrión.
Pero Meredith McGehee, directora de políticas en el Centro Legal de Campañas, un grupo que vigila las finanzas de campaña, comentó que Pierluisi debería haber declarado los negocios en los que su esposa está involucrada.
“La democracia es un juego de confianza; las personas necesitan confiar en que los ciudadanos que han elegido no llegaron al poder para enriquecerse”, opinó McGehee. “La realidad es que lo que han hecho aquí ha generado un poco de humo, la impresión de un conflicto, sin importar cuánto desapruebe esa afirmación el congresista”.
Carrión describe Multicultural Capital como una “consultoría boutique independiente” que ayuda a las empresas interesadas en invertir en Puerto Rico y otros mercados latinos a encontrar propiedades de inversión que valga la pena comprar.
Abrir la compañía después de la elección de su esposo representó el regreso al mundo financiero de Carrión, una experta en mercados emergentes que había trabajado durante 15 años en compañías de Wall Street como Prudential Financial y Bankers Trust antes de darse un descanso para cursar un doctorado en historia de Puerto Rico.
Desde su pequeña oficina en San Juan, Carrión llena solicitudes de inversionistas que buscan comprar o vender activos, como hoteles y construcciones residenciales.
Su trabajo en esta área ha coincidido con una explosión de interés en la isla por parte de los actores más importantes de Wall Street, como Apollo Global Management y Och-Ziff Capital Management, dos fondos de inversión con sede en Nueva York. Estos fueron a Puerto Rico en busca de ofertas y los llamados activos en dificultades, como algunos hoteles, o para comprar alguna deuda pública ya que el gobierno estaba ofreciendo tasas de interés inusualmente altas para atraer el dinero que tanto necesita.
Och-Ziff solicitó la ayuda de Carrión en 2012 y 2014 y finalmente compró acciones en un hotel y un complejo residencial de la isla. La compañía de Carrión se llevó una comisión de más de un millón de dólares por la ayuda que prestó para realizar la transacción, según algunos de los que participaron. Ella no dijo cuánto ganó su compañía en comisiones.
Más recientemente, Carrión fue contratada por Fundamental Advisors. Su empresa no pudo ayudarlos a encontrar una inversión adecuada, pero su comisión fue de decenas de miles de dólares antes de que el contrato se diera por terminado al final del año pasado.
En marzo de 2014, Och-Ziff fue uno de al menos una docena de fondos especulativos que compraron una gran participación valorada en 3,5 mil millones de dólares en bonos vendidos por el gobierno de Puerto Rico con la ayuda de empresas en Wall Street, como Morgan Stanley.
Esta oferta de bonos, la venta más grande de deuda municipal en la historia de Estados Unidos, atrajo fondos especulativos, en lugar de los tradicionales inversionistas de fondos municipales.
A meses de la venta de bonos de 2014, los directivos de Wall Street involucrados en la transacción acudieron a la oficina de Pierluisi para pedir ayuda. Este propuso una ley en julio de 2014 y en febrero de 2015 que permitiría al gobierno de Puerto Rico aprovechar la provisión de bancarrota que Estados Unidos pone a disposición de los 50 estados.
En el caso de empresas como Och-Ziff y Fundamental Advisors, este cambio legal protegería su inversión en los bonos si la isla gana la protección por bancarrota, mientas que los titulares de otras deudas emitidas por el gobierno de Puerto Rico recibirían pagos mucho menores.
“El congresista tomó esta postura por una y solo una razón: porque cree que es lo mejor para los 3,5 millones de ciudadanos estadounidenses que representa”, se lee en una declaración emitida por su oficina.
Sin embargo, en agosto de 2014, Julio A. Cabral-Corrada, quien entonces era corredor de bolsa en Morgan Stanley, organizó un evento de recaudación de fondos en el Península Hotel, ubicado en la Quinta Avenida de Nueva York, y explicaba abiertamente en la invitación que los asistentes tendrían acceso a Pierluisi “para continuar el diálogo con la comunidad inversionista” mientras las negociaciones continuaban.
Las normas éticas establecen que los miembros del Congreso no tienen permitido “patrocinar o participar en ninguna solicitud que ofrezca a los donantes cualquier acceso especial”. Cabral-Corrada se rehusó a hablar sobre el evento o las personas que asistieron.
Los registros financieros muestran contribuciones que se hicieron cerca de los días en que se realizó el evento, las cuales provienen de más de una docena de personajes de la industria financiera y cabilderos.
Cuando se le entregó una copia de la invitación a la recaudación de fondos, Pierluisi aseguró que no la había visto antes. “Este es un lenguaje desafortunado”, opinó.
El congreso no ha tomado ninguna acción para resolver la crisis financiera en Puerto Rico. A finales de marzo surgió una propuesta que no garantizaría que los titulares de los bonos rescatables con recursos generales estuvieran completamente protegidos.
En la entrevista Pierluisi ofreció su apoyo tentativo a esta nueva propuesta que remplazaría su plan legislativo, como prueba irrefutable de que no estaba intentando ayudar a los antiguos clientes de su esposa.
Por su parte, Carrión añadió que nunca trabajó para los departamentos de fondos de inversión de las empresas que invirtieron en los bonos, sino que ayudó a las secciones de capitales de riesgo, las cuales compran activos inmobiliarios como hoteles, y que los contratos con todos sus clientes incluían una cláusula que aclaraba que ella no hacía cabildeo en el congreso.
No obstante, algunas de las empresas son tan pequeñas que los directivos participan en ambos departamentos en una misma oficina.
Durante el tiempo que Pierluisi ha estado en su cargo, la empresa de su esposa ha ido de no tener ingresos a valer más de un millón de dólares, de acuerdo con la declaración financiera más reciente, la cual se entregó en 2015.
Las declaraciones financieras que Pierluisi entregó al Congreso muestran que el patrimonio familiar promedio neto, sin las deudas de los activos, aumentó repentinamente, de 36.501 dólares reportados en 2008, el año en que fue electo, a un millón de dólares en 2014, de acuerdo con el informe más reciente entregado en 2015.
Pierluisi aseguró que el cambio en su patrimonio familiar era el resultado de las ganancias de su esposa.
En Puerto Rico, algunos ven un patrón que es familiar.
Emilio Pantojas García, catedrático en la Universidad de Puerto Rico que ha escrito sobre la crisis en la isla, afirmó que, incluso si el trabajo de Carrión no se beneficiara de la presencia de Pierluisi en el Congreso, los arreglos generan sospechas.
“Mientras el resto sufre, ellos sacan ganancias de la crisis”, comentó. “Desafortunadamente, es lo habitual entre la élite política en Puerto Rico”.

Puerto Rico publicará una lista de contribuyentes morosos

SAN JUAN.- Por primera vez, Puerto Rico publicará una lista de contribuyentes morosos con la esperanza de recuperar una parte de los ingresos pendientes mientras la isla sufre una fuerte crisis económica que empeora.

El secretario de Hacienda Juan Zaragoza dijo que la lista incluirá a aquellos que deban más de 50.000 dólares en impuestos sobre las ventas.
La decisión se produce mientras el Departamento del Tesoro de la isla lleva a cabo operativos semanales sobre negocios sospechosos de no declarar correctamente sus impuestos por concepto de ingresos.
La lista incluye a una compañía de aparcamiento que le debe al Estado dos millones de dólares. Zaragoza dijo que su departamento publicará pronto listas similares de aquellos que deban otro tipo de impuestos.
El territorio estadounidense lleva 10 años en crisis económica y está presionando para reestructurar 70.000 millones de dólares en deuda pública que, de acuerdo con el gobernador, es impagable.

La Hacienda de Puerto Rico recauda un 11 % más en marzo

SAN JUAN.- La Hacienda de Puerto Rico recaudó en marzo un total de 929 millones de dólares, un 11 % más que en el mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 929 millones de dólares. 

El secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza, informó a través de un comunicado de que los ingresos netos contabilizados al Fondo General en marzo fueron, sin embargo, de 5,3 millones de dólares menos de la cifra prevista.
En términos acumulados, los ingresos netos para los 9 primeros meses del año fiscal 2015-16 (correspondiente al periodo de julio a marzo) totalizan 6.200 millones de dólares, lo que equivale a 260 millones de dólares o un 4,3 % más que el mismo periodo del año anterior.
No obstante, la recaudación en los 9 primeros meses supuso 157 millones de dólares menos que la cantidad estimada para el periodo en el presupuesto original del año fiscal 2015-16.
En cuanto a partidas concretas, la recaudación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para marzo ascendió a 199 millones de dólares, lo que representa 91 millones de dólares más que en marzo del año pasado.
El aumento se debió, principalmente, al alza en la tasa del impuesto del 6 % al 10,5 %.
Por primera vez, Puerto Rico publicará una lista de contribuyentes morosos con la esperanza de recuperar una parte de los ingresos pendientes mientras la isla sufre una fuerte crisis económica que empeora.
El secretario de Hacienda Juan Zaragoza dijo el miércoles que la lista incluirá a aquellos que deban más de 50.000 dólares en impuestos sobre las ventas. La decisión se produce mientras el Departamento del Tesoro de la isla lleva a cabo operativos semanales sobre negocios sospechosos de no declarar correctamente sus impuestos por concepto de ingresos. La lista incluye a una compañía de aparcamiento que le debe al estado 2 millones de dólares.
Zaragoza dijo que su departamento publicará pronto listas similares de aquellos que deban otro tipo de impuestos.
El territorio estadounidense lleva 10 años en crisis económica y está presionando para reestructurar 70.000 millones de dólares en deuda pública que, de acuerdo con el gobernador, es impagable.
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Puerto Rico, un problema enquistado / Ángel Tomás *

La situación coyuntural que presentaba la economía de Puerto Rico (PR) a final de 2015 quedaba definida como: "imposibilidad de que su gobierno pudiera hacer frente puntualmente a la deuda  de 72.000 millones de dólares, sumida además la economía en recesión. Era de la máxima urgencia su reestructuración, de forma ordenada y garantizada por el Tesoro Federal de EEUU,  que hiciera posible el pago de la misma. Una economía en recesión, con unos tipos impositivos iguales a los vigentes en todos los Estados federados, de los que forma parte como Estado Libre Asociado (ELA), definían a Puerto Rico en situación de bancarrota.

   La situación descrita viene agravándose progresivamente desde hace décadas hasta llegar, según los últimos datos, a una emigración de portorriqueños a EEUU de 5,2  millones, en donde tienen actualmente su residencia habitual, permaneciendo en la Isla 3,5 millones. El 70% aproximadamente de la afluencia de turistas internacionales en la década de los sesenta a los ochenta, ha quedado reducida al 10%, siendo el resto proveniente del este de Estados Unidos, de acuerdo con los estudios del año fiscal 2012. Otro ejemplo es la Universidad Estatal de Puerto Rico, que al disminuir los 18 millones de dólares en remesas mensuales estatales, ha acumulado una deuda de 100 millones de imposible devolución, con influencia negativa en las clases esenciales y provocando paros en el recinto universitario de Mayagüez.

   Analicemos los hechos relativos a la economía de PR acaecidos durante el primer trimestre de 2016:

   - El 5 de enero el Gobierno de PR no atendió vencimientos por un valor de 37,3 millones de dólares por falta de liquidez, según confirmó el secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortíz, entre ellos está la deuda de la Autoridad para Financiación de Infraestructuras (35,9 millones) y 1,4 millones de la Corporación para el Financiamiento Público, segundo impago después de los 94 millones de dólares no atendidos en agosto del 2015, primero en la historia de la Isla. Standard & Poor's definió que respondía a una "elección deliberada". Expertos financieros apuntaron a que el Ejecutivo eligió esos vencimientos de unos bonos cuyos acreedores tendrían complicado la reclamación judicial. Sin embargo, el Gobierno sí pagará 329 millones de obligaciones generales del Estado  garantizadas por la Constitución, según el gobernador Alejandro García Padilla.

    - El partido comunista de PR, advirtió que 2016 será especialmente difícil para la nación caribeña y para la desigualdad socioeconómica por estar bajo el dominio colonial de EEUU. La actual crisis colonial es una oportunidad para la autodeterminación de PR de cara a las inevitables luchas contra quienes nos imponen y promueven una vida de esclavos asalariados. El criterio de algún otro partido político es que la deuda impagable fue creada por los buitres de Wall Street, los políticos neoliberales de Washington y algunos políticos corruptos de PR.

      -El Gobierno hizo constar que si hay que elegir entre pagar la deuda o prestar los servicios vitales de los ciudadanos, la elección es...los portorriqueños primero.

        -Dentro de los diez días siguientes se celebraron en Washington varias vistas en el Congreso para tratar sobre la deuda, de forma que sirva para allanar el camino y acogerse a una ley federal que permitiera una reestructuración ordenada de la misma. Sin embargo, la mayoría republicana en el Congreso estadounidense bloqueó cualquier reestructuración, sin la cual Washington controlaría íntegramente las finanzas de la Isla. Toda la clase política lo ha rechazado de plano por  atentar contra su autonomía

     -El 11 de enero María Lourdes Santiago, senadora del partido independentista, propuso declarar el cese inmediato del pago de la totalidad de la deuda pública, un claro desafío político en lugar de la estrategia de súplica y sumisión practicada hasta ahora, que ha fallado por razones aún no aclaradas. La parlamentaria socialdemócrata hace constar que es el único camino para que el gobierno de EEUU, los acreedores y las entidades que los representan accedan a una justa reestructuración de la deuda.

      -El 13 de enero se concentró la Corte Suprema de EEUU y estudió la crisis como telón de fondo. Los nueve jueces de la más alta corte debatieron el híbrido estatuto de PR, que no forma parte de los 50 Estados federados, aunque reconocen que casi cinco millones de ciudadanos  boricuas son estadounidenses; los debates se centraron en la noción de soberanía en comparación con otros territorios no incorporados (Guam, Islas Vírgenes o Samoa). Por otro lado los habitantes hablan más español que inglés, pero no tienen derecho al voto en las elecciones de EEUU. El gobierno autónomo se encarga de los asuntos internos al tiempo que la defensa y la política externa dependen de Washington. La Corte Suprema aplazó la decisión por considerar que  hubiera ocasionado enormes repercusiones, no entrando tampoco en la petición portorriqueña de acogerse  a la Ley de Quiebras.

     -El 14 de enero el gobierno isleño estableció ajustes que permitan del presupuesto en vigor, que finaliza el 30 de julio próximo, una rebaja de 254 millones de dólares, una vez que el Ministerio de Hacienda ya había rebajado otros 500 millones con anterioridad debido a la insuficiencia recaudatoria.

     -Es en la segunda quincena de enero cuando el Secretario del Tesoro de EEUU, Jacob J. Lew, visitó San Juan, previa gestión que el Congreso Federal evite un nuevo impago del gobierno isleño, y advirtió al presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Paul Ryan, del colapso económico, el cual contestó que ninguna autoridad administrativa está facultada para esta emergencia, solo el Congreso puede dar paso a las medidas legislativas necesarias, si bien supeditadas a una Junta de Control Fiscal.

     -Ya en febrero el Gobierno de Puerto Rico propuso a sus acreedores un plan para reducir un 30% su deuda a los bonistas valorada en 49.200 millones de dólares, lo que supone una reducción de 22.700 millones, y un 40% sobre el total de la deuda. A esta propuesta acompañó un plan severo de ajustes.

    - Pierluisi, delegado de PR ante el Congreso Federal, y líder del Partido Nuevo Progresista,  responsabilizó, en gran medida, de la crisis de PR a Washington, por ser la causa más significativa de los problemas  económicos, fiscales y de emigración. Se mostró partidario de la creación de una Junta Fiscal Federal, pero aclarando que se opondría si debilitara en vez de fortalecer la democracia de PR.

     -En la última semana del mes de marzo, expresaron sus opiniones los más relevantes políticos portorriqueños: - Luis Vega Ramos, diputado oficialista, y David Bernier, presidente del partido gubernamental propusieron "legislar por la Asamblea Legislativa de la Isla una moratoria al pago de la deuda con todos los acreedores, de forma que no se arriesguen los servicios esenciales del gobierno, de lo contrario PR volvería a principios del siglo pasado, para lo cual piden unidad y determinación política. - Juan Dalmau Ramírez, dirigente independentista, " la Junta de Control Fiscal será la culminación de Estado Libre Asociado, y para atender los deseos de los tenedores de fondos buitres. Sería la más reciente humillación colonial ".

   - El gobernador Alejandro García Padilla, rechazó que EEUU despoje a PR de los derechos de autogobierno y propuso, "un frente unido" en oposición al organismo que pretende aprobar el Congreso norteamericano. Debe verse como una comprensiva solución a la actual situación fiscal, ya que en 1984 fue excluido de la Ley de Quiebras. De lo contrario, Puerto Rico la impugnará en los tribunales federales, así como ante la comunidad de naciones.

 El país caribeño debe acometer con firmeza reformas estructurales básicas: a) Perseguir judicialmente a los políticos corruptos. b) Reducir los organismos estatales innecesarios y el gasto público. c) Una nueva ley de estabilidad presupuestaria, o como en EEUU "presupuesto cero". d) Suprimir ayuntamientos. e) Promulgar una ley de transparencia para la gestión de gobierno, con acceso a la información pública. f) Suprimir todas las ayudas permanentes o temporales a empresas, y g) Reformar la ley general tributaria incluyendo estímulos para los nuevos emprendedores, y tratamiento especial para empresas extranjeras de nueva instalación en la isla.

   Solo son viables dos soluciones: a) Apoyo equilibrado y definitivo de EEUU, acompañado de una reestructuración económica de la Isla, y b) Un alto convenio trilateral promovido por EEUU, Europa Comunitaria y Puerto Rico. España debería tener un papel importante en esta negociación.


(*) Economista y empresario español