SAN JUAN.- La Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público de Puerto Rico
asegura estar trabajando "con intensidad" para realizar cuanto antes la
auditoría de la deuda que tiene el Gobierno de ese Estado Libre
Asociado, pero dice no tener presupuesto para iniciar siquiera la labor
de investigación.
En un comunicado, el presidente de la citada
comisión, Roberto Pagán Rodríguez, explicó hoy que "en este momento la
Comisión se encuentra realizando esfuerzos para asegurar los recursos
que se necesitan para completar su encomienda de manera profesional y
responsable".
"Nos encontramos ante un reto enorme por la falta de
recursos para cumplir con nuestra tarea. Sin embargo, esperamos pronto
contar con el presupuesto asignado por la recién firmada ley 21 del 2016
para entrar inmediatamente en la fase de investigación y ejecución de
la auditoría de la deuda pública y brindar a la brevedad posible
soluciones a la crisis financiera que atraviesa el país", dijo.
Puerto
Rico afronta una difícil situación financiera, con una deuda de unos
73.000 millones de dólares, ante lo cual el gobernador de la isla,
Alejandro García Padilla, ha solicitado que el territorio caribeño pueda
acogerse al Capítulo 9 del Código federal de Quiebras de Estados
Unidos.
Pagán, también presidente del Sindicato Puertorriqueño de
Trabajadores (SPT), explicó que durante los pasados meses se han
mantenido reuniones con otras instituciones para establecer vías de
colaboración y se han iniciado trabajos de organización interna.
Además, se cuenta ya con un resumen de la deuda pendiente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Esta
comisión se creó con la aprobación de una Ley en julio de 2015 que
ordenaba la auditoría de manera rigurosa y transparente de la deuda
pública y la elaboración de una serie de recomendaciones para pagarla de
una manera "razonable y viable".
La comisión también está
integrada por Mario Marazzi-Santiago, director del Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico; Jaime Perelló y Eduardo Bhatia, presidentes
de ambas Cámaras; Larry Seilhamer y Jennifer González, legisladores del
opositor Partido Nuevo Progresista (PNP); y María de Lourdes Santiago,
del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
También figuran
José Alameda, catedrático en Economía; Juan Lorenzo Martínez,
catedrático en Estadísticas; Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta
ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico; y Melba Acosta
Febo, presidenta del BGF.
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