jueves, 26 de mayo de 2016

La llegada de una junta de control fiscal despierta el rechazo en Puerto Rico


SAN JUAN.- La proximidad de la imposición de una "junta colonial" de control sobre el Gobierno de Puerto Rico está despertando cierta movilización social en la isla, donde incluso hay quien llama a recuperar la "lucha armada" por la independencia.

La clase política y distintos sectores sociales reaccionaron hoy con rechazo a la previsible llegada de una junta de supervisión fiscal para Puerto Rico nombrada por Washington que por encima del Ejecutivo de la isla tendrá la tarea de reestructurar la descomunal deuda que ronda los 70.000 millones de dólares.
El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el miércoles, con varias enmiendas, el proyecto HR 5278 o Ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés).
Para hacerse realidad deberá ahora ser ratificada en la Cámara baja del Congreso estadounidense y el Senado, lo que se piensa que puede suceder durante el próximo mes de junio, aunque no hay fechas concretas todavía.
El líder independentista Rafael Cancel Miranda, quien junto a Lolita Lebrón, Andrés Figueroa Cordero e Irving Flores dispararon dentro del Congreso federal en Washington en marzo de 1954, dijo hoy en una entrevista radial sobre el asunto que ante la imposición de la junta "hay que seguir la lucha por la independencia".
"Esa junta la tienen aquí desde siempre", sostuvo Cancel Miranda, probablemente la figura más importante del movimiento independentista de Puerto Rico de los pasados cincuenta años.
"Cualquier tipo de lucha", dijo al ser preguntado sobre qué medidas habría que tomar ante la junta de supervisión que puede llegar de Washington y que como dijo estará formada por "dictadorcitos".
Cancel insistió en que la junta de supervisión será un seguimiento de lo que ocurre en Puerto Rico desde 1898 (fecha del cambio de soberanía de España a Estados Unido), que en sus palabras ha sido un proceso hacia el control de la vida de los ciudadanos de la isla a través de la "imposición de sus leyes -las de EE.UU.-".
El candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabé, dijo hoy que más de 200 personas se reunieron la pasada noche para coordinar protestas en Puerto Rico y Washington contra la junta de control fiscal.
"Esperamos que haya movilizaciones de protesta para enviar un mensaje claro al Congreso -estadounidense- de que no queremos esa junta", destacó el líder del PPT.
Bernabé se refirió a las más de 200 personas que la pasada noche se reunieron en el Museo de Arte Contemporáneo de San Juan para mostrar su rechazo a la junta.
"Hubo figuras políticas, sindicales de todos los sectores, yo representando a mi partido, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y personas de otros partidos", indicó Bernabé, que aventuró nuevas protestas la próxima semana.
El paso dado el miércoles en Washington sigue hoy provocando reacciones entre la clase política local, como el caso del legislador José Enrique Meléndez, del opositor Partido Nuevo Progresista, que aseguró que el proyecto que crearía una junta de control fiscal es "peligroso y venenoso" para Puerto Rico.
Por parte del gobernante Partido Popular Democrático, el senador Antonio Fas Alzamora sostuvo que la junta "regresa a la época donde España le cedió la soberanía de Puerto Rico a los Estados Unidos", además de eliminar "todos los pasos democráticos que se lograron durante el siglo XX".
La junta de supervisión, en caso de que el proyecto fuera ratificado en las dos cámaras del Congreso estadounidense, tendrá potestad para establecer la política fiscal de Puerto Rico, el control del presupuesto anual y la supervisión en general de leyes que puedan salir del legislativo local.

Legisladores de EE.UU. tachan la nueva ley sobre Puerto Rico de "neocolonialista"

WASHINGTON.- El senador demócrata por Nueva Jersey Robert Menéndez y el congresista demócrata por Illinois Luis Gutiérrez tacharon hoy el proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes de EE.UU. para atajar la crisis de Puerto Rico como un acto de "evidente neocolonialismo".

El texto legislativo, conocido como Promesa, por sus siglas en inglés, fue aprobado por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja tras semanas de negociaciones entre demócratas y republicanos.
Pese a contar con el beneplácito de gran parte de su bancada, Menéndez y Gutiérrez, de origen cubano y boricua, respectivamente, se opusieron hoy al contenido de la legislación, sobre la cual advirtieron que "tendrá profundas consecuencias para la gente de Puerto Rico durante varias generaciones".
"Dije que era necesario que el proyecto de ley contemplara un camino claro para reestructurar la deuda" de la isla, afirmó el senador por Nueva Jersey, quien sin embargo denunció que el panel de control que propone el texto legislativo constituye un acto de "evidente neocolonialismo".
Ambos demócratas insistieron en que dicha junta fiscal no será elegida por los ciudadanos y tomará decisiones sin tener que rendir cuentas a la población de la isla caribeña, lo que a su juicio supone una suerte de "oligarquía virtual" que manejará una deuda que asciende a 72.000 millones de dólares.
"Todo lo que va a hacer esta legislación es eliminar los derechos democráticos de los 3,5 millones de estadounidenses que consideran a Puerto Rico su hogar", añadió el senador.
Asimismo, Menéndez recordó el servicio al país que prestó un gran número de soldados puertorriqueños en las diferentes guerras en las que se vio envuelto Estados Unidos en el siglo XX, para alertar de que la ley Promesa menosprecia las voces de los ciudadanos boricuas pese a haber puesto su vida en peligro por el país.
"Sabemos que tenemos una crisis, pero no tenemos que aprovecharnos de una crisis para aprobar una ley mala. Esperamos que los puertorriqueños no acepten esta legislación y entiendan que se puede hacer mejor", insistió.
Por su parte, Gutiérrez aseguró que "luchará activamente" en la Cámara baja para tumbar el proyecto de ley que, a su juicio, afectará a los puertorriqueños de manera irreparable.
"Los demócratas trabajaron mucho las últimas semanas para lograr que la junta fiscal y la ley en general estuvieran mejor encaminadas, (...) pero aunque se lograron algunas mejoras respecto al texto original, no son suficientes para mí, ni para la gente de Puerto Rico", aseguró el congresista por Illinois.
Gutiérrez insistió en que serán los trabajadores puertorriqueños quienes paguen la deuda que sufre el estado libre asociado de EE.UU., y también quienes corran con los gastos de una junta fiscal que no han elegido y que, sin embargo, velará por los intereses de los bonistas.
"Siempre se habla de lo que Puerto Rico debe, pero ¿cuándo se va a hablar de lo que le debemos a Puerto Rico?", se preguntó el legislador.
"Vamos a trabajar hasta que tengamos un proyecto de ley aceptable y digno para el pueblo de Puerto Rico", insistió Gutiérrez.
El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes aprobó el miércoles, con varias enmiendas, el proyecto de ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).
Para hacerse realidad deberá ahora ser ratificada en la Cámara baja del Congreso estadounidense y el Senado, lo que se piensa que puede suceder en junio, aunque no hay fechas concretas todavía.

El Senado de Puerto Rico detiene el aumento del IVA que impulsaba el gobernador

SAN JUAN.- El Senado de Puerto Rico aprobó hoy un proyecto de ley que detiene el aumento del Impuesto del Valor Añadido (IVA), del 4 % al 10,5 % y que afectaría a los negocios entre empresas, el conocido (B2B), impulsado por el gobernador de la isla caribeña, Alejandro García Padilla.

La votación del Senado deja sin efecto la subida del IVA por entender que significa un freno para el desarrollo económico y supone un duro golpe para García Padilla, que había vetado el rechazo del Legislativo a su intento de aumentar la liquidez gubernamental gracias a este impuesto.
La Cámara de Representantes había aprobado el proyecto el pasado lunes con 45 votos, lo que hoy fue ratificado en el Senado con el apoyo de 21 legisladores y uno en contra.
El resultado de la votación supone un enfrentamiento entre el Gobierno y el Legislativo, ambos controlados por el Partido Popular Democrático (PPD).
El gobernador apostaba por esta reforma tributaria del aumento del IVA como una forma de mejorar la recaudación en un momento de falta de liquidez que pone en peligro cumplir con los vencimientos de una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares y prestar a la vez servicios básicos a los ciudadanos.
Los legisladores defienden, por su parte, que una mayor carga impositiva supone un freno a la iniciativa empresarial y en definitiva a la mejora en la marcha de la economía.
La decisión de la Cámara alta llega el día después de que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobara el proyecto HR 5278 o Ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico (Promesa, por su sigla en inglés).
La normativa incluye una junta de supervisión fiscal para Puerto Rico nombrada por Estados Unidos que por encima del Ejecutivo de la isla tendrá la tarea de reestructurar la descomunal deuda.
"En momentos donde necesitamos pasos de avanzada, el Senado y la Cámara han elegido perpetuar sistemas que han dejado de responder a las realidades del país", dijo García Padilla en un comunicado tras conocerse la decisión.