SAN JUAN.- Fermín Contreras e Iván Méndez,
integrantes de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento
(BGF), han dimitido de sus puestos en el brazo financiero del Gobierno
de Puerto Rico tras la aprobación de una norma que a su entender limita
sus funciones en la entidad pública.
El
BGF informó en un comunicado de que la dimisión presentada al
gobernador Alejandro García Padilla se hará efectiva a partir de mañana,
miércoles.
Su salida tiene lugar a raíz de
la aprobación el pasado 6 de abril de la Ley de Moratoria de Emergencia y
Rehabilitación Financiera de Puerto Rico. Tres días después y bajo el
amparo de esa normativa, García Padilla declaró un estado de emergencia
en el BGF.
Como dijo en la
exposición de motivos de la medida, el objetivo fue preservar la
liquidez de la entidad y a su vez permitirle continuar sus operaciones
en beneficio de la salud, seguridad y bienestar del pueblo
puertorriqueño.
La
iniciativa, básicamente, limita los pagos del BGF para garantizar de esa
forma que se pueden atender servicios que se consideren importantes
para la población de la isla caribeña.
Durante
ese periodo, que estará vigente hasta el 30 de junio o hasta que el
gobernador la deje sin efecto, se suspende el desembolso de todo tipo de
préstamos, adelantos y pagos de obligaciones garantizadas por el banco
público.
Además, el
desembolso en concepto de servicios esenciales tendrá que contar con una
certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el
Departamento de Hacienda.
Los
miembros que dimitieron alegan en sus cartas de renuncia que la Ley de
Moratoria limita sus poderes dentro de la entidad financiera, que
atraviesa una grave crisis de liquidez.
"Reconocemos
la necesidad de la aprobación de la ley y la promulgación de la orden
ejecutiva para salvaguardar la prestación de servicios esenciales. No
obstante, limitan las funciones y las responsabilidades del BGF",
indicaron ambos directivos.
Recordaron
que sus responsabilidades en el BGF ya estaban limitadas de por sí
debido a su delicada condición financiera, por lo que la orden ejecutiva
restringe su autoridad de manera que, aseguran, tendrían un "ámbito
limitado en la toma de decisiones importantes para el BGF".
Tanto
Contreras como Méndez fueron nombrados por García Padilla en julio de
2015 para cubrir las vacantes de Joaquín Viso Alonso y Rafael Rovira.
La
Ley de Moratoria crea también la Autoridad de Asesoría Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico, una nueva entidad pública independiente
que asumirá las funciones de agente fiscal y asesor financiero del
Estado Libre Asociado, sus corporaciones públicas y municipios, que
anteriormente ejercía el BGF.
Además,
establece el marco legal para que el gobernador declare una emergencia
fiscal y pueda establecer una moratoria sobre el pago de cualquier tipo
de deuda, incluso sobre las obligaciones generales de este Estado Libre
Asociado a EE.UU., aunque su cobro está garantizado por la Constitución
local.
Las dimisiones se
producen a pocos días de que el próximo 1 de mayo el BGF tenga que hacer
frente al pago de deuda por 422 millones de dólares, dinero que el
Ejecutivo ha reiterado que no dispone.