El Gobernador considera 'Promesa' un paso hacia la recuperación de Puerto Rico

SAN JUAN.- El gobernante puertorriqueño, Alejandro García Padilla, se expresó horas antes esperanzado de que la aprobación de la legislación Promesa en el Senado de Estados Unidos represente un paso hacia la recuperación fiscal de Puerto Rico.

 "Hoy estamos recuperando al país; con la aprobación de Promesa comenzamos a quitárselo a los acreedores y a devolvérselo a los puertorriqueños; hoy los puertorriqueños recibieron la oportunidad que se merecen para luchar por su futuro", manifestó el mandatario desde Washington, a la vez que reconoció que se trata de una medida "imperfecta".

Promesa, siglas de la legislación estadounidense de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, brinda al Estado Libre Asociado (ELA) "el marco legal necesario para reestructurar su deuda pública", afirmó García Padilla desde la nación norteña.

A su juicio, este paso estabiliza la situación fiscal y protege a los puertorriqueños de las demandas de acreedores, en vísperas de incurrir en un impago de cerca de dos mil millones de dólares, de la deuda pública que ronda los 70.000 millones.

García Padilla consideró que la legislación, que debía ser aprobada por el Senado federal antes de este viernes, aunque imperfecta, "nos da el acceso a las herramientas necesarias para cumplir con las obligaciones y los pagos a nuestros acreedores".

"Del mismo modo, nos protege de acciones legales, mientras atendemos con responsabilidad el proceso de reestructuración y continuamos ofreciendo de manera ininterrumpida los servicios esenciales a todos los residentes del país", dijo convencido de que Promesa "nos ayuda a reconstruir nuestra economía".

El comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, manifestó en que, aunque nadie esté contento con el hecho de que el proyecto crea una junta de control fiscal para Puerto Rico sea necesario, está "totalmente convencido de que es la mejor alternativa legislativa al grave problema que enfrentan mis constituyentes".

El expresidente del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), aseguró que la grave crisis fiscal de esta isla del Caribe es el resultado "de décadas de trato desigual a nivel federal y de mala administración a nivel local".

La junta de control fiscal pudiera usurpar poderes que corresponden a las autoridades gubernamentales puertorriqueñas, además de crear un mecanismo para reestructurar la deuda, posibilidad de que los tribunales federales han privado al ELA dada su condición colonial.

Pierluisi indicó que una vez el presidente estadounidense Barack Obama firmase esta ley, el próximo paso será seleccionar los siete miembros que integrarán la junta fiscal.

"Voy a tener un rol activo en ese proceso, porque es crítico que los miembros de la junta sean personas inteligentes, trabajadoras, justas y conocedoras de Puerto Rico", dijo el delegado boricua ante el Congreso federal, quien acaba de ver fracasada su aspiración a ser candidato a la gobernación por el PNP.

Protestan jóvenes contra la junta fiscal ante el edificio federal en Puerto Rico

SAN JUAN.- Sobre un centenar de jóvenes iniciaron hoy una protesta frente al edificio de Estados Unidos en el sector capitalino de Hato Rey para repudiar el establecimiento de una junta de control fiscal sobre Puerto Rico.

La manifestación, que se transformó en una vigilia hasta mañana, surgió de forma espontánea luego de que el Senado de Estados Unidos aprobara 68-32 el debate en torno a la legislación Promesa, nombre que corresponde a las siglas en inglés de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico.

La protesta ha reunido a representantes de diversos movimientos políticos y sociales, en particular de Junte Contra la Junta, Movimiento Socialista de Trabajadores y el brazo juvenil del Partido del Pueblo Trabajador (PPT).

"Nuestro planteamiento no sólo es antijunta, sino anticolonialista, que nos proponemos comenzar a construir un proyecto de país", expresó Roberto Thomas, portavoz de Junte Contra la Junta.

Explicó que es necesario que los puertorriqueños comiencen a trabajar juntos en la construcción de "un proyecto social, justo, equitativo y de igualdad entre los géneros".

Thomas anticipó que Puerto Rico experimentará protestas en diversos lugares como resultado de la imposición de la junta de control fiscal, cuyo proyecto Promesa se espera sea sancionada este jueves por el Senado federal y que el presidente Barack Obama la firme de inmediato ante el impago este viernes de cerca de dos mil millones de dólares a los acreedores del gobierno puertorriqueño.

"Estamos protestando por las implicaciones que tendrá la junta, sobre todo en la gente joven", afirmó la maestra Sonia Isis, de 26 años, al destacar que lo que espera a los jóvenes puertorriqueños es "cobrar menos por su trabajo, dificultades para estudiar debido al aumento en el costo de la matrícula de la universidad pública y mayores dificultades".

La joven consideró que la junta fiscal no viene a resolver los problemas de Puerto Rico, sino a limitar las posibilidades del pueblo, que habrá de enfrentar carencias en los asuntos básicos, mientras aumenta la luz, el marbete de los autos y el agua potable.

"Esto va a afectar a la gente trabajadora y pobre, mientras los políticos se roban hasta los clavos de la cruz, por lo que hay que pelear en la calle", argumentó Isis, quien cargaba junto a otra joven una manta en la que establecía "No a la junta de control fiscal".

Un grupo de miembros del Movimiento Socialista de Trabajadores denunciaba en otra pancarta "Los bonistas se enriquecen, mientras el pueblo empobrece. No a la junta de control fiscal, no a la colonia capitalista".

"La gente antes que la deuda", "El problema no es la junta, es la colonia", "La democracia murió o ¿es que nunca existió?" y "No a la junta fiscal, Âídespierta boricua" proclamaban varias pancartas que cargaban distintos jóvenes manifestantes, particularmente mujeres.

La activista social Amárilis Pagán, candidata a senadora por el PPT, afirmó que "una cosa es saber que se iba a aprobar (la junta fiscal) y otra cosa es ver que es una realidad".

"Escuchar lo que se estuvo hablando en el Senado durante el día es de las cosas más humillantes que una puede ver como pasó en la Cámara. La insistencia en decir que necesitamos que venga alguien de fuera a tomar decisiones por nosotros y nosotras", expresó en tono molesto la también abogada.

Pagán reconoció que muchas personas quieren la imposición de la junta porque "por años en nuestro país se ha sembrado la idea de nuestra incapacidad y la manera que los líderes que hemos elegidos para los puestos políticos han hecho lo que han querido sin una democracia realmente participativa".

La seguridad frente al edificio federal en el sector de Hato Rey fue reforzada por la Policía, aunque el teniente Cipriano Arnau aclaró que actuaban por iniciativa propia al conocer de la protesta.

La alcaldesa capitalina de Puerto Rico llama a construir un nuevo país

SAN JUAN.- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, llamó hoy a construir un nuevo país "en resistencia y lucha", ante la imposición por Estados Unidos de una junta de control fiscal a Puerto Rico. 

Cruz Soto, electa en la boleta del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), tomó prestada la frase la frase del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera, quien lleva 35 años encarcelado en la nación norteña, para repudiar la firma por el presidente Barack Obama de la legislación Promesa.

"Una cosa es cuando la injusticia se mira desde lejos, cuando le toca a otro, cuando uno piensa que eso no me va a pasar a mí; lo otro es vivir con la injusticia, con la discriminación y con el colonialismo entre cuero y carne: no hay forma de evitarlo, ni disimularlo, hay que enfrentarlo", expresó la alcaldesa de la capital puertorriqueña ante la reiterada pregunta de ahora qué hacer, luego de aprobada Promesa.

La legislación estadounidense, que impondrá una junta de siete miembros nombrados por el Congreso y el Presidente de Estados Unidos, permitirá la reestructuración de la deuda pública de esta isla del Caribe, ascendente a 70.000 millones de dólares.

"Con la injusticia no se negocia, no se buscan justificaciones y no se buscan acomodos", subrayó la alcaldesa, del ala soberanista del PPD.

Cruz Soto argumentó que "hay muchas formas de resistir: se reclama trato digno, se denuncian las injusticias, se levanta la voz ante foros internacionales, se hace desobediencia pacífica y se trabaja duro para demostrar que se pueden hacer bien las cosas".

Reconoció que hay quienes la han exhortado a que no muestre resistencia al nuevo escenario que se establecerá en Puerto Rico, luego de una serie de acontecimientos generados en Washington que han degradado al Estado Libre Asociado (ELA), establecido en 1952 como un gobierno autónomo para sacar a Puerto Rico de la lista de países bajo dominación colonial, y la inminente imposición de una junta de control fiscal, entre otras acciones.

"No concibo la advertencia de algunos de que no me resista; no concibo que a los sudafricanos alguien les dijera que aceptaran la realidad del apartheid y bregaran con eso; o que a un esclavo le dijeran que aceptara su esclavitud y bregara con eso", estableció con su característica energía la alcaldesa de San Juan.

Manifestó que ningún puertorriqueño debe prestarse a servir en una junta diseñada para saciar la sed de los buitres a costa de la esperanza de nuestros compatriotas.

"De esto se trata esta junta, de quitarnos el poco poder que tenemos; lo hacen porque nuestra condición de subordinación, de colonia, permite que nos sometan a la indignidad de hacer con nosotros lo que quieran", afirmó.

El gobernador de Puerto Rico decreta impago de la deuda pública

SAN JUAN.- El gobernador Alejandro García Padilla decretó hoy la suspensión del pago de las obligaciones generales garantizadas por el Estado Libre Asociado (ELA) y las de otras entidades públicas. 

 De este modo, el mandatario puertorriqueño puso en marcha, tal como había anticipado, la Ley de Moratoria, Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, justo el mismo día en que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la legislación Promesa (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act). 

El gobernante boricua aplaudió la decisión de Obama porque, dijo, permitirá la reestructuración de la deuda pública de 70.000 millones de dólares, precisamente a punto de incurrir este viernes en un impago de unos 1.900 de dólares.

A partir de la medida de García Padilla se detiene la transferencia del impuesto al consumo del cigarrillo a la AMA (Autoridad Metropolitana de Autobuses) y los pagos a la Autoridad de Edificios Públicos por concepto de arrendamiento de las entidades gubernamentales declaradas en estado de emergencia.

"De esta manera, la administración continúa tomando pasos históricos para asegurar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, aún en medio de la delicada situación financiera por la que atraviesa el país", señaló en declaraciones escritas emitidas por La Fortaleza, sede del Ejecutivo.

A tenor con los pasos dados, queda suspendida cualquier obligación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para incluir una consignación en el presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa para el pago de los bonos emitidos por la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico.

García Padilla declaró en estado de emergencia la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, el Sistema de Retiro de Empleados, la Compañía de Fomento Industrial y la Universidad de Puerto Rico (UPR) para protegerlas de litigios que ofrece la Ley de Moratoria Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico y proporcionar al gobierno los recursos necesarios para su operación.

Obama firma la ley destinada a reestructurar la deuda de Puerto Rico

WASHINGTON.- El presidente de EEUU, Barack Obama, firmó hoy la ley conocida como "Promesa", por la que se establece un camino para la reestructuración de la deuda de más de 70.000 dólares de Puerto Rico, así como una junta de control fiscal sobre los problemas financieros de la isla.

En el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario rubricó la legislación justo antes de que se cumpla este viernes el siguiente vencimiento de pagos, valorado en 2.000 millones de dólares.

"El pueblo de Puerto Rico tiene que saber que no los olvidamos, son parte de la familia estadounidense", dijo Obama al firmar la ley, en un acto improvisado al que asistió el secretario del Tesoro, Jack Lew.

"Como consecuencia de su incapacidad de reestructurar la deuda, hemos visto hospitales incapaces de operar, ambulancias sin operar, servicios básicos que se suspendían y trabajadores del Gobierno sin pago. Ha generado enormes dificultades para el pueblo de Puerto Rico", indicó.

La Casa Blanca ha asegurado que el texto alcanzado "no es perfecto", pero ha decidido apoyarlo a falta de otro acuerdo más afín, dado el inminente vencimiento de pagos de este viernes.

Bajo la nueva ley, la junta de supervisión fiscal podría anular cualquier ley por parte del Gobierno de Puerto Rico que considere una violación de "Promesa" y también puede obligar al Gobierno puertorriqueño a vender activos, fusionar agencias y despedir empleados gubernamentales.

La junta podría incluso modificar las normas sobre salario mínimo y compensación de horas extra, además de imponer sanciones penales por proporcionar información falsa o violar órdenes de la junta.

Por eso, algunos senadores, como el demócrata Robert Menéndez o el independiente Bernie Sanders, han calificado la ley como "colonialista" e "intervencionista" y se han opuesto de manera frontal al texto.

No obstante, la ley permitirá al Gobierno de Puerto Rico evitar una dura decisión, dado que parte de los bonos que vencen este viernes están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público, incluida la financiación de servicios públicos.

Esa elección puede evitarse con la nueva legislación, que dota a la isla del marco legal necesario para declararse en quiebra y renunciar al pago de la deuda sin que los acreedores puedan demandarla ante los tribunales estadounidenses.

Según lo establecido, será el propio presidente Obama el que ratifique a los miembros de la junta, que serán propuestos por el Congreso y en la que se espera que haya cuatro republicanos y tres demócratas

Clinton dice que la ley para la crisis de Puerto Rico era la mejor opción

WASHINGTON.- La oficiosa candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, celebró la aprobación de un proyecto de ley para reestructurar la deuda de Puerto Rico, que consideró "la mejor opción que tenemos en este momento para evitar una crisis fiscal" a comienzos de julio.

El Congreso de Estados Unidos dio luz verde a la ley conocida como "Promesa" por la que se establece un camino para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, así como una junta de control fiscal sobre los problemas financieros de la isla.

Clinton opinó que "el proyecto no es para nada perfecto" y mantiene "serias preocupaciones sobre algunas de las provisiones".

La candidata, que tiene ya los delegados necesarios para proclamarse en la nominada presidencial demócrata, dijo que se asegurará que la junta de control que crea esta ley "esté compuesta por miembros que actúen trabajando por el mejor interés de los puertorriqueños, protegiendo su sistema de salud, sus pensiones, sus salarios y su bienestar".

Clinton dijo que se deben poner los intereses de los ciudadanos "por encima de las ganancias de los gestores de fondos" y pidió que a Puerto Rico se lo trate con igualdad a nivel federal.

El Senado de EE.UU. aprueba la ley para reestructurar la deuda de Puerto Rico

SAN JUAN.- El Senado de EEUU aprobó anoche el proyecto de ley conocido como "Promesa", que pretende ofrecer un camino a la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, que asciende a más de 70.000 millones de dólares, y establecer una junta de control fiscal para supervisar sus problemas financieros.

Con 68 votos a favor del texto legislativo y 30 en contra en la Cámara Alta, el Congreso da luz verde a la legislación para atajar la crisis de la isla, después de meses de negociación bipartidista y a tiempo antes de que este viernes venza otro de los pagos de su deuda, esta vez por 2.000 millones de dólares.

La Casa Blanca ha asegurado que el texto alcanzado "no es perfecto", pero apoya su contenido a falta de otro acuerdo más afín al Gobierno, por lo que en las próximas horas se espera que la ley sea promulgada por el presidente de EEUU, Barack Obama.

"Después de meses de demora republicana y muchas decisiones difíciles, el Congreso por fin aprobó legislación para abordar la crisis económica y fiscal de Puerto Rico", dijo en un comunicado Reynaldo Benítez, portavoz del líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid.

Benítez indicó que, pese que a Reid le preocupan "medidas injustas" respecto al salario mínimo o la falta de protecciones para los jubilados, esta "es la mejor solución a los problemas de la isla ya que le provee de las herramientas que necesita para salir de esta crisis".

Bajo la nueva ley, la junta de supervisión fiscal podría anular cualquier ley por parte del Gobierno de Puerto Rico que considere una violación de "Promesa" y también puede obligar al Gobierno puertorriqueño a vender activos, fusionar agencias y despedir empleados gubernamentales.

La junta tendría el poder de llevar a cabo audiencias, citar testigos, requerir información y estados financieros auditados del gobierno puertorriqueño y se le permitiría imponer sanciones penales por proporcionar información falsa o violar órdenes de la junta.

No obstante, otros senadores demócratas, encabezados por el cubanoestadounidense Robert Menéndez, han calificado la ley como "colonialista" e "intervencionista" y se han opuesto de manera frontal al texto.

Lew urge al Senado a actuar esta semana para evitar el "caos" en Puerto Rico

WASHINGTON.- El secretario del Tesoro de EEUU, Jack Lew, urgió hoy a los líderes del Senado a aprobar esta semana una ley sobre la crisis de deuda en Puerto Rico, para evitar que la isla incurra a partir del 1 de julio en un nuevo impago que generaría una situación "caótica" con "graves consecuencias".

En sendas cartas dirigidas al líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, y al senador demócrata de mayor rango, Harry Reid, Lew pidió no "retrasar" el voto en la Cámara Alta sobre el proyecto de ley bipartidista conocido como "Promesa", aprobado este mes por la Cámara Baja.

"El Senado debería abordar el asunto inmediatamente. Retrasarlo solo pondrá en peligro la capacidad del Congreso de terminar su trabajo antes del 1 de julio, una fecha límite crucial que los líderes de Puerto Rico llevan meses destacando", indicó el titular del Tesoro.

El Gobierno de Puerto Rico ya ha incurrido en tres impagos en el último año, pero el más cuantioso se produciría el próximo viernes, 1 de julio, cuando vencerán bonos por valor de cerca de 2.000 millones de dólares, de los que unos 700 son obligaciones generales.

Ese tipo de bonos están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.

"Aunque no sabemos cuáles serán todas las ramificaciones si el Congreso no actúa antes de fin de mes, lo que tenemos claro es que son los 3,5 millones de ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico quienes sufrirán todavía más", afirmó Lew.

La Casa Blanca ha dado su respaldo al proyecto de ley "Promesa", que establece la creación de una junta de control fiscal sobre el Gobierno de la isla para supervisar la elaboración de los presupuestos y facilitar la reestructuración de la deuda.

El Gobierno de Puerto Rico da por seguro un impago parcial de deuda el 1 de julio

SAN JUAN.- El Gobierno del Puerto Rico ya descarta que vaya a pagar cerca de 2.000 millones de dólares de deuda que vencen el 1 de julio, por lo que sólo le queda confiar en que Washington apruebe antes la ley que impediría a sus acreedores presentar más demandas contra él.

"La totalidad de lo que se tiene que pagar no la tenemos. Bueno, quizás lo habría, pero tendríamos que cerrar muchas agencias públicas, despedir empleados públicos y cortar servicios, algo que no se va a hacer", dijo hoy Melba Acosta, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, el brazo financiero del Gobierno de la isla.

Acosta fue hoy la primera ponente en una reunión de parte de los 60.000 puertorriqueños que tienen bonos de la isla, agrupados en la asociación Bonitas del Patio.

Esta agrupación se reúne hoy por primera vez en San Juan para saber cómo puede afectarle la reestructuración de deuda que planea el Gobierno de la isla con el respaldo de EE.UU., que está próximo a aprobar el proyecto conocido como "Promesa" y que provee un marco legal para que Puerto Rico pueda declararse en bancarrota sin que los acreedores puedan demandarlo.

En línea con lo defendido por el Gobierno de la isla durante las últimas semanas, Acosta insistió hoy en que es urgente que el Senado federal apruebe de una vez el proyecto "Promesa" antes de que el 1 de julio haya nuevos vencimientos de deuda, que rondan los 2.000 millones de dólares.

Entre esa cantidad, hay 700 millones de dólares en Obligaciones Generales (GO), un tipo de bonos garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.

Acosta adelantó que el Gobierno podría tratar de pagar los intereses de esa deuda, particularmente de los GO, que superan 300 millones de dólares.

Acosta también adelantó que el Gobierno sigue estudiando la posibilidad de vender activos, privatizar algunas áreas económicas y establecer alianzas público-privadas en áreas como la de carreteras, similar a la concesión que ahora tiene la española Abertis.

De cara a la semana que acaba de comenzar, la máxima responsable de la política financiera de Puerto Rico reconoció que va a ser "bien complicada".

Así, antes del 30 de junio hay que aprobar los presupuestos generales para el ejercicio fiscal que comienza el 1 de julio, elaborar una orden ejecutiva para decretar el impago de la deuda que vence el viernes, publicar los estados financieros atrasados que los acreedores llevan meses reclamando y presionar para que se apruebe "Promesa".

Combatirán 200 organizaciones a la junta fiscal de EE.UU en Puerto Rico

SAN JUAN.- Representantes de unas 200 organizaciones políticas, sindicales y sociales están comprometidos hoy en combatir el establecimiento en Puerto Rico de una junta de control fiscal de Washington, que reducirá los mínimos poderes del gobierno isleño. 

El compromiso surgió como secuela de la maratónica Asamblea de Pueblo que se realizó en la víspera en San Juan, bajo la convocatoria de la Concertación Puertorriqueña Contra la Junta de Control Fiscal, cuyo establecimiento se contempla en una legislación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que está en trámite en el Senado federal.

El propósito de cónclave, al que concurrieron representantes de la diáspora puertorriqueña en la nación norteña, incluido el congresista demócrata Luis Gutiérrez (Illinois) y la presidenta del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, fue aprobar la iniciativa de desobediencia civil en caso de que el presidente estadounidense Barack Obama sanciones la imposición de la junta de control fiscal.

Los organizadores del encuentro, entre los que se encontraba la expresidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico Ana Irma Rivera Lassén y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, del ala soberanista del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), se proponen realizar desobediencia civil en instalaciones públicas y una protesta frente al edificio que alberga las dependencias de Estados Unidos en la isla.

La imposición de la junta federal tiene como objetivo garantizar que se pague a los acreedores de Wall Street y a los fondos buitres la deuda pública de 70.000 millones de dólares.

El gobernante puertorriqueño Alejandro García Padilla ha establecido que es impagable a menos que se someta al pueblo a la privación de salud, educación y seguridad, entre otros renglones.

La dirigente sindical Luisa Acevedo aseguró que la Concertación Puertorriqueña Contra la Junta de Control Fiscal Federal ya cuenta con personas listas para, cuando así se disponga, realizar desobediencia civil contra el propuesto organismo.

El congresista Gutiérrez exhortó a forjar la unidad para lograr detener el proyecto, conocido como Promesa por sus siglas en inglés, que implementaría la junta de control y otros mecanismos que colocarían al gobierno de Puerto Rico en un segundo plano.

"Al igual que nuestra unidad expulsó a la Marina de Guerra de Vieques, expulsará a la junta de control fiscal; al igual que nos levantamos unidos para detener el gasoducto, vamos a expulsar a la junta", dijo al destacar que por sus venas corre la misma sangre del patricio Ramón Emeterio Betances, el mártir nacionalista Pedro Albizu Campos y el prisionero político Oscar López Rivera, quien lleva 35 años encarcelado por luchar por la independencia de Puerto Rico.

Titulares puertorriqueños de bonos analizarán opciones ante un posible impago

SAN JUAN.- Los titulares puertorriqueños de bonos de la isla se reunirán este lunes para conocer cómo puede afectarles la imposición de una junta federal de control fiscal que ayude a reestructurar la deuda y qué opciones tienen ante el previsible impago del Gobierno.

La recién creada agrupación de Bonistas del Patio ha convocado a sus integrantes para celebrar el primer Encuentro de Bonistas de Puerto Rico, una jornada en la que se celebrarán una serie de conferencias con todos los sectores involucrados en la actual crisis económica y fiscal de la isla.

Se calcula que en Puerto Rico hay más de 60.000 personas que tienen bonos de deuda del Gobierno de la isla por valor de cerca de 15.000 millones de dólares, una parte significativa de los 70.000 millones emitidos en total por las diferentes administraciones y entidades públicas locales.

"Este evento será una magnífica oportunidad de educación y orientación para todos los tenedores de bonos de Puerto Rico", dijo Jorge Irizarry, director ejecutivo de Bonistas del Patio.

En la reunión se discutirá sobre la situación actual tras la aprobación por parte de la Cámara federal de Representantes del proyecto de Ley conocido por el acrónimo de "Promesa" y "las consecuencias directas que tendrán las decisiones que se están tomando a nivel federal sobre los puertorriqueños", dijo Irizarry.

El citado proyecto de Ley, que aún debe ser aprobado por el Senado federal, establece la imposición de una junta de control fiscal compuesta por siete miembros elegidos por el presidente de EE.UU. para que supervisen el cumplimiento de los presupuestos y el control de gastos y ayuden a reestructurar la deuda.

La reunión, que estará abierta al público en general, se llevará a cabo el lunes desde las ocho de la mañana en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Comenzará con una exposición por parte de miembros del equipo fiscal del Gobierno de Puerto Rico. Además, habrá un panel con todos los candidatos a la Gobernación de cara a las elecciones del próximo noviembre.

Hasta el momento han confirmado su participación los presidentes del gobernante Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier; del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló; y del minoritario Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe. Igualmente estarán los candidatos independientes Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre.

La presidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago declinó participar en el foro por estar en cierre de la sesión legislativa.

En otro panel, economistas como Joaquín Villamil, Carlos Colón de Armas y Joseph Rosenblum orientarán a los bonistas acerca de los posibles recortes en los pagos del principal y los intereses de su deuda y el impacto económico que pueden tener.

Habrá además un panel de congresistas y miembros del Tesoro federal, y otro que ofrecerá el punto de vista de las cooperativas de ahorro y crédito.

Los Bonistas del Patio aseguran haber estado entre los más afectados por los tres impagos en los que hasta el momento ha incurrido el Gobierno de Puerto Rico.

El primero fue en agosto de 2015, correspondiente a bonos de la Corporación de Financiamiento Público. El segundo fue en enero de 2016 con bonos de la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

El tercero tuvo lugar al comienzo de mayo, cuando se dejó de pagar un vencimiento de 400 millones de dólares de deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). De esa cantidad, cerca de la mitad pertenece a individuos puertorriqueños, según Bonistas del Patio.

Sin embargo, el más cuantioso previsiblemente será el del próximo 1 de julio, cuando vencerán bonos por valor de cerca de 2.000 millones de dólares, de los que unos 700 son obligaciones generales (conocidas en inglés como GO's).

Ese tipo de bonos están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.

Por ello, el Gobierno de Alejandro García Padilla está haciendo todo lo posible para presionar al Senado de EE.UU. a que apruebe el proyecto "Promesa" antes del 1 de julio.

El Gobernador concentra esfuerzos en la junta fiscal para Puerto Rico

SAN JUAN.- El gobernante Alejandro García Padilla centra sus esfuerzos hoy a favor de la legislación federal que impondrá a Puerto Rico una junta de control fiscal, a la vez que la reestructuración de su deuda pública. 

El mandatario, que se halla en Washington recabando el apoyo de senadores demócratas a la criticada medida denominada Promesa, que a la vez que impone una junta de siete miembros para supervisar el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA), tiene como objetivo garantizar a Wall Street y a la fondos buitres el pago de la deuda pública de 70.000 millones de dólares.

La legislación, sancionada en día pasados por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, debe ser votada por el Senado a la brevedad posible, puesto que esta isla del Caribe, bajo la dominación de la nación norteña, incurrirá el próximo 1 de julio en un nuevo impago a los bonistas, esta vez de casi dos mil millones de dólares.

Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, siglas en inglés) es considerada un retroceso en las relaciones con Estados Unidos, que por más de 60 años aseguró en el plano internacional que esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes había alcanzado su soberanía, ya que regulará las operaciones del gobierno boricua.

El delegado puertorriqueño electo ante el Congreso, Pedro Pierluisi, también se ha manifestado a favor de la aprobación de la medida, no así el flamante presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló, candidato a la gobernación en las elecciones del 8 de noviembre próximo.

García Padilla se reunió con la influyente senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, además de Jeffrey Merkley, del estado de Oregon, y con miembros de la oficina de Joe Manchin, de West Virginia, como parte de sus esfuerzos para que se provea a Puerto Rico de herramientas para atender la crisis fiscal y el estancamiento económico de una década.

El mandatario advirtió a los funcionarios del Senado federal la urgencia de que se apruebe el proyecto Promesa, que es repudiado por un amplio sector del espectro político puertorriqueño.

García Padilla ha reconocido la necesidad garantizar los servicios esenciales de la ciudadanía por lo que no puede cumplir con el pago de notas que se avecina.

En días recientes el gobernador envió cartas a cada uno del centenar de senadores estadounidenses para solicitar su apoyo al proyecto antes de que finalice este mes, ya que Puerto Rico no cuenta con recursos para cumplir con el pago parcial de su deuda, a menos que se afecten servicios esenciales, que incluyen el pago de sus salarios a los empleados públicos, como policías, médicos, enfermeras y maestros.

Un congresista convoca a luchar contra la junta fiscal para Puerto Rico

SAN JUAN.- El congresista demócrata Luis Gutiérrez convocó hoy a los puertorriqueños luchar con tesón contra el establecimiento al gobierno de Puerto Rico de una junta de control fiscal por el Congreso de Estados Unidos. 

"Al igual que nuestra unidad expulsó a la Marina (de Guerra de Estados Unidos) de Vieques, la unidad expulsará a la junta de control fiscal", expresó al participar en la Asamblea del Pueblo, celebrada en San Juan, con el propósito de forjar un programa de lucha en contra del mecanismo de control de Washington.

El legislador demócrata por Illinois combate el proyecto Promesa con el cual los republicanos y demócratas se proponen garantizar a los bonistas de Wall Street y los fondos buitre cobrar la impagable deuda pública de Puerto Rico de 70.000 millones de dólares.

"Estamos forjando unidad entre hermanos, estamos llegando juntos como compañeros sin importar las razas y clases, trabajando juntos por un futuro mejor", dijo en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

Acusó a los republicanos de pretender que los puertorriqueños, sumidos en una profunda crisis fiscal y una economía estancada desde hace una década, queden privados de cubrir sus necesidades para cumplir con los acreedores.

"Ellos quieren que en Puerto Rico se desayune, almuerce y coma austeridad, y austeridad, y nosotros lo que vamos a dar es lucha, lucha y lucha", dijo el congresista con vehemencia.

Gutiérrez insistió en que hay que poner el bienestar de la niñez y de los ancianos, de los hombres y mujeres trabajadores, por encima de los intereses del gran capital especulador.

"Por mis venas corre la misma sangre (del patricio puertorriqueño) Ramón Emeterio Betances, (el mártir del nacionalismo) Pedro Albizu Campos y el compatriota (encarcelado hace 35 años en Estados Unidos) Oscar López Rivera", dijo para demostrar hasta dónde sería capaz de luchar por el bienestar colectivo de los boricuas.

Sobre la junta fiscal de siete miembros, estableció una analogía con el cuento de Blancanieves al sostener que son enviados por "Blancanieves del Partido Republicano".

Gutiérrez cosechó algunos abucheos cuando manifestó que "he aprendido a no esperar mucho de los congresistas del Partido Republicano; espero más de la gente de mi propio Partido, el Partido Demócrata".

Repudió que el Senado federal se proponga sancionar la legislación Promesa el próximo 4 de julio, cuando se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos.

"El 4 de julio, cuando Estados Unidos celebra la libertad y la democracia, aprobarán una junta en contra del pueblo de Puerto Rico y yo estoy aquí para decir no", proclamó Gutiérrez al advertir que no se puede permitir que una junta decida el futuro de Puerto Rico.

Al abogar por la liberación de López Rivera, de 73 años de edad, que lleva 35 años encarcelado por conspiración sediciosa, el congresista Gutiérrez aseguró que la petición de indulto "está atrapada en el Departamento de Justicia", con lo que descartó que estuviese sobre el escritorio del presidente Barack Obama, como tantas veces se ha sostenido.

El Gobierno de Puerto Rico allana el camino en previsión de su próximo impago

SAN JUAN.- El Gobierno de Puerto Rico ha allanado el camino con las escasas herramientas que tiene de cara a su próximo impago de deuda, en previsión de que Washington no le permita declararse en quiebra antes del 1 de julio.

Mientras, miles de personas se concentrarán hoy en el mayor estadio de San Juan para protestar precisamente por el proyecto de ley que prepara Washington para permitir al Gobierno de la isla declararse en quiebra, a cambio de que se someta al control de una junta federal de siete miembros que tendrá más poderes que el propio Ejecutivo local.

Aunque el Gobierno boricua también se opone a la imposición de esa junta -cuyos integrantes serán elegidos por el presidente de EE.UU. sin que la Fortaleza tenga derecho a voto- la considera un mal necesario para que Washington le provea una vía legal, similar a la Ley federal de Quiebras, que le proteja de una avalancha de demandas cuando el 1 de julio incurra en su próximo impago.

En esa fecha vence deuda por cerca de 2.000 millones de dólares que el Gobierno ya ha dicho que no puede pagar y que incluyen unos 700 millones en Obligaciones Generales (conocidas en inglés como GO's).

Ese tipo de bonos está garantizado por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario, por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente el Gobierno de la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.

Aunque el gobernador Alejandro García Padilla lleva toda la semana en Washington tratando de presionar a los senadores para que aprueben el proyecto de ley bautizado con el acrónimo de "Promesa" antes del 1 de julio, hay indicios de que el texto, que ya cuenta con el aval de la Cámara federal de Representantes, podría tardar en salir adelante.

Por ello, el gobernador ha emitido una orden ejecutiva para prolongar el estado de emergencia decretado sobre la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (PRIFA en inglés o AFI en español) y decretar la suspensión de todos sus pagos de deuda, al amparo de la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, aprobada por el Gobierno el pasado abril.

"Con esta medida, la Administración de García Padilla busca salvaguardar que el Estado Libre Asociado (ELA) continúe prestando servicios esenciales a todos los residentes de la isla", explicó la Fortaleza, sede del Ejecutivo, en un comunicado.

Con esta orden ejecutiva desde hoy queda suspendida toda obligación de transferir cualquier ingreso a las notas conocidas como BANS (pagarés emitidos en anticipación de bonos).

La Fortaleza consideró esta medida necesaria "ante la falta de acción congresional y de un acuerdo voluntario de reestructuración de la deuda con los acreedores del ELA".

"La crisis fiscal de Puerto Rico y la liquidez del Gobierno han empeorado, por lo que se ha requerido tomar medidas razonables y necesarias para garantizar la salud pública, la seguridad, la educación y el bienestar de los puertorriqueños", apuntó.

Puerto Rico está en recesión desde hace una década y el 45 % de la población vive bajo el nivel de pobreza, por lo que está registrando el mayor éxodo de su historia, protagonizado en su mayoría por jóvenes que emigran a Estados Unidos.

"El escenario económico del país empeora cada vez más, por lo que son necesarias las acciones tomadas mediante esta orden ejecutiva", resaltó García Padilla en el comunicado, en el que instó al Senado federal a que "atienda el proyecto Promesa, ya que, aunque imperfecto, ofrece una solución con la que podremos hacerle frente a la emergencia fiscal que atravesamos de cara al 1 de julio".

Sin embargo, esta iniciativa despierta una amplia oposición en Puerto Rico, donde la imposición de una junta que controle al Gobierno se considera un acto de colonialismo por parte de Estados Unidos, al tiempo que se teme que imponga duras medidas de austeridad.

Los puertorriqueños se enfrentan a subidas en la luz y el agua

SAN JUAN.- A escasos días de que termine la sesión legislativa en Puerto Rico, cada vez parece más inevitable una próxima subida de los precios del agua y la electricidad en la isla, lo que sin duda agravará la crisis que sufre la población.

Sin antes del 30 de junio los legisladores no son capaces de aprobar un proyecto de Ley que autoriza mecanismos de financiación para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de Puerto Rico, esa empresa pública subirá sus tarifas a mediados de julio.

Esta semana se aprobó el presupuesto de la AAA para el próximo año, que asciende a 1.070 millones de dólares en gastos.

Para equilibrarlo se necesitan 280 millones de ingresos adicionales que, o bien se obtienen de la emisión de más deuda, o bien de un incremento de las tarifas.

Así lo explicó el director ejecutivo de la AAA, Alberto Lázaro, en un comunicado, sin cuantificar el importe de la posible subida.

Ese incremento recaería sobre una población ya muy castigada por la recesión económica que sufre la isla desde hace una década y que paga ya tarifas elevadas de luz y agua, pese a la deficiente calidad de estos servicios.

Se calcula que en la isla se desperdicia el 60 % del agua potable, ya sea por pérdidas en el sistema de tuberías, o por hurtos y conexiones ilegales.

A ello se suma el mal estado de los embalses, que por falta de mantenimiento pierden el 25 % de su capacidad, y tan sólo el 1,4 % del agua de lluvia terminan llegando a ellos.

La compañía pública confiaba en que esta semana el Legislativo aprobara la Ley para la Revitalización de la AAA, pero un enfrentamiento entre la Cámara y el Senado impiden avanzar a tan sólo días de que acabe el periodo legislativo de este año fiscal, que se cierra el 20 de junio.

"Si sube el agua es por la incompetencia de la AAA. Yo les dije que buscaran un oficial reestructurador, que sentaran a los bonistas. Yo les dije hace un año que buscaran un plan fiscal. ¿Saben cuántos planes fiscales han traído aquí? Ninguno", dijo enfurecido el jueves el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.

Esa ley autorizaba a emitir nuevos títulos de deuda por valor de hasta 750 millones de dólares y a impulsar un intercambio de deuda ya emitida, para obtener fondos que permitieran pagar a los actuales contratistas de la AAA y otros acreedores.

Lázaro apuntó esta semana que eliminando la impresión y envío de facturas en papel a los 1,2 millones de clientes que tiene la AAA, ésta podría ahorrar hasta 6 millones de dólares al año.

Mientras todo hace indicar que la factura del agua aumentará en las próximas semanas, ya está también confirmado que la de la luz también se incrementará en unos meses, en este caso en 3,1 centavos de dólar por kilovatio-hora (kWh) consumido, que actualmente se cobra a cerca de 28 centavos.

Así lo aprobó esta semana la Comisión de Energía de Puerto Rico, que autorizó este "cargo de transición" de 3,1 centavos kWh que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cobrará a sus clientes cuando se lleve a cabo una emisión de bonos de titulización.

"Estamos complacidos con la orden que aprueba la nueva metodología de cálculo para los cargos de transición de la titulización (securitization)", ya que es "un paso importante paso para que la AEE pueda aplicar su plan de recuperación y transformación integral", dijo Javier Quintana, director de la empresa pública al respecto.

Los nuevos bonos se intercambiarán por otros ya existentes en manos de los acreedores de la endeudada compañía, que lleva meses negociando con ellos para tratar de reestructurar su enorme deuda.

Quintana recordó que con la nueva emisión, la AEE reducirá su deuda, obtendrá acceso a liquidez para cumplir con sus obligaciones, invertirá en la modernización de su infraestructura y mejorará el servicio al cliente.

Las tarifas eléctricas actuales de la AEE no se han revisado desde 1989, por lo que Quintana asegura que si no se implementara este mecanismo de una nueva emisión de deuda, con los ingresos derivados de la subida tarifaria como colateral, los usuarios tendrían que asumir un incremento aún mayor de los precios.

"Este mecanismo no incremente la deuda de la AEE, más bien es un medio para asegurar el pago de la actual a los acreedores, que a cambio aceptaron una reducción del 15 % en el valor nominal de su deuda y una tasa de interés más baja", explicó en un comunicado.

La subida de precios se aplicará a todos los clientes de la AEE salvo a los que viven en bloques de viviendas públicas (donde reside cerca del 3,5 % de la población de la isla) y a quienes hayan invertido en generación renovable, a los que sólo se le cobrará sobre su consumo neto.

Preparan una masiva protesta contra la junta de control federal sobre Puerto Rico

SAN JUAN.- Decenas de organizaciones se han sumado la protesta convocada para mañana en San Juan contra la imposición por parte de Washington de una junta federal de control que supervise la actividad del Gobierno de Puerto Rico, con el objetivo de ayudarlo a equilibrar sus cuentas.

La Concertación Puertorriqueña contra la Junta de Control Fiscal, un organismo que el Gobierno ve como un mal necesario para lograr de Washington herramientas que le permitan reestructurar la deuda. tendrá lugar el sábado en la capital puertorriqueña.

Está prevista la intervención, entre otros, del congresista puertorriqueño Luis Gutiérrez y de la presidenta del Concejo de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark Viverito.

"Ambos han sido consecuentes en su oposición vehemente a la imposición congresional y no dudaron en alterar sus agendas para estar presentes junto a su pueblo, tan pronto le solicitamos su participación", dijo Ana Irma Rivera Lassén, una de las portavoces de la concertación.

En rechazo a esta junta se han expresado infinidad de colectivos, entre ellos el Congreso de la Liga de Cooperativas, los colegios profesionales de trabajadores sociales, médicos y cirujanos, arquitectos y abogados, y la Asociación de Empleados públicos del Estado Libre Asociado (ELA).

En la concentración, según los organizadores, "los distintos sectores sociales podrán exponer cómo la imposición de la junta de los buitres significará un ataque frontal y un claro atropello a sus derechos y reivindicaciones".

El Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) también se sumará a la concentración, por considerar "inaceptable la propuesta del Congreso de EE.UU. de imponer una junta de control fiscal compuesta por personas que no representan los intereses del pueblo puertorriqueño".

Además de animar a la participación, los convocantes instan a los puertorriqueños a que se unan a la campaña de recogida de firmas contra la aprobación del proyecto de Ley conocido como "Promesa", que pretende imponer la creación de la citada junta.

Puerto Rico, que arrastra una deuda de más de 70.000 millones de dólares, es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.

Sin embargo, Puerto Rico no puede acogerse a la Ley federal de Quiebras estadounidense, ya que dicha norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana, y la Justicia federal ha visto inconstitucional una norma que el Gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.

Enfrentadas Cámara y Senado de Puerto Rico por emisión de deuda

SAN JUAN.- Los líderes de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, y el Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia, están hoy enfrentados por una medida de "revitalización" del ente estatal de acueductos para que emite una multimillonaria deuda. 

La disputa subió de tono luego que Bhatia anunciara que sólo aprobaría legislación para que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) pueda hacer una emisión de bonos por 900 millones de dólares, en lugar de los dos mil millones que impulsa la Cámara de Representantes.

En un tono que Perelló consideró "destemplado", Bhatia sostuvo desde el hemiciclo del Senado que no se someterá al "chantaje" de la corporación pública ni de los diputados.

Ambos cuerpos legislativos están dominados por el oficialista Partido Popular Democrático (PPD), que atraviesa su más profunda crisis desde hace más de 60 años debido a la decisión de Estados Unidos de afirmar que, contrario a su postura, el Estado Libre Asociado (ELA) carece de soberanía.

Bhatia emitió ataques directos contra el diputado Rafael Hernández Montañez, presidente de la Comisión de Hacienda, por haber advertido que no daría paso a ninguna medida del Senado ante la consideración de la cámara baja.

"A mí no me va a chantajear nadie; basta ya de estar cogiendo prestado como adictos, de estar metiendo al país en unas deudas terribles, basta ya de eso", manifestó el presidente del Senado en tono vehemente al pedir a sus miembros que "no dejen que los chantajeen, vamos a tener una sola voz, una sola voz fuerte que le diga al país alguien está velando por ti".

Hernández Montañez expuso que de no aprobarse la medida que daría a la AAA acceso a dos mil millones de dólares, habrá un alza en el coste por consumo de agua potable que llevará por nombre "Eduardo Bhatia".

Perelló afirmó que el espíritu que regirá en la Cámara de Representantes durante el cierre de la Sesión Ordinaria será de consenso, por lo que consideró una "reacción destempladas" las expresiones de Bhatia.

Ambos cuerpos, regidos por el Partido Popular Democrático, mantienen una batalla verbal sobre el proyecto, y son varios los legisladores de Cámara y Senado que tienen enfrentamientos públicos.

Bhatia consideró que la conducta de Hernández Montañez es "tipo guapo del barrio, que es lo que yo quiera o lo que yo no quiera; no puede ser así, tiene que buscarse un consenso, y ese consenso se logró y se aprobó la medida", dijo sobre los 900 millones de dólares.

"Aquí están los 900 millones de dólares que ustedes pidieron, esto es lo que hay, punto y se acabó", reiteró ante una alegada solicitud de la administración de la AAA de esa suma.

Perelló dijo que está obligado "como ciudadano responsable, como representante de esta Cámara, pero más aún como Presidente, a responder a lo que entiendo es una reacción destemplada, a un exabrupto del Senado de Puerto Rico y del presidente del Senado, en ataque directo a esta Cámara de Representantes, a su trabajo y a su entrega".

La situación surgida es un aparente reflejo del protagonismo que quieren mantener los presidentes de ambos cuerpos legislativos para consolidar su futuro político.

Tenedores de bonos demandan al gobierno de Puerto Rico

SAN JUAN.- Un grupo de bonistas puertorriqueños demandó hoy al Estado Libre Asociado (ELA) y a varios funcionarios, situación que llevó a la ministra de la Gobernación, Grace Santana, a sostener que "Puerto Rico no puede pagarles". 

La acción judicial se produce cuando Puerto Rico se aboca a un nuevo impago de casi dos mil millones de dólares a sus acreedores el próximo 1 de julio, a menos que el Senado de Estados Unidos apruebe la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, siglas en inglés), sancionada ya por la Cámara de Representantes federal.

Los demandantes consideran que la Ley de Moratoria es inconstitucional y no puede aplicarse a las Obligaciones Generales de Puerto Rico emitidas en 2014 porque cedió su soberanía judicial al estado de Nueva York.

"La ley es solo el paso más reciente y flagrante en un plan más amplio para repudiar la garantía de prioridad de pago constitucional", argumentaron en su acción judicial.

La demanda de los bonistas intenta impedir que se ponga en vigor la Ley de Moratoria aprobada en esta isla del Caribe para evitar frenar el pago de la monumental deuda pública de 70.000 millones de dólares.

"La decisión de estos fondos de cobertura de optar por litigar, en lugar de continuar negociaciones de buena fe, demuestra su continua negativa a reconocer la realidad de la crisis fiscal del Estado Libre Asociado", declaró la ministra Santana.

La funcionaria aseguró que este intento por parte de un grupo de fondos buitres de pretender interrumpir la capacidad del ELA de mantener sus operaciones y proporcionar servicios esenciales para sus 3,5 millones habitantes deja claro que el Senado de Estados Unidos debe actuar en cuanto a Promesa antes del 1 de julio.

A la vez que permitirá a la isla reestructurar su deuda, la legislación Promesa conlleva la imposición de una junta de supervisión fiscal integrada por siete personas nombradas por el Congreso y el Presidente de Estados Unidos al gobierno puertorriqueño.

El Gobernador de Puerto Rico viaja a Washington para tratar el problema de la deuda

SAN JUAN.- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, viajó hoy a Washington para continuar con sus esfuerzos por lograr que se aprueben herramientas que permitan hacer frente a la recesión vive la isla desde hace una década y a la falta de liquidez que le ha llevado a dejar de pagar la deuda.

"El escenario económico actual amenaza con convertirse en una crisis humanitaria a mayor escala, afectándose así los servicios esenciales que el gobierno le provee a la ciudadanía", advirtió hoy la Fortaleza (sede del Ejecutivo boricua) al anunciar el viaje del gobernador.

García Padilla tratará de urgir al Congreso a que apruebe de una vez el proyecto de Ley en el que trabaja (bautizado por el acrónimo de "Promesa"), que permitiría una reestructuración ordenada de la deuda.

Sin embargo, también plantea la imposición de una junta federal de control fiscal que tenga poderes sobre el Gobierno de Puerto Rico y que se encargará de garantizar el cumplimiento de los presupuestos, un control del gasto público y la adopción de las medidas necesarias para superar la crisis.

"Las gestiones del primer mandatario van dirigidas a impulsar una pronta acción por parte de Estados Unidos para que provea legislación necesaria para reestructurar la deuda pública de la isla, sin afectarse la autodeterminación del Gobierno de Puerto Rico".

Cuba exige en la ONU el fin del estatus colonial de Puerto Rico

NUEVA YORK.- Cuba exigió hoy en el Comité Especial de Descolonización de la ONU el respeto al derecho de Puerto Rico a la autodeterminación y la independencia, como un escenario clave para enfrentar los desafíos socioeconómicos de la isla.

Poco después de que el órgano creado en 1961 por la Asamblea General adoptara una nueva resolución sobre el caso boricua, el representante cubano en el foro Humberto Rivero advirtió que se agravan los problemas económicos y sociales de Puerto Rico, nación caribeña sometida a 118 años de dominio estadounidense.

La pobreza, el desempleo y la insolvencia del gobierno local crecen cada día, mientras una recesión paralizante del desarrollo económico y una deuda pública impagable, superior a los 70 mil millones de dólares, llevan al país a una crisis sin precedentes y a devastadoras consecuencias para la población, dijo el embajador.

Rivero criticó que en tan complejo escenario, la respuesta "del poder colonial" sea imponer una junta de supervisión fiscal, en lugar de desencadenar un proceso que permita a los boricuas ejercer la libre determinación y adoptar medidas soberanas para lidiar con los retos.

De acuerdo con el diplomático, la postura norteamericana, reflejada en una decisión del Congreso, solo busca obligar a Puerto Rico a pagar la deuda a "los bonistas y fondos buitre de Wall Street".

El representante cubano reconoció que 118 años de dominio colonial no pudieron arrebatar al pueblo boricua su cultura, dignidad y sentimientos nacionalistas.

En la sesión de hoy, el Comité Especial de Descolonización aprobó una resolución, la trigésima quinta desde 1972, que ratifica el derecho de Puerto Rico a la autodeterminación y la independencia, el carácter latinoamericano y caribeño de la isla y la urgencia de que Estados Unidos asuma su responsabilidad.

Rivero resaltó la iniciativa adoptada por consenso y las diversas intervenciones durante la jornada, las cuales consideró un ejemplo del apoyo a la causa del pueblo puertorriqueño.

Además de Cuba, representantes de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Siria y Venezuela manifestaron su respaldo a la independencia y la soberanía de Puerto Rico.

También el Movimiento de Países no Alineados, que agrupa a 120 de los 193 miembros de la ONU, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, bloque de 33 naciones, respaldaron la causa boricua en el foro, que escuchó a decenas de peticionarios.

Entre esos peticionarios estuvo la senadora independentista María de Lourdes Santiago, quien lanzó en el Comité una propuesta de diálogo entre Estados Unidos y los boricuas defensores de la autodeterminación.

La iniciativa fue aceptada por el órgano formado por 29 países, ante el cual también fijó postura el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla.

García Padilla solicitó la ayuda de la ONU para neutralizar el empeño de Estados Unidos en ignorar el derecho de la isla al autogobierno y en incumplir los argumentos que Washington presentó en la organización hace más de 60 años, entonces con el objetivo de remover a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos.

"Puerto Rico tiene hambre y sed de justicia, y aquí reclamo como gobernador el derecho a la autodeterminación, y la ayuda de la ONU para que se defina nuevamente que es de igualdad y respeto la relación que debe existir entre los dos pueblos", afirmó.

Acusan a empresa boricua de apropiarse de fondos públicos

SAN JUAN.- El ministro de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, anunció hoy la presentación de 48 cargos criminales contra la empresa Petro West por apropiarse de 10,8 millones de fondos públicos. 

 Los cargos también están dirigidos al presidente ejecutivo de Petro West, José González Amador, por el cobro a la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de un impuesto de 0,5 por ciento por concepto de patentes municipales en cada factura de venta de combustible durante los pasados cuatro años fiscales.

Miranda explicó que el esquema consistía en negociar una rebaja del impuesto en cuatro municipios, al punto de obtener incluso una exención total, mientras facturaba el 0,5 por ciento, a sabiendas de que no procedía dicho cobro.

"Esta sobrefacturación, a sabiendas de que en ningún municipio pagaría un impuesto de 0,5 por ciento, tuvo la intención de desfalcar al erario, acto que nos afecta a todos, pues las sumas infladas que cobró de más a la AEE impactaron negativamente el cálculo mediante la fórmula de ajuste por combustible", precisó Miranda.

Ese dinero lo pagaban los abonados de la corporación estatal de electricidad, situación que González Amador conocía, según el ministro de Justicia.

El Ministerio Público presentó cinco cargos por apropiación ilegal agravada de fondos públicos contra González Amador y otros cinco contra la corporación Petro West, para un total de 10.

Los restantes 38 cargos por apropiación ilegal agravada de fondos públicos corresponden a 19 contra González Amador y 19 a la empresa Petro West por apropiarse de 69.584 dólares que la AEE cobró por adelantado por concepto de impuesto especial al consumo.

El arbitrio es de ocho céntimos por galón de petróleo, que se supone que remitieran cada mes al Ministerio de Hacienda por la venta de combustible entre los años 2012 y 2013, que Petro West retuvo, al punto de disfrutar de casi 70.000 dólares durante los años subsiguientes hasta 2015, cuando inició la pesquisa.

La jueza de primara instancia Karem Álvarez Echeandía se reservó la determinación en cuanto a los 48 cargos de apropiación ilegal agravada.

Puerto Rico no consigue superar la miseria bajo dominio de EE.UU.

SAN JUAN.- Transcurridos casi 118 años de dominación colonial de Estados Unidos, 64 de ellos bajo el Estado Libre Asociado (ELA), Puerto Rico no ha conseguido hoy superar la miseria de gran parte de su población. 

La profunda desigualdad social se refleja principalmente en las personas mayores de 65 años, el 40 por ciento de las cuales vive bajo el nivel de indigencia, mientras el 36 por ciento de las mujeres desempleadas son madres solteras.

Datos proporcionados por la socióloga Linda Colón reflejan que más de 1,5 de los 3,5 millones de habitantes de Puerto Rico están sin trabajo y que el 36 por ciento de la población está acogido al Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

La administradora de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Marta Elsa Fernández, confirmó que 669.244 familias dependen del PAN para complementar su subsistencia, con un promedio de 112 dólares mensuales, sin que se cuente con una opción para ayudarlas a rebasar esta situación.

Otro dato significativo, divulga el diario El Nuevo Día, es que la tasa de pobreza se incrementó de 45,5 por ciento en 2010 a 46,2 por ciento en 2014.

Además, para ese mismo año, 1,6 millones de los habitantes de la isla se encuentran bajo niveles de pobreza, lo que incluye 63,5 por ciento de personas que no completaron la escuela secundaria.

Colón también precisó que de los puertorriqueños que viven bajo condiciones de miseria, el 61 por ciento no terminó la escuela secundaria, mientras que siete de cada 10 personas que muere de hambre son mujeres.

Estas dramáticas estadísticas confirman que, a pesar de la dominación colonial que Estados Unidos ejerce sobre Puerto Rico desde que lo invadió el 25 de julio de 1898, la situación general de casi la mitad de su población es paupérrima, en lo que la emigración a la nación norteña se ha utilizado como válvula de escape.

"La pobreza se manifiesta como resultado de una falta de planificación y una mala distribución de la riqueza", expuso el sociólogo César Rey, exministro de Educación.

Rey agregó que parte del problema que tiene Puerto Rico es que "hemos vivido como si fuéramos del primer mundo, cuando la mitad del país vive subsidiada por el gobierno".

Opinó que el consumo automático, la inauguración de tiendas y centros comerciales no se corresponde con la realidad del país, sino a la economía informal de los profesionales que no registran sus ingresos y los 1.500 puntos de expendio de drogas ilícitas.

Colón considera que la pobreza extrema tiene un matiz internacional, ya que más de mil millones de personas viven en la miseria con ingreso menor a 1.25 dólares diarios.

La precariedad en que vive la población puertorriqueña, según la publicación, es tal que esta isla del Caribe tiene el más alto índice Gini, que mide la desigualdad de los ingresos en un país, en Estados Unidos, con 54,7 por ciento, superado únicamente por Haití, con 60 por ciento.

El vallista puertorriqueño Culson gana en la reunión de Estocolmo

ESTOCOLMO.- El puertorriqueño Javier Culson, bronce en los Juegos Olímpicos de Londres-2012, ganó hoy los 400 metros con vallas en la reunión de Estocolmo, octava parada de la Liga de Diamante de atletismo. Culson, quien corrió por el quinto carril, logró un tiempo de 49.43 segundos para aventajar al estadounidense Kerron Clement (49.87) y al polaco Patryk Dobeb (49.89).

"Que difícil se me hizo esta carrera con un frío y bajo llovizna, no estoy satisfecho. Ahora a enfocarme en entrenar más duro...", reconoció el caribeño en su cuenta de Twitter.

Con la victoria, Culson sumó 16 puntos en la clasificación de la Diamond League y ascendió al segundo puesto a ocho unidades del líder, el estadounidense Michael Tinsley, quien tiene 24 y no terminó este viernes la carrera por un problema físico.

En el disco para damas, las cubanas Denia Caballero y Yaimí Pérez finalizaron en el tercer y cuarto puesto, con marcas de 63,85 y 59,88 metros, respectivamente.

La victoria en la prueba recayó en la croata Sandra Perkovic, líder del año, quien sumó su cuarta victoria en igual cantidad de mítines al alcanzar los 68,32 metros.

Perkovic, actual monarca olímpica, superó a la francesa Robert-Michon Melina, quien obtuvo su mejor cota del año con 64,96.

El triplista francés Christian Taylor, vigente campeón olímpico y mundial, consiguió la segunda mejor marca del año de la temporada con una marca de 17,59 metros.

Taylor, quien ya ostenta también el mejor registro del año con 17,76, voló en su sexto y último salto en una prueba que dominó por delante del guyanés Troy Doris (16,70).

En la pértiga masculina, el francés Renaud Lavillenie, campeón olímpico en Londres-2012, se elevó por encima de los 5,73 metros para derrotar al canadiense y vigente titular universal en Beijing-2015, Shawn Barber, que no pudo rebasar dicha altura y se quedó con un registro de 5,65.

Lavillenie comenzó la prueba sobre los 5,65, marca que consiguió en su tercer intento, y saltó en el segundo 5,73 para seguir como líder de la Liga de Diamante con 36 puntos, 14 más que Barber.

En los 800 metros para hombres, el éxito lo alcanzó el keniano Ferguson Cheruiyot, quien logró un registro de 1.45.07 minutos, por delante del francés Pierre-Ambroise Bosse (1.45.23), del polaco Adam Kszczot (1.45.41) y del vigente campeón olímpico y plusmarquista mundial, el keniano David Rudisha (1.45.69).

También estuvo equilibrada la competición de jabalina, en la que el egipcio Ihab Abdelrahman venció con un lanzamiento de 86,00 metros, superando al líder de la Liga de Diamante, el alemán Thomas Rohler (85,89), y al vigente monarca universal, el keniano Julius Yego (83,09).

En los 100 metros masculino, sin la presencia de las grandes figuras. El turco Jak Ali Harvey sorprendió a sus rivales y venció con un registro de 10.18 segundos, por delante del marfileño Ben Youssef Meite (10.25) y velocista de Antigua y Barbuda Daniel Bailey (10.31).

En los tres mil metros obstáculos femeninos, la atleta de Bahrein Ruth Jebet batió el récord del mitin con una marca de 9.08.37 minutos, para superar a la keniana Beatrice Chepkoech (9.22.56) y a la etíope Sofia Assefa (9.27.73).

Además en el salto de longitud, la serbia Ivana Spanovic aumentó su distancia al frente de la clasificación general de la Liga de Diamante después de conseguir la victoria con un salto de 6,90 en su segunda tentativa.

La estadounidense Kendra Harrison, líder del año y de la Diamond League en 100 metros vallas, sumó su tercer triunfo en esta competición con una marca de 12.66 segundos, por delante de sus compatriotas Nia Ali (12.85) y Queen Harrison (12.87).

En las pruebas de velocidad, la británica Dina Asher-Smith fue la más rápida en los 200 metros lisos con una marca de 22.72 segundos, mientras que la jamaicana Novlene Williams-Mills se hizo con el triunfo en el 400 gracias a un tiempo de 52.29 segundos.

La brigada puertorriqueña celebrará en Cuba cumpleaños de Fidel Castro

LA HABANA.- La XXV brigada puertorriqueña de solidaridad con Cuba, Juan Rius Rivera, celebrará actividades en homenaje al cumpleaños 90 del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, se conoció hoy aquí. 

De acuerdo con Tania Parra, especialista en solidaridad con la independencia de ese país en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la comitiva borinqueña arribará el venidero 9 de julio y permanecerá en la isla hasta el día 27 del propio mes.

En ese lapso, dijo, realizarán también actividades por el medio siglo de la fundación de la Misión de su país en La Habana, así como por el 60 aniversario del desembarco del yate Granma a cumplirse el 2 de diciembre de 2016.

Parra, añadió que alrededor de 130 amigos puertorriqueños festejarán en Sancti Spíritus los 63 años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes por la llamada "generación del centenario", que lideró Fidel Castro el 26 de julio de 1953.

"La brigada tendrá un amplío programa en el cual se incluyen la fiesta por los 25 años de fundada y trabajos agrícolas en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella de la provincia Artemisa", subrayó.

Los brigadistas, dijo, visitarán además el monumento José Martí de la capital, y rendirán homenaje a glorias deportivas que enfrentaron las presiones del imperio sobre el buque Cerro Pelado que los trasladaba a San Juan, sede de los X Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en 1966.

Adelantó la funcionaria que los visitantes viajarán también a la provincia de Holguín, donde realizarán una caminata hasta el sitio histórico de Birán, en solidaridad con la causa de su compatriota Oscar López, y en homenaje a las nueve décadas de existencia de Fidel Castro.

Misión boricua en Cuba entregará medalla a Fidel y Raúl Castro

LA HABANA.- La Misión de Puerto Rico aquí entregará al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro y al presidente, Raúl Castro, la medalla conmemorativa por los 50 años de su fundación, se conoció hoy aquí.

En conferencia de prensa ofrecida en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Edwin González, delegado de la Misión, aseguró que otorgarán la distinción a ambos dirigentes por su incondicional respaldo a la causa independentista boricua, así como a la lucha por la libertad del patriota Oscar López, injustamente encarcelado en Estados Unidos.

"Para nosotros es un honor entregar la medalla a dos hombres que son ejemplo de revolucionarios y luchadores independentistas", afirmó González.

González agregó que también se homenajeará con la distinción al ICAP; al Comité Central del Partido Comunista de Cuba, así como a la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (Ospaaal) y a la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (Oclae).

Al respecto, recordó que hace unos días en Puerto Rico, la Misión condecoró con la medalla al intelectual cubano Ricardo Alarcón, en reconocimiento al papel jugado por él en la instauración de la única embajada puertorriqueña en el mundo.

Agregó que los lasos de hermandad entre ambos pueblos son fuertes y muestra de ello "lo veremos el próximo 20 de junio en la ONU, cuando Cuba presente en el Comité Especial de Descolonización de la institución, un proyecto de resolución sobre el caso colonial de Puerto Rico".

El dirigente independentista boricua recordó que el texto entre sus fundamentos principales tiene el de reafirmar el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre autodeterminación e independencia.

Igualmente, destacó el papel jugado por la Misión que preside en la consolidación de dicha solidaridad que se extiende más allá de lo político.

"A la Misión vienen puertorriqueños que no necesariamente son independentistas o que no están activos políticamente y llegan a nosotros en busca de tratamientos médicos, a estudiar o atender asuntos familiares. En términos políticos no limitamos y le damos la mano a toda la gente que podemos ayudar", remarcó.

La Misión de Puerto Rico en Cuba fue inaugurada en 1966 por el entonces presidente Fidel Castro y el luchador independentista boricua Juan Mari Brás.

En ese momento el propósito fue de adelantar la lucha por la independencia del pueblo boricua aprovechando la relación histórica con Cuba y la presencia de múltiples embajadas y organizaciones políticas de todo el mundo en La Habana.

Cuba mantendrá su respaldo internacional a la causa independentista boricua

LA HABANA.- Cuba mantendrá internacionalmente el respaldo a la causa del pueblo puertorriqueño que busca su total descolonización, aseguró hoy Elio Games, vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). 

"Como hermanos latinoamericanos que somos Cuba continuará respaldando en todos los foros internacionales al pueblo de Puerto Rico en su lucha por la independencia", destacó Games a pocos días de celebrarse los 50 años de la fundación de la Misión de ese país en La Habana.

En conferencia de prensa en la sede del ICAP, Games destacó el papel de varios de los patriotas puertorriqueños que lucharon denodadamente por la independencia de su país como Pedro Albisu Campos, Juan Rius Rivera, Juan Mari Brás, Julio Vives, Andrés Figueroa, Emeterio Betances o Eugenio María de Hostos, entre otros.

Al respecto, reiteró la solidaridad del gobierno y pueblo cubanos con el luchador independentista puertorriqueño Oscar López, quien cumplió el pasado 29 de mayo 35 años de injusta prensión en cárcel estadounidense, solo por el delito de pelear por la libertad de su patria.

En su intervención el vicetitular del ICAP resaltó también el papel de la Misión de Puerto Rico aquí desde 1966, cuando el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro; y Mari Brás, la dejaron oficialmente inaugurada.

"La Misión puertorriqueña para Cuba es una afirmación del compromiso de nuestro pueblo y de la propia Revolución con el derecho a la independencia de ese hermano país. Los vínculos y las conexiones son tan fuertes que a pesar del bloqueo, es bastante la comunicación entre ambas naciones", subrayó.

"Su apertura hacia todos los puertorriqueños que pasan por ella en busca de servicios médicos y otros apoyos independientemente de su ideología la convierten en una verdadera embajada de buena voluntad", precisó.

En esencia, la Misión fue instaurada para adelantar la lucha por la independencia de Puerto Rico aprovechando la relación histórica con Cuba y la presencia de múltiples embajadas y organizaciones políticas de todo el mundo en La Habana.

El venidero 29 de junio, adelantó Games, la sede del ICAP acogerá el acto central por la efeméride, al cual asistirán más de un centenar de independentistas puertorriqueños.

Arrienda el gobierno de Puerto Rico tierra agrícola para producción

SAN JUAN.- El gobierno puertorriqueño arrendó la totalidad de su tierra agrícola con el fin de desarrollar proyectos públicos y privados dirigidos al cultivo de productos, afirmó hoy el gobernador Alejandro García Padilla.

 "Casi el 100 por ciento de los terrenos hábiles que posee la Autoridad de Tierras están finalmente arrendados para producir hortalizas, frutas, café, farináceos o carnes, entre otras", dijo García Padilla en las inmediaciones de una finca en Yabucoa (sudeste).

Más del 83 por ciento de la totalidad de las hectáreas que tiene el organismo público son aptas para desarrollo agrícola.

"Cuando comenzó nuestra administración, en enero de 2013, solo el 62 por ciento del total de las hectáreas estaban arrendadas, ahora alcanzamos arrendar el 99 por ciento de nuestras tierras aptas para producción agricultura o agropecuaria", reiteró.

García Padilla explicó que para lograrlo, el gobierno ha suscrito 263 nuevos contratos de arrendamiento "con agricultores dispuestos a doblar el lomo para poner a producir nuestra tierra".

Añadió que entre enero de 2013 y mayo 2016 han comprometido 27.309 hectáreas de terrenos que están yermos.

Repudio de mayoría de puertorriqueños a la junta fiscal de EE.UU

SAN JUAN.- El 54 por ciento de los puertorriqueños se opone, según un sondeo divulgado hoy, al establecimiento por Estados Unidos de una junta de supervisión fiscal para manejar los asuntos de Puerto Rico. 

Mientras, el 46 por ciento se mostró a favor del mecanismo que forma parte de una legislación con las irónicas siglas en inglés Promesa (Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act), el cual despoja a esta isla de los pocos poderes autonómicos que tenía su gobierno bajo el Estado Libre Asociado (ELA), creado en 1952.

Esta mayoría de ocho puntos está por encima del margen de error de la muestra completa, estimado por el diario El Nuevo Día, que comisionó el sondeo, en más o menos 4,4 por ciento.

Según la publicación, la legislación de la Cámara de Representantes estadounidense, que ahora deberá ser atendida por el Senado federal, tiene un rechazo mayoritario entre personas de diversas edades y residentes en distintos puntos geográficos del país, aunque el repudio es mayor en los habitantes del área metropolitana de San Juan.

Se indicó que se tomó una muestra representativa de 500 personas, con 18 años o más elegibles para votar, y que cubrieron 76 de las 78 demarcaciones geográficas del país, con excepción de las islas municipios de Vieques y Culebra.

La junta de control federal es un mecanismo que, junto con determinaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, echa por tierra la concepción de gobierno propio autónomo que se proyecto con el ELA.

La situación surge cuando Puerto Rico se encuentra al borde de la bancarrota con una deuda de 70.000 millones y próximo a incurrir en un nuevo impago el 1 de julio, ya que carece de mecanismos legales para renegociar con los acreedores, según la determinación de la corte suprema norteamericana.

La ley Promesa, que el presidente Barack Obama se ha comprometido a firmar, se torna en el único mecanismo para que Puerto Rico pueda renegociar con los acreedores.

Según analistas, esta legislación garantiza en la práctica el recobro de la monumental deuda pública de la isla sin importar los sacrificios a que se someta al pueblo puertorriqueño.

H&M continúa con su expansión internacional con su desembarco en Puerto Rico

MADRID.- El grupo textil sueco Hennes & Mauritz (H&M) continúa con su expansión internacional con el desembarco en Puerto Rico tras la apertura de su primera tienda en The Mall de San Juan, según ha informado la cadena en un comunicado.

En concreto, el presidente de H&M en Norteamérica, Daniel Kulle, se ha congratulado por el buen recimiento que ha tenido la marca en la isla. "Estamos encantados con la increíble respuesta que hemos tenido de nuestros clientes. Esperamos poder ofrecer aún más de moda de calidad al mejor precio a través de nuestra expansión en Puerto Rico", ha indicado.

La enseña sueca ha informado que abrirá su segunda tienda en la isla durante el otoño de este ejercicio y estará localizada en la Plaza del Sol en Bayamon.

El grupo textil sueco Hennes & Mauritz (H&M) ha alcanzado una cifra de negocio de 54.324 millones de coronas suecas (5.835 millones de euros) en el segundo trimestre de su año fiscal, lo que representa un incremento del 2% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Sin tener en cuenta el impacto del cambio de moneda, la facturación del mayor competidor europeo de la española Inditex entre marzo y mayo experimentó un crecimiento del 5%.

Durante el mes de mayo, las ventas de H&M registraron un incremento interanual del 9% en moneda local, tras el alza del 5% en abril. Al ajustar los efectos de calendario, la facturación de la compañía sueca aumentó un 11%.

A 31 de mayo, la cadena textil escandinava contaba con un total de 4.077 tiendas en todo el mundo, frente a los 3.639 establecimientos del año pasado.

La mayoría de asesinados en la discoteca gay en Orlando eran boricuas

SAN JUAN.- El viceministro de Estado Rolando Padua aseguró que más de la mitad de los 50 muertos en una discoteca en la ciudad de Orlando, en Estados Unidos, eran puertorriqueños. "Me indicaron que el 90 por ciento de las víctimas son latinos y que mucho más de la mitad son puertorriqueños", dijo el funcionario.

El estadounidense de origen afgano Omar Seddique Mateen, de 29 años, irrumpió en la discoteca Pulse Orlando, frecuentada por la comunidad gay, y donde se celebraba una fiesta latina arrancando las vidas a 49 personas y otras 53 resultaron heridas.

Mateen también murió en el lugar que, según han contado a la televisión algunos testigos puertorriqueños que estaban en la sala de fiesta, se produjo un pandemónium.

El victimario, quien ha sido descrito como homófobo y que estaba bajo la mira del Buró Federal de Investigaciones (FBI), empleó un rifle automático para cometer la masacre, considerada la peor de los últimos tiempos.

El viceministro Padua dijo al portal del diario El Nuevo Día que el Ministerio de Estado de Puerto Rico esperará a que se identifiquen todas las víctimas para intentar ayudar a los familiares de aquellos que sean boricuas en las gestiones de repatriación.

Calculó que en dos o tres días los familiares podrán hacer los trámites para transportar los cuerpos de sus parientes hasta la Isla.

Han sido identificados por sus familiares como puertorriqueños Edward Sotomayor, Jr., de 34 años; Stanley Almodóvar III, de 23; Luis Omar Ocasio Capo, de 20; Eric Iván Ortiz Rivera, de 36; Peter O. González Cruz, de 22; Anthony Luis Laureano Disla, de 25; Jean Carlos Méndez Pérez, de 35, y Franky Jimmy de Jesús Velázquez, de 50 años.

También, Amanda Alvear, de 25 años; Martín Benítez Torres, de 33; Luis Daniel Wilson León, de 37; Mercedes Marisol Flores, de 26; Xavier Emmanuel Serrano Rosado, de 35; Gilberto Ramón Silva Menéndez, de 25; Javier Jorge Reyes, de 40; Juan P. Rivera Velázquez, de 37; Luis Daniel Conde, de 39, y Leroy Valentín Fernández, de 25 años.

Además, Jonathan Antonio Camuy Vega, de 24; Jean C. Nieves Rodríguez, de 27; Rodolfo Ayala Ayala, de 33; Yilmary Rodríguez Sulivan, de 24, y Angel L. Candelario Padró, de 28 años.

Reafirma agenda de equidad de género el ministro de Justicia de Puerto Rico

SAN JUAN.- El ministro puertorriqueño de Justicia, César Miranda, reafirmó la agenda de equidad de género que desarrolla el gobierno en el país con la comunidad Lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero (LGBTT). Las expresiones del funcionario se produjeron al confirmarse la muerte de 23 puertorriqueños en la masacre en la discoteca gay Pulse Orlando, en la ciudad estadounidense de Orlando, en Florida.

"Ante dicha pérdida, vengo obligado a reflexionar sobre las problemáticas sociales que convergen para facilitar esta matanza: la intolerancia en cuanto a preferencias de género, la discriminación contra los latinoamericanos en Estados Unidos y el amplio acceso a las armas en ese país", dijo Miranda.

En la masacre de Orlando el estadounidense Omar Seddique Mateen asesinó a medio centenar de personas y dejó otras 53 heridas al disparar a mansalva con un fusil automático, presuntamente cegado por el odio a los gays.

Opinó que "hay que reafirmar nuestro compromiso con estos tres frentes en Puerto Rico y unirnos con nuestra diáspora y al pueblo estadounidense para continuar dando pasos de avance en la dirección de la equidad".

Mencionó como pasos de avance en Puerto Rico el reconocimiento del matrimonio igualitario aprobado el verano de 2015, el currículo de equidad de género adoptado en las escuelas públicas y la inclusión de padres del mismo género en los certificados de nacimiento de niños adoptados.

"Los prejuicios no desaparecen de un día para otro, (pues) tan reciente como hace dos semanas -y por primera vez en Puerto Rico- un jurado autorizó el agravante de crimen de odio en el Tribunal de Primera Instancia en Ponce, en el caso del asesinato de un joven homosexual", consignó Miranda.

Consideró que "hay que continuar educando hasta lograr que las nuevas generaciones no sigan cargando con prejuicios contra minorías".

"Esta agenda es compartida sin duda entre todos los sectores: el Estado, el sector privado, las comunidades, los grupos religiosos y políticos", recalcó Miranda.

Desamparados los ancianos y la niñez de Puerto Rico ante la crisis económica

SAN JUAN.- Las personas de mayor edad han entrado junto a la niñez en un desamparo ante la crisis económica que experimenta Puerto Rico, aseguró la ministra del Departamento de la Familia, Idalia Colón Rondón. La funcionaria señaló que la situación de empobrecimiento de los ancianos es más dramática en el sector montañoso de esta isla del Caribe, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde 1898.

"Se pasa hambre en Puerto Rico", afirmó Colón Rondón a los periodistas al presentar el Plan de Acción Integral de Desarrollo Social, un estudio realizado por el gubernamental Consejo Especial para Atender la Desigualdad Social, que preside.

Reveló que la marginalidad afecta principalmente a ancianos y a los residentes de la montaña, mientras el 58 por ciento de la niñez vive bajo los niveles de pobreza.

Esa proporción infantil se eleva al 75 por ciento en los núcleos familiares donde hay menores de cinco años.

Colón Rondón precisó que la carencia de trabajo de los padres es un factor importante en la pobreza de sus hijos.

Igualmente el embarazo a edades muy tempranas, la adolescencia, es otro factor determinante para la miseria económica.

La ministra de la Familia reconoció que, distinto a una percepción tan generalizada como equivocada, el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) "no cubre la totalidad de las necesidades alimentarias" de sus beneficiados.

Estos descubrimientos se traducirán en un incremento de siete millones de dólares para la Administración de Familias y Niños (Adfan), organismo que atiende a la población de adultos mayores, que ha visto un alza en las solicitudes de ayuda de este sector.

"Ese es precisamente el renglón que nos ha ocasionado una insuficiencia de fondos en Adfan porque la necesidad de los adultos mayores para el servicio de amas de llaves, cuidado sustituto, cada día son más los viejos y las viejas que viven solos, en condiciones infrahumanas", subrayó.

Colón Rondón manifestó que ese es el sector de la población en mayor desventaja y en mayor crecimiento y sin muchos servicios de apoyo.

Vivienda, salud y servicios sociales constituyen las particulares necesidades de esa población.

La demografía de Puerto Rico revela una población en crecimiento de adultos de sobre 60 años de edad, lo que significa un reto social para su sobrevivencia, pues a la vez que profundiza la pobreza, los servicios de salud a esas edades son altamente costosos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, indicó a los periodistas que las organizaciones no gubernamentales que proveen ciertos servicios apremiantes deben resultar beneficiados en la distribución de 20 millones de dólares que hará el gobierno.

Explicó que esta es la primera guía social que tiene el gobierno puertorriqueño para asignar los recursos, lejos de hacerlo únicamente por determinada percepción de los problemas.

El Supremo de EE.UU. da un nuevo golpe contra el estatus político de Puerto Rico

SAN JUAN.- La declaración de inconstitucional por el Tribunal Supremo de EE.UU. de la ley con la que Puerto Rico pretendía facilitar la quiebra las empresas públicas de la isla fue recibida hoy en la isla como un nuevo golpe para quienes aún defienden el actual estatus político puertorriqueño.

"Esto no deja de ser un golpe para lo que establecieron EE.UU. y Puerto Rico ante la comunidad internacional en 1953", dijo hoy el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en referencia al momento en que la ONU reconoció el Gobierno de la isla y eximió a EE.UU. de rendir informes sobre el progreso de Puerto Rico hacia un gobierno autónomo.

"Quien fue allí a decir que Puerto Rico tenía pleno Gobierno propio, al nivel de un estado, fue EE.UU. Nosotros no le mentimos a la Comunidad de Naciones. Lo que está diciendo la posición actual del Gobierno de EE.UU. es que ellos se están retractando de lo que dijeron entonces", añadió el mandatario en una rueda de prensa.

García Padilla reaccionó así ante la decisión de hoy del Supremo federal de invalidar la ley que él mismo impulsó en 2014 para establecer un proceso local de bancarrota similar al que la Ley federal de Quiebras establece para el resto de los Estados de EE.UU. y de la que Puerto Rico fue excluido en 1984.

Los jueces establecieron que la gestión de las quiebras de las entidades públicas de EE.UU. recae sobre el Congreso federal y que Puerto Rico no tiene autoridad para reestructurar su deuda bajo un régimen paralelo.

Al igual que otras reputadas voces de la isla, el gobernador sostiene que Estados Unidos ha cambiado de postura sobre Puerto Rico y ha desenmascarado su aproximación colonialista hacia la isla, algo que dijo estar dispuesto a defender en el Comité de Descolonización de la ONU que se reunirá el 20 de junio.

El aspirante a sucederle en el cargo a partir de las elecciones de noviembre, David Bernier, también considera que la decisión del Supremo, contra la que ya no cabe recurso alguno, sobre la conocida como Ley de Quiebra Criolla "reafirma la necesidad de aclarar los contornos de la relación entre Puerto Rico y EE.UU.".

Conviene aclarar los términos de esa relación, dijo, "para que el presente y el futuro de nuestra economía y nuestra gobernanza no esté sujeto a ambigüedades interpretativas".

"Más allá de los debates jurídicos o ideológicos, el país necesita estabilidad y bases firmes para que podamos enfrentar unidos la crisis económica y así poder reemprender la ruta del desarrollo y la prosperidad", defendió el también presidente del gobernante Partido Popular Democrático (PPD), un partido que basa su existencia en la defensa del estatus político de la isla como un Estado Libre Asociado.

Efectivamente, la decisión del Supremo supone un nuevo varapalo para quienes defienden la autonomía de Puerto Rico, ya que viene a insistir en que su soberanía reside en Washington y que la última fuente de poder sobre la isla es el Congreso estadounidense.

Este golpe llega tan sólo unos días después de que la semana pasada el Supremo emitiera otra sentencia en el mismo sentido, en este caso relativa a la soberanía jurídica de la isla, al negarle el derecho a juzgar a una persona que ya hubiera sido juzgada por la Justicia federal por los mismos delitos.

El secretario del Departamento local de Justicia, César Miranda, junto a Margarita Mercado Echegaray, procuradora general,se reconoció hoy "sorprendido" ante una decisión que, en su opinión, deja absolutamente desvalida a la isla para lidiar con la deuda que acumulan sus entidades públicas.

"Presentamos este caso ante el Tribunal Supremo de EE.UU. porque estábamos y estamos absolutamente convencidos de que es jurídicamente imposible que se dejara a Puerto Rico en una total indefensión con relación al tema de la reestructuración de su deuda", argumentó Miranda.

Según dijo en un comunicado, "no hay precedente en el sistema de justicia americano en el que se haya dejado desprovisto de un recurso de reestructuración a ningún estado de EE.UU.".

"Es inexplicable el que se acepte como correcta la exclusión en el 1984 de la protección del Código Federal de Quiebras sin que medie en el récord legislativo la más mínima expresión de por qué se hizo", afirmó.