SAN JUAN.- Los titulares
puertorriqueños de bonos de la isla se reunirán este lunes para conocer
cómo puede afectarles la imposición de una junta federal de control
fiscal que ayude a reestructurar la deuda y qué opciones tienen ante el
previsible impago del Gobierno.
La recién creada agrupación de Bonistas del Patio ha convocado a sus
integrantes para celebrar el primer Encuentro de Bonistas de Puerto
Rico, una jornada en la que se celebrarán una serie de conferencias con
todos los sectores involucrados en la actual crisis económica y fiscal
de la isla.
Se calcula que en Puerto Rico hay más de 60.000 personas que tienen
bonos de deuda del Gobierno de la isla por valor de cerca de 15.000
millones de dólares, una parte significativa de los 70.000 millones
emitidos en total por las diferentes administraciones y entidades
públicas locales.
"Este evento será una magnífica oportunidad de educación y
orientación para todos los tenedores de bonos de Puerto Rico", dijo
Jorge Irizarry, director ejecutivo de Bonistas del Patio.
En la reunión se discutirá sobre la situación actual tras la
aprobación por parte de la Cámara federal de Representantes del proyecto
de Ley conocido por el acrónimo de "Promesa" y "las consecuencias
directas que tendrán las decisiones que se están tomando a nivel federal
sobre los puertorriqueños", dijo Irizarry.
El citado proyecto de Ley, que aún debe ser aprobado por el Senado
federal, establece la imposición de una junta de control fiscal
compuesta por siete miembros elegidos por el presidente de EE.UU. para
que supervisen el cumplimiento de los presupuestos y el control de
gastos y ayuden a reestructurar la deuda.
La reunión, que estará abierta al público en general, se llevará a
cabo el lunes desde las ocho de la mañana en el Centro de Convenciones
de Puerto Rico.
Comenzará con una exposición por parte de miembros del equipo fiscal
del Gobierno de Puerto Rico. Además, habrá un panel con todos los
candidatos a la Gobernación de cara a las elecciones del próximo
noviembre.
Hasta el momento han confirmado su participación los presidentes del
gobernante Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier; del
opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló; y del
minoritario Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe.
Igualmente estarán los candidatos independientes Alexandra Lúgaro y
Manuel Cidre.
La presidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María
de Lourdes Santiago declinó participar en el foro por estar en cierre
de la sesión legislativa.
En otro panel, economistas como Joaquín Villamil, Carlos Colón de
Armas y Joseph Rosenblum orientarán a los bonistas acerca de los
posibles recortes en los pagos del principal y los intereses de su deuda
y el impacto económico que pueden tener.
Habrá además un panel de congresistas y miembros del Tesoro federal, y
otro que ofrecerá el punto de vista de las cooperativas de ahorro y
crédito.
Los Bonistas del Patio aseguran haber estado entre los más afectados
por los tres impagos en los que hasta el momento ha incurrido el
Gobierno de Puerto Rico.
El primero fue en agosto de 2015, correspondiente a bonos de la
Corporación de Financiamiento Público. El segundo fue en enero de 2016
con bonos de la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura
(AFI).
El tercero tuvo lugar al comienzo de mayo, cuando se dejó de pagar un
vencimiento de 400 millones de dólares de deuda del Banco Gubernamental
de Fomento (BGF). De esa cantidad, cerca de la mitad pertenece a
individuos puertorriqueños, según Bonistas del Patio.
Sin embargo, el más cuantioso previsiblemente será el del próximo 1
de julio, cuando vencerán bonos por valor de cerca de 2.000 millones de
dólares, de los que unos 700 son obligaciones generales (conocidas en
inglés como GO's).
Ese tipo de bonos están garantizados por la Constitución de Puerto
Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier
otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla, incluida la
financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el Ejecutivo
ha dicho no estar dispuesto a renunciar.
Por ello, el Gobierno de Alejandro García Padilla está haciendo todo
lo posible para presionar al Senado de EE.UU. a que apruebe el proyecto
"Promesa" antes del 1 de julio.
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