SAN JUAN.- El grupo Bonistas del Patio denunció hoy la ilegalidad de la decisión
del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, de condonar
las deudas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central).
"Condonar las deudas del BGF a días de que se nombren los miembros de
la junta de control fiscal representa un desafío a Promesa (acrónimo en
inglés de la Ley para la Supervisión, Administración, Estabilidad
Económica de Puerto Rico), que dice que hay que respetar las leyes y las
deudas con los acreedores, afirmó Jorge Irizarry, director ejecutivo de
Bonistas del Patio.
Afirmó que el gobernador García Padilla sabe que la mayor parte de la deuda del BGF "está en manos puertorriqueñas, no en los llamados fondos buitres".
"Ese dinero lo tomó prestado el BGF de puertorriqueños que lo prestaron de buena fe al adquirir los bonos, y lo utilizó para otorgar préstamos que ahora el mismo gobierno condona, incurriendo un flagrante conflicto de interés sin tomar en cuenta los derechos y el sustento de los ahorristas", expuso Irizarry.
Sostuvo que la inmensa mayoría de los bonistas individuales son personas retiradas que ahorraron durante toda su vida y que no tienen otros ingresos para vivir.
Adujo que con su acción, el mandatario boricua evidencia que "al gobierno no le importa si un bonista retirado se queda sin el dinero para hacer su compra o para adquirir sus medicamentos".
"Para ellos el bonista no es esencial, pero sí es esencial pagarle millones a Millstein, a Cleary y a los demás asesores del gobierno; esto es una irresponsabilidad", agregó Irizarry en declaraciones escritas.
El gobernador García Padilla convirtió en ley en la víspera una medida que recorta una porción significativa de la deuda pública que agencias y corporaciones estatales deben al BGF, con lo cual miles de millones de dólares serán incobrables.
Esto lo hacen, según Bonistas del Patio, sin tomar en cuenta los derechos de los acreedores del BGF, la mayoría de los cuales son puertorriqueños.
El proyecto de ley elimina el 40 por ciento de las deudas de varias entidades públicas a la vez que establece un mecanismo para reestructurar el restante 60 por ciento.
El mandatario justificó su acción al sostener que de esa forma se atienden los préstamos que fueron otorgados sin fuente de repago en pasadas administraciones.
Irizarry explicó que por los pasados dos años el gobierno viene diciendo que quiere llegar a acuerdos con los bonistas, pero esto es una determinación totalmente unilateral.
La deuda pública del país es de 68.000 millones de dólares, de los cuales unos 15.000 millones corresponden al dinero que prestaron residentes de Puerto Rico.
Tan reciente como en 2013, el monto en manos de los puertorriqueños era de 25.000 millones de dólares, lo cual actualmente se ha reducido a 15.000 millones por varias razones, se explicó.
Los Bonistas del Patio han sido los más afectados con los tres impagos de la deuda del gobierno ya que el grueso de estos emisores está en manos puertorriqueñas y no en los fondos buitres.
El primer impago fue en agosto de 2015, correspondiente a los bonos de la Corporación de Financiamiento Público (PFC), y en enero de 2016 ocurrió el impago de otros bonos de la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura (AFI).
Hace unas semanas se dio el impago de la deuda del BGF por 400 millones de dólares y se estima que más de 200 millones de ese total pertenecen a puertorriqueños.
Afirmó que el gobernador García Padilla sabe que la mayor parte de la deuda del BGF "está en manos puertorriqueñas, no en los llamados fondos buitres".
"Ese dinero lo tomó prestado el BGF de puertorriqueños que lo prestaron de buena fe al adquirir los bonos, y lo utilizó para otorgar préstamos que ahora el mismo gobierno condona, incurriendo un flagrante conflicto de interés sin tomar en cuenta los derechos y el sustento de los ahorristas", expuso Irizarry.
Sostuvo que la inmensa mayoría de los bonistas individuales son personas retiradas que ahorraron durante toda su vida y que no tienen otros ingresos para vivir.
Adujo que con su acción, el mandatario boricua evidencia que "al gobierno no le importa si un bonista retirado se queda sin el dinero para hacer su compra o para adquirir sus medicamentos".
"Para ellos el bonista no es esencial, pero sí es esencial pagarle millones a Millstein, a Cleary y a los demás asesores del gobierno; esto es una irresponsabilidad", agregó Irizarry en declaraciones escritas.
El gobernador García Padilla convirtió en ley en la víspera una medida que recorta una porción significativa de la deuda pública que agencias y corporaciones estatales deben al BGF, con lo cual miles de millones de dólares serán incobrables.
Esto lo hacen, según Bonistas del Patio, sin tomar en cuenta los derechos de los acreedores del BGF, la mayoría de los cuales son puertorriqueños.
El proyecto de ley elimina el 40 por ciento de las deudas de varias entidades públicas a la vez que establece un mecanismo para reestructurar el restante 60 por ciento.
El mandatario justificó su acción al sostener que de esa forma se atienden los préstamos que fueron otorgados sin fuente de repago en pasadas administraciones.
Irizarry explicó que por los pasados dos años el gobierno viene diciendo que quiere llegar a acuerdos con los bonistas, pero esto es una determinación totalmente unilateral.
La deuda pública del país es de 68.000 millones de dólares, de los cuales unos 15.000 millones corresponden al dinero que prestaron residentes de Puerto Rico.
Tan reciente como en 2013, el monto en manos de los puertorriqueños era de 25.000 millones de dólares, lo cual actualmente se ha reducido a 15.000 millones por varias razones, se explicó.
Los Bonistas del Patio han sido los más afectados con los tres impagos de la deuda del gobierno ya que el grueso de estos emisores está en manos puertorriqueñas y no en los fondos buitres.
El primer impago fue en agosto de 2015, correspondiente a los bonos de la Corporación de Financiamiento Público (PFC), y en enero de 2016 ocurrió el impago de otros bonos de la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura (AFI).
Hace unas semanas se dio el impago de la deuda del BGF por 400 millones de dólares y se estima que más de 200 millones de ese total pertenecen a puertorriqueños.