LA HABANA.- La aprobación de la ley Promesa constituye el uso más burdo y
ofensivo de los poderes coloniales del gobierno de Estados Unidos sobre
Puerto Rico, aseguró el exgobernador de esa isla caribeña, Aníbal
Acevedo Vilá.
El exgobernante boricua
subrayó que en términos prácticos, la aplicación de La ley de
Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(Promesa, por sus siglas en inglés), significará "la revocación de los
limitados poderes de autogobierno que Estados Unidos le había otorgado a
los puertorriqueños".
"Desde la perspectiva de la crisis
económica y fiscal que vive Puerto Rico -agregó-, esta ley no va a
resolver los problemas de la isla. Simplemente, establece un proceso
para asegurar que los "bonistas" (prestamistas) pueden cobrar el máximo
de sus acreencias".
Acevedo, que gobernó la isla caribeña de
2005 a 2009, piensa que será difícil predecir o anticipar lo que
sucederá en Puerto Rico en un futuro inmediato y recordó que, aunque el
Comité de Descolonización de la ONU se ha expresado sobre este tema, la
Asamblea General no lo ha vuelto a hacer desde 1953.
En 2008, en
su condición de gobernador de Puerto Rico, Acevedo Vilá pidió al Comité
de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas que elevara
una petición para que la Asamblea General de este foro internacional
incluyera en su agenda el caso puertorriqueño.
Ocho años
después, el 20 de junio último, Acevedo Vilá testimonió de nuevo ante el
Comité de Descolonización, y llamó a la comunidad internacional a
"ejercer sus mejores oficios y presionar a Estados Unidos para que
inicie a la mayor brevedad posible un proceso de descolonización
política y económica de Puerto Rico".
"De la misma forma que no
se le podía imponer a un esclavo la responsabilidad de resolver su
situación de esclavitud -expresó en esa ocasión-, no se le puede exigir a
un pueblo al que se le han negado los más básicos atributos de
soberanía para determinar su destino, que asuma la responsabilidad de
resolver esa situación a la misma vez que se le niegan los atributos
necesarios para actuar".
"Lo más importante -dijo- es que la comunidad internacional ejerza presión para que
Estados Unidos se comprometa a terminar con el régimen colonial en
Puerto Rico".
Cuestionado acerca del grado de culpabilidad de los diferentes
gobiernos establecidos en San Juan con la actual crisis fiscal y la
exorbitante deuda pública -72.000 millones de dólares-, a lo que el
exgobernador explicó que "es una responsabilidad compartida de los
gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos".
"Durante el periodo en que aumentó significativamente el endeudamiento,
el gobierno de Estados Unidos eliminó el beneficio contributivo que
recibían compañías norteamericanas de manufactura que invertían en
Puerto Rico (sección 936 del Código federal de rentas internas)",
explicó Acevedo.
"Eso provocó -añadió- que Puerto Rico entrara
en una recesión económica en 2006 de la cual no ha podido salir. En
1998, Puerto Rico tenía cerca de 150.000 empleos en manufactura. Hoy
tiene poco más de 80.000".
"Además, el gobierno de Estados
Unidos le impone a Puerto Rico leyes y regulaciones, como el uso de la
ley de cabotaje, que afectan negativamente la economía de la isla y le
impone requisitos en sectores como el de la salud, para los cuales el
gobierno de Washington no hace una aportación adecuada al de Puerto
Rico", enfatizó Acevedo.
"Eso no quita que en la década de los
90 -insistió-, el gobierno puertorriqueño invirtió en obras de
infraestructura majestuosas sin el financiamiento adecuado, lo que
inició la crisis de la deuda. A eso se añadió la necesidad de seguir
tomando prestado para poder financiar las operaciones básicas del
gobierno y no afectar los servicios al ciudadano".
Según
Acevedo Vilá, será muy difícil tener una visión ideológica, incluso
definir a distancia cuales son las verdaderas intenciones del gobierno
de Estados Unidos con Puerto Rico, en medio de la crisis que sacude hoy a
la sociedad boricua.
A corto plazo -explicó el exgobernante-,
se pueden identificar algunas tendencias y motivaciones, en primer
lugar, una clara insatisfacción con el arreglo del status actual; un
temor con cuáles serían las consecuencias políticas y legales para
Estados Unidos si Puerto Rico se va a la quiebra, y también una presión
de parte de los fondos buitres para que Washington intervenga para
asegurar que se les pague.
"Más allá de esto, es difícil identificar los propósitos a largo plazo de la administración Obama", sentenció.
Interrogado sobre posibles escenarios y reacciones sociales como
respuesta a la imposición estadounidense de la Junta Fiscal, Acevedo
Vilá señala que entre las masas populares ya "se están gestionando
diferentes actos de protesta, y de parte de las autoridades
gubernamentales puertorriqueñas, hay una actitud de compás de espera".
Para el exgobernador, a pesar de las primeras señales de protesta por
la imposición de la ley Promesa, todavía "hay mucha incertidumbre y
confusión en la población", y en su opinión "se requiere de un cambio
profundo en las relaciones económicas y políticas entre Puerto Rico y
Estados Unidos para poder salir de forma efectiva y permanente de la
crisis".
Las palabras expresadas en junio pasado por el
exgobernador boricua en el Comité de Descolonización de la Organización
de Naciones Unidas siguen vigentes hoy: "Estados Unidos tiene que asumir
la responsabilidad de resolver la presente situación colonial y
hablarle con claridad al pueblo de Puerto Rico".
