SAN JUAN.- Tenedores de fondos buitres sorprendieron al demandar al gobierno
puertorriqueño en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San
Juan, por presuntamente violar los términos de un rescate del Congreso
federal.
La acción se produce a pesar de la legislación federal Promesa, siglas
en inglés de la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad
Económica de Puerto Rico, que tiene el propósito de evitar una lluvia de
demandas contra el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA).
Contrario a lo que se plantea en la demanda, el Congreso estadounidense no ha aprobado un rescate para Puerto Rico, aunque en la televisión norteamericana se pasaron mensajes de los fondos buitres inyectando esa idea.
El gobernante puertorriqueño Alejandro García Padilla había advertido la imposibilidad de cumplir con la deuda pública del país de 70.000 millones de dólares, la que actualmente dijo su administración consiguió reducir a 68.000 millones.
Los fondos buitres impugnan en su acción judicial la aprobación por el gobierno del ELA de la Ley de Moratoria y de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, que le permite retener los pagos a los acreedores para dirigir el dinero a atender los asuntos más apremiantes del país.
A juicio de los tenedores de fondos buitres, Puerto Rico está impedido de tomar esta acción antes de que se establezca la junta de control fiscal que conlleva la legislación Promesa, para asumir la administración del presupuesto isleño.
Contrario a lo que se plantea en la demanda, el Congreso estadounidense no ha aprobado un rescate para Puerto Rico, aunque en la televisión norteamericana se pasaron mensajes de los fondos buitres inyectando esa idea.
El gobernante puertorriqueño Alejandro García Padilla había advertido la imposibilidad de cumplir con la deuda pública del país de 70.000 millones de dólares, la que actualmente dijo su administración consiguió reducir a 68.000 millones.
Los fondos buitres impugnan en su acción judicial la aprobación por el gobierno del ELA de la Ley de Moratoria y de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, que le permite retener los pagos a los acreedores para dirigir el dinero a atender los asuntos más apremiantes del país.
A juicio de los tenedores de fondos buitres, Puerto Rico está impedido de tomar esta acción antes de que se establezca la junta de control fiscal que conlleva la legislación Promesa, para asumir la administración del presupuesto isleño.
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