SAN JUAN.- La clase política y empresarial de Puerto Rico
pidió la derogación de la ley que confiere potestad al gobernador
para declarar una moratoria en el pago de la deuda que considere
oportuno, por considerar que daña la credibilidad de la isla y perjudica
a los proveedores del Gobierno.
"Nos lleva a convertirnos en
Venezuela, en una república que hasta tiene poder de expropiación de las
propiedades y servicios que da el sector privado si al gobernador le da
la gana", defendió la portavoz de del opositor Partido Nuevo
Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González.
En
su opinión, dar al gobernador la facultar de decretar de manera
unilateral una moratoria sobre el pago de la deuda "es más que
peligroso" y puede afectar "a la legislación federal para la
reestructuración de la deuda de la isla" que se negocia en Washington, y
que pasan por el sometimiento al control de una junta federal de
supervisión fiscal.
Desde el ámbito privado, la Asociación de
Constructores de Puerto Rico (ACPR) pidió la derogación inmediata de
la llamada Ley de Moratoria y de Emergencia y Rehabilitación Financiera
de Puerto Rico, porque "establece mecanismos y procesos totalmente
ajenos a nuestro sistema de gobierno de ley y orden".
Para el
presidente de la ACPR, Ricardo Álvarez Díaz, la ley, firmada el
miércoles por el gobernador, daña "nuestro sistema constitucional,
federal y estatal y menoscaba las protecciones constitucionales,
relaciones contractuales, derecho de propiedad privada y acceso a
remedios judiciales que nuestros ciudadanos y nuestras empresas tienen
frente al Estado".
En su opinión, la norma también crea "una seria
incertidumbre y desasosiego en toda la industria de la construcción, la
ciudadanía en general y muchas otras organizaciones y empresas de otros
sectores importantes para la economía de Puerto Rico".
"Dicha
incertidumbre ha afectado severamente a procesos de negociación con
acreedores, con el propio Congreso y con la Rama Ejecutiva federal, y ha
agravado la falta de confianza y certeza en empresas foráneas y
locales, que han estado ponderando o que han hecho inversiones
importantes" en la isla, advirtió.
"Por otro lado, todos los
suplidores de la empresa privada que proveen bienes y servicios al
Gobierno -dijo-, a los que se les adeudan cuantiosas sumas de dinero y
que han sufrido los embates del impago o la morosidad por los pasados
años, han tenido que despedir miles de empleados, reducir sus
operaciones y sufrir todas las consecuencias financieras que ello ha
ocasionado".
Esta ley suspende su derecho a cobrar por la vía
judicial y se les fuerza a continuar dando servicios o rendir labores
sin paga, advirtió Álvarez Díaz, quien exhortó al gobernador y a la
Asamblea Legislativa a derogar de manera inmediata la Ley de Moratoria
por el daño que hace al "ordenamiento constitucional y a la estabilidad
jurídica y económica".
Concretamente, pide la derogación de "todas
las disposiciones que conceden poderes especiales de expropiación de
propiedad privada, menoscaban las obligaciones contractuales, privan de
remedios judiciales a empresas o personas contra el Gobierno y autorizan
procesos de sindicatura sin la intervención judicial".
Igualmente,
"todas las disposiciones que obligan a ciudadanos y empresas privadas a
trabajar y producir bienes y servicios al Gobierno sin paga".
Para
el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, José E. Vázquez
Barquet, la nueva ley también es "inaceptable, nefasta, viola la
Constitución de Puerto Rico, menoscaba relaciones contractuales y afecta
aún más el ambiente de negocios en Puerto Rico".
"Es el resultado
de un acto irresponsable que afecta la imagen de Puerto Rico en los
mercados internacionales y deja indefenso al sector comercial
-suplidores del Gobierno- y sus empleos, dando poderes al Gobernador
para expropiar sus negocios de manera unilateral", lamentó.
José
Julián Álvarez, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad
de Puerto Rico, considera que con esta ley el Gobierno trata de forzar
una negociación con los acreedores, aunque haya dudas sobre su
constitucionalidad.
Para el también economista Elías Gutiérrez, se
trata de un duro golpe a la credibilidad de la isla, ya que con esta
ley tanto el gobernador como la Legislatura violan la Constitución de
Puerto Rico, garante de parte de la deuda.