SAN JUAN.- La clase política y empresarial de Puerto Rico 
pidió la derogación de la ley que confiere potestad al gobernador 
para declarar una moratoria en el pago de la deuda que considere 
oportuno, por considerar que daña la credibilidad de la isla y perjudica
 a los proveedores del Gobierno.
"Nos lleva a convertirnos en 
Venezuela, en una república que hasta tiene poder de expropiación de las
 propiedades y servicios que da el sector privado si al gobernador le da
 la gana", defendió la portavoz de del opositor Partido Nuevo 
Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González.
En
 su opinión, dar al gobernador la facultar de decretar de manera 
unilateral una moratoria sobre el pago de la deuda "es más que 
peligroso" y puede afectar "a la legislación federal para la 
reestructuración de la deuda de la isla" que se negocia en Washington, y
 que pasan por el sometimiento al control de una junta federal de 
supervisión fiscal.
Desde el ámbito privado, la Asociación de 
Constructores de Puerto Rico (ACPR) pidió la derogación inmediata de
 la llamada Ley de Moratoria y de Emergencia y Rehabilitación Financiera
 de Puerto Rico, porque "establece mecanismos y procesos totalmente 
ajenos a nuestro sistema de gobierno de ley y orden".
Para el 
presidente de la ACPR, Ricardo Álvarez Díaz, la ley, firmada el 
miércoles por el gobernador, daña "nuestro sistema constitucional, 
federal y estatal y menoscaba las protecciones constitucionales, 
relaciones contractuales, derecho de propiedad privada y acceso a 
remedios judiciales que nuestros ciudadanos y nuestras empresas tienen 
frente al Estado".
En su opinión, la norma también crea "una seria
 incertidumbre y desasosiego en toda la industria de la construcción, la
 ciudadanía en general y muchas otras organizaciones y empresas de otros
 sectores importantes para la economía de Puerto Rico".
"Dicha 
incertidumbre ha afectado severamente a procesos de negociación con 
acreedores, con el propio Congreso y con la Rama Ejecutiva federal, y ha
 agravado la falta de confianza y certeza en empresas foráneas y 
locales, que han estado ponderando o que han hecho inversiones 
importantes" en la isla, advirtió.
"Por otro lado, todos los 
suplidores de la empresa privada que proveen bienes y servicios al 
Gobierno -dijo-, a los que se les adeudan cuantiosas sumas de dinero y 
que han sufrido los embates del impago o la morosidad por los pasados 
años, han tenido que despedir miles de empleados, reducir sus 
operaciones y sufrir todas las consecuencias financieras que ello ha 
ocasionado".
Esta ley suspende su derecho a cobrar por la vía 
judicial y se les fuerza a continuar dando servicios o rendir labores 
sin paga, advirtió Álvarez Díaz, quien exhortó al gobernador y a la 
Asamblea Legislativa a derogar de manera inmediata la Ley de Moratoria 
por el daño que hace al "ordenamiento constitucional y a la estabilidad 
jurídica y económica".
Concretamente, pide la derogación de "todas
 las disposiciones que conceden poderes especiales de expropiación de 
propiedad privada, menoscaban las obligaciones contractuales, privan de 
remedios judiciales a empresas o personas contra el Gobierno y autorizan
 procesos de sindicatura sin la intervención judicial".
Igualmente,
 "todas las disposiciones que obligan a ciudadanos y empresas privadas a
 trabajar y producir bienes y servicios al Gobierno sin paga".
Para
 el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, José E. Vázquez 
Barquet, la nueva ley también es "inaceptable, nefasta, viola la 
Constitución de Puerto Rico, menoscaba relaciones contractuales y afecta
 aún más el ambiente de negocios en Puerto Rico".
"Es el resultado
 de un acto irresponsable que afecta la imagen de Puerto Rico en los 
mercados internacionales y deja indefenso al sector comercial 
-suplidores del Gobierno- y sus empleos, dando poderes al Gobernador 
para expropiar sus negocios de manera unilateral", lamentó.
José 
Julián Álvarez, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Puerto Rico, considera que con esta ley el Gobierno trata de forzar 
una negociación con los acreedores, aunque haya dudas sobre su 
constitucionalidad.
Para el también economista Elías Gutiérrez, se
 trata de un duro golpe a la credibilidad de la isla, ya que con esta 
ley tanto el gobernador como la Legislatura violan la Constitución de 
Puerto Rico, garante de parte de la deuda. 
 









