SAN JUAN.- El gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla aseguró que priorizará los
servicios esenciales de la población, al firmar la Ley de Moratoria de
Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico.
"Esta legislación nos proporciona herramientas para atender necesidades
de mayor prioridad y proveer servicios esenciales sin temor a
represalias" de los acreedores, manifestó García Padilla poco después de
convertir en legislación la medida aprobada de forma acelerada por la
Asamblea Legislativa.
Explicó que hace un año su gobierno tomó la decisión de encargar a exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) un análisis exhaustivo de las finanzas del Estado Libre Asociado (ELA), incluidas sus obligaciones, ingresos, perspectivas económicas y la sostenibilidad del país a largo plazo.
El mandatario manifestó que a pesar del análisis desolador, no nos acobardamos, por el contrario, fuimos francos y transparentes sobre la situación fiscal y la necesidad de lograr una reestructuración abarcadora de la deuda pública y de introducir un cambio radical en las prácticas irresponsables que los gobiernos anteriores adoptaron como la norma.
García Padilla sostuvo que a partir de ese momento su gobierno y sus asesores han utilizado "las herramientas a nuestra disposición para hacer frente a la crisis fiscal y humanitaria a la que nos enfrentamos a diario".
Reveló que el grupo de trabajo elaboró medidas extraordinarias para atender los problemas de liquidez y entabló conversaciones con los acreedores sobre una propuesta de reestructuración de la deuda de 70.000 millones de dólares, que tiene al país al borde del colapso.
"Hemos actuado de manera responsable, mientras tratamos de proteger la salud, el bienestar y la seguridad del pueblo de Puerto Rico", declaró sobre la Ley de Moratoria y de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico. La legislación, acotó, proporciona las herramientas para atender las necesidades de mayor prioridad, proveer los servicios esenciales a la gente sin temor a represalias, además de permitir al Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central) abordar su situación de una manera ordenada.
"Durante nueve meses les hemos pedido a todas las partes involucradas -nuestros acreedores, los líderes en el Congreso (de Estados Unidos), al pueblo puertorriqueño- que se sienten a la mesa y participen de la elaboración de las soluciones necesarias para colocar a Puerto Rico en camino hacia la recuperación económica", dijo García Padilla.
Sostuvo que hasta la fecha, algunos acreedores han participado en trucos de relaciones públicas con falsedades sobre sus propuestos "arreglos", dirigidos a desinformar al público y disuadir al Congreso federal de hacer lo que es correcto para los 3,5 millones de habitantes de la isla.
Explicó que hace un año su gobierno tomó la decisión de encargar a exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) un análisis exhaustivo de las finanzas del Estado Libre Asociado (ELA), incluidas sus obligaciones, ingresos, perspectivas económicas y la sostenibilidad del país a largo plazo.
El mandatario manifestó que a pesar del análisis desolador, no nos acobardamos, por el contrario, fuimos francos y transparentes sobre la situación fiscal y la necesidad de lograr una reestructuración abarcadora de la deuda pública y de introducir un cambio radical en las prácticas irresponsables que los gobiernos anteriores adoptaron como la norma.
García Padilla sostuvo que a partir de ese momento su gobierno y sus asesores han utilizado "las herramientas a nuestra disposición para hacer frente a la crisis fiscal y humanitaria a la que nos enfrentamos a diario".
Reveló que el grupo de trabajo elaboró medidas extraordinarias para atender los problemas de liquidez y entabló conversaciones con los acreedores sobre una propuesta de reestructuración de la deuda de 70.000 millones de dólares, que tiene al país al borde del colapso.
"Hemos actuado de manera responsable, mientras tratamos de proteger la salud, el bienestar y la seguridad del pueblo de Puerto Rico", declaró sobre la Ley de Moratoria y de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico. La legislación, acotó, proporciona las herramientas para atender las necesidades de mayor prioridad, proveer los servicios esenciales a la gente sin temor a represalias, además de permitir al Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central) abordar su situación de una manera ordenada.
"Durante nueve meses les hemos pedido a todas las partes involucradas -nuestros acreedores, los líderes en el Congreso (de Estados Unidos), al pueblo puertorriqueño- que se sienten a la mesa y participen de la elaboración de las soluciones necesarias para colocar a Puerto Rico en camino hacia la recuperación económica", dijo García Padilla.
Sostuvo que hasta la fecha, algunos acreedores han participado en trucos de relaciones públicas con falsedades sobre sus propuestos "arreglos", dirigidos a desinformar al público y disuadir al Congreso federal de hacer lo que es correcto para los 3,5 millones de habitantes de la isla.
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