SAN JUAN.- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla,
firmó ya la ley que le permite detener el pago de las obligaciones
derivadas de la deuda de más de 72.000 millones de dólares que acumula
la Administración de esta isla, ahogada por una crisis fiscal que la ha llevado a la insolvencia.
Recordó que hace un año encargó a exmiembros del Fondo Monetario
Internacional (FMI) un análisis exhaustivo de las finanzas de este
Estado Libre Asociado a EE.UU. cuyo resultado fue “desolador” y puso en
evidencia que había que lograr una reestructuración generalizada de la
deuda pública, mientras se hacía frente a la “crisis fiscal y humanitaria a la que nos enfrentamos a diario”.
Así, se ha trabajado en “medidas extraordinarias para atender los
problemas de liquidez y entablar conversaciones con los acreedores sobre
una propuesta de reestructuración” de la deuda.
“Hemos actuado de manera responsable, mientras tratamos de proteger
la salud, el bienestar y la seguridad del pueblo de Puerto Rico”, defendió hoy el gobernador para justificar la firma de la llamada Ley de Moratoria y de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico.
En su opinión, esta ley es “una prueba más de nuestro compromiso
moral y legal para, ante todo, proteger a las personas que representamos
y servimos”.
“Esta legislación nos proporciona las herramientas para atender las
necesidades de mayor prioridad y proveer los servicios esenciales a
nuestra gente sin temor a represalias”, dijo, al tiempo que “permite que
el Banco Gubernamental de Fomento pueda abordar su situación de una
manera ordenada”.
Aunque desde hace nueve meses se está negociando con los acreedores, “algunos”
de ellos han recurrido, según el gobernador, a “trucos” y “falseadas”
dirigidos a “desinformar al público y disuadir al Congreso de hacer lo
que es correcto para nuestros 3,5 millones de ciudadanos americanos”.
“Puerto Rico está insolvente y la situación requiere un esfuerzo
serio para encontrar una solución. Esta Administración permanece
comprometida en trabajar con todas las partes involucradas para alcanzar
una resolución que beneficie a todos”, reiteró el gobernador.
Básicamente establece el marco legal para que García Padilla
declare una emergencia fiscal y pueda establecer una moratoria sobre el
pago de cualquier tipo de deuda, incluso de las obligaciones
generales de este Estado Libre Asociado a EE.UU., pese a que su cobro
está garantizado por la Constitución de Puerto Rico.
Además, la nueva norma permitirá reestructurar e incluso liquidar el Banco Gubernamental de Fomento (BGF),
el brazo financiero de la Administración puertorriqueña, al tiempo que
establece las bases para crear un “banco puente” que asuma parte de las
funciones de esta entidad, entre ellas la de “honrar depósitos”.
Igualmente permite que el BGF cree una nueva subsidiaria
que pueda asumir las funciones de agente fiscal, asesor financiero y
agente informativo del Gobierno, así como facilitar el esfuerzo de
reestructuración.
Fundado en 1942, el BGF se creó para guiar las estrategias
financieras de este Estado Libre Asociado y sus entidades públicas para
financiar el desarrollo de inversiones públicas a largo plazo.
Además de servir como agente fiscalizador y asesor financiero, el BGF
se convirtió en el gran prestamista de los diferentes estamentos de la
Administración pública, aunque desde 2001 tiene problemas de liquidez
que ha ido subsanando con la emisión de nueva deuda.
El 1 de mayo, el BGF tendrá que hacer frente al pago de deuda por 422 millones de dólares y en junio por otros 700, mientras que su liquidez actual es inferior a los 600 millones.
Puerto Rico acumula una deuda de más de 70.000 millones de dólares
que, según el Gobierno, no puede seguir pagando, ya que la falta de
liquidez hace que se tenga que elegir entre atender estas obligaciones o
mantener la precaria prestación de servicios públicos básicos para la
población.
En la actualidad, el 45 % de la población de la isla vive bajo el umbral de la pobreza,
según los estándares estadounidenses, al tiempo que cada día abandona
la isla una media de 166 personas, con lo que en la última década se ha
perdido un 10% de la población, que emigra a EE.UU. en busca de mejores
perspectivas.
El propio gobernador reconoció hoy que la ley recién aprobada por el Legislativo disparará las demandas judiciales como la ya presentada esta misma semana por un grupo de bonistas del BGF,
que reclama que el banco sea intervenido judicialmente para que no
pueda seguir realizando pagos discrecionales a algunos de sus
acreedores.
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