Lew urge al Senado a actuar esta semana para evitar el "caos" en Puerto Rico

WASHINGTON.- El secretario del Tesoro de EEUU, Jack Lew, urgió hoy a los líderes del Senado a aprobar esta semana una ley sobre la crisis de deuda en Puerto Rico, para evitar que la isla incurra a partir del 1 de julio en un nuevo impago que generaría una situación "caótica" con "graves consecuencias".

En sendas cartas dirigidas al líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, y al senador demócrata de mayor rango, Harry Reid, Lew pidió no "retrasar" el voto en la Cámara Alta sobre el proyecto de ley bipartidista conocido como "Promesa", aprobado este mes por la Cámara Baja.

"El Senado debería abordar el asunto inmediatamente. Retrasarlo solo pondrá en peligro la capacidad del Congreso de terminar su trabajo antes del 1 de julio, una fecha límite crucial que los líderes de Puerto Rico llevan meses destacando", indicó el titular del Tesoro.

El Gobierno de Puerto Rico ya ha incurrido en tres impagos en el último año, pero el más cuantioso se produciría el próximo viernes, 1 de julio, cuando vencerán bonos por valor de cerca de 2.000 millones de dólares, de los que unos 700 son obligaciones generales.

Ese tipo de bonos están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.

"Aunque no sabemos cuáles serán todas las ramificaciones si el Congreso no actúa antes de fin de mes, lo que tenemos claro es que son los 3,5 millones de ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico quienes sufrirán todavía más", afirmó Lew.

La Casa Blanca ha dado su respaldo al proyecto de ley "Promesa", que establece la creación de una junta de control fiscal sobre el Gobierno de la isla para supervisar la elaboración de los presupuestos y facilitar la reestructuración de la deuda.

El Gobierno de Puerto Rico da por seguro un impago parcial de deuda el 1 de julio

SAN JUAN.- El Gobierno del Puerto Rico ya descarta que vaya a pagar cerca de 2.000 millones de dólares de deuda que vencen el 1 de julio, por lo que sólo le queda confiar en que Washington apruebe antes la ley que impediría a sus acreedores presentar más demandas contra él.

"La totalidad de lo que se tiene que pagar no la tenemos. Bueno, quizás lo habría, pero tendríamos que cerrar muchas agencias públicas, despedir empleados públicos y cortar servicios, algo que no se va a hacer", dijo hoy Melba Acosta, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, el brazo financiero del Gobierno de la isla.

Acosta fue hoy la primera ponente en una reunión de parte de los 60.000 puertorriqueños que tienen bonos de la isla, agrupados en la asociación Bonitas del Patio.

Esta agrupación se reúne hoy por primera vez en San Juan para saber cómo puede afectarle la reestructuración de deuda que planea el Gobierno de la isla con el respaldo de EE.UU., que está próximo a aprobar el proyecto conocido como "Promesa" y que provee un marco legal para que Puerto Rico pueda declararse en bancarrota sin que los acreedores puedan demandarlo.

En línea con lo defendido por el Gobierno de la isla durante las últimas semanas, Acosta insistió hoy en que es urgente que el Senado federal apruebe de una vez el proyecto "Promesa" antes de que el 1 de julio haya nuevos vencimientos de deuda, que rondan los 2.000 millones de dólares.

Entre esa cantidad, hay 700 millones de dólares en Obligaciones Generales (GO), un tipo de bonos garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.

Acosta adelantó que el Gobierno podría tratar de pagar los intereses de esa deuda, particularmente de los GO, que superan 300 millones de dólares.

Acosta también adelantó que el Gobierno sigue estudiando la posibilidad de vender activos, privatizar algunas áreas económicas y establecer alianzas público-privadas en áreas como la de carreteras, similar a la concesión que ahora tiene la española Abertis.

De cara a la semana que acaba de comenzar, la máxima responsable de la política financiera de Puerto Rico reconoció que va a ser "bien complicada".

Así, antes del 30 de junio hay que aprobar los presupuestos generales para el ejercicio fiscal que comienza el 1 de julio, elaborar una orden ejecutiva para decretar el impago de la deuda que vence el viernes, publicar los estados financieros atrasados que los acreedores llevan meses reclamando y presionar para que se apruebe "Promesa".