SAN JUAN.- El Gobierno del
Puerto Rico ya descarta que vaya a pagar cerca de 2.000 millones de
dólares de deuda que vencen el 1 de julio, por lo que sólo le queda
confiar en que Washington apruebe antes la ley que impediría a sus
acreedores presentar más demandas contra él.
"La totalidad de lo que se tiene que pagar no la tenemos. Bueno,
quizás lo habría, pero tendríamos que cerrar muchas agencias públicas,
despedir empleados públicos y cortar servicios, algo que no se va a
hacer", dijo hoy Melba Acosta, presidenta del Banco Gubernamental de
Fomento de Puerto Rico, el brazo financiero del Gobierno de la isla.
Acosta fue hoy la primera ponente en una reunión de parte de los
60.000 puertorriqueños que tienen bonos de la isla, agrupados en la
asociación Bonitas del Patio.
Esta agrupación se reúne hoy por primera vez en San Juan para saber
cómo puede afectarle la reestructuración de deuda que planea el Gobierno
de la isla con el respaldo de EE.UU., que está próximo a aprobar el
proyecto conocido como "Promesa" y que provee un marco legal para que
Puerto Rico pueda declararse en bancarrota sin que los acreedores puedan
demandarlo.
En línea con lo defendido por el Gobierno de la isla durante las
últimas semanas, Acosta insistió hoy en que es urgente que el Senado
federal apruebe de una vez el proyecto "Promesa" antes de que el 1 de
julio haya nuevos vencimientos de deuda, que rondan los 2.000 millones
de dólares.
Entre esa cantidad, hay 700 millones de dólares en Obligaciones
Generales (GO), un tipo de bonos garantizados por la Constitución de
Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de
cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla,
incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el
Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.
Acosta adelantó que el Gobierno podría tratar
de pagar los intereses de esa deuda, particularmente de los GO, que
superan 300 millones de dólares.
Acosta también adelantó que el Gobierno sigue estudiando la
posibilidad de vender activos, privatizar algunas áreas económicas y
establecer alianzas público-privadas en áreas como la de carreteras,
similar a la concesión que ahora tiene la española Abertis.
De cara a la semana que acaba de comenzar, la máxima responsable de
la política financiera de Puerto Rico reconoció que va a ser "bien
complicada".
Así, antes del 30 de junio hay que aprobar los presupuestos generales
para el ejercicio fiscal que comienza el 1 de julio, elaborar una orden
ejecutiva para decretar el impago de la deuda que vence el viernes,
publicar los estados financieros atrasados que los acreedores llevan
meses reclamando y presionar para que se apruebe "Promesa".
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