SAN JUAN.- Cuando
la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció a fines del mes
pasado que accedería a las solicitudes de la junta de supervisión fiscal
ordenada por el Congreso de EE.UU. para el Estado Libre Asociado de
recortar algunas pensiones de trabajadores del gobierno hasta en 8,5%,
la reacción fue rápida.
Los
manifestantes regresaron al frente de la mansión del gobernador en el
barrio colonial de San Juan –el sitio de las protestas que eventualmente
derrocaron al exgobernador Ricardo Rosselló el verano pasado– e incluso
en lo que creían eran las casas privadas de los miembros de la junta,
cantando y golpeando ollas y sartenes en lo que se conoce como
cacerolazo.
Agregando
su voz a las protestas callejeras, Maite Oronoz Rodríguez, jefa de la
Corte Suprema de Puerto Rico, envió una carta a la junta advirtiendo
sobre renuncias masivas en el poder judicial de la isla debido a
preocupaciones por las pensiones, en la que declara que “después de toda
una vida de dedicación y servicio a Puerto Rico, nuestros jueces no
merecen especular sobre su futuro con base en la información limitada”
que, dijo, la junta había hecho pública respecto a sus planes.
A
pesar de su declaración televisada de que “no apoyaba ninguna reducción
en los beneficios para los jubilados”, Vázquez, dijo que quería que la
junta terminara su trabajo “lo antes posible” y que los recortes ahora
evitarían la necesidad de recortes de pensiones de hasta 25% en el
futuro.
Si
bien la administración de Vázquez se opone a recortar las pensiones, no
obstaculizará el progreso del plan de ajuste de la deuda de la junta
federal, dijo durante una reunión pública de la junta el mes pasado Elí
Díaz Atienza, representante sin derecho a voto de la gobernadora ante la
junta. Aún así, la administración buscará aliviar futuros recortes de
pensiones a través del presupuesto del Estado Libre Asociado, dijo Díaz
Atienza.
“Sin
embargo, es fundamental para la consideración del plan por parte del
gobierno su compromiso declarado con la prioridad de los pagos de
pensiones y, en la práctica, tomar medidas cuando sea necesario y
apropiado para restaurar y mitigar el impacto de cualquier futura
reducción de pensiones, mediante el ejercicio de medidas de política
gubernamental en el presupuesto del Estado Libre Asociado o a través de
fuentes adicionales de ingresos”, dijo Díaz Atienza durante la reunión.
La
junta, por su parte, anunció el plan, diciendo en un comunicado que
ofreció “reducciones significativas de los tenedores de bonos, con lo
que proporciona, en promedio, una reducción combinada de más de 60% en
el total de pasivos del Estado Libre Asociado” y “fortalece las
pensiones estableciendo un fideicomiso de reserva de pensiones
independiente para garantizar” que se puedan pagar los beneficios
“independientemente de la situación económica o política” en la isla.
El
plan incluye un recorte de pensión de 8,5% para los jubilados que ganen
más de 1.200 dólares al mes, lo que afectaría a un 40% de los jubilados. El
acuerdo tentativo con los jubilados prevé pagos adicionales si mejoran
las finanzas de Puerto Rico. Si el superávit del Estado Libre Asociado
es más alto de lo previsto durante los próximos 15 años, los jubilados
recibirán el 10% de ese efectivo adicional para compensar cualquier
recorte en los beneficios de pensión, según los detalles del plan
publicados en el sitio web de la junta federal.
“Creemos
que es un proceso increíblemente injusto que ha llevado a este punto de
negociar el sistema de jubilación”, afirma Armando Santiago Pintado,
coordinador de la organización Let’s Build Another Agreement, que se
describe a sí misma como una campaña de movilización para defender los
servicios esenciales en la isla e incluye maestros, trabajadores del
gobierno y profesores universitarios jubilados.
“Este movimiento es un riesgo sistémico para Puerto Rico”, asegura Santiago.
Respecto
al plan de ajuste del gobierno puertorriqueño, que los críticos han
acusado de ser demasiado generoso con los tenedores de bonos, Santiago
afirma que agotaría los recursos que se necesitan con urgencia y que
“volveremos a la bancarrota en el corto plazo”.
En
2016, el Congreso aprobó una ley llamada Promesa que le dio a Puerto
Rico la posibilidad de buscar la bancarrota y creó la junta de
supervisión federal para administrar las finanzas de la isla.
