MIAMI.- Puerto Rico aprobó en el último año
legislación que obstaculiza y dilata el derecho al acceso a la
información pública, mientras que varios periodistas han sido agredidos,
concluyó un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
divulgado este lunes en Estados Unidos.
En el informe
2019 sobre la libertad de prensa en Puerto Rico de la SIP, que celebra
su Asamblea General en Miami (EE.UU), se recuerda que en el ámbito
político se produjeron arrestos y acusaciones de miembros del gabinete
gubernamental por corrupción.
Los escándalos de mala administración, sumados a la
filtración de un chat en el que participaron altos funcionarios del
Gobierno, incluido el ahora exgobernador Ricardo Rosselló, contribuyeron
a su renuncia este verano, así como la de varios de sus ayudantes y
allegados que formaban parte del mismo.
En este
sentido, la SIP recuerda que la filtración de las comunicaciones entre
el gobernador y miembros de su gabinete ocurrió gracias a las
indagaciones y revelaciones de la prensa.
A su vez,
destaca el hecho de que en sus últimos días antes de dimitir
formalmente, Rosselló convirtió en ley, pese a protestas y advertencias
de los medios sobre las consecuencias de estas medidas, la medida de
"Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información
Pública" y la de "Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico".
Ambas medidas "entraron en vigor con efectos contrarios a lo que
intentan sostener sus títulos, añadiendo barreras y obstáculos al acceso
a la información pública por parte de periodistas y ciudadanos",
remarca la SIP en su análisis.
La ley de
transparencia, subraya, permite al Gobierno aplazar la entrega de
documentos públicos durante unos dos meses, mientras que la de datos
creó un portal de internet a través del Puerto Rico Innovation and
Technology Service (PRITS) para publicar información, "pero no propone
método o sistema alguno para solicitar documentos públicos que no sean
los publicados en el portal".
Además, explica,
"expande las excepciones a la obligación de divulgar información pública
y la definición de lo que constituye información confidencial".
La SIP destaca, a su vez, el "rol fiscalizador de la prensa" que,
asevera, se "vio iluminado tras una investigación iniciada en 2018
cuando un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio con 18 cargos
contra tres individuos, incluyendo al director ejecutivo de la Oficina
de Asuntos Gubernamentales del Senado, por presuntamente crear un
esquema de empleados (o contratistas) 'fantasmas', como parte de un
sistema de corrupción y desvío de fondos públicos".
La organización de prensa también recuerda que existe la vía judicial
para -en un procedimiento relativamente rápido - compeler la entrega de
información pública en Puerto Rico.
En este sentido,
recuerda que organizaciones y personas año tras año litigan contra el
Gobierno para compeler la producción de información que se retiene o
protege.
"Tanto así que un juez de instancia expresó
en corte abierta que la práctica del Gobierno de obligar a la prensa a
acudir a los tribunales 'se ha convertido en una norma, un hábito'",
recalca.
Recientemente el Tribunal Supremo tuvo ante
su consideración un caso por daños y perjuicios, violación de derechos
constitucionales, hostigamiento, persecución y difamación entablado en
contra de varios medios por Ana Cacho González, por la cobertura
mediática sobre la muerte sospechosa de su hijo de 10 años en 2010 y
posterior investigación de los hechos.
El Tribunal Supremo resolvió que dicho caso estaba parcialmente prescrito.
La SIP subraya, por último, que aún sigue en vigor el Programa
Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual
de Difusión por los Medios de Comunicación que todavía "presenta retos
para la prensa porque los jueces pueden aplicar de forma desigual o
arbitraria la norma, ya que se conceden permisos caso por caso".
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