SAN JUAN.- Un grupo de bonistas puertorriqueños demandó hoy al Estado Libre
Asociado (ELA) y a varios funcionarios, situación que llevó a la
ministra de la Gobernación, Grace Santana, a sostener que "Puerto Rico
no puede pagarles".
La acción judicial se produce cuando Puerto Rico se aboca a un nuevo
impago de casi dos mil millones de dólares a sus acreedores el próximo 1
de julio, a menos que el Senado de Estados Unidos apruebe la Ley para
la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(Promesa, siglas en inglés), sancionada ya por la Cámara de
Representantes federal.
Los demandantes consideran que la Ley de Moratoria es inconstitucional y no puede aplicarse a las Obligaciones Generales de Puerto Rico emitidas en 2014 porque cedió su soberanía judicial al estado de Nueva York.
"La ley es solo el paso más reciente y flagrante en un plan más amplio para repudiar la garantía de prioridad de pago constitucional", argumentaron en su acción judicial.
La demanda de los bonistas intenta impedir que se ponga en vigor la Ley de Moratoria aprobada en esta isla del Caribe para evitar frenar el pago de la monumental deuda pública de 70.000 millones de dólares.
"La decisión de estos fondos de cobertura de optar por litigar, en lugar de continuar negociaciones de buena fe, demuestra su continua negativa a reconocer la realidad de la crisis fiscal del Estado Libre Asociado", declaró la ministra Santana.
La funcionaria aseguró que este intento por parte de un grupo de fondos buitres de pretender interrumpir la capacidad del ELA de mantener sus operaciones y proporcionar servicios esenciales para sus 3,5 millones habitantes deja claro que el Senado de Estados Unidos debe actuar en cuanto a Promesa antes del 1 de julio.
A la vez que permitirá a la isla reestructurar su deuda, la legislación Promesa conlleva la imposición de una junta de supervisión fiscal integrada por siete personas nombradas por el Congreso y el Presidente de Estados Unidos al gobierno puertorriqueño.
Los demandantes consideran que la Ley de Moratoria es inconstitucional y no puede aplicarse a las Obligaciones Generales de Puerto Rico emitidas en 2014 porque cedió su soberanía judicial al estado de Nueva York.
"La ley es solo el paso más reciente y flagrante en un plan más amplio para repudiar la garantía de prioridad de pago constitucional", argumentaron en su acción judicial.
La demanda de los bonistas intenta impedir que se ponga en vigor la Ley de Moratoria aprobada en esta isla del Caribe para evitar frenar el pago de la monumental deuda pública de 70.000 millones de dólares.
"La decisión de estos fondos de cobertura de optar por litigar, en lugar de continuar negociaciones de buena fe, demuestra su continua negativa a reconocer la realidad de la crisis fiscal del Estado Libre Asociado", declaró la ministra Santana.
La funcionaria aseguró que este intento por parte de un grupo de fondos buitres de pretender interrumpir la capacidad del ELA de mantener sus operaciones y proporcionar servicios esenciales para sus 3,5 millones habitantes deja claro que el Senado de Estados Unidos debe actuar en cuanto a Promesa antes del 1 de julio.
A la vez que permitirá a la isla reestructurar su deuda, la legislación Promesa conlleva la imposición de una junta de supervisión fiscal integrada por siete personas nombradas por el Congreso y el Presidente de Estados Unidos al gobierno puertorriqueño.
