SAN JUAN.- La portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de
Representantes, Jenniffer González Colón, radicó el Proyecto de la
Cámara 2862 para derogar la Ley 21-2016, conocida como la “Ley de
Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico”
“ante la amenaza de convertir el gobierno de la Isla en uno con
tendencias chavistas y castristas”.
“Su inconstitucionalidad, el conferirle al gobernador poderes
totalitarios que irían por encima de la Rama Legislativa y la Rama
Judicial incumpliendo así con la separación de poderes expresa en la
Constitución, el permitir la expropiación sin una justa compensación,
romper acuerdos y contratos son solo algunas de las barbaridades que se
permitirían con la Ley 21-2016 que quebrantarían los cimientos de
nuestro sistema democrático de forma republicana. Esta barbarie hay que
detenerla”, enfatizó González Colón.
Los efectos de la puesta en vigor de la “Ley de Moratoria de
Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico” serían
desastrosos para la economía de Puerto Rico tanto a corto, mediano y
largo plazo, según González.
La portavoz explicó que el otorgarle múltiples poderes al gobernador,
entre ellos la opción de expropiar propiedades a empresas privadas que
se nieguen a continuar prestándole servicios al Gobierno durante una
declaración de emergencia, desalentarán la inversión y causarán una fuga
mayor de capital.
“Esta medida es inconstitucional por tantas razones que no resistirá
el primer embate judicial que enfrente. Por su naturaleza, los procesos
judiciales requieren de tiempo para su resolución, por lo cual esta
medida debe ser derogada inmediatamente. Eso por esto que ayer radiqué,
junto a la delegación del PNP, el Proyecto de la Cámara 2862 derogando
la Ley 21-2016 conocida como la “Ley de Moratoria de Emergencia y
Rehabilitación Financiera de Puerto Rico”, informó la expresidenta
cameral.
“Simultáneamente, estoy presentando enmiendas de manera bipartita
para enmendar la Ley 21-2016. Estas enmiendas buscan excluir de la
declaración de moratorias las obligaciones respaldadas por la “buena fe y
el crédito del gobierno” y aquellas garantizadas con fuentes de recaudo
a través de fideicomisos o el mecanismo de titulación de activos
(securitization), como sería el caso de los bonos de la Corporación del
Fondo de Interés Apremiante (Cofina)”, explicó la portavoz.
Durante el debate de la Ley 21-2016, González Colón presentó estas
enmiendas, que originalmente fueron redactadas por el representante
Rafael Hernández y las mismas fueron derrotadas por el PPD.
“Presentaremos enmiendas adicionales para proteger a los fondos
municipales de ser restringidos por las medidas establecidas en esta
ley”, indicó la Portavoz PNP.
Los municipios son la entidad gubernamental más cercana a los
ciudadanos y brindan una serie de servicios esenciales. En la
actualidad, los municipios tienen que depositar los recaudos del IVU
Municipal y de los impuestos de propiedad mueble e inmueble en distintos
fondos y fideicomisos en el BGF.
“Reafirmamos nuestra preferencia de que se le de paso al P. de la C.
2862 y que se derogue esta ley nefasta de la que prevemos tres
resultados: el impacto inmediato va a ser contra las cooperativas de
ahorro y crédito y las personas retiradas que invirtieron sus ahorros en
bonos del Estado; el segundo efecto van a ser los impagos que
provocarán una lluvia de pleitos judiciales; el tercer efecto va a ser
un ambiente de poca atracción para prestarle a Puerto Rico”, subrayó la
Portavoz PNP.
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