SAN JUAN.- El Gobierno de
Puerto Rico ha allanado el camino con las escasas herramientas que tiene
de cara a su próximo impago de deuda, en previsión de que Washington no
le permita declararse en quiebra antes del 1 de julio.
Mientras, miles de personas se concentrarán hoy en el mayor estadio
de San Juan para protestar precisamente por el proyecto de ley que
prepara Washington para permitir al Gobierno de la isla declararse en
quiebra, a cambio de que se someta al control de una junta federal de
siete miembros que tendrá más poderes que el propio Ejecutivo local.
Aunque el Gobierno boricua también se opone a la imposición de esa
junta -cuyos integrantes serán elegidos por el presidente de EE.UU. sin
que la Fortaleza tenga derecho a voto- la considera un mal necesario
para que Washington le provea una vía legal, similar a la Ley federal de
Quiebras, que le proteja de una avalancha de demandas cuando el 1 de
julio incurra en su próximo impago.
En esa fecha vence deuda por cerca de 2.000 millones de dólares que
el Gobierno ya ha dicho que no puede pagar y que incluyen unos 700
millones en Obligaciones Generales (conocidas en inglés como GO's).
Ese tipo de bonos está garantizado por la Constitución de Puerto
Rico, que establece que su pago será prioritario, por encima de
cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente el Gobierno
de la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo
a lo que el Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.
Aunque el gobernador Alejandro García Padilla lleva toda la semana en
Washington tratando de presionar a los senadores para que aprueben el
proyecto de ley bautizado con el acrónimo de "Promesa" antes del 1 de
julio, hay indicios de que el texto, que ya cuenta con el aval de la
Cámara federal de Representantes, podría tardar en salir adelante.
Por ello, el gobernador ha emitido una orden ejecutiva para prolongar
el estado de emergencia decretado sobre la Autoridad para el
Financiamiento de la Infraestructura (PRIFA en inglés o AFI en español) y
decretar la suspensión de todos sus pagos de deuda, al amparo de la Ley
de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico,
aprobada por el Gobierno el pasado abril.
"Con esta medida, la Administración de García Padilla busca
salvaguardar que el Estado Libre Asociado (ELA) continúe prestando
servicios esenciales a todos los residentes de la isla", explicó la
Fortaleza, sede del Ejecutivo, en un comunicado.
Con esta orden ejecutiva desde hoy queda suspendida toda obligación
de transferir cualquier ingreso a las notas conocidas como BANS (pagarés
emitidos en anticipación de bonos).
La Fortaleza consideró esta medida necesaria "ante la falta de acción
congresional y de un acuerdo voluntario de reestructuración de la deuda
con los acreedores del ELA".
"La crisis fiscal de Puerto Rico y la liquidez del Gobierno han
empeorado, por lo que se ha requerido tomar medidas razonables y
necesarias para garantizar la salud pública, la seguridad, la educación y
el bienestar de los puertorriqueños", apuntó.
Puerto Rico está en recesión desde hace una década y el 45 % de la
población vive bajo el nivel de pobreza, por lo que está registrando el
mayor éxodo de su historia, protagonizado en su mayoría por jóvenes que
emigran a Estados Unidos.
"El escenario económico del país empeora cada vez más, por lo que son
necesarias las acciones tomadas mediante esta orden ejecutiva", resaltó
García Padilla en el comunicado, en el que instó al Senado federal a
que "atienda el proyecto Promesa, ya que, aunque imperfecto, ofrece una
solución con la que podremos hacerle frente a la emergencia fiscal que
atravesamos de cara al 1 de julio".
Sin embargo, esta iniciativa despierta una amplia oposición en Puerto
Rico, donde la imposición de una junta que controle al Gobierno se
considera un acto de colonialismo por parte de Estados Unidos, al tiempo
que se teme que imponga duras medidas de austeridad.
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