WASHINGTON.- El presidente de EEUU, Barack Obama, firmó hoy la ley conocida como "Promesa", por la que se establece un camino para la reestructuración de la
deuda de más de 70.000 dólares de Puerto Rico, así como una junta de
control fiscal sobre los problemas financieros de la isla.
En el Despacho Oval de la Casa Blanca, el
mandatario rubricó la legislación justo antes de que se cumpla este
viernes el siguiente vencimiento de pagos, valorado en 2.000 millones de
dólares.
"El pueblo de Puerto Rico tiene que saber que no
los olvidamos, son parte de la familia estadounidense", dijo Obama al
firmar la ley, en un acto improvisado al que asistió el secretario del
Tesoro, Jack Lew.
"Como consecuencia de su incapacidad de
reestructurar la deuda, hemos visto hospitales incapaces de operar,
ambulancias sin operar, servicios básicos que se suspendían y
trabajadores del Gobierno sin pago. Ha generado enormes dificultades
para el pueblo de Puerto Rico", indicó.
La Casa Blanca ha asegurado que el texto
alcanzado "no es perfecto", pero ha decidido apoyarlo a falta de otro
acuerdo más afín, dado el inminente vencimiento de pagos de este
viernes.
Bajo la nueva ley, la junta de supervisión fiscal
podría anular cualquier ley por parte del Gobierno de Puerto Rico que
considere una violación de "Promesa" y también puede obligar al Gobierno
puertorriqueño a vender activos, fusionar agencias y despedir empleados
gubernamentales.
La junta podría incluso modificar las normas
sobre salario mínimo y compensación de horas extra, además de imponer
sanciones penales por proporcionar información falsa o violar órdenes de
la junta.
Por eso, algunos senadores, como el demócrata
Robert Menéndez o el independiente Bernie Sanders, han calificado la ley
como "colonialista" e "intervencionista" y se han opuesto de manera
frontal al texto.
No obstante, la ley permitirá al Gobierno de
Puerto Rico evitar una dura decisión, dado que parte de los bonos que
vencen este viernes están garantizados por la Constitución de Puerto
Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier
otro gasto público, incluida la financiación de servicios públicos.
Esa elección puede evitarse con la nueva
legislación, que dota a la isla del marco legal necesario para
declararse en quiebra y renunciar al pago de la deuda sin que los
acreedores puedan demandarla ante los tribunales estadounidenses.
Según lo establecido, será el propio presidente
Obama el que ratifique a los miembros de la junta, que serán propuestos
por el Congreso y en la que se espera que haya cuatro republicanos y
tres demócratas
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