SAN JUAN.- La deuda pública de Puerto Rico, que asciende hoy a 70.000 millones de dólares, será auditada tras seis meses de retraso por falta de fondos, revisión que se extenderá a los últimos 45 años.
El sindicalista Roberto Pagán, quien preside la Comisión de Auditoría
Integral del Crédito Público, reveló que, superada además las
dificultades en la designación de sus miembros, asumieron la encomienda
de auditar la deuda pública actual y, como parte de un proyecto piloto,
irán "hacia atrás" para revisar las últimas cuatro décadas y media.
"La Comisión de Auditoría comenzó a operar desde finales de enero, (después de aprobada) la Ley 97 en julio del año pasado, y se supone que para el 1 de agosto estuvieran nombrados los comisionados y comenzaran a trabajar, pero ni el gobernador (Alejandro García Padilla) ni la Legislatura sometieron los nombramientos hasta enero", declaró al diario El Nuevo Día el presidente del organismo.
A su juicio, se perdió un tiempo valioso, "pero no es tarde para usar esta herramienta para darle posibles soluciones a la crisis financiera que atraviesa el país".
Pagán precisó que las primeras transacciones que auditarán serán la emisión de notas de anticipación de impuestos del año pasado por unos 400 millones de dólares y la emisión de bonos de obligaciones generales de 2014, ascendentes a unos 3.500 millones.
Aclaró que por los pasados tres meses, la Comisión de Auditoría operó sin presupuesto, haciendo el trabajo con recursos provistos por sus 16 integrantes, tanto del sector público como del sector privado.
Aclaró que luego de la reciente firma de la Ley 21-2016, a la Comisión se le asignaron dos millones de dólares para sufragar la adquisición de equipos y la contratación de personal técnico y especializado, como abogados y contadores públicos.
"Sometimos un presupuesto de 5,6 millones y nos aprobaron dos millones, pero eso nos da para empezar", dijo al sostener que en dos semanas recibirán los fondos, siempre que el Ministerio de Hacienda pueda hacer el desembolso con la urgencia que se requiere.
Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), recordó que la auditoría de la deuda pública es un reclamo de diversos sectores del país.
Recordó que este es un ejercicio que países como Islandia, Ecuador y Argentina realizaron antes de la reestructuración de sus deudas y la posterior implantación de medidas de revitalización.
"El país no tiene claridad de en qué consiste su deuda y eso es necesario en estos momentos", afirmó el sindicalista.
"La Comisión de Auditoría comenzó a operar desde finales de enero, (después de aprobada) la Ley 97 en julio del año pasado, y se supone que para el 1 de agosto estuvieran nombrados los comisionados y comenzaran a trabajar, pero ni el gobernador (Alejandro García Padilla) ni la Legislatura sometieron los nombramientos hasta enero", declaró al diario El Nuevo Día el presidente del organismo.
A su juicio, se perdió un tiempo valioso, "pero no es tarde para usar esta herramienta para darle posibles soluciones a la crisis financiera que atraviesa el país".
Pagán precisó que las primeras transacciones que auditarán serán la emisión de notas de anticipación de impuestos del año pasado por unos 400 millones de dólares y la emisión de bonos de obligaciones generales de 2014, ascendentes a unos 3.500 millones.
Aclaró que por los pasados tres meses, la Comisión de Auditoría operó sin presupuesto, haciendo el trabajo con recursos provistos por sus 16 integrantes, tanto del sector público como del sector privado.
Aclaró que luego de la reciente firma de la Ley 21-2016, a la Comisión se le asignaron dos millones de dólares para sufragar la adquisición de equipos y la contratación de personal técnico y especializado, como abogados y contadores públicos.
"Sometimos un presupuesto de 5,6 millones y nos aprobaron dos millones, pero eso nos da para empezar", dijo al sostener que en dos semanas recibirán los fondos, siempre que el Ministerio de Hacienda pueda hacer el desembolso con la urgencia que se requiere.
Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), recordó que la auditoría de la deuda pública es un reclamo de diversos sectores del país.
Recordó que este es un ejercicio que países como Islandia, Ecuador y Argentina realizaron antes de la reestructuración de sus deudas y la posterior implantación de medidas de revitalización.
"El país no tiene claridad de en qué consiste su deuda y eso es necesario en estos momentos", afirmó el sindicalista.
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