Puerto Rico recibirá a EE.UU. en amistoso de fútbol

SAN JUAN.- Puerto Rico recibirá a Estados Unidos en un tope amistoso de fútbol el próximo 22 de mayo, informaron hoy fuentes oficiales. Este partido nos cuadra perfectamente el calendario y la preparación de nuestros muchachos de cara a la segunda fase de grupos en la Copa Caribe, dijo en un comunicado el presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, Eric Labrador.

De acuerdo con la fuente, ambas Federaciones acordaron celebrar el choque como preparación de cara a la Copa América Centenario, en el caso de Estados Unidos, y la segunda fase de grupos de la Copa Caribe para Puerto Rico.

Nuestra selección tiene la oportunidad de poder enfrentar en casa a una selección mundialista. Exhortamos a todas las personas amantes del fútbol a que acudan a disfrutar de un gran partido y apoyen a nuestra selección, agregó.

El encuentro se celebrará a las 12:00 (hora local) en el estadio Juan Ramón Loubriel, de Bayamón, municipio aledaño a San Juan, convertido en sede habitual de los partidos de la selección puertorriqueña.

Por su parte, el director técnico del equipo norteño, el alemán Jurgen Klinsmann, se mostró contento por el desafío.

Estamos muy emocionados de poder enfrentar a Puerto Rico en nuestro primer partido de preparación para la Copa América Centenario, indicó.

Klinsmann añadió que será una oportunidad importante para que sus jugadores se mantengan en buena condición física y sigan progresando de cara al duelo inaugural de la Copa frente a Colombia.

Sanders advierte sobre la ira de la clase media en EE.UU.

WASHINGTON.- El senador Bernie Sanders, pre-candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, advirtió hoy sobre la ira de una clase económica, cuyos ingresos se estancan mientras los ricos se hacen más ricos. 

Al volver de un viaje al Vaticano, donde conversó con el Papa Francisco I, el legislador por Vermont señaló que tal escenario económico debe cambiar, en otra crítica al "stablishment" desde sus redes sociales.

De hecho, su visita a la Santa Sede obedeció a una invitación de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales para participar en una conferencia sobre moralidad económica, un "leit motive" en la retórica de este socialdemócrata.

Sanders apela además a púlpitos virtuales como Twitter para socializar su prédica, que insiste en en la urgencia de rechazar por inmoral e insostenible los cimientos de la economía contemporánea.

Firmes las demandas demócratas sobre Puerto Rico y causa común de los líderes de la minoría del Senado

WASHINGTON.- Mientras quedaba en suspenso el proceso legislativo en torno a la imposición de una junta federal de control fiscal sobre Puerto Rico, los  líderes de la minoría del Senado  estadounidense hicieron hoy causa común con el reclamo de sus colegas demócratas de la Cámara de Representantes.

Desde el Senado, una docena de demócratas reafirmaron su reclamo a favor de que el gobierno de Puerto Rico pueda reestructurar toda su deuda. También rechazaron el apartado de la legislación que permitiría la transferencia de terrenos dedicados a la conservación en Vieques y que se reduzca el salario mínimo para los más jóvenes en la Isla.

"Los demócratas del Senado comparten la opinión de que cualquier legislación para resolver esta crisis debe incluir un eficaz proceso de reestructuración que permita que Puerto Rico ajuste toda su deuda. Aunque agradecemos que los republicanos de la Cámara de Representantes hayan reconocido que el Congreso debe actuar rápidamente para abordar esta crisis, la legislación presentada ayer no satisface las expectativas en varias áreas claves", indicaron, entre otros, el líder de la minoría demócrata, Harry Reid (Nevada), y la portavoz en el Comité de Energía y Recursos  Naturales, María Cantwell (Washington).

Los senadores demócratas consideraron además que "pese a las mejoras la junta de supervisión tiene poderes excesivos y una inaceptable estructura de nombramientos".

"Nos oponemos a la incorporación de enmiendas partidistas que debilitan las protecciones para los trabajadores estadounidenses y a otras medidas problemáticas y superfluas, como el traspaso de tierras (en Vieques). La legislación sigue careciendo de protecciones adecuadas para los titulares de pensiones y jubilados. Además, cualquier solución integral a la crisis fiscal en Puerto Rico debe abordar la desigualdad en el cuidado de salud, que si permanece, pone en peligro cualquier recuperación económica real", agregaron.

En su declaración, los demócratas indicaron que   "cada minuto cuenta, e instamos a los republicanos de la Cámara a seguir trabajando de manera bipartidista para mejorar esta legislación y que cuente con el apoyo necesario para ser aprobada por el Senado".

Aunque están en minoría, los demócratas del Senado tienen suficientes votos – 46- de 100-, para bloquear cualquier medida. En el Senado, si un solo senador se opone a un proyecto de ley, se requieren 60 para que pueda ir a votación final.

La declaración la firman también el portavoz adjunto de la minoría, Richard Durbin (Illinois),   Elizabeth Warren (Massachusetts), Ron Wyden (Oregón), Robert Menéndez (Nueva Jersey), Kirsten Gillirband (Nueva York), Richard Blumenthal (Connecticut), Patrick Leahy (Vermont) y Bill Nelson (Florida).

Previamente, la portavoz de la minoría demócrata en la Cámara baja, Nancy Pelosi (California), había mantenido también sus objeciones en torno al proyecto de ley republicano, presentado el martes por el congresista Sean Duffy (Wisconsin).

"Se necesita más trabajo en el corazón de la propuesta republicana para mejorar la formación y el alcance de la junta y agilizar el proceso de reestructuración (de la deuda) para hacerlo funcionar mejor", indicó Pelosi.

'Puerto Rico enfrenta impago ante la inacción del Congreso', dice Paul Ryan

WASHINGTON.- El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, dijo hoy jueves que el Congreso tiene que "poner en orden el caos" en Puerto Rico y evitar que al final los contribuyentes estadounidenses deban rescatar el territorio, que enfrenta una deuda de 70.000 millones de dólares. 

Un panel de la cámara baja canceló una votación el jueves sobre una propuesta de ley que establecería una junta de control, con los republicanos divididos sobre cómo debe responder el Congreso a la crisis económica de la isla. El gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, ha advertido que se necesita aprobar una medida de restructuración de la deuda, en momentos en que se acerca el plazo el mes próximo para un pago de bonos de 422 millones.

Puerto Rico ha dicho que muy probablemente no podrá pagar, lo que sería la primera vez que la isla entra en impago de bonos generales protegidos por la constitución del territorio.

En una conferencia de prensa, Ryan dijo que cree que el Congreso actuará al final, pero que muchos legisladores apenas están conociendo del asunto. Dijo que los representantes republicanos se reunirán el viernes para discutir lo que se debe hacer.

Agregó que una junta de control ayudaría a Estados Unidos a evitarse un rescate del territorio.

"Mi prioridad mayor como presidente de la cámara baja respecto a este asunto es mantener al contribuyente estadounidense alejado de esto", dijo Ryan. "No va a haber un rescate por los contribuyentes". 

Los demócratas han expresado temores de que una junta de control sea demasiado poderosa, con ecos de colonialismo.

La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la propuesta debería incluir una junta supervisora "que sea respetuosa hacia el pueblo de Puerto Rico y que no mine la parte sobre restructuración ni contenga cláusulas que perjudiquen a los trabajadores".

Funcionarios del gobierno de Barack Obama advirtieron en una audiencia el miércoles que la isla enfrenta un colapso financiero total si el Congreso no interviene. Los republicanos admiten la urgencia del asunto, pero han enfrentado resistencia de su propia bancada y de los demócratas.

Puerto Rico ha estado inmerso en un estancamiento económico desde hace un decenio. Los problemas financieros empeoraron como resultado de problemas en la economía estadounidense en general y los gastos gubernamentales en la isla continuaron descontrolados.

Representantes republicanos cancelan una votación sobre el plan para Puerto Rico

WASHINGTON.- Los republicanos de la Cámara de Representantes cancelaron abruptamente el miércoles una votación prevista en una comisión sobre una iniciativa que ayudaría a Puerto Rico a enfrentar su deuda por 70,000 millones de dólares, debido a la oposición de legisladores conservadores.

La votación sobre una propuesta con la que se crearía una junta de control estaba programada para el jueves con carácter de urgencia porque el mes entrante Puerto Rico tiene que pagar un vencimiento millonario de una deuda derivada de bonos.

El gobierno ha dicho que posiblemente incurrirá en un impago, que sería la primera vez que Puerto Rico no cubra bonos de obligaciones generales que están garantizados por la constitución de la isla.

Una portavoz de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes dijo que la sesión del jueves fue cancelada sin que se fijara nueva fecha para realizarla.

El presidente de la comisión, el republicano Rob Bishop, de Utah, dijo que persistía la incertidumbre en ambos partidos y que el gobierno continuaba exigiendo que se hicieran cambios.

"Es injusto que se obligue a todos los miembros a que voten cuando las disposiciones continúan siendo negociadas", afirmó Bishop en un comunicado.

Funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama advirtieron el miércoles durante una audiencia que la isla enfrenta el derrumbe financiero total sin una intervención del Congreso.

El gobernador Alejandro García Padilla ha advertido que es necesaria la pronta aprobación de una medida para una reestructuración de la deuda porque en mayo vence un pago de bonos por 422 millones de dólares.

Los republicanos están de acuerdo en la urgencia del asunto, pero han afrontado oposición al interior de su bancada y de los demócratas.

El proyecto de ley presentado esta semana por la comisión prevé la creación de una junta de control y permitiría a esta instancia facilitar cierta reestructuración de la deuda por orden judicial, aunque no concede a Puerto Rico la autoridad para una bancarrota amplia como pretenden las autoridades de ese territorio estadounidense.

Los demócratas expresaron preocupación de que la junta de control pudiera tener demasiado poder, lo que suscitó reproches sobre colonialismo.

Algunos republicanos conservadores han objetado la reestructuración de la deuda con el argumento de que sentaría un mal precedente. En un intento por satisfacer a esos legisladores, el borrador más reciente del proyecto de ley prevé que los acreedores tengan una mayor participación en los planes sobre la deuda al permitirles decidir en una votación preliminar si aceptarían una reestructuración voluntaria de deuda.

Sin embargo, no fue suficiente. En la audiencia del miércoles, varios republicanos de la comisión se dijeron preocupados de esa reestructuración, lo que haría que careciera de claridad el resultado de la votación del jueves.

"Creo que aquí vamos hacia abajo en una cuesta resbaladiza", dijo el representante republicano Jeff Duncan, de South Carolina.

El representante republicano John Fleming, de Louisiana, también se opuso a la iniciativa y señaló que Bishop había intentado alentar a los miembros de la comisión a que la aprobaran simplemente o se retiraran de la sala durante la votación.

"Pedir que alguien se retire —pedir que alguien falte a una votación— es una solicitud que atenta contra la conciencia de los miembros. La jefatura no tenía que hacer una petición de ese tipo", declaró Fleming, quien anunció que rechazará la propuesta.

La comisión no reaccionó de momento a las declaraciones de Fleming.

La Comisión de Estudios Republicanos de la Cámara de Representantes, un grupo de unos 170 legisladores de tendencia conservadora, había manifestado preocupación sobre las disposiciones para la reestructuración de la deuda.

El representante Bill Flores, de Texas, líder del grupo, dijo que la nueva propuesta había alentado esta semana a los miembros porque consideraba algunas concesiones a los acreedores de la isla, pero el grupo no la había aprobado.

Durante la audiencia, el funcionario del Departamento del Tesoro, Antonio Weiss, dijo era necesario una acción pronta debido a las dificultades que afronta Puerto Rico.

Los partidarios de una junta de control sobre Puerto Rico reúnen más de 3.000 firmas

SAN JUAN.- Los partidarios de que Puerto Rico sea supervisado por una junta federal de control fiscal desde Washington, en el proceso de reestructuración de su millonaria deuda, han reunido más de 3.000 firmas en el portal de peticiones ciudadanas Change.org.

Esta iniciativa, impulsada por el economista puertorriqueño Gustavo Vélez, busca reunir al menos 5.000 firmas en apoyo de la imposición de una junta federal que controle la gestión económica y fiscal de Puerto Rico.

Hasta el momento, la iniciativa cuenta ya con 3.185 firmas y está previsto que el listado de los signatarios sea entregado al Congreso de Estados Unidos en Washington, donde estos días se ultima un borrador de legislación al respecto.

La exposición de motivos de la iniciativa que encabeza Vélez apunta que Puerto Rico enfrenta su peor crisis económica y fiscal desde la fundación del Estado Libre Asociado en 1952.

El economista subraya que la deuda pública de Puerto Rico ronda los 72.000 millones de dólares, que fue degradada a categoría "chatarra" en 2014 y que desde entonces no hay acceso a los mercados de capitales para seguir obteniendo fondos con los que financiar la actividad diaria del Gobierno y la devolución de la deuda.

Por ello, se justifica en la exposición de motivos, se solicita al Congreso de EE.UU. que habilite una junta de control fiscal que "asuma el control total de las decisiones fiscales y económicas necesarias para evitar el colapso de Puerto Rico".

La Junta, continúa, sería un mecanismo transitorio y debería contar con la participación de organizaciones empresariales, profesionales y sindicales de la isla.

Vélez asegura que la naturaleza de la relación política, económica y jurídica de Puerto Rico como Estado Libre Asociado de EE.UU. impone ciertas debilidades y limita el campo de acción del Ejecutivo local.

El economista destaca que el Gobierno local no dispone de los instrumentos que tendría un país soberano para manejar el problema económico, como lo sería una devaluación de la moneda o el acceso a organismos financieros internacionales como el Banco Mundial.

Señala también que la crisis es de tal magnitud que los partidos políticos tradicionales tampoco tienen "la madurez institucional necesaria para poder llegar a los consensos que requerirán las reformas estructurales que la economía necesita para superar el actual nivel de estancamiento".

Por todo ello apuesta por una junta de supervisión fiscal que en su opinión deberá implementar una reforma del aparato gubernamental, que reduzca el tamaño del gobierno, contenga el gasto público e impulse una verdadera reforma contributiva.

Puerto Rico pide normativa para reestructurar deuda que respete su soberanía

SAN JUAN.- La delegación puertorriqueña que viajó a Washington para tratar la reestructuración de la deuda del Estado Libre Asociado pidió a los congresistas normativa legal para resolver el problema y que se respete la soberanía del Gobierno de la isla.

El secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de Puerto Rico, Jesús Manuel Ortiz, dijo que los congresistas estadounidenses “fueron receptivos y se comprometieron” con las peticiones de los representantes de la isla caribeña, durante una conferencia de prensa en la que ofreció detalles de lo ocurrido en Washington.

Ortiz insistió en la idea transmitida desde hace semanas por el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, quien encabezó la delegación en Washington, de que la legislación federal en marcha para permitir la reestructuración de la deuda de la isla debe ir acompañada de mecanismos de control que respeten la soberanía del Ejecutivo local.

El funcionario se refería así al temido sometimiento al control por parte de Gobierno y Legislativo de la isla a una junta federal de supervisión fiscal impuesta por Washington que prevé el anteproyecto del Congreso estadounidense vaya aparejada a normativa para reestructurar una deuda impagable que ronda los 72.000 millones de dólares.

“El ente  en referencia a la junta de control fiscal- debe respetar la democracia de Puerto Rico”, aseguró Ortiz, tras señalar que de otra forma “sería secuestrar los derechos del pueblo”.

Ortiz explicó que la delegación que entre hoy y finales de la presente semana se reunirá con miembros del Congreso para avanzar en el objetivo de que esa cámara legisle sobre la reestructuración de la deuda de la isla insistió en que además de legislación y respeto para la soberanía de las instituciones locales es necesario que se dote a Puerto Rico de mecanismo de desarrollo económico.

Los representantes de Puerto Rico en Washington se dividieron en cinco grupos que mantuvieron encuentros con distintos miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.

El Ejecutivo puertorriqueño difundió un comunicado en el que se detalla que la delegación de la isla incluye al presidente de la Cámara de Representantes local, Jaime Perelló; el vicepresidente ejecutivo de la patronal Asociación de Industriales, Francisco García, y la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Zulmarie Urrutia.

Otros de los representantes de la sociedad puertorriqueña que se trasladaron a Washington son el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Uroyoan Walker; el secretario de Educación, Rafael Román, y Alexandra Lúgaro, candidata independiente a la gobernación de Puerto Rico.

La delegación mantuvo reuniones con los congresistas estadounidenses Grace Napolitano, Thomas Miller McClintock, Paul Cook, William Lacy Clay, Louis Buller Gohmert, Alan Lowenthal, Alex Mooney, Donald Sternoff Beyer, Jody Brownlow Hice, Cresent Hardy y Ryan Zinke.   García Padilla se reunió además con Antonio Weiss, asesor del secretario del Tesoro, Jack Lew, y el director de Asuntos Intergubernamentales de Casa Blanca, Jerry Abramson.

Las reuniones en Washington coincidieron con una conferencia de prensa a cargo del legislador Ángel Rosa, que presentó un informe de la Comisión de Gobierno, Innovación Económica y Eficiencia Gubernamental del Senado de Puerto Rico sobre la propuesta del Congreso estadounidense de una junta de control fiscal.

El informe subraya que la propuesta de la mayoría republicana en el Congreso en Washington no incluye iniciativas que promuevan el desarrollo económico y violenta además los derechos de los puertorriqueños.

Apunta el informe que el borrador del proyecto no cuenta con legitimidad alguna para los puertorriqueños, ya que los miembros del Congreso estadounidense fueron nombrados a través de un proceso en el que los habitantes de la isla no tuvieron ninguna participación.

La delegación puertorriqueña permanecerá en Washington hasta finales de la presente semana.

Designan a Puerto Rico como sitio de prueba en preparación para el Censo del 2020

SAN JUAN.- La Oficina del Censo de los Estados Unidos anunció hoy que tiene planes de llevar a cabo un censo de prueba en áreas seleccionadas de Puerto Rico a partir de febrero de 2017. La Oficina del Censo probará nuevas tecnologías, operaciones y procedimientos para el Censo del 2020 de Puerto Rico. 

La prueba tendrá lugar en tres municipios del área metropolitana de San Juan. Aproximadamente 123,000 unidades de vivienda en Carolina, Loíza y Trujillo Alto participarán en esta prueba.

La Oficina del Censo seleccionó estos municipios porque es probable que los residentes que viven en esas áreas usen una variedad de opciones de respuesta como Internet, dispositivos móviles, cuestionarios en papel y por teléfono. Además, la Oficina del Censo someterá a más pruebas y perfeccionará la operación de recorrido de direcciones.

Realizar esta prueba requerirá contratar a empleados temporales para el censo. La Oficina del Censo empezará a contratar en octubre de 2016. Para entonces, habrá más información disponible en census.gov.

Camino hacia el Censo del 2020

Esta prueba apoya el objetivo del Censo del 2020, que es contar a todo el mundo una vez, solo una vez, y en el lugar correcto. A medida que avanzan las operaciones del Censo del 2020, la Oficina del Censo seguirá mejorando el uso de tecnología móvil, los registros administrativos, las innovaciones de la industria geoespacial y la respuesta a través de Internet sin necesidad de una visita de los empleados del censo. Esta prueba proporcionará información y servirá de guía a nuestra planificación para garantizar un censo preciso.

Para obtener más información, visite census.gov/2017censustests. 

Prueba del Censo de Puerto Rico del 2017
Preparación para el Censo del 2020

La Oficina del Censo de los Estados Unidos está estudiando métodos modernos y de ahorro de costos para que la población ejerza su obligación cívica de ser contada en el Censo de Puerto Rico del 2020. Ya sea a través de la Internet, por teléfono, en cuestionarios en papel o mediante visitas en persona a su hogar, la Oficina del Censo tiene el compromiso de lograr que el conteo obligatorio que se hace una vez cada una década sea rápido, fácil y seguro para que todos participen. La Oficina del Censo lleva a cabo la Prueba del Censo de Puerto Rico del 2017 en preparación para el Censo de Puerto Rico del 2020. La prueba le permitirá a la Oficina del Censo emplear nuevos métodos y perfeccionar procesos que se están considerando para llevar a cabo el censo en Puerto Rico en el 2020.

El propósito de la Prueba del Censo de Puerto Rico del 2017
La Prueba del Censo de Puerto Rico del 2017 le dará una oportunidad a la Oficina del Censo de probar los componentes de nuevas tecnologías para garantizar que estos funcionen de manera independiente y que, en su conjunto, den lugar a una experiencia sin contratiempos para los residentes de Puerto Rico en el 2020. La prueba evaluará la eficacia del recorrido de direcciones y la integración de los métodos de recopilación de datos, principalmente, la recopilación de datos orientada a la respuesta sin necesidad de una visita de los empleados del censo y al seguimiento por falta de respuesta (la operación que se lleva a cabo para visitar en persona los hogares que no respondan al censo). 

La prueba tendrá lugar en tres municipios del área metropolitana de San Juan: Carolina, Loíza y Trujillo Alto.

Objetivos

• Probar el proceso de actualizar y validar las direcciones de Puerto Rico con estructuras de direcciones revisadas. Este proceso, conocido como recorrido de direcciones, ayudará a la Oficina del Censo a preparar una lista completa y exacta y una base de datos espacial para el Censo de Puerto Rico del 2020.
• Evaluar cómo la respuesta por Internet sin necesidad de una visita de los empleados del censo se integra con otros métodos de recopilar respuestas, como un cuestionario por correo y visitas a los hogares, para ofrecer un conteo exacto en Puerto Rico.
• Las formas de recopilación de datos para la prueba (respuesta por Internet, cuestionarios tradicionales en papel y dispositivos móviles usados para el seguimiento por falta de respuesta), para asegurar la eficacia y eficiencia de las operaciones de recopilación de datos que no sean en inglés.

Información sobre contratación
A partir de octubre de 2016, la Oficina del Censo empezará a contratar para posiciones temporales a tiempo completo y a tiempo parcial en apoyo a la Prueba del Censo de Puerto Rico del 2017. Habrá posiciones disponibles en Carolina, Loíza y Trujillo Alto desde febrero hasta julio de 2017. Habrá más información disponible en ese momento.

Para más información, visite census.gov . 

 

PUERTO RICO
La Oficina del Censo llevará a cabo
la Prueba del Censo de Puerto Rico
del 2017 en los municipios
de Carolina, Loíza y Trujillo
Alto. El área de prueba abarca
aproximadamente 123,000
unidades de vivienda.

El Día del Censo es el 1 de abril de 2017.

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Administración de Economía y Estadísticas
Oficina del Censo de los EE. UU.

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El Congreso de EE.UU. da el primer paso hacia el control fiscal de Puerto Rico

SAN JUAN.- El Congreso de Estados Unidos dio hoy un primer paso para asumir el control de las determinaciones fiscales de Puerto Rico, lo que desplazará a un segundo plano al gobierno electo por los puertorriqueños. Después de introducir algunos cambios en la versión original, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal sometió la medida legislativa con la que atenderá la crisis de Puerto Rico, sumido en una deuda de 70.000 millones de dólares.


El organismo que impulsa el Congreso federal asumirá el control de las decisiones fiscales del gobierno puertorriqueño como parte de un proceso que, posiblemente, conduzca a la reestructuración de la deuda pública isleña.

Esto implica que el gobernador y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no podrán obrar como lo han venido haciendo los últimos 64 años, bajo el Estado Libre Asociado (ELA), sino que una junta de cinco miembros nombrados por el Presidente de Estados Unidos.

En la práctica, de aprobarse finalmente el organismo, el ELA quedaría invalidado justo cuando el próximo 25 de julio cumplirá 64 años de establecido por Washington con el fin de hacerle cree a las Naciones Unidas que Puerto Rico había alcanzado su propia soberanía.

El proyecto de ley, identificado con el 4900, será analizado mañana en una audiencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde no existe consenso para su aprobación.

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, dejó ver en la capital de Estados Unidos, donde se encuentra desde el domingo, que el proyecto "es un paso importante en la dirección correcta".

A su juicio, la proyectada Ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico, "recoge varios de los planteamientos con respecto a un enfoque más justo de los poderes de la junta y es un paso importante en la dirección correcta".

"Estudiando el proyecto y cabildeando para que contenga una junta cónsona con las instituciones democráticas del país, provea un régimen de restructuración efectivo que estabilice las finanzas públicas y encamine el desarrollo económico de Puerto Rico", dijo al remarcar las limitaciones de la medida.

El Congreso de EE.UU. decide el control económico de Puerto Rico

SAN JUAN.- El Congreso de Estados Unidos se dispone a decidir el futuro fiscal de Puerto Rico, excluyendo a representantes de la isla, mientras una veintena de funcionarios, líderes políticos y empresarios cabildean hoy en Washington. 

El gobernante puertorriqueño, Alejandro García Padilla, se halla desde el domingo en la capital de la nación norteña a la cabeza de una delegación mixta para intentar persuadir a los congresistas a otorgarle una salida a la crisis fiscal del Estado Libre Asociado (ELA) para hacer frente a su deuda de 70.000 millones de dólares.

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal se dispone a realizar mañana una sesión en torno a un proyecto de ley dirigido a imponer a Puerto Rico, sin la participación de representantes del ELA, una junta de control fiscal.

La exclusión del gobierno puertorriqueño de la audiencia en el Congreso es considerado una gran ironía, porque reafirma que Estados Unidos no reconoce en su terreno los poderes soberanos que por más de 60 años afirmó en las Naciones Unidas que tenía Puerto Rico.

Esto provocó que la administración de García Padilla destine decenas de miles de dólares de sus reducidas arcas para pagar a influyentes cabilderos estadounidenses con el fin de que maniobren en contra del organismo federal tal como se ha concebido en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Esa junta, que podría contar con cinco o siete miembros, estará en control de esta isla del Caribe por encima de las determinaciones que puedan tomar los funcionarios electos, incluido el gobernador.

Se espera que el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Rob Bishop (Utah) presente en la tarde de hoy la legislación, de la que los puertorriqueños solo conocen parcialmente el borrador que se ha filtrado a los medios de comunicación estadounidenses.

De momento, se indicó que la función de la junta federal de control fiscal, que no incluirá ningún funcionario del gobierno de García Padilla, tendría como misión -por los próximos cinco años- manejar las recaudaciones contributivas de los puertorriqueños y ordenar un proceso de reestructuración de la monumental deuda pública isleña.

Pese a que hay discrepancias entre los congresistas, incluso republicanos, en la concepción del organismo de control de las finanzas puertorriqueñas, el Tesoro de Estados Unidos también desea que se establezca una junta con esos fines, según admisión del subsecretario Jacob Lew.

El presidente del Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia, reconoció desde Washington -donde cabildea ante los congresistas- que es muy poca la información que se le ha provisto sobre lo que se proponen hacer.

Bhatia comentó que es posible que la junta federal de control fiscal, que tendrá base en Washington y San Juan, parece que se ampliará de cinco a siete miembros.

El senador puertorriqueño Ángel Rosa destacó, por su parte, que la junta federal usurpa todos los poderes de Puerto Rico y no provee mecanismos para su desarrollo económico.

"Este es un escenario de batalla campal, donde cada uno intenta sacar un pedazo del país", dijo Rosa desde Washington a una emisora local.

El parlamentario caracterizó de "antidemocrática" la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) porque "violaría el principio básico que en Estados Unidos no se pueden poner impuestos sin representación política".

"La junta podría aumentar el impuesto que pagan los puertorriqueños sin la participación de nadie autorizado por el pueblo de Puerto Rico, (por lo que) es la negación de un principio fundamental, razón principal por la cual las 13 colonias (originarias norteamericanas) se rebelaron contra Inglaterra", refirió Rosa.

Al tiempo que cabildea en Washington junto a miembros de su gabinete, legisladores y empresarios para que se limite el poder de la junta federal sobre los asuntos fiscales del país, García Padilla aboga también por el establecimiento de medidas que propendan al desarrollo económico de esta isla del Caribe, desde 1898 una colonia de Estados Unidos.

A la vez, enfrenta en la isla la realidad de que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central) se dirige hacia una insolvencia inevitable, debido a que ya no recibe depósitos de los principales municipios del país -como San Juan, Guaynabo, Carolina y Caguas- ante el temor de que los bonistas embarguen sus activos.

Esto ha llevado al gobernante boricua a decretar una moratoria en el pago de la deuda del BGF, lo que ha sido criticado por sectores independentistas, como la senadora María de Lourdes Santiago, porque se priva de pago a los proveedores de servicios, mientras se cumple con el pago a los bonistas.

El BGF tiene previsto pagar el 1 de mayo próximo 422 millones de dólares y el mes subsiguiente otros 700 millones a los acreedores.