SAN JUAN.- Los partidarios de que Puerto Rico sea supervisado por una junta federal
de control fiscal desde Washington, en el proceso de reestructuración de
su millonaria deuda, han reunido más de 3.000 firmas en el portal de
peticiones ciudadanas Change.org.
Esta iniciativa, impulsada por el economista puertorriqueño Gustavo
Vélez, busca reunir al menos 5.000 firmas en apoyo de la imposición de
una junta federal que controle la gestión económica y fiscal de Puerto
Rico.
Hasta el momento, la iniciativa cuenta ya con 3.185 firmas y está
previsto que el listado de los signatarios sea entregado al Congreso de
Estados Unidos en Washington, donde estos días se ultima un borrador de
legislación al respecto.
La exposición de motivos de la iniciativa que encabeza Vélez apunta que
Puerto Rico enfrenta su peor crisis económica y fiscal desde la
fundación del Estado Libre Asociado en 1952.
El economista subraya que la deuda pública de Puerto Rico ronda los
72.000 millones de dólares, que fue degradada a categoría "chatarra" en
2014 y que desde entonces no hay acceso a los mercados de capitales para
seguir obteniendo fondos con los que financiar la actividad diaria del
Gobierno y la devolución de la deuda.
Por ello, se justifica en la exposición de motivos, se solicita al
Congreso de EE.UU. que habilite una junta de control fiscal que "asuma
el control total de las decisiones fiscales y económicas necesarias para
evitar el colapso de Puerto Rico".
La Junta, continúa, sería un mecanismo transitorio y debería contar con
la participación de organizaciones empresariales, profesionales y
sindicales de la isla.
Vélez asegura que la naturaleza de la relación política, económica y
jurídica de Puerto Rico como Estado Libre Asociado de EE.UU. impone
ciertas debilidades y limita el campo de acción del Ejecutivo local.
El economista destaca que el Gobierno local no dispone de los
instrumentos que tendría un país soberano para manejar el problema
económico, como lo sería una devaluación de la moneda o el acceso a
organismos financieros internacionales como el Banco Mundial.
Señala también que la crisis es de tal magnitud que los partidos
políticos tradicionales tampoco tienen "la madurez institucional
necesaria para poder llegar a los consensos que requerirán las reformas
estructurales que la economía necesita para superar el actual nivel de
estancamiento".
Por todo ello apuesta por una junta de supervisión fiscal que en su
opinión deberá implementar una reforma del aparato gubernamental, que
reduzca el tamaño del gobierno, contenga el gasto público e impulse una
verdadera reforma contributiva.
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