SAN JUAN.- El Congreso de Estados Unidos dio hoy un primer paso para asumir el
control de las determinaciones fiscales de Puerto Rico, lo que
desplazará a un segundo plano al gobierno electo por los
puertorriqueños.
Después de introducir algunos cambios en la versión original, el Comité
de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal sometió la
medida legislativa con la que atenderá la crisis de Puerto Rico, sumido
en una deuda de 70.000 millones de dólares.
El organismo que impulsa el Congreso federal asumirá el control de las decisiones fiscales del gobierno puertorriqueño como parte de un proceso que, posiblemente, conduzca a la reestructuración de la deuda pública isleña.
Esto implica que el gobernador y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no podrán obrar como lo han venido haciendo los últimos 64 años, bajo el Estado Libre Asociado (ELA), sino que una junta de cinco miembros nombrados por el Presidente de Estados Unidos.
En la práctica, de aprobarse finalmente el organismo, el ELA quedaría invalidado justo cuando el próximo 25 de julio cumplirá 64 años de establecido por Washington con el fin de hacerle cree a las Naciones Unidas que Puerto Rico había alcanzado su propia soberanía.
El proyecto de ley, identificado con el 4900, será analizado mañana en una audiencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde no existe consenso para su aprobación.
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, dejó ver en la capital de Estados Unidos, donde se encuentra desde el domingo, que el proyecto "es un paso importante en la dirección correcta".
A su juicio, la proyectada Ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico, "recoge varios de los planteamientos con respecto a un enfoque más justo de los poderes de la junta y es un paso importante en la dirección correcta".
"Estudiando el proyecto y cabildeando para que contenga una junta cónsona con las instituciones democráticas del país, provea un régimen de restructuración efectivo que estabilice las finanzas públicas y encamine el desarrollo económico de Puerto Rico", dijo al remarcar las limitaciones de la medida.
El organismo que impulsa el Congreso federal asumirá el control de las decisiones fiscales del gobierno puertorriqueño como parte de un proceso que, posiblemente, conduzca a la reestructuración de la deuda pública isleña.
Esto implica que el gobernador y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no podrán obrar como lo han venido haciendo los últimos 64 años, bajo el Estado Libre Asociado (ELA), sino que una junta de cinco miembros nombrados por el Presidente de Estados Unidos.
En la práctica, de aprobarse finalmente el organismo, el ELA quedaría invalidado justo cuando el próximo 25 de julio cumplirá 64 años de establecido por Washington con el fin de hacerle cree a las Naciones Unidas que Puerto Rico había alcanzado su propia soberanía.
El proyecto de ley, identificado con el 4900, será analizado mañana en una audiencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde no existe consenso para su aprobación.
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, dejó ver en la capital de Estados Unidos, donde se encuentra desde el domingo, que el proyecto "es un paso importante en la dirección correcta".
A su juicio, la proyectada Ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico, "recoge varios de los planteamientos con respecto a un enfoque más justo de los poderes de la junta y es un paso importante en la dirección correcta".
"Estudiando el proyecto y cabildeando para que contenga una junta cónsona con las instituciones democráticas del país, provea un régimen de restructuración efectivo que estabilice las finanzas públicas y encamine el desarrollo económico de Puerto Rico", dijo al remarcar las limitaciones de la medida.
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