SAN JUAN.- Puerto Rico se prepara para otro impago en julio próximo, tras el
gobernador Alejandro García Padilla detallar la moratoria
correspondiente a 422 millones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
"No se anticipa que tengamos el dinero", dijo el mandatario en una
rueda de prensa en La Fortaleza, sede del Ejecutivo, junto al equipo
económico de su gobierno que trata de mantener a flote el país a pesar
de su impagable deuda pública de 70.000 millones de dólares.
Invitó a los acreedores a sentarse a la mesa a que "negocien de buena fe" después de reiterar lo doloroso que le resultó incurrir en la moratoria del BGF, agente fiscal del gobierno, de cuya deuda vencida en la víspera solo se pagaron 22 millones de dólares en intereses.
Explicó que con 33 millones de dólares en bonos comprados por las cooperativas nacionales se produjo un intercambio de notas, por lo que el impago ascendió a 367 millones de dólares.
García Padilla explicó que de esos, 120 millones de dólares formarían parte de un acuerdo alcanzado en la madrugada con el Grupo Ad Hoc de bonistas del BGF.
En la negociación se acordó que los acreedores tendrán una reducción de 43,75 por ciento del valor de las notas originales, además de un segundo con una disminución de 53 por ciento del valor nominal de los bonos originales.
Para el 1 de julio próximo probablemente García Padilla decrete otra moratoria de cerca de dos mil millones de dólares, de los cuales 700 millones corresponden a bonos de obligaciones generales, garantizados por la constitución del Estado Libre Asociado (ELA), sistema de gobierno imperante desde 1952.
En medio de la situación prevaleciente en Puerto Rico, que parece avanzar irremediablemente al colapso, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, advirtió al Congreso federal que el ELA caerá en un impago masivo de la deuda el próximo 1 de julio si no resuelve los asuntos pendientes en el proyecto HR 4900 que impone una junta de control fiscal.
Law urgió el establecimiento de un mecanismo que permita al gobierno puertorriqueño reestructurar su deuda, que ya a mediados de 2015 García Padilla estableció que era impagable.
El secretario del Tesoro indicó que si no se procede con un "mecanismos de reestructuración y supervisión apropiadas, un rescate financiado por los contribuyentes será el único curso disponible para atender una crisis que va en escalada".
García Padilla ha afirmado que no le interesa un salvavidas pagado por los contribuyentes de Estados Unidos, a la vez que recordó la cuota de sangre que los puertorriqueños han pagado en las guerras de la nación norteña.
El mandatario puertorriqueño aclaró que el pago de la nómina de los empleados públicos está asegurado al momento.
También se propone utilizar parte del dinero disponible para pagar a los proveedores de servicios al gobierno.
El ministro de Justicia, César Miranda, aseguró que se encuentran preparados para responder en los tribunales al aluvión de demandas que se avecinan.
Invitó a los acreedores a sentarse a la mesa a que "negocien de buena fe" después de reiterar lo doloroso que le resultó incurrir en la moratoria del BGF, agente fiscal del gobierno, de cuya deuda vencida en la víspera solo se pagaron 22 millones de dólares en intereses.
Explicó que con 33 millones de dólares en bonos comprados por las cooperativas nacionales se produjo un intercambio de notas, por lo que el impago ascendió a 367 millones de dólares.
García Padilla explicó que de esos, 120 millones de dólares formarían parte de un acuerdo alcanzado en la madrugada con el Grupo Ad Hoc de bonistas del BGF.
En la negociación se acordó que los acreedores tendrán una reducción de 43,75 por ciento del valor de las notas originales, además de un segundo con una disminución de 53 por ciento del valor nominal de los bonos originales.
Para el 1 de julio próximo probablemente García Padilla decrete otra moratoria de cerca de dos mil millones de dólares, de los cuales 700 millones corresponden a bonos de obligaciones generales, garantizados por la constitución del Estado Libre Asociado (ELA), sistema de gobierno imperante desde 1952.
En medio de la situación prevaleciente en Puerto Rico, que parece avanzar irremediablemente al colapso, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, advirtió al Congreso federal que el ELA caerá en un impago masivo de la deuda el próximo 1 de julio si no resuelve los asuntos pendientes en el proyecto HR 4900 que impone una junta de control fiscal.
Law urgió el establecimiento de un mecanismo que permita al gobierno puertorriqueño reestructurar su deuda, que ya a mediados de 2015 García Padilla estableció que era impagable.
El secretario del Tesoro indicó que si no se procede con un "mecanismos de reestructuración y supervisión apropiadas, un rescate financiado por los contribuyentes será el único curso disponible para atender una crisis que va en escalada".
García Padilla ha afirmado que no le interesa un salvavidas pagado por los contribuyentes de Estados Unidos, a la vez que recordó la cuota de sangre que los puertorriqueños han pagado en las guerras de la nación norteña.
El mandatario puertorriqueño aclaró que el pago de la nómina de los empleados públicos está asegurado al momento.
También se propone utilizar parte del dinero disponible para pagar a los proveedores de servicios al gobierno.
El ministro de Justicia, César Miranda, aseguró que se encuentran preparados para responder en los tribunales al aluvión de demandas que se avecinan.
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