Un congresista de Illinois reclama transparencia sobre la junta impuesta a Puerto Rico

SAN JUAN.- El congresista demócrata estadounidense Luis Gutiérrez (Illinois) reclamó hoy que la junta de control fiscal impuesta por Washington al gobierno de Puerto Rico, debe actuar con transparencia en las decisiones que afectarán al pueblo. 

'Estamos demandando a que renuncien a llevar estas reuniones en secreto, que se comprometan a una transparencia y a una gobernanza abierta para que el pueblo de Puerto Rico pueda ser respetado', expresó el congresista de origen boricua a la emisora local Radio Isla.

Además, instó a quienes se oponen al organismo a continuar las manifestaciones, porque 'todavía hay tiempo para resistir y creo que podemos hacerlos de una manera pacífica, no violenta'.

Reveló que se propone enviar una carta a los siete integrantes de la junta de control fiscal designados en la víspera por el Congreso y la Casa Blanca como parte de la legislación Promesa, acrónimo en inglés de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, que pretende reorganizar la impagable deuda pública de 69.000 millones de dólares.

Gutiérrez entiende que posterior a las reuniones que sostengan, los siete miembros de la junta de control fiscal deben realizar conferencias de prensa para divulgar sus resultados.

'Roma nombró a un procónsul como Poncio Pilatos para gobernar sobre las tierras que conquistaban y el procónsul no tenía ninguna obligación de decir lo que estaba haciendo, pero esos días han terminado; los puertorriqueños no son vencidos y no son esclavos', advirtió.

La legislación Promesa, además de permitir las reuniones en secreto de los miembros de la junta, quienes además pueden recibir regalos, por lo que el congresista considera que también deben hacerlo público.

El organismo federal está integrado por los expresidentes del Banco de Fomento Económico (BGF, central) Carlos M. García y José Ramón González; José Carrión III, Ana Matosantos, Arthur J. González, Andrew Biggs y David Skeel, a los que se unirá con derecho a voz el gobernador Alejandro García Padilla o su representante.

Los integrantes de la junta y todos los gastos que conlleve el organismo, serán costeados por el pueblo puertorriqueño.