SAN JUAN.- Una coalición integrada hoy por diversos sectores de la sociedad
puertorriqueña se propone combatir la imposición por el Congreso de
Estados Unidos de una junta federal de control fiscal.
La alianza, integrada por representantes del sector empresarial,
cooperativista, sindical, académico, estudiantil, religioso,
comunitario, ambiental y artístico, entre otros, se propone iniciar un
proceso de militancia sobre lo que implicará para la sociedad
puertorriqueña el organismo federal.
La coalición anticipó que la implantación de la junta federal de control fiscal agravará "la crisis humanitaria" en Puerto Rico, ante su incapacidad para afrontar la deuda pública de 70.000 millones de dólares debido a la insuficiencia fiscal.
En el grupo, entre los que se encuentran también defensores de los derechos humanos, profesionales de la salud y dueños de farmacias de la comunidad, esperan un agravamiento de la situación del país que ha provocado una elevada emigración.
"Esta junta no viene a ayudar al país sino que agravará la crisis humanitaria que ya estamos experimentando", dijo el periodista Jerohim Ortiz Menchaca, portavoz del grupo, quien trabajó hasta hace poco en la Oficina de Prensa de La Fortaleza.
Agregó que la realidad es que esa junta federal no vendrá a investigar el despilfarro de fondos públicos, a enjuiciar políticos y a cuadrar el presupuesto para que los puertorriqueños tengan una mejor calidad de vida.
El organismo de control es impulsado por los republicanos en el Congreso y devolverá a Puerto Rico a una etapa de subordinación similar a la que prevalecía antes de la creación del Estado Libre Asociado (ELA) en 1952.
El proyecto ante la consideración del Congreso propone darle poderes a la junta para disminuir el salario mínimo de 7.25 a 4.25 dólares, sacar cientos de miles de ciudadanos del plan médico del Gobierno, disminuir o eliminar las pensiones de jubilados y quitar derechos laborales a empleados públicos y privados.
La propuesta junta federal de control fiscal igualmente tendrá potestad para eliminar cualquier ley ambiental y hasta vender las mejores tierras agrícolas para la construcción, según la denuncia.
Ortiz Menchaca afirmó que los integrantes de la coalición sienten una profunda frustración por la indolencia de la mayoría de la clase política del país.
"Nosotros como coalición compartimos la frustración, indignación y desconfianza que siente nuestro pueblo hacia la mayoría de la clase política, por eso en los próximos días vamos a presentar soluciones alternas viables, para atajar la crisis económica, la corrupción gubernamental y la falta de transparencia", expresó.
El portavoz de la coalición planteó la necesidad de "sacar a quienes nos trajeron hasta aquí con una junta federal de control fiscal que es como si se tiene un fuerte dolor de cabeza y, como solución, te pegas un tiro en la cabeza".
"Lejos de solucionar nuestros problemas agravará muchísimo la situación que enfrentamos", manifestó Ortiz Menchaca.
La coalición anticipó que la implantación de la junta federal de control fiscal agravará "la crisis humanitaria" en Puerto Rico, ante su incapacidad para afrontar la deuda pública de 70.000 millones de dólares debido a la insuficiencia fiscal.
En el grupo, entre los que se encuentran también defensores de los derechos humanos, profesionales de la salud y dueños de farmacias de la comunidad, esperan un agravamiento de la situación del país que ha provocado una elevada emigración.
"Esta junta no viene a ayudar al país sino que agravará la crisis humanitaria que ya estamos experimentando", dijo el periodista Jerohim Ortiz Menchaca, portavoz del grupo, quien trabajó hasta hace poco en la Oficina de Prensa de La Fortaleza.
Agregó que la realidad es que esa junta federal no vendrá a investigar el despilfarro de fondos públicos, a enjuiciar políticos y a cuadrar el presupuesto para que los puertorriqueños tengan una mejor calidad de vida.
El organismo de control es impulsado por los republicanos en el Congreso y devolverá a Puerto Rico a una etapa de subordinación similar a la que prevalecía antes de la creación del Estado Libre Asociado (ELA) en 1952.
El proyecto ante la consideración del Congreso propone darle poderes a la junta para disminuir el salario mínimo de 7.25 a 4.25 dólares, sacar cientos de miles de ciudadanos del plan médico del Gobierno, disminuir o eliminar las pensiones de jubilados y quitar derechos laborales a empleados públicos y privados.
La propuesta junta federal de control fiscal igualmente tendrá potestad para eliminar cualquier ley ambiental y hasta vender las mejores tierras agrícolas para la construcción, según la denuncia.
Ortiz Menchaca afirmó que los integrantes de la coalición sienten una profunda frustración por la indolencia de la mayoría de la clase política del país.
"Nosotros como coalición compartimos la frustración, indignación y desconfianza que siente nuestro pueblo hacia la mayoría de la clase política, por eso en los próximos días vamos a presentar soluciones alternas viables, para atajar la crisis económica, la corrupción gubernamental y la falta de transparencia", expresó.
El portavoz de la coalición planteó la necesidad de "sacar a quienes nos trajeron hasta aquí con una junta federal de control fiscal que es como si se tiene un fuerte dolor de cabeza y, como solución, te pegas un tiro en la cabeza".
"Lejos de solucionar nuestros problemas agravará muchísimo la situación que enfrentamos", manifestó Ortiz Menchaca.
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