SAN JUAN.- La senadora independentista María de Lourdes Santiago solicitó al
Senado de Puerto Rico que se constituya en comisión total para iniciar
un proceso de interpelación a varios ministros de gobierno.
La petición persigue la obtención de información precisa sobre el
impago a los proveedores de servicios relacionados a niñas y niños
registrados en el Programa de Educación Especial.
Los interpelados serían los ministros de Educación, Rafael Román Meléndez, y de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, así como el viceministro de Educación Especial, Carlos Rodríguez Beltrán.
"La determinación del gobierno de no pagar los servicios ya prestados y la intención de cancelar servicios futuros deja sin terapias a cientos de niños y niñas, lo que ha provocado ya el cierre de los centros de servicio", denunció la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Añadió que muchos de esos lugares constituyen la única fuente de trabajo de decenas de terapistas, que siguieron proveyendo servicios hasta que la situación se hizo insostenible debido a la falta de pago del gobierno.
La administración del gobernador Alejandro García Padilla adeuda miles de dólares a los proveedores de servicios de educación especial debido a la crisis fiscal que enfrenta y a la deuda pública de 70.000 millones de dólares.
Consideró que nada cambiará en la educación especial, que parece no importarle a nadie en la administración gubernamental, mientras los culpables de la violación de derechos no tengan que enfrentar consecuencias personales.
"Si el tribunal escoge cruzarse de brazos, el Senado debe intervenir, porque en estas circunstancias somos el único foro que pudiera auxiliar a nuestras niñas y niños", dijo Santiago, candidata a la gobernación de Puerto Rico por el PIP en las elecciones del próximo 8 de noviembre.
De prosperar la moción sometida por la senadora independentista, los funcionarios deberán entregar en un período de cinco días laborables un desglose de la cantidad de dinero adeudado a los profesionales y corporaciones que prestan servicios a la población de educación especial.
Los interpelados serían los ministros de Educación, Rafael Román Meléndez, y de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, así como el viceministro de Educación Especial, Carlos Rodríguez Beltrán.
"La determinación del gobierno de no pagar los servicios ya prestados y la intención de cancelar servicios futuros deja sin terapias a cientos de niños y niñas, lo que ha provocado ya el cierre de los centros de servicio", denunció la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Añadió que muchos de esos lugares constituyen la única fuente de trabajo de decenas de terapistas, que siguieron proveyendo servicios hasta que la situación se hizo insostenible debido a la falta de pago del gobierno.
La administración del gobernador Alejandro García Padilla adeuda miles de dólares a los proveedores de servicios de educación especial debido a la crisis fiscal que enfrenta y a la deuda pública de 70.000 millones de dólares.
Consideró que nada cambiará en la educación especial, que parece no importarle a nadie en la administración gubernamental, mientras los culpables de la violación de derechos no tengan que enfrentar consecuencias personales.
"Si el tribunal escoge cruzarse de brazos, el Senado debe intervenir, porque en estas circunstancias somos el único foro que pudiera auxiliar a nuestras niñas y niños", dijo Santiago, candidata a la gobernación de Puerto Rico por el PIP en las elecciones del próximo 8 de noviembre.
De prosperar la moción sometida por la senadora independentista, los funcionarios deberán entregar en un período de cinco días laborables un desglose de la cantidad de dinero adeudado a los profesionales y corporaciones que prestan servicios a la población de educación especial.
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