SAN JUAN.- El mayor sindicato de la compañía eléctrica de Puerto Rico demandó al
Gobierno local por la reforma que realiza la empresa pública, la cual
desde hace año y medio negocia con sus acreedores la reestructuración de
su elevada deuda.
La demanda la presentó el martes la Unión de
Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) de la Autoridad
de Energía Eléctrica (AEE), al alegar que el Ejecutivo aprobó el pasado
17 de febrero la Ley de Revitalización de la compañía estatal sin el
pleno conocimiento de los legisladores sobre el contenido.
El
presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, señaló que
la demanda fue presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de San
Juan con varios propósitos, entre ellos denunciar que las cámaras
legislativas aprobaron sin leer.
"La Constitución establece que
todo lo que se va a legislar tiene que ser leído", sostuvo Figueroa
Jaramillo en referencia al proyecto de ley que García Padilla convirtió
en ley en febrero pasado.
"Los legisladores no saben por qué
votaron", alegó el presidente del sindicato, que representa a más de
3.700 trabajadores activos y otros 1.100 jubilados de la estatal
eléctrica, sobre la Ley 4 de 2016 o Ley de Revitalización de la AEE.
De
esta forma, la ley puso fin a un proceso de incertidumbre sobre el
futuro de la compañía, que arrastra una deuda de 9.000 millones de
dólares.
En aquel momento, García Padilla dijo que la nueva ley
"termina con el proceso de transformación de la AEE después de un camino
muy duro que permite reestructurar el 14 % de toda la deuda -de Puerto
Rico- y un ahorro de 1.000 millones de dólares para el Gobierno".
La
AEE alcanzó en diciembre pasado un acuerdo con los dueños del 70 % de
la deuda que implica una tregua de cinco años para el pago de 700
millones de dólares, a cambio de la aprobación de un plan de
reestructuración y modernización de la empresa que garantice su
viabilidad futura.
Según el sindicato, la ley "menoscaba
obligaciones contractuales con el sistema de retiro de los empleados de
la AEE y realiza cambios en las prioridades de esa corporación pública
que resultarían en detrimento de las responsabilidades para con sus
trabajadores y con el servicio al pueblo, imponiendo cargos adicionales
en la factura de la luz a todos los consumidores".
"Es una ley que
aspiramos a que el tribunal pueda revisar responsablemente. Exigimos
que se lleve a cabo una auditoría de la deuda y que se audite lo que se
va a pagar y cómo se va a pagar", dijo Jaramillo.
La demanda de la
Utier denuncia además que la Ley 4 limita el derecho fundamental de los
demandantes y abonados de la AEE al acceso a la justicia y a los
tribunales.
Entre los demandados aparecen la Corporación para la
Revitalización de la AEE, la presidenta del Banco Gubernamental de
Fomento, Melba Acosta; el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza; el
secretario de Estado, Víctor Suárez, y el secretario de Justicia, César
Miranda.
Estos últimos tres aparecen como demandados en su calidad
de miembros de la Junta Directores de la Corporación para la
Revitalización de la AEE.
La Utier que cualquier insolvencia o
ajuste "tiene que salir del bolsillo del consumidor", indicó el
sindicalista, tras asegurar que el sistema de retiro de los empleados de
la AEE "es el mayor acreedor de una deuda" que ronda los 1.700 millones
de dólares.
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