Puerto Rico llevará su crisis al seno de la OEA

SAN JUAN.- El gobierno de Puerto Rico presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) la situación de crisis fiscal, económica y humana que sufre el país y una denuncia de la falta de respuesta del gobierno de Estados Unidos a sus pedidos de ayuda.

La Oficina del Gobernador de la Isla anunció que viajaría a Washington D.C. el secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz González, con el propósito de participar como deponente en la audiencia "Deuda pública, política fiscal y pobreza en Puerto Rico", que se celebrará el lunes 4 de abril a las 11:30 de la mañana durante el período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La comunicación gubernamental sostiene que "el viaje oficial es parte de los esfuerzos de la administración del gobernador Alejandro García Padilla para impulsar una acción inmediata por parte del Congreso de los Estados Unidos a favor de Puerto Rico".

Informa además que la audiencia fue solicitada por 42 organizaciones locales e internacionales.

Puerto Rico enfrenta una severa crisis fiscal que se manifiesta en una deuda pública cercana a los 70.000 millones de dólares y está en la inminencia de un impago de los próximos plazos de ésta, que vencen este próximo verano (boreal).

Dichos pagos totalizan cerca de 1.800 millones y ya el gobierno puertorriqueño ha expresado que no tendrá los fondos para cubrir los mismos, sin sacrificar la oferta de servicios básicos a la población.

Los esfuerzos están dirigidos en estos momentos a lograr algún mecanismo que permita reestructurar esa deuda y posponer al menos parte de esas obligaciones.

Puerto Rico, un estado libre asociado de Estados Unidos, ha realizado múltiples esfuerzos con el gobierno estadounidense para que se legisle dicho mecanismo, pero hasta el momento la mayoría republicana en el Congreso norteamericano ha rechazado todas las propuestas que le ha hecho el Ejecutivo norteamericano y que atenderían parte de los problemas de la Isla.

Su respuesta a los pedidos puertorriqueños es una legislación que contiene un sistema que podría ayudar a reestructurar la deuda, pero que está sujeto a la designación de una Junta de Control Fiscal, designada por el gobierno de Estados Unidos, que tendría poderes absolutos sobre todo el quehacer fiscal de la Isla y sobre todo el funcionamiento gubernamental.

Tal propuesta fue enérgicamente rechazada por el gobernador García Padilla que convocó a un frente amplio del país para combatirla. Su llamado tuvo eco en varios sectores, incluyendo el sector empresarial y el sindical, así como de algunas fuerzas políticas que han expresado también su rechazo a esa legislación.