WASHINGTON.- Decenas de activistas puertorriqueños se manifestaron hoy frente
a la Casa Blanca para demandar la intervención personal del presidente
Barack Obama para ayudar a resolver los que denunciaron como la crisis
fiscal y humanitaria en Puerto Rico.
Al grito de “!Pueblo Sí, Deuda No!” y portar cartelones contra las
medidas de austeridad, los representantes de 42 organizaciones de la
sociedad civil de la isla pidieron de la Casa Blanca destinar a Puerto
Rico el mismo capital política que destinó a los grandes bancos y a
otros países.
“Queremos acción para detener todo el proceso de cobro de deuda,
tanto de los fondos buitres como de los acreedores”, dijo a Notimex la
abogada Ataveira Medina, una de las delegadas de las organizaciones.
“Las medidas que han tomado tanto el gobierno de Puerto Rico como el
gobierno de Estados Unidos atentan contra los derechos humanos en la
medida en que recortan servicios básicos”, señalaron.
Para afrontar el problema de la deuda de más de 70.000 millones de
dólares, el gobierno puertorriqueño dejó de pagar pensiones a
proveedores del gobierno y puso en marcha cierres escalonados y
temporales de escuelas.
Aunque los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron un
proyecto de ley de apoyo a Puerto Rico, que aún debe ser aprobado por
el pleno, condicionaron el apoyo al establecimiento de una Junta
Monetaria que supervise el presupuesto, un plan rechazado por los
manifestantes.
Representantes de los grupos se reunieron el lunes con funcionarios del Departamento del Tesoro.
“Nosotros les hicimos saber que no estamos a favor de ninguna junta,
mucho menos impuesta por el gobierno estadounidense que no conoce ni los
problemas ni la idiosincrasia que hay en Puerto Rico”, señaló el
economista puertorriqueño José Caraballo Cueto.
Durante el encuentro, los funcionarios de Estados Unidos reconocieron
que la Mancomunidad de Puerto Rico está en crisis y expresaron su
disposición a buscar enmiendas a la propuesta de los republicanos,
añadió.
Puerto Rico debe pagar interés por más de tres mil millones de
dólares antes que finalice al año fiscal en junio, por lo que la
legislatura inició un debate para una moratoria de pagos bajo el
argumento de que no hay fondos públicos suficientes para cubrir sus
obligaciones.
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