SAN JUAN.- Un grupo de bonistas titulares de obligaciones generales de Puerto
Rico acusó hoy al gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, de no
querer alcanzar un acuerdo para reestructurar la deuda y, por contra,
preferir una declaración de moratoria unilateral en los pagos.
Para
estos bonistas, agrupados en el conocido como Grupo Ad Hoc, no es
casual que el Gobierno de la isla haya hecho todo lo posible por aprobar
una Ley de Emergencia Fiscal en las últimas horas, lo que ha llevado
incluso a que las negociaciones se prolongaran durante la pasada
madrugada y durante todo este martes.
"No es casualidad que el
gobernador haya buscado la adopción, bruscamente y de madrugada, de la
legislación para la moratoria de la deuda en el mismo momento en que los
grandes tenedores de bonos de obligaciones generales llegaban a la isla
para buscar un acuerdo de reestructuración consensuado con los líderes
políticos de Puerto Rico, con la excepción del gobernador", dijo su
portavoz, Andy Rosenberg.
En unas declaraciones escritas, este
asesor del Grupo Ad Hoc de bonistas de obligaciones generales de Puerto
Rico (instrumentos de deuda soberana de la isla cuyo cobro está
garantizado por la Constitución de la isla) afirma que "el gobernador ha
pasado los últimos nueve meses rechazando todas las propuestas" que le
han presentado.
Añade que su propuesta "daría liquidez adicional a
Puerto Rico mediante, entre otras cosas, el aplazamiento de pagos
importantes de capital", al tiempo que "evitaría un 'default' (impago)
de la deuda constitucional para el 1 de julio".
Esta crítica por
parte de los bonistas surge después de que la pasada madrugada el Senado
de Puerto Rico aprobara un proyecto de Ley que permite al gobernador de
la isla declarar una emergencia fiscal y una moratoria en el pago de la
deuda, incluida la que está garantizada por la Constitución local.
La
llamada Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera está
siendo estudiada hoy por la Cámara de Representantes, con el ánimo de
que el gobernador la pueda firmar cuanto antes.
Según se explica
en su texto, esta medida antepone la continuidad de las operaciones del
Gobierno y la prestación de los servicios esenciales a los ciudadanos,
por delante del pago de las obligaciones derivadas de la deuda de más de
72.000 millones de dólares que asfixia a la Administración
puertorriqueña.
La idea es que la ley permita al gobernador
decretar el aplazamiento en el pago de todos los instrumentos de deuda
de todas las instancias públicas, incluidos los 422 millones de dólares
que el próximo 1 de mayo deberá abonar el Banco Gubernamental de Fomento
(BGF), el brazo financiero del Ejecutivo, que ha caído en la
insolvencia.
La situación del BGF es tan comprometida que esta ley
que debate el Legislativo abre también la vía legal para liquidar el
banco a través de un proceso judicial, y crear un "banco puente"
Es
previsible que la aprobación de esta ley desate la presentación de
nuevas demandas, que se sumaría a la ya presentada el lunes por un grupo
de fondos de inversión que tienen 3.750 millones de dólares en deuda
del BGF y que han pedido la intervención judicial de esa entidad, que
dice tener una liquidez inferior a los 600 millones de dólares.
Esta
intención de declarar una moratoria general sobre la deuda y los
intereses parece materializarse a falta de un mes para que el BGF tenga
que pagar 422 millones y de dos meses para que tenga que abonar otros
780 millones y de tres meses para que acabe el actual ejercicio fiscal.
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