La llegada de una junta de control fiscal despierta el rechazo en Puerto Rico

SAN JUAN.- La proximidad de la imposición de una "junta colonial" de control sobre el Gobierno de Puerto Rico está despertando cierta movilización social en la isla, donde incluso hay quien llama a recuperar la "lucha armada" por la independencia.

La clase política y distintos sectores sociales reaccionaron hoy con rechazo a la previsible llegada de una junta de supervisión fiscal para Puerto Rico nombrada por Washington que por encima del Ejecutivo de la isla tendrá la tarea de reestructurar la descomunal deuda que ronda los 70.000 millones de dólares.

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el miércoles, con varias enmiendas, el proyecto HR 5278 o Ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés).

Para hacerse realidad deberá ahora ser ratificada en la Cámara baja del Congreso estadounidense y el Senado, lo que se piensa que puede suceder durante el próximo mes de junio, aunque no hay fechas concretas todavía.

El líder independentista Rafael Cancel Miranda, quien junto a Lolita Lebrón, Andrés Figueroa Cordero e Irving Flores dispararon dentro del Congreso federal en Washington en marzo de 1954, dijo hoy en una entrevista radial sobre el asunto que ante la imposición de la junta "hay que seguir la lucha por la independencia".

"Esa junta la tienen aquí desde siempre", sostuvo Cancel Miranda, probablemente la figura más importante del movimiento independentista de Puerto Rico de los pasados cincuenta años.

"Cualquier tipo de lucha", dijo al ser preguntado sobre qué medidas habría que tomar ante la junta de supervisión que puede llegar de Washington y que como dijo estará formada por "dictadorcitos".

Cancel insistió en que la junta de supervisión será un seguimiento de lo que ocurre en Puerto Rico desde 1898 (fecha del cambio de soberanía de España a Estados Unido), que en sus palabras ha sido un proceso hacia el control de la vida de los ciudadanos de la isla a través de la "imposición de sus leyes -las de EE.UU.-".

El candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabé, dijo hoy que más de 200 personas se reunieron la pasada noche para coordinar protestas en Puerto Rico y Washington contra la junta de control fiscal.

"Esperamos que haya movilizaciones de protesta para enviar un mensaje claro al Congreso -estadounidense- de que no queremos esa junta", destacó el líder del PPT.

Bernabé se refirió a las más de 200 personas que la pasada noche se reunieron en el Museo de Arte Contemporáneo de San Juan para mostrar su rechazo a la junta.

"Hubo figuras políticas, sindicales de todos los sectores, yo representando a mi partido, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y personas de otros partidos", indicó Bernabé, que aventuró nuevas protestas la próxima semana.

El paso dado el miércoles en Washington sigue hoy provocando reacciones entre la clase política local, como el caso del legislador José Enrique Meléndez, del opositor Partido Nuevo Progresista, que aseguró que el proyecto que crearía una junta de control fiscal es "peligroso y venenoso" para Puerto Rico.

Por parte del gobernante Partido Popular Democrático, el senador Antonio Fas Alzamora sostuvo que la junta "regresa a la época donde España le cedió la soberanía de Puerto Rico a los Estados Unidos", además de eliminar "todos los pasos democráticos que se lograron durante el siglo XX".

La junta de supervisión, en caso de que el proyecto fuera ratificado en las dos cámaras del Congreso estadounidense, tendrá potestad para establecer la política fiscal de Puerto Rico, el control del presupuesto anual y la supervisión en general de leyes que puedan salir del legislativo local.

Legisladores de EE.UU. tachan la nueva ley sobre Puerto Rico de "neocolonialista"

WASHINGTON.- El senador demócrata por Nueva Jersey Robert Menéndez y el congresista demócrata por Illinois Luis Gutiérrez tacharon hoy el proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes de EE.UU. para atajar la crisis de Puerto Rico como un acto de "evidente neocolonialismo".

El texto legislativo, conocido como Promesa, por sus siglas en inglés, fue aprobado por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja tras semanas de negociaciones entre demócratas y republicanos.

Pese a contar con el beneplácito de gran parte de su bancada, Menéndez y Gutiérrez, de origen cubano y boricua, respectivamente, se opusieron hoy al contenido de la legislación, sobre la cual advirtieron que "tendrá profundas consecuencias para la gente de Puerto Rico durante varias generaciones".

"Dije que era necesario que el proyecto de ley contemplara un camino claro para reestructurar la deuda" de la isla, afirmó el senador por Nueva Jersey, quien sin embargo denunció que el panel de control que propone el texto legislativo constituye un acto de "evidente neocolonialismo".

Ambos demócratas insistieron en que dicha junta fiscal no será elegida por los ciudadanos y tomará decisiones sin tener que rendir cuentas a la población de la isla caribeña, lo que a su juicio supone una suerte de "oligarquía virtual" que manejará una deuda que asciende a 72.000 millones de dólares.

"Todo lo que va a hacer esta legislación es eliminar los derechos democráticos de los 3,5 millones de estadounidenses que consideran a Puerto Rico su hogar", añadió el senador.

Asimismo, Menéndez recordó el servicio al país que prestó un gran número de soldados puertorriqueños en las diferentes guerras en las que se vio envuelto Estados Unidos en el siglo XX, para alertar de que la ley Promesa menosprecia las voces de los ciudadanos boricuas pese a haber puesto su vida en peligro por el país.

"Sabemos que tenemos una crisis, pero no tenemos que aprovecharnos de una crisis para aprobar una ley mala. Esperamos que los puertorriqueños no acepten esta legislación y entiendan que se puede hacer mejor", insistió.

Por su parte, Gutiérrez aseguró que "luchará activamente" en la Cámara baja para tumbar el proyecto de ley que, a su juicio, afectará a los puertorriqueños de manera irreparable.

"Los demócratas trabajaron mucho las últimas semanas para lograr que la junta fiscal y la ley en general estuvieran mejor encaminadas, (...) pero aunque se lograron algunas mejoras respecto al texto original, no son suficientes para mí, ni para la gente de Puerto Rico", aseguró el congresista por Illinois.

Gutiérrez insistió en que serán los trabajadores puertorriqueños quienes paguen la deuda que sufre el estado libre asociado de EE.UU., y también quienes corran con los gastos de una junta fiscal que no han elegido y que, sin embargo, velará por los intereses de los bonistas.

"Siempre se habla de lo que Puerto Rico debe, pero ¿cuándo se va a hablar de lo que le debemos a Puerto Rico?", se preguntó el legislador.

"Vamos a trabajar hasta que tengamos un proyecto de ley aceptable y digno para el pueblo de Puerto Rico", insistió Gutiérrez.

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes aprobó el miércoles, con varias enmiendas, el proyecto de ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

Para hacerse realidad deberá ahora ser ratificada en la Cámara baja del Congreso estadounidense y el Senado, lo que se piensa que puede suceder en junio, aunque no hay fechas concretas todavía.

El Senado de Puerto Rico detiene el aumento del IVA que impulsaba el gobernador

SAN JUAN.- El Senado de Puerto Rico aprobó hoy un proyecto de ley que detiene el aumento del Impuesto del Valor Añadido (IVA), del 4 % al 10,5 % y que afectaría a los negocios entre empresas, el conocido (B2B), impulsado por el gobernador de la isla caribeña, Alejandro García Padilla.

La votación del Senado deja sin efecto la subida del IVA por entender que significa un freno para el desarrollo económico y supone un duro golpe para García Padilla, que había vetado el rechazo del Legislativo a su intento de aumentar la liquidez gubernamental gracias a este impuesto.

La Cámara de Representantes había aprobado el proyecto el pasado lunes con 45 votos, lo que hoy fue ratificado en el Senado con el apoyo de 21 legisladores y uno en contra.

El resultado de la votación supone un enfrentamiento entre el Gobierno y el Legislativo, ambos controlados por el Partido Popular Democrático (PPD).

El gobernador apostaba por esta reforma tributaria del aumento del IVA como una forma de mejorar la recaudación en un momento de falta de liquidez que pone en peligro cumplir con los vencimientos de una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares y prestar a la vez servicios básicos a los ciudadanos.

Los legisladores defienden, por su parte, que una mayor carga impositiva supone un freno a la iniciativa empresarial y en definitiva a la mejora en la marcha de la economía.

La decisión de la Cámara alta llega el día después de que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobara el proyecto HR 5278 o Ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico (Promesa, por su sigla en inglés).

La normativa incluye una junta de supervisión fiscal para Puerto Rico nombrada por Estados Unidos que por encima del Ejecutivo de la isla tendrá la tarea de reestructurar la descomunal deuda.

"En momentos donde necesitamos pasos de avanzada, el Senado y la Cámara han elegido perpetuar sistemas que han dejado de responder a las realidades del país", dijo García Padilla en un comunicado tras conocerse la decisión.

Un exgobernador reconoce que EE.UU trata a Puerto Rico como mera colonia

SAN JUAN.- El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá aseguró hoy que el Congreso de Estados Unidos trata a Puerto Rico con "una mentalidad colonial burda" al proponerse legislar una junta federal de control fiscal sobre el gobierno isleño. 

"Los que dicen que esa es la solución, que es inevitable, o que hay que aceptar lo que nos den, son solo el reflejo de lo que motiva esa legislación: una mentalidad colonial burda. Unos tienen esa mentalidad para ejecutarla y otros para aceptarla", dijo al reclamar que se impulse su derrota en el Congreso.

Acevedo Vilá, del gubernamental Partido Popular Democrático (PPD), expresó que la dignidad no tolera puntos medios, la dignidad de un pueblo no se negocia.

"No se trata de reconocer o negar que estamos bajo los poderes plenarios del Congreso y que estamos siendo tratados como una mera colonia, porque una cosa es reconocer esa realidad jurídica y otra es darle la bienvenida al ejercicio colonial", dijo al rechazar el organismo que se impulsa en Washington.

El Congreso federal impulsa legislar una junta de control fiscal de siete miembros integrada por estadounidenses que tendrá potestad para decidir qué se hace con la administración del presupuesto de Puerto Rico para garantizar el pago a los fondos buitres.

A su juicio, esa junta no resuelve nuestros problemas ni atiende el tema de la deuda pública de 70.000 millones de dólares, que ya sabemos que es impagable.

"Es una junta diseñada para responder a los intereses de los fondos buitres con inmunidad total sobre lo que haga, que no solo podrá ordenar cortes presupuestarios para asegurar el pago a los bonistas, sino que podrá vender terrenos y propiedades del pueblo de Puerto Rico sin tener que cumplir con nuestras leyes y reglamentos", dijo Acevedo Vilá.

Recordó que por muchos años, la esclavitud era legal y el amo tenía el derecho de dar latigazos al esclavo, pero eso no significaba que había que aplaudir el ejercicio de ese poder inmoral y abusivo.

El exmandatario pareció enviar un mensaje a sus compatriotas puertorriqueños al sugerir que "si la esclavitud se abolió, fue porque muchos lucharon para denunciar y erradicar lo que era legal".

Denunció que el proyecto que crea la junta federal está escrito para que los únicos que puedan cobrar sean los fondos buitres.

Los demás acreedores del gobierno que son puertorriqueños no tienen vela en ese entierro, ni el transportista o terapista del Ministerio de Educación, ni el arrendador a quien hace más de seis meses que no le pagan, ni el que presta servicios de fumigación, ni el que espera su reintegro del pago excesivo al fisco.

Acevedo Vilá afirmó que si no se logra derrotar el proyecto en Washington, los funcionarios electos en Puerto Rico tienen que desafiarlo.

Rechaza el candidato oficialista el alza de la tarifa eléctrica en Puerto Rico

SAN JUAN.- El candidato a la gobernación por el oficialista Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, rechazó un proyectado aumento en las tarifas de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico.

 "Mi recomendación a la Comisión de Energía es a que evalúe con mucho rigor esta propuesta y se asegure que ninguna ineficiencia se traspase a los abonados con un alza en la tarifa", dijo Bernier al objetar el incremento que se propone hacer la AEE en agosto próximo de 1,3 centavos el kilovatio/hora.

Esta alza representará en la práctica un 10 por ciento en la factura de los hogares puertorriqueños en momentos de una profunda crisis en la economía del país.

La Asociación de Industriales (AIPR) y el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ISCE) también se opusieron al Plan Integrado de Recursos propuesto por la AEE a la Comisión de Energía, a la vez que rechazaron el aumento en la tarifa de energía y en el cargo transicional.

Ambas entidades consideran que el plan propuesto resulta en un aumento exagerado en el costo de la electricidad de aproximadamente 4 céntimos el kilovatio/hora, lo cual equivale a un aumento real de 25 por ciento con relación a la tarifa actual.

"La competitividad y el desarrollo económico de Puerto Rico depende directamente de que se logren reducir los altos costos de energía, por lo que esta es una propuesta que debe trabajarse tomando en consideración el entorno del estado económico actual", dijo Tomás Torres, presidente del ISCE.

La estatal AEE busca garantizar con el alza un acuerdo logrado con los acreedores de su deuda de 9.000 millones de dólares.

Reducen los puertorriqueños sus gastos mensuales debido a la crisis

SAN JUAN.- Los puertorriqueños han reducido significativamente sus gastos mensuales en compra de alimentos, según un estudio divulgado por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) de Puerto Rico. Un adelanto de la Radiografía del Consumidor 2016, que se dará a conocer en su totalidad el 16 de junio, arrojó que el gasto mensual en compra de alimentos es el más bajo de los últimos 10 años.

Los datos demuestran que el 31 por ciento de los consumidores está comprando menos cantidades y un 26 por ciento está seleccionando productos en precios especiales.

Además, el 21 por ciento compra marcas más económicas y el 18 por ciento ha dejado de adquirir ciertos tipos de productos.

Según los datos, el gasto promedio se redujo de 425 dólares a 406 para 2016, el más bajo registrado en la última década, mientras el promedio de visitas a la tiendas se redujo en 4,65 este año mientras que en 2015 la disminución fue de 2,97.

"Estos datos evidencian que el consumidor está comprando lo necesario o lo que puede y en menores cantidades, por lo que realiza más visitas al punto de venta", expresó Mario Rodríguez, presidente del Comité Radiografía del Consumidor de MIDA.

Un 63 por ciento de los encuestados afirmó que planifica más su proceso de compra, lo que contrasta con el 43 por ciento que lo hacía en 2007.

Con una tasa de desocupación de 11,5 por ciento, Puerto Rico enfrenta su peor crisis fiscal del último medio siglo, al tiempo que su economía se encuentra estancada desde hace una década.

Rodríguez dijo que otro dato relevante, es que a pesar del nivel de conciencia que experimenta el consumidor a la hora de comprar, cuán cercano queda el comercio se torna una prioridad a la hora de seleccionar dónde realizar la compra.

El presidente del Senado afirma que EE.UU. golpeará a pobres puertorriqueños

SAN JUAN.- El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, aseguró que la junta federal de control fiscal que aprobará el Congreso de Estados Unidos tiene un carácter antidemocrático y empobrecerá a los puertorriqueños.

 "La imposición de una junta de control fiscal no electa con enormes poderes administrativos y financieros sobre Puerto Rico atenta contra los valores democráticos que hemos aspirado desde tiempos inmemorables: la libertad, el gobierno propio, la dignidad y la igualdad ante la Ley", manifestó desde Washington.

El Congreso federal impulsa la aprobación de la legislación HR 5278, conocido como Promesa por sus siglas en inglés, que establece la junta, por lo que aprovechó para expresar "mi férrea oposición a la última versión del proyecto".

Bhatia, del sector conservador del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), reconoció que la medida representa "otro ejemplo del fracaso del Congreso de Estados Unidos en buscar soluciones a tono con el contexto y las circunstancias de la crisis en nuestra isla".

"En el pasado hemos tomado decisiones imprecisas que nos han llevado al punto en que estamos", reconoció a la vez que no dijo que aun así los problemas "sean exclusivamente resultado de nuestros errores" sin excusar de las suyas al Congreso.

El gobierno propio de Puerto Rico, desde 1952 estado libre asociado (ELA) a Estados Unidos, que lo invadió en 1898, quedará reducido a los designios de la junta federal, que lo devolverá a una relación similar a la existente a principios del siglo pasado, con la excepción de la ciudadanía estadounidense impuesta en 1917.

"Una junta de control fiscal no va a solucionar problemas fundamentales como el nivel de pobreza, al contrario, el mandato es quitarle más dinero a los más pobre y empeorar una economía en ruinas", aseveró Bhatia, quien llamó a luchar para que los senadores de Estados Unidos se opongan al proyecto que se encamina en la Cámara de Representantes.

La junta tendrá poderes como para decidir la distribución de los fondos públicos del gobierno puertorriqueño, dando prioridad al pago de la deuda de 70.000 millones de dólares con los bonistas de Wall Street.

El Gobernador de Puerto Rico somete presupuesto sin préstamos

SAN JUAN.- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, sometió hoy a la Cámara de Representantes un presupuesto para el año fiscal 2016-2017 de 9.100 millones de dólares. 

Representa 700 millones de dólares menos que el vigente, que termina el próximo 30 de junio, y será de "cero préstamo", por lo que dependerá exclusivamente de las recaudaciones del Ministerio de Hacienda, anunció el mandatario en un mensaje por televisión, radio e Internet.

"El próximo año fiscal comienza el 1 de julio y hay que darle a la Asamblea Legislativa el tiempo suficiente; no es un presupuesto deficitario, es un presupuesto balanceado", aseguró García Padilla.

El gobernador estableció que se dispondrá de 209 millones para el pago de intereses con los acreedores de la deuda pública de Puerto Rico, que asciende a 70.000 millones de dólares.

Destacó que pese a que el país se encuentra "en un escenario de incertidumbres", no se reduce dinero de las asignaciones de salud, educación, seguridad pública, agricultura, bienestar social, ni tampoco a las fórmulas de la Universidad de Puerto Rico, la judicatura y los municipios.

Explicó que en el presupuesto se establecen otros 40 millones para las elecciones de noviembre, 25 millones más para el Centro Médico de Río Piedras y "por primera vez en diez años, reservamos 91 millones para atener el flujo de efectivo en Hacienda".

"Es un presupuesto responsable, hay que establecer prioridades, (lo que) cobra relevante importancia en medio de la crisis", adujo.

A modo de denuncia a la anterior administración, García Padilla expresó que "nos dejaron la libreta de pago, pero no nos dejaron los fondos".

"(Debemos) atender las necesidades básicas de nuestra gente sin faltar a nuestra responsabilidad, la prioridad son nuestras familias; yo escojo por nuestra gente", dijo al referir que no hay suficiente dinero para pagar préstamos y también los servicios.

Catalogó de un "soberano acto de irresponsabilidad" aumentar la deuda pública para cubrir gastos, a la vez que consignó que en el mundo los países destinan el 7,0 por ciento a pagar sus deudas, mientras que Puerto Rico necesitaría desembolsar 36,0 por ciento.

El gobernante puertorriqueño insistió en que "hemos hecho claro que no vamos a pagar más de lo que es justo".

García Padilla pidió "desprendimiento patriótico" a la Asamblea Legislativa, ante la cual fue sometido el presupuesto para su aprobación en los próximos días.

Hillary Clinton promete una solución al estatus político de Puerto Rico

SAN JUAN.- La precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton se comprometió hoy a solucionar el estatus político de Puerto Rico de llegar a la Casa Blanca. La promesa de Clinton se produjo cuando se halla en Puerto Rico su rival Bernie Sanders, quien busca el respaldo de los boricuas en las primarias demócratas del próximo 5 de junio, que se realizarán a la par con las de los partidos Popular Democrático (PPD), de gobierno, y Nuevo Progresista (PNP), principal de oposición.

La ex secretaria norteamericana de Estado reiteró también que los ciudadanos deben votar por el presidente de Estados Unidos sin importar dónde residan.

A los puertorriqueños se les impuso en 1917 la ciudadanía estadounidense en vísperas de la Primera Guerra Mundial para que sirvieran en las fuerzas armadas, mas no gozan de los mismos derechos que los radicados en los estados.

"Todos los ciudadanos estadounidenses, no importa dónde residan, deben tener el derecho de votar por el presidente de los Estados Unidos", dijo Clinton, contrario a Sanders que considera que esto debe darse si los puertorriqueños advienen como estado de la nación norteña.

Sanders, que en la noche hablará ante los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras, ha recibido el apoyo del sector soberanista del PPD y de activistas independentistas, un caso inédito en la historia de esta isla del Caribe, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde 1898.

La exsenadora demócrata por Nueva York subrayó que, de alcanzar la presidencia, "trabajaré tan fuerte como me sea posible con el pueblo de Puerto Rico y los defensores de todas las ideologías para contestar la pregunta fundamental de su estatus político".

Es habitual que los candidatos presidenciales norteamericanos hagan tal promesa a los puertorriqueños, incluidos el mandatario Barack Obama, y George Bush, padre e hijo, sin que jamás se materialice.

"El pueblo de Puerto Rico posee una orgullosa historia y un patrimonio distintivo y, como ciudadanos estadounidenses, tienen el derecho que sus voces sean escuchadas en los asuntos críticos que les afectan", dijo Clinton.

Las expresiones de la precandidata demócrata se producen antes de la llegada del expresidente William B. Clinton, quien mañana agotará una agenda proselitista en Bayamón, Cayey y Ponce a favor de la candidatura de su esposa.

Un sindicato denuncia el desmantelamiento de la compañía eléctrica boricua

SAN JUAN.- La estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) será desmantelada bajo el amparo de una supuesta reestructuración para favorecer a los bonistas de Wall Street, denunció hoy la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier). 

El presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, anticipó que el operativo de desmantelamiento comenzará con el cierre a principios de junio próximo de la oficina comercial de servicio al cliente de Ponce, lo que afectará a las personas más necesitadas y vulnerables de esa sureña ciudad.

El dirigente gremial indicó que muchas de las personas afectadas con el cierre residen en las llamadas Comunidades Especiales, denominadas así por su bajo nivel de ingreso.

"Son estos los verdaderos olvidados por los gobiernos a quienes ahora con la excusa de la crisis fiscal, la AEE y el gobierno pretenden arrinconarlos aún mas y encima de eso pedirles el voto", denunció.

Figueroa Jaramillo indicó que al cierre de esa oficina podría sumarse la ubicada en Santa Isabel para moverla a Coamo.

El dirigente obrero enfatizó en que decisiones administrativas como la de estos cierres en la que se insisten en continuar reduciendo con diferentes excusas los servicios al pueblo, es parte de "la mal llamada Ley de Revitalización", cuyo propósito es proteger los intereses de los bonistas de Wall Street.

"Lo que está detrás de estos y otros cierres es crear la inaccesibilidad de los servicios para justificar con la molestia del pueblo la eventual privatización de nuestra primera industria, de la que depende el desarrollo económico de Puerto Rico", afirmó el presidente de la Utier.

Figueroa Jaramillo acusó a políticos como el presidente del Senado, Eduardo Bathia, de alardear de "su intención de dar por bueno de manera descarada el aumento que se prende imponer en la factura de la luz en medio de la crisis, solo para privilegiar el pago a los bonistas".

"Esa admisión de aumento tarifario, indicó, la hizo la propia gerencia de la AEE en días recientes al reconocer que pretenden tomar prestado 111 millones de dólares a cambio del plan para la supuesta revitalización de la corporación pública, el cual incluye un aumento en la factura de luz de unos 22 dólares mensuales para así cumplir con el pago a la deuda de los bonistas", dijo el gremialista.

Manifestó que con el cierre de oficinas se verán afectados, además, empleados de la AEE, especialmente trabajadores afiliados a la Utier, los cuales serán trasladados o sus plazas declaradas excedentes para pasarlas paulatinamente a empresas privadas.

"El efecto mayor y permanente de esos cierres será contra nuestro pueblo", dijo Figueroa Jaramilo al convocar a que "defendamos la AEE como una empresa pública al servicio del pueblo y no de los bonistas o privatizadores".