SAN JUAN.- La estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) será desmantelada
bajo el amparo de una supuesta reestructuración para favorecer a los
bonistas de Wall Street, denunció hoy la Unión de Trabajadores de la
Industria Eléctrica y Riego (Utier).
El presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, anticipó que el
operativo de desmantelamiento comenzará con el cierre a principios de
junio próximo de la oficina comercial de servicio al cliente de Ponce,
lo que afectará a las personas más necesitadas y vulnerables de esa
sureña ciudad.
El dirigente gremial indicó que muchas de las personas afectadas con el cierre residen en las llamadas Comunidades Especiales, denominadas así por su bajo nivel de ingreso.
"Son estos los verdaderos olvidados por los gobiernos a quienes ahora con la excusa de la crisis fiscal, la AEE y el gobierno pretenden arrinconarlos aún mas y encima de eso pedirles el voto", denunció.
Figueroa Jaramillo indicó que al cierre de esa oficina podría sumarse la ubicada en Santa Isabel para moverla a Coamo.
El dirigente obrero enfatizó en que decisiones administrativas como la de estos cierres en la que se insisten en continuar reduciendo con diferentes excusas los servicios al pueblo, es parte de "la mal llamada Ley de Revitalización", cuyo propósito es proteger los intereses de los bonistas de Wall Street.
"Lo que está detrás de estos y otros cierres es crear la inaccesibilidad de los servicios para justificar con la molestia del pueblo la eventual privatización de nuestra primera industria, de la que depende el desarrollo económico de Puerto Rico", afirmó el presidente de la Utier.
Figueroa Jaramillo acusó a políticos como el presidente del Senado, Eduardo Bathia, de alardear de "su intención de dar por bueno de manera descarada el aumento que se prende imponer en la factura de la luz en medio de la crisis, solo para privilegiar el pago a los bonistas".
"Esa admisión de aumento tarifario, indicó, la hizo la propia gerencia de la AEE en días recientes al reconocer que pretenden tomar prestado 111 millones de dólares a cambio del plan para la supuesta revitalización de la corporación pública, el cual incluye un aumento en la factura de luz de unos 22 dólares mensuales para así cumplir con el pago a la deuda de los bonistas", dijo el gremialista.
Manifestó que con el cierre de oficinas se verán afectados, además, empleados de la AEE, especialmente trabajadores afiliados a la Utier, los cuales serán trasladados o sus plazas declaradas excedentes para pasarlas paulatinamente a empresas privadas.
"El efecto mayor y permanente de esos cierres será contra nuestro pueblo", dijo Figueroa Jaramilo al convocar a que "defendamos la AEE como una empresa pública al servicio del pueblo y no de los bonistas o privatizadores".
El dirigente gremial indicó que muchas de las personas afectadas con el cierre residen en las llamadas Comunidades Especiales, denominadas así por su bajo nivel de ingreso.
"Son estos los verdaderos olvidados por los gobiernos a quienes ahora con la excusa de la crisis fiscal, la AEE y el gobierno pretenden arrinconarlos aún mas y encima de eso pedirles el voto", denunció.
Figueroa Jaramillo indicó que al cierre de esa oficina podría sumarse la ubicada en Santa Isabel para moverla a Coamo.
El dirigente obrero enfatizó en que decisiones administrativas como la de estos cierres en la que se insisten en continuar reduciendo con diferentes excusas los servicios al pueblo, es parte de "la mal llamada Ley de Revitalización", cuyo propósito es proteger los intereses de los bonistas de Wall Street.
"Lo que está detrás de estos y otros cierres es crear la inaccesibilidad de los servicios para justificar con la molestia del pueblo la eventual privatización de nuestra primera industria, de la que depende el desarrollo económico de Puerto Rico", afirmó el presidente de la Utier.
Figueroa Jaramillo acusó a políticos como el presidente del Senado, Eduardo Bathia, de alardear de "su intención de dar por bueno de manera descarada el aumento que se prende imponer en la factura de la luz en medio de la crisis, solo para privilegiar el pago a los bonistas".
"Esa admisión de aumento tarifario, indicó, la hizo la propia gerencia de la AEE en días recientes al reconocer que pretenden tomar prestado 111 millones de dólares a cambio del plan para la supuesta revitalización de la corporación pública, el cual incluye un aumento en la factura de luz de unos 22 dólares mensuales para así cumplir con el pago a la deuda de los bonistas", dijo el gremialista.
Manifestó que con el cierre de oficinas se verán afectados, además, empleados de la AEE, especialmente trabajadores afiliados a la Utier, los cuales serán trasladados o sus plazas declaradas excedentes para pasarlas paulatinamente a empresas privadas.
"El efecto mayor y permanente de esos cierres será contra nuestro pueblo", dijo Figueroa Jaramilo al convocar a que "defendamos la AEE como una empresa pública al servicio del pueblo y no de los bonistas o privatizadores".
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