jueves, 21 de julio de 2016

Fondos buitres demandan al gobierno de Puerto Rico

SAN JUAN.- Tenedores de fondos buitres sorprendieron al demandar al gobierno puertorriqueño en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Juan, por presuntamente violar los términos de un rescate del Congreso federal. 

La acción se produce a pesar de la legislación federal Promesa, siglas en inglés de la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico, que tiene el propósito de evitar una lluvia de demandas contra el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA).

Contrario a lo que se plantea en la demanda, el Congreso estadounidense no ha aprobado un rescate para Puerto Rico, aunque en la televisión norteamericana se pasaron mensajes de los fondos buitres inyectando esa idea.

El gobernante puertorriqueño Alejandro García Padilla había advertido la imposibilidad de cumplir con la deuda pública del país de 70.000 millones de dólares, la que actualmente dijo su administración consiguió reducir a 68.000 millones.

Los fondos buitres impugnan en su acción judicial la aprobación por el gobierno del ELA de la Ley de Moratoria y de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, que le permite retener los pagos a los acreedores para dirigir el dinero a atender los asuntos más apremiantes del país.

A juicio de los tenedores de fondos buitres, Puerto Rico está impedido de tomar esta acción antes de que se establezca la junta de control fiscal que conlleva la legislación Promesa, para asumir la administración del presupuesto isleño.

Exgobernador boricua dice que EE.UU aplica un ofensivo poder colonial


LA HABANA.- La aprobación de la ley Promesa constituye el uso más burdo y ofensivo de los poderes coloniales del gobierno de Estados Unidos sobre Puerto Rico, aseguró el exgobernador de esa isla caribeña, Aníbal Acevedo Vilá. 

El exgobernante boricua subrayó que en términos prácticos, la aplicación de La ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), significará "la revocación de los limitados poderes de autogobierno que Estados Unidos le había otorgado a los puertorriqueños".

"Desde la perspectiva de la crisis económica y fiscal que vive Puerto Rico -agregó-, esta ley no va a resolver los problemas de la isla. Simplemente, establece un proceso para asegurar que los "bonistas" (prestamistas) pueden cobrar el máximo de sus acreencias".

Acevedo, que gobernó la isla caribeña de 2005 a 2009, piensa que será difícil predecir o anticipar lo que sucederá en Puerto Rico en un futuro inmediato y recordó que, aunque el Comité de Descolonización de la ONU se ha expresado sobre este tema, la Asamblea General no lo ha vuelto a hacer desde 1953.

En 2008, en su condición de gobernador de Puerto Rico, Acevedo Vilá pidió al Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas que elevara una petición para que la Asamblea General de este foro internacional incluyera en su agenda el caso puertorriqueño.

Ocho años después, el 20 de junio último, Acevedo Vilá testimonió de nuevo ante el Comité de Descolonización, y llamó a la comunidad internacional a "ejercer sus mejores oficios y presionar a Estados Unidos para que inicie a la mayor brevedad posible un proceso de descolonización política y económica de Puerto Rico".

"De la misma forma que no se le podía imponer a un esclavo la responsabilidad de resolver su situación de esclavitud -expresó en esa ocasión-, no se le puede exigir a un pueblo al que se le han negado los más básicos atributos de soberanía para determinar su destino, que asuma la responsabilidad de resolver esa situación a la misma vez que se le niegan los atributos necesarios para actuar".

"Lo más importante -dijo- es que la comunidad internacional ejerza presión para que Estados Unidos se comprometa a terminar con el régimen colonial en Puerto Rico".

Cuestionado acerca del grado de culpabilidad de los diferentes gobiernos establecidos en San Juan con la actual crisis fiscal y la exorbitante deuda pública -72.000 millones de dólares-, a lo que el exgobernador explicó que "es una responsabilidad compartida de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos".

"Durante el periodo en que aumentó significativamente el endeudamiento, el gobierno de Estados Unidos eliminó el beneficio contributivo que recibían compañías norteamericanas de manufactura que invertían en Puerto Rico (sección 936 del Código federal de rentas internas)", explicó Acevedo.

"Eso provocó -añadió- que Puerto Rico entrara en una recesión económica en 2006 de la cual no ha podido salir. En 1998, Puerto Rico tenía cerca de 150.000 empleos en manufactura. Hoy tiene poco más de 80.000".

"Además, el gobierno de Estados Unidos le impone a Puerto Rico leyes y regulaciones, como el uso de la ley de cabotaje, que afectan negativamente la economía de la isla y le impone requisitos en sectores como el de la salud, para los cuales el gobierno de Washington no hace una aportación adecuada al de Puerto Rico", enfatizó Acevedo.

"Eso no quita que en la década de los 90 -insistió-, el gobierno puertorriqueño invirtió en obras de infraestructura majestuosas sin el financiamiento adecuado, lo que inició la crisis de la deuda. A eso se añadió la necesidad de seguir tomando prestado para poder financiar las operaciones básicas del gobierno y no afectar los servicios al ciudadano".

Según Acevedo Vilá, será muy difícil tener una visión ideológica, incluso definir a distancia cuales son las verdaderas intenciones del gobierno de Estados Unidos con Puerto Rico, en medio de la crisis que sacude hoy a la sociedad boricua.

A corto plazo -explicó el exgobernante-, se pueden identificar algunas tendencias y motivaciones, en primer lugar, una clara insatisfacción con el arreglo del status actual; un temor con cuáles serían las consecuencias políticas y legales para Estados Unidos si Puerto Rico se va a la quiebra, y también una presión de parte de los fondos buitres para que Washington intervenga para asegurar que se les pague.

"Más allá de esto, es difícil identificar los propósitos a largo plazo de la administración Obama", sentenció.

Interrogado sobre posibles escenarios y reacciones sociales como respuesta a la imposición estadounidense de la Junta Fiscal, Acevedo Vilá señala que entre las masas populares ya "se están gestionando diferentes actos de protesta, y de parte de las autoridades gubernamentales puertorriqueñas, hay una actitud de compás de espera".

Para el exgobernador, a pesar de las primeras señales de protesta por la imposición de la ley Promesa, todavía "hay mucha incertidumbre y confusión en la población", y en su opinión "se requiere de un cambio profundo en las relaciones económicas y políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos para poder salir de forma efectiva y permanente de la crisis".

Las palabras expresadas en junio pasado por el exgobernador boricua en el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas siguen vigentes hoy: "Estados Unidos tiene que asumir la responsabilidad de resolver la presente situación colonial y hablarle con claridad al pueblo de Puerto Rico".

jueves, 14 de julio de 2016

Puerto Rico nunca vivió un minuto de soberanía / Miguel Fernández Martínez *

Para los que todavía dudan del verdadero status político que tiene la isla de Puerto Rico, con la aplicación de la nueva ley Promesa se reafirmó la condición de Washington como metrópoli colonial en pleno siglo XXI.

La ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), sin el menor respeto a la soberanía y los derechos esenciales de los puertorriqueños y por edicto del gobierno de Estados Unidos, conducirá en lo adelante los destinos de los boricuas.

Sobre la aplicación de esta ley, Prensa Latina entrevistó a José "Tato" Rivera Santana, luchador independentista boricua y portavoz de la Concertación Puertorriqueña contra la Junta de Control Fiscal.

Para Rivera, la imposición por parte del Congreso estadounidense de una Junta de Control Fiscal a Puerto Rico, "constituye un acto de colonialismo puro, sin disfraz y crudo".

"Desde el 1952 existía un gobierno electo por los puertorriqueños que si bien no ejercía poderes soberanos, realizaba funciones administrativas y ocupaba algunos espacios de autonomía como, por ejemplo, en el ámbito fiscal".

"La imposición de la ley Promesa -añade- cierra esos espacios y cercena las principales funciones administrativas del gobierno puertorriqueño. En esencia, será una Junta Imperial compuesta por siete personas quienes tendrán el poder absoluto para decidir sobre el presupuesto, planes fiscales y disponer de todos los bienes y propiedades del pueblo de Puerto Rico".

El activista insiste que el propósito principal de esta Junta es garantizar el pago a los acreedores de la deuda, cuyo monto asciende a más de 70.000 millones de dólares.

"Es el presidente de Estados Unidos quien va a designar a esas siete personas, sin ninguna participación del pueblo puertorriqueño, por lo que se trata de un claro ejercicio antidemocrático y despótico. Además, representa una violación flagrante de los derechos nacionales y humanos de los puertorriqueños", subrayó Rivera.

El luchador independentista subrayó que es importante aclarar que el caso de Puerto Rico no se trata de una neocolonia. "Justamente lo que evidencia la imposición de la Junta Imperial es el carácter clásico de la subordinación colonial a la que Estados Unidos sometió al pueblo

puertorriqueño desde 1898, cuando sus tropas invadieron la Isla en el marco de la Guerra hispano-cubano-americana".

Desde entonces -insiste-, Puerto Rico nunca, nunca, nunca ha vivido un solo minuto de soberanía, un solo día de independencia. Durante esos 118 años de colonialismo estadounidense el imperio practicó la explotación económica, la extracción cuantiosa de la riqueza del país, en la forma clásica que el sistema colonial lo ha hecho dondequiera que se ha impuesto.

"El tema de la descolonización e independencia de Puerto Rico es tema obligado e impostergable. Siempre lo ha sido, sin embargo, ahora adquiere una pertinencia clara y fehaciente ante las actuaciones del gobierno estadounidense", enfatizó.

Rivera asegura que la imposición de una Junta Imperial "evidencia que a los gobernantes estadounidense solo les interesa mantener su dominio colonial sobre Puerto Rico, su absoluto control y poco les importa asumir la responsabilidad de terminar con un régimen colonial que está proscrito por las Naciones Unidas y en especial por su Resolución 1514 XV que reconoce el derecho inalienable de los pueblos a su autodeterminación e independencia".

"Las decisiones van más allá de las expresadas por la Casa Blanca. Ha quedado claro que, tanto el Tribunal Supremo de Estados Unidos, como el Congreso y la Casa Blanca reconocen que Puerto Rico es un "territorio" sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Es decir, una colonia".

"En efecto, las tres ramas del gobierno estadounidense -sin

"sonrojarse"-, han aceptado que le mintieron a la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuando en 1953 alegaron que Puerto Rico había alcanzado un gobierno propio, por lo que no era necesario mantenerlo en la lista de países bajo el sistema colonial", explica.

Antes de que se aprobara la ley que impone la Junta Fiscal -comenta Rivera-, diversos sectores sociales y políticos se organizaron y comenzaron los esfuerzos dirigidos a enfrentar este grave atropello. Se creó una Concertación que viene trazando las acciones y las diversas formas que adquirirá la movilización popular.

El pasado 25 de junio se celebró la primera Asamblea de Pueblo en contra de la Junta y de allí surgió una Declaración que establece la agenda de acción, y su llamado principal es a desobedecer las políticas y actuaciones de la Junta Imperial.

En esa dirección la desobediencia civil será uno de los instrumentos que se utilizarán y, de hecho, ya se está utilizando como medio de expresión y protesta.

La participación de los puertorriqueños que viven en Estados Unidos es parte crucial de la estrategia de lucha, como lo fue en el pasado. Además, será muy importante la denuncia internacional.

También se convocó a los funcionarios gubernamentales a la no colaboración con la Junta impuesta, y a convertirse en defensores del pueblo puertorriqueño.

Otras actividades y acciones formarán parte de la agenda de lucha y sobre todo, como ocurrió en el pasado cuando el pueblo puertorriqueño obligó a la marina de guerra de Estados Unidos a abandonar la isla municipio de Vieques, habrá mucha creatividad.

Rivera confía que, como siempre, la juventud puertorriqueña estará al frente en las jornadas más importantes de la lucha del pueblo contra la dominación colonial.

"Ahora no es la excepción -aclara-. Desde el 28 de junio, los jóvenes organizaron un campamento de desobediencia civil que impide el uso de la entrada principal de lo que se conoce como el Edificio Federal. En éste radican las principales oficinas de las agencias del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico.

El campamento se mantiene a pesar de las amenazas de desalojo de funcionarios de la oficina de los alguaciles federales.

"La voluntad de lucha del pueblo puertorriqueño viene adquiriendo forma y se va a cristalizar en los próximos meses. Este nuevo capítulo de nuestra lucha más que centenaria apenas comienza", sentenció el activista boricua.


(*) Periodista

miércoles, 13 de julio de 2016

S&P degrada la deuda de la corporación pública de acueductos de Puerto Rico

SAN JUAN.- La estatal Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) está hoy en un marco de vulnerabilidad, luego que la casa crediticia estadounidense Standard & Poors (S&P) degradara parcialmente su deuda pública. La acción, en respuesta a la situación de fragilidad en que se encuentra Puerto Rico, coloca 3,4 millones de dólares en bonos emitidos por la AAA de 2008 q 2012 en el nivel especulativo con una clasificación de doble C o triple C menos.
"La degradación se basa en el debilitamiento financiero que presenta el Estado Libre Asociado (ELA) que ha causado un debilitamiento en el perfil de riesgo financiero de la AAA", estableció Theodore Chapman, analista de calificaciones de crédito de S&P Global.

En este sentido destacó la disminución de la liquidez del ente estatal de acueductos, además de las grandes cuentas por pagar que tardará más de una año fiscal para abordar plenamente la gerencia.

Debido a la situación económica de la corporación pública, que forcejea por imponer un alza en el coste de consumo a los abonados, la acción de S&P tomó la decisión.

El informe de la casa crediticia se refiere, además, a la emisión de deuda que desde 2014 pretende hacer la AAA, lo que le ha impedido hacerlo la estrechez fiscal por la que transita Puerto Rico.

Aparte, la corporación pública ha utilizado gran parte de sus reservas de efectivo para pagar las dos líneas de crédito comprometidas.

"La AAA había utilizado históricamente estas líneas como mecanismos de financiación provisionales para los proyectos de inversión aprobados, con la intención de disminuir las líneas de la emisión de deuda a largo plazo", precisó en el informe la S&P.

Aclaró que esto no incluye un requisito de reserva que previamente había sido satisfecha con una línea de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento, central, que se encuentra a punto de la insolvencia.

Marcada por la violencia entrada de Uber a Puerto Rico

SAN JUAN.- La entrada de la empresa Uber a Puerto Rico, sin cumplir con las normas regulatorias, ha estado hoy marcada por la violencia ante la oposición mostrada por los taxistas, quienes deben cumplir con normativas. 

Algunos de los conductores de Uber, un sistema de autoempleo que beneficia con un 25 por ciento del ingreso a la proveedora mexicana de una aplicación, han denunciado a través de las redes sociales que han sido sometidos a agresiones por conductores de taxis.

Los taxistas, que deben cumplir con onerosas imposiciones fiscales anuales para poder operar, se han quejado de la entrada de Uber sin cumplir con los requisitos de ley de Puerto Rico para ofrecer transportación mediante pago.

Hasta ahora las agresiones se han estado limitadas directamente a los vehículos sospechosos de ofrecer la transportación mediante la aplicación tecnológica, que Uber alega han descargado sobre 10 mil personas.

El presidente de la Comisión de Servicio Público (CSP), Omar Negrón Judice, condenó la violencia contra los conductores particulares que ofrecen el servicio alternativo como "totalmente inaceptable e inconsecuente".

"Ante los recientes sucesos en donde algunos supuestos taxistas han recurrido a la violencia para hacer valer sus ideas, la violencia no se puede tolerar ni aceptar", expuso el funcionario en una declaración conjunta con los demás comisionados.

Negrón Judice exhortó a la Compañía de Turismo a que intervenga en esta situación, ya que los incidentes se han producido en áreas de su competencia, como hoteles o el aeropuerto internacional de Isla Verde, en el contiguo municipio de Carolina.

"En la CSP no nos oponemos a la tecnología ni a la innovación; estamos conscientes que Uber aportará al desarrollo económico; no obstante, Puerto Rico se rige por la ley y el orden, y todos debemos cumplir con los parámetros establecidos y Uber no puede ser la excepción", dijo.

El presidente de la Federación de Taxistas de Puerto Rico, Juan De León, consideró que el inicio en la víspera de Uber en el país representa un golpe de Estado.

"Para mí lo que está haciendo esta compañía Uber es un golpe de Estado, es un decreto de guerra a nuestro país", afirmó De León al violar diversas leyes, incluida la que regula a los conductores de servicio turístico.

El portavoz de Uber para el Caribe y Latinoamérica, Luis de Uriarte, dijo que el servicio iniciado hace seis años integra a San Juan a otras 478 ciudades en el mundo en las que mantienen operaciones.

El empresario de nacionalidad mexicana defendió el servicio al sostener que ha revolucionado la industria de la transportación, ya que depende de la tecnología sobre la regulación.

"Tenemos más de 100 regulaciones en el mundo ya, somos una empresa que cumple ya 6 años", expresó sobre el servicio, que depende del autoempleo.

El Gobernador considera que Puerto Rico tiene su mejor opción con ley de EE.UU.

SAN JUAN.- El gobernante Alejandro García Padilla consideró que la legislación estadounidense Promesa brinda a Puerto Rico las herramientas necesarias para la reestructuración de su deuda como antesala a la recuperación económica. 

 "La situación fiscal de Puerto Rico ha estado en el escenario mundial desde hace varios meses; es de conocimiento público que el país no puede pagar la deuda de 70.000 millones de dólares que fue generada por pasadas administraciones y sus acreedores, y por consiguiente, debe ser reestructurada", expresó el mandatario.

García Padilla resaltó, como orador principal de la Quinta Conferencia Anual sobre Finanzas Municipales del Centro Hutchins de la Institución Brookings en Washington, que la crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico trae consecuencias negativas en la vida de los puertorriqueños.

Especificó las circunstancias particulares que desató la crisis fiscal en la isla caribeña, a partir de la contracción en el sector industrial tras la eliminación paulatina por el Congreso federal de la Sección 936, que se prolongó por una década, hasta 2006.

El gobernante diferenció la crisis fiscal de Puerto Rico, que lo colocó al borde de la bancarrota, con las situaciones ocurridas en ciudades o estados de la nación norteña, que cuentan con herramientas provistas por el gobierno federal para facilitar su recuperación.

Esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde hace casi 118 años, atraviesa una de sus peores etapas en las últimas seis décadas, tras establecerse en 1953 el Estado Libre Asociado (ELA), hoy degradado por el Congreso con la legislación Promesa y la corte suprema federal con dos decisiones que le restaron su soberanía.

Pese a este panorama, García Padilla adujo que guiado por su política pública y su visión de un desarrollo económico sustentable para el país, Puerto Rico emprende un nuevo comienzo hacia la construcción de una sólida economía.

"Mi administración actuó con rapidez y adoptó de inmediato medidas de austeridad, recortando el presupuesto y reduciendo gastos", dijo.

Agregó que se retuvieron pagos de reintegros y cuentas por pagar a proveedores por más de dos mil millones de dólares.

"Esto ocasionó que perdiéramos crédito comercial y la capacidad de pagar las deudas, mas inhabilitados de poder declararnos en bancarrota, estábamos desprotegidos y sin capacidad para actuar responsablemente en una fecha crucial", manifestó García Padilla.

Ante ese escenario, el mandatario consideró que la legislación Promesa se convirtió en la única solución para la crisis fiscal de la isla y "las delicadas condiciones de vida que comenzó a experimentar la sociedad puertorriqueña".

Promesa impone al gobierno de Puerto Rico una junta de control fiscal de siete miembros, en la que el gobernador como octavo integrante tendrá una participación pasiva.

Para García Padilla la particular ley federal, que en la práctica representa una sindicatura, brinda las herramientas legales para completar una reestructuración de la deuda pública en beneficio del país y de los acreedores.

"Aunque no es una medida perfecta, ya que crea una junta de control fiscal que atenta contra la democracia de las instituciones del ELA, constituyó la única alternativa a la hora de elegir entre exponer al pueblo a la miseria o la intervención del gobierno federal en nuestra democracia", dijo García Padilla.

lunes, 11 de julio de 2016

La brigada puertorriqueña celebra los 25 años de su primera visita a Cuba

LA HABANA.- La brigada puertorriqueña de solidaridad con Cuba Juan Rius Rivera celebra el aniversario 25 de su primera visita a la isla con un programa de actividades iniciado hoy y que incluye recorridos por varias provincias del país. A su arribo al Campamento Internacional Julio Antonio Mella, en la occidental provincia de Artemisa, los participantes agradecieron la posibilidad de conocer la historia y realidad cubanas y consolidar los nexos de amistad entre ambos territorios.

La directora de la delegación de 118 personas, Milagros Rivera, destacó que el proyecto representa un desafío a las limitaciones de viajes a Cuba decretada por el Gobierno estadounidense, y que afecta a los ciudadanos boricuas debido a la condición de Puerto Rico de Estado Libre Asociado del país norteamericano.

Igualmente, Rivera ratificó la condena al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a La Habana, política vigente desde hace más de medio siglo.

Por su parte, Fernando González, vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, reafirmó el compromiso de su nación con la independencia de Puerto Rico y la excarcelación de Oscar López, quien permanece prisionero en Estados Unidos desde 1981.

El funcionario rememoró que los lazos de hermandad entre las dos naciones se remontan al siglo XIX, cuando el Héroe Nacional de Cuba, José Martí, promovió la liberación tanto de su país como del territorio puertorriqueño.

Como parte de este viaje, la brigada realizará visitas a las provincias de Villa Clara, Camagüey, Holguín, Granma y Sancti Spíritus, un periplo durante el cual ofrecerán su aporte productivo en áreas agrícolas, dialogarán con campesinos, jóvenes y trabajadores, y conocerán las experiencias de proyectos comunitarios.

Los participantes también entregarán la medalla de la dignidad a deportistas cubanos que protagonizaron en 1966 la travesía marítima rumbo a los X Juegos Centroamericanos y del Caribe con cita en Puerto Rico, ante la negativa del gobierno norteamericano que impedía a los atletas de la mayor de las Antillas participar en el evento.

Además, los miembros del grupo celebrarán el 90 cumpleaños del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, a quien obsequiarán el cuadro Soldado Invicto de la artista plástica y también integrante de la delegación, Ivonne Rivera.

La brigada, que viaja a este país de manera ininterrumpida desde 1991, concluirá su visita el 27 de julio, y una parte de ella asistirá al VIII Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba a celebrarse en República Dominicana del 28 al 30 de julio.

sábado, 9 de julio de 2016

Proponen la liquidación del banco central de Puerto Rico

SAN JUAN.- El candidato a la gobernación de Puerto Rico por el oficialista Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, sugirió la revalorización de los activos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central) para su liquidación. "El BGF está incapacitado para prestar y tomar prestado, por lo que su modelo corporativo está agotado", dijo el otrora ministro de Estado de la administración del gobernador Alejandro García Padilla.
Bernier expuso que la dimisión de Melba Acosta Febo a la presidencia de la institución financiera y de la mayor parte de la junta de directores demuestra que "está en una posición inoperante, por lo cual debemos concluir con sus funciones".

"Mi propuesta consiste en nombrar un síndico para evaluar los activos y deudas antes de comenzar cualquier proceso de liquidación del BGF", indicó.

El aspirante a la gobernación de Puerto Rico por el PPD en las elecciones del próximo 8 de noviembre manifestó que para dar ese paso, es preciso analizar cuáles son los activos convertibles, los cuales se harán líquidos para pagar la deuda del BGF.

La deuda del organismo financiero asciende a cinco mil millones de dólares, lo que representa cerca del 7,0 por ciento de la deuda pública del país, ascendente a 70.000 millones.

Bernier argumentó que una vez el BGF entre en sindicatura para preservación de activos, podremos continuar el proceso de negociación voluntaria con el resto de los acreedores en un marco en el cual el peso de la deuda con respecto a la economía se habrá reducido de forma importante.

Consideró que lo sustancial en este proceso es poner énfasis en que la liquidación de activos tiene que ocurrir en mejores condiciones del mercado, para evitar recortes al principal de los acreedores locales y del exterior.

Sobre la posibilidad de que el país se quede sin su agente fiscal, Bernier expresó que la Ley 21 de 2016 crea la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, ente que asumiría las responsabilidades del BGF.

jueves, 7 de julio de 2016

Destituyen al presidente de la Universidad de Puerto Rico por el otorgamiento irregular de becas

SAN JUAN.- El presidente de la estatal Universidad de Puerto Rico, Uroyoán Walker Ramos, fue destituido hoy de modo fulminante por la junta de gobierno en medio de un escándalo por el otorgamiento irregular de becas. La medida extrema se produjo luego de una reunión del subcomité que investigó la concesión de las becas presidenciales de la UPR, que al determinar irregularidades en el proceso retiró la confianza a Walker Ramos.
En reemplazo interino del despedido presidente quedó designada Celeste Freytes.

El organismo concluyó que varios funcionarios universitarios cuestionados "se apartaron del proceso requerido e incurrieron en desviaciones a los niveles de competencia, poniendo en entredicho la confianza institucional".

De este modo también se recomendó que fueran apartados de sus cargos el rector del recinto de Río Piedras, Carlos Severino Valdez, y el decano de Estudios Generales, Carlos Rodríguez Fraticelli.

La vicepresidenta de Asuntos Académicos, Delia Camacho, y a la decana de Asuntos Académicos del recinto de Río Piedras, Palmira Ríos, dimitieron previo a las recomendaciones del subcomité que realizó la pesquisa.

La destitución del presidente Walker Ramos se produjo luego de que anunciara que no renunciaría a su cargo.

El rector Severino Valdez aclaró que no dejará su puesto hasta tanto reciba una notificación formal.

En el informe de cerca de ocho mil páginas se establece que hubo acciones contrarias a los reglamentos, por lo que se recomendó una investigación, esta vez por los estamentos correspondientes de la universidad pública y que se someta a interrogatorio a los involucrados.

El informe del subcomité será remitido la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la Oficina de la Contralora y al Departamento de Justicia, por lo que podría surgir imputaciones criminales.

La comisión investigadora, integrada por los abogados Samuel Céspedes Soto, Dora Monserrate Peñagarícano y Juan Casillas Fernández, presentó en la reunión ordinaria del pasado 27 de junio su informe a la junta de gobierno sobre las irregularidades con las becas presidenciales.

De acuerdo con informes periodísticos, los estudiantes Carlos Pagán, Arturo Ríos y Mónica Sánchez fueron favorecidos ante otros alumnos durante el proceso de otorgamiento de la beca, que les permite sufragar sus gastos para estudios de posgrado y les garantiza al final puestos de profesores en la UPR.

Los estudiantes fueron favorecidos mediante recomendaciones del rector del recinto de Río Piedras, que acogió Walker Ramos, antes de que se abriera una convocatoria a los rectores del sistema y a los demás estudiantes.

La convocatoria empezó el 3 de julio del año pasado y cerró dos semanas después, aunque las recomendaciones a estos estudiantes ya estaban hechas desde marzo, debido a una extensa red de influencias.

Ríos fue asesor del gobernador Alejandro García Padilla; Pagán, ayudante del expresidente de la UPR Antonio García Padilla -hermano del mandatario y quien participó del comité de consulta que nominó a Walker Ramos como presidente- y Sánchez es sobrina del entonces presidente de la junta de gobierno, Jorge Sánchez, quien renunció en medio del escándalo.

Ríos indicó que la propia esposa de Walker Ramos, Elvia Camayd, ya se había beneficiado de esta beca presidencial luego que un decano del Recinto de Mayagüez, Moisés Orengo, entre otros, la recomendase.

Cuando Walker Ramos llegó a la presidencia de la universidad pública, Orengo fue nombrado rector del recinto de Carolina, municipio contiguo a San Juan, y además se le permitió vivir en la Casa Manrique, ubicada en el Jardín Botánico de Río Piedras y reservada para uso del presidente y actos oficiales.

Dimite la responsable de finanzas de Puerto Rico y negociadora de la deuda

SAN JUAN.- Melba Acosta, máxima responsable de la política financiera de Puerto Rico y principal negociadora de la reestructuración de la deuda pública, presentó su dimisión una semana después de que Washington aprobara la imposición de una junta de control sobre el Gobierno de la isla.

Así lo anunció hoy el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, que, sin ofrecer detalles sobre los motivos de la renuncia, apuntó que se hará efectiva el próximo 31 de julio y agradeció el trabajo y la entrega de la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) durante estos difíciles años.
"En los tres años y medio que Melba ha colaborado en mi Administración, tanto en el Departamento de Hacienda como en el BGF, ha hecho una contribución enorme para que logremos recuperar el camino de la responsabilidad fiscal en el país", dijo el gobernador en un comunicado.
Añadió que Acosta llegó al Gobierno "en un momento crítico para las finanzas públicas de Puerto Rico" y desde entonces mostró un "empeño profundo para sacarlo de la crisis fiscal".
Así, detalló como hitos en su trabajo "su visión para modernizar a Hacienda, el estudio de KPMG para lograr un mejor sistema contributivo para los puertorriqueños, las medidas para estabilizar la liquidez del BGF, su colaboración en el Plan de Ajuste Fiscal, la encomienda del Plan Krueger, la Ley de Moratoria y su perseverancia en lograr un acuerdo voluntario con nuestros bonistas".
Añadió que a lo largo de sus casi doce años en el servicio público, Acosta "siempre ha demostrado una gran tenacidad y una dedicación genuina en todo lo que hace".
"Puerto Rico necesita más servidores públicos como ella. Sé que para ella el camino no ha sido fácil, y por eso, y a nombre de todos los puertorriqueños, le reitero mi agradecimiento y le deseo el mayor de los éxitos en su carrera futura", concluyó García Padilla.