Protestan jóvenes contra la junta fiscal ante el edificio federal en Puerto Rico

SAN JUAN.- Sobre un centenar de jóvenes iniciaron hoy una protesta frente al edificio de Estados Unidos en el sector capitalino de Hato Rey para repudiar el establecimiento de una junta de control fiscal sobre Puerto Rico.

La manifestación, que se transformó en una vigilia hasta mañana, surgió de forma espontánea luego de que el Senado de Estados Unidos aprobara 68-32 el debate en torno a la legislación Promesa, nombre que corresponde a las siglas en inglés de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico.

La protesta ha reunido a representantes de diversos movimientos políticos y sociales, en particular de Junte Contra la Junta, Movimiento Socialista de Trabajadores y el brazo juvenil del Partido del Pueblo Trabajador (PPT).

"Nuestro planteamiento no sólo es antijunta, sino anticolonialista, que nos proponemos comenzar a construir un proyecto de país", expresó Roberto Thomas, portavoz de Junte Contra la Junta.

Explicó que es necesario que los puertorriqueños comiencen a trabajar juntos en la construcción de "un proyecto social, justo, equitativo y de igualdad entre los géneros".

Thomas anticipó que Puerto Rico experimentará protestas en diversos lugares como resultado de la imposición de la junta de control fiscal, cuyo proyecto Promesa se espera sea sancionada este jueves por el Senado federal y que el presidente Barack Obama la firme de inmediato ante el impago este viernes de cerca de dos mil millones de dólares a los acreedores del gobierno puertorriqueño.

"Estamos protestando por las implicaciones que tendrá la junta, sobre todo en la gente joven", afirmó la maestra Sonia Isis, de 26 años, al destacar que lo que espera a los jóvenes puertorriqueños es "cobrar menos por su trabajo, dificultades para estudiar debido al aumento en el costo de la matrícula de la universidad pública y mayores dificultades".

La joven consideró que la junta fiscal no viene a resolver los problemas de Puerto Rico, sino a limitar las posibilidades del pueblo, que habrá de enfrentar carencias en los asuntos básicos, mientras aumenta la luz, el marbete de los autos y el agua potable.

"Esto va a afectar a la gente trabajadora y pobre, mientras los políticos se roban hasta los clavos de la cruz, por lo que hay que pelear en la calle", argumentó Isis, quien cargaba junto a otra joven una manta en la que establecía "No a la junta de control fiscal".

Un grupo de miembros del Movimiento Socialista de Trabajadores denunciaba en otra pancarta "Los bonistas se enriquecen, mientras el pueblo empobrece. No a la junta de control fiscal, no a la colonia capitalista".

"La gente antes que la deuda", "El problema no es la junta, es la colonia", "La democracia murió o ¿es que nunca existió?" y "No a la junta fiscal, Âídespierta boricua" proclamaban varias pancartas que cargaban distintos jóvenes manifestantes, particularmente mujeres.

La activista social Amárilis Pagán, candidata a senadora por el PPT, afirmó que "una cosa es saber que se iba a aprobar (la junta fiscal) y otra cosa es ver que es una realidad".

"Escuchar lo que se estuvo hablando en el Senado durante el día es de las cosas más humillantes que una puede ver como pasó en la Cámara. La insistencia en decir que necesitamos que venga alguien de fuera a tomar decisiones por nosotros y nosotras", expresó en tono molesto la también abogada.

Pagán reconoció que muchas personas quieren la imposición de la junta porque "por años en nuestro país se ha sembrado la idea de nuestra incapacidad y la manera que los líderes que hemos elegidos para los puestos políticos han hecho lo que han querido sin una democracia realmente participativa".

La seguridad frente al edificio federal en el sector de Hato Rey fue reforzada por la Policía, aunque el teniente Cipriano Arnau aclaró que actuaban por iniciativa propia al conocer de la protesta.

La alcaldesa capitalina de Puerto Rico llama a construir un nuevo país

SAN JUAN.- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, llamó hoy a construir un nuevo país "en resistencia y lucha", ante la imposición por Estados Unidos de una junta de control fiscal a Puerto Rico. 

Cruz Soto, electa en la boleta del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), tomó prestada la frase la frase del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera, quien lleva 35 años encarcelado en la nación norteña, para repudiar la firma por el presidente Barack Obama de la legislación Promesa.

"Una cosa es cuando la injusticia se mira desde lejos, cuando le toca a otro, cuando uno piensa que eso no me va a pasar a mí; lo otro es vivir con la injusticia, con la discriminación y con el colonialismo entre cuero y carne: no hay forma de evitarlo, ni disimularlo, hay que enfrentarlo", expresó la alcaldesa de la capital puertorriqueña ante la reiterada pregunta de ahora qué hacer, luego de aprobada Promesa.

La legislación estadounidense, que impondrá una junta de siete miembros nombrados por el Congreso y el Presidente de Estados Unidos, permitirá la reestructuración de la deuda pública de esta isla del Caribe, ascendente a 70.000 millones de dólares.

"Con la injusticia no se negocia, no se buscan justificaciones y no se buscan acomodos", subrayó la alcaldesa, del ala soberanista del PPD.

Cruz Soto argumentó que "hay muchas formas de resistir: se reclama trato digno, se denuncian las injusticias, se levanta la voz ante foros internacionales, se hace desobediencia pacífica y se trabaja duro para demostrar que se pueden hacer bien las cosas".

Reconoció que hay quienes la han exhortado a que no muestre resistencia al nuevo escenario que se establecerá en Puerto Rico, luego de una serie de acontecimientos generados en Washington que han degradado al Estado Libre Asociado (ELA), establecido en 1952 como un gobierno autónomo para sacar a Puerto Rico de la lista de países bajo dominación colonial, y la inminente imposición de una junta de control fiscal, entre otras acciones.

"No concibo la advertencia de algunos de que no me resista; no concibo que a los sudafricanos alguien les dijera que aceptaran la realidad del apartheid y bregaran con eso; o que a un esclavo le dijeran que aceptara su esclavitud y bregara con eso", estableció con su característica energía la alcaldesa de San Juan.

Manifestó que ningún puertorriqueño debe prestarse a servir en una junta diseñada para saciar la sed de los buitres a costa de la esperanza de nuestros compatriotas.

"De esto se trata esta junta, de quitarnos el poco poder que tenemos; lo hacen porque nuestra condición de subordinación, de colonia, permite que nos sometan a la indignidad de hacer con nosotros lo que quieran", afirmó.

El gobernador de Puerto Rico decreta impago de la deuda pública

SAN JUAN.- El gobernador Alejandro García Padilla decretó hoy la suspensión del pago de las obligaciones generales garantizadas por el Estado Libre Asociado (ELA) y las de otras entidades públicas. 

 De este modo, el mandatario puertorriqueño puso en marcha, tal como había anticipado, la Ley de Moratoria, Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, justo el mismo día en que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la legislación Promesa (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act). 

El gobernante boricua aplaudió la decisión de Obama porque, dijo, permitirá la reestructuración de la deuda pública de 70.000 millones de dólares, precisamente a punto de incurrir este viernes en un impago de unos 1.900 de dólares.

A partir de la medida de García Padilla se detiene la transferencia del impuesto al consumo del cigarrillo a la AMA (Autoridad Metropolitana de Autobuses) y los pagos a la Autoridad de Edificios Públicos por concepto de arrendamiento de las entidades gubernamentales declaradas en estado de emergencia.

"De esta manera, la administración continúa tomando pasos históricos para asegurar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, aún en medio de la delicada situación financiera por la que atraviesa el país", señaló en declaraciones escritas emitidas por La Fortaleza, sede del Ejecutivo.

A tenor con los pasos dados, queda suspendida cualquier obligación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para incluir una consignación en el presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa para el pago de los bonos emitidos por la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico.

García Padilla declaró en estado de emergencia la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, el Sistema de Retiro de Empleados, la Compañía de Fomento Industrial y la Universidad de Puerto Rico (UPR) para protegerlas de litigios que ofrece la Ley de Moratoria Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico y proporcionar al gobierno los recursos necesarios para su operación.

Obama firma la ley destinada a reestructurar la deuda de Puerto Rico

WASHINGTON.- El presidente de EEUU, Barack Obama, firmó hoy la ley conocida como "Promesa", por la que se establece un camino para la reestructuración de la deuda de más de 70.000 dólares de Puerto Rico, así como una junta de control fiscal sobre los problemas financieros de la isla.

En el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario rubricó la legislación justo antes de que se cumpla este viernes el siguiente vencimiento de pagos, valorado en 2.000 millones de dólares.

"El pueblo de Puerto Rico tiene que saber que no los olvidamos, son parte de la familia estadounidense", dijo Obama al firmar la ley, en un acto improvisado al que asistió el secretario del Tesoro, Jack Lew.

"Como consecuencia de su incapacidad de reestructurar la deuda, hemos visto hospitales incapaces de operar, ambulancias sin operar, servicios básicos que se suspendían y trabajadores del Gobierno sin pago. Ha generado enormes dificultades para el pueblo de Puerto Rico", indicó.

La Casa Blanca ha asegurado que el texto alcanzado "no es perfecto", pero ha decidido apoyarlo a falta de otro acuerdo más afín, dado el inminente vencimiento de pagos de este viernes.

Bajo la nueva ley, la junta de supervisión fiscal podría anular cualquier ley por parte del Gobierno de Puerto Rico que considere una violación de "Promesa" y también puede obligar al Gobierno puertorriqueño a vender activos, fusionar agencias y despedir empleados gubernamentales.

La junta podría incluso modificar las normas sobre salario mínimo y compensación de horas extra, además de imponer sanciones penales por proporcionar información falsa o violar órdenes de la junta.

Por eso, algunos senadores, como el demócrata Robert Menéndez o el independiente Bernie Sanders, han calificado la ley como "colonialista" e "intervencionista" y se han opuesto de manera frontal al texto.

No obstante, la ley permitirá al Gobierno de Puerto Rico evitar una dura decisión, dado que parte de los bonos que vencen este viernes están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público, incluida la financiación de servicios públicos.

Esa elección puede evitarse con la nueva legislación, que dota a la isla del marco legal necesario para declararse en quiebra y renunciar al pago de la deuda sin que los acreedores puedan demandarla ante los tribunales estadounidenses.

Según lo establecido, será el propio presidente Obama el que ratifique a los miembros de la junta, que serán propuestos por el Congreso y en la que se espera que haya cuatro republicanos y tres demócratas

Clinton dice que la ley para la crisis de Puerto Rico era la mejor opción

WASHINGTON.- La oficiosa candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, celebró la aprobación de un proyecto de ley para reestructurar la deuda de Puerto Rico, que consideró "la mejor opción que tenemos en este momento para evitar una crisis fiscal" a comienzos de julio.

El Congreso de Estados Unidos dio luz verde a la ley conocida como "Promesa" por la que se establece un camino para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, así como una junta de control fiscal sobre los problemas financieros de la isla.

Clinton opinó que "el proyecto no es para nada perfecto" y mantiene "serias preocupaciones sobre algunas de las provisiones".

La candidata, que tiene ya los delegados necesarios para proclamarse en la nominada presidencial demócrata, dijo que se asegurará que la junta de control que crea esta ley "esté compuesta por miembros que actúen trabajando por el mejor interés de los puertorriqueños, protegiendo su sistema de salud, sus pensiones, sus salarios y su bienestar".

Clinton dijo que se deben poner los intereses de los ciudadanos "por encima de las ganancias de los gestores de fondos" y pidió que a Puerto Rico se lo trate con igualdad a nivel federal.

El Senado de EE.UU. aprueba la ley para reestructurar la deuda de Puerto Rico

SAN JUAN.- El Senado de EEUU aprobó anoche el proyecto de ley conocido como "Promesa", que pretende ofrecer un camino a la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, que asciende a más de 70.000 millones de dólares, y establecer una junta de control fiscal para supervisar sus problemas financieros.

Con 68 votos a favor del texto legislativo y 30 en contra en la Cámara Alta, el Congreso da luz verde a la legislación para atajar la crisis de la isla, después de meses de negociación bipartidista y a tiempo antes de que este viernes venza otro de los pagos de su deuda, esta vez por 2.000 millones de dólares.

La Casa Blanca ha asegurado que el texto alcanzado "no es perfecto", pero apoya su contenido a falta de otro acuerdo más afín al Gobierno, por lo que en las próximas horas se espera que la ley sea promulgada por el presidente de EEUU, Barack Obama.

"Después de meses de demora republicana y muchas decisiones difíciles, el Congreso por fin aprobó legislación para abordar la crisis económica y fiscal de Puerto Rico", dijo en un comunicado Reynaldo Benítez, portavoz del líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid.

Benítez indicó que, pese que a Reid le preocupan "medidas injustas" respecto al salario mínimo o la falta de protecciones para los jubilados, esta "es la mejor solución a los problemas de la isla ya que le provee de las herramientas que necesita para salir de esta crisis".

Bajo la nueva ley, la junta de supervisión fiscal podría anular cualquier ley por parte del Gobierno de Puerto Rico que considere una violación de "Promesa" y también puede obligar al Gobierno puertorriqueño a vender activos, fusionar agencias y despedir empleados gubernamentales.

La junta tendría el poder de llevar a cabo audiencias, citar testigos, requerir información y estados financieros auditados del gobierno puertorriqueño y se le permitiría imponer sanciones penales por proporcionar información falsa o violar órdenes de la junta.

No obstante, otros senadores demócratas, encabezados por el cubanoestadounidense Robert Menéndez, han calificado la ley como "colonialista" e "intervencionista" y se han opuesto de manera frontal al texto.

Lew urge al Senado a actuar esta semana para evitar el "caos" en Puerto Rico

WASHINGTON.- El secretario del Tesoro de EEUU, Jack Lew, urgió hoy a los líderes del Senado a aprobar esta semana una ley sobre la crisis de deuda en Puerto Rico, para evitar que la isla incurra a partir del 1 de julio en un nuevo impago que generaría una situación "caótica" con "graves consecuencias".

En sendas cartas dirigidas al líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, y al senador demócrata de mayor rango, Harry Reid, Lew pidió no "retrasar" el voto en la Cámara Alta sobre el proyecto de ley bipartidista conocido como "Promesa", aprobado este mes por la Cámara Baja.

"El Senado debería abordar el asunto inmediatamente. Retrasarlo solo pondrá en peligro la capacidad del Congreso de terminar su trabajo antes del 1 de julio, una fecha límite crucial que los líderes de Puerto Rico llevan meses destacando", indicó el titular del Tesoro.

El Gobierno de Puerto Rico ya ha incurrido en tres impagos en el último año, pero el más cuantioso se produciría el próximo viernes, 1 de julio, cuando vencerán bonos por valor de cerca de 2.000 millones de dólares, de los que unos 700 son obligaciones generales.

Ese tipo de bonos están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.

"Aunque no sabemos cuáles serán todas las ramificaciones si el Congreso no actúa antes de fin de mes, lo que tenemos claro es que son los 3,5 millones de ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico quienes sufrirán todavía más", afirmó Lew.

La Casa Blanca ha dado su respaldo al proyecto de ley "Promesa", que establece la creación de una junta de control fiscal sobre el Gobierno de la isla para supervisar la elaboración de los presupuestos y facilitar la reestructuración de la deuda.

El Gobierno de Puerto Rico da por seguro un impago parcial de deuda el 1 de julio

SAN JUAN.- El Gobierno del Puerto Rico ya descarta que vaya a pagar cerca de 2.000 millones de dólares de deuda que vencen el 1 de julio, por lo que sólo le queda confiar en que Washington apruebe antes la ley que impediría a sus acreedores presentar más demandas contra él.

"La totalidad de lo que se tiene que pagar no la tenemos. Bueno, quizás lo habría, pero tendríamos que cerrar muchas agencias públicas, despedir empleados públicos y cortar servicios, algo que no se va a hacer", dijo hoy Melba Acosta, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, el brazo financiero del Gobierno de la isla.

Acosta fue hoy la primera ponente en una reunión de parte de los 60.000 puertorriqueños que tienen bonos de la isla, agrupados en la asociación Bonitas del Patio.

Esta agrupación se reúne hoy por primera vez en San Juan para saber cómo puede afectarle la reestructuración de deuda que planea el Gobierno de la isla con el respaldo de EE.UU., que está próximo a aprobar el proyecto conocido como "Promesa" y que provee un marco legal para que Puerto Rico pueda declararse en bancarrota sin que los acreedores puedan demandarlo.

En línea con lo defendido por el Gobierno de la isla durante las últimas semanas, Acosta insistió hoy en que es urgente que el Senado federal apruebe de una vez el proyecto "Promesa" antes de que el 1 de julio haya nuevos vencimientos de deuda, que rondan los 2.000 millones de dólares.

Entre esa cantidad, hay 700 millones de dólares en Obligaciones Generales (GO), un tipo de bonos garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.

Acosta adelantó que el Gobierno podría tratar de pagar los intereses de esa deuda, particularmente de los GO, que superan 300 millones de dólares.

Acosta también adelantó que el Gobierno sigue estudiando la posibilidad de vender activos, privatizar algunas áreas económicas y establecer alianzas público-privadas en áreas como la de carreteras, similar a la concesión que ahora tiene la española Abertis.

De cara a la semana que acaba de comenzar, la máxima responsable de la política financiera de Puerto Rico reconoció que va a ser "bien complicada".

Así, antes del 30 de junio hay que aprobar los presupuestos generales para el ejercicio fiscal que comienza el 1 de julio, elaborar una orden ejecutiva para decretar el impago de la deuda que vence el viernes, publicar los estados financieros atrasados que los acreedores llevan meses reclamando y presionar para que se apruebe "Promesa".

Combatirán 200 organizaciones a la junta fiscal de EE.UU en Puerto Rico

SAN JUAN.- Representantes de unas 200 organizaciones políticas, sindicales y sociales están comprometidos hoy en combatir el establecimiento en Puerto Rico de una junta de control fiscal de Washington, que reducirá los mínimos poderes del gobierno isleño. 

El compromiso surgió como secuela de la maratónica Asamblea de Pueblo que se realizó en la víspera en San Juan, bajo la convocatoria de la Concertación Puertorriqueña Contra la Junta de Control Fiscal, cuyo establecimiento se contempla en una legislación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que está en trámite en el Senado federal.

El propósito de cónclave, al que concurrieron representantes de la diáspora puertorriqueña en la nación norteña, incluido el congresista demócrata Luis Gutiérrez (Illinois) y la presidenta del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, fue aprobar la iniciativa de desobediencia civil en caso de que el presidente estadounidense Barack Obama sanciones la imposición de la junta de control fiscal.

Los organizadores del encuentro, entre los que se encontraba la expresidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico Ana Irma Rivera Lassén y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, del ala soberanista del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), se proponen realizar desobediencia civil en instalaciones públicas y una protesta frente al edificio que alberga las dependencias de Estados Unidos en la isla.

La imposición de la junta federal tiene como objetivo garantizar que se pague a los acreedores de Wall Street y a los fondos buitres la deuda pública de 70.000 millones de dólares.

El gobernante puertorriqueño Alejandro García Padilla ha establecido que es impagable a menos que se someta al pueblo a la privación de salud, educación y seguridad, entre otros renglones.

La dirigente sindical Luisa Acevedo aseguró que la Concertación Puertorriqueña Contra la Junta de Control Fiscal Federal ya cuenta con personas listas para, cuando así se disponga, realizar desobediencia civil contra el propuesto organismo.

El congresista Gutiérrez exhortó a forjar la unidad para lograr detener el proyecto, conocido como Promesa por sus siglas en inglés, que implementaría la junta de control y otros mecanismos que colocarían al gobierno de Puerto Rico en un segundo plano.

"Al igual que nuestra unidad expulsó a la Marina de Guerra de Vieques, expulsará a la junta de control fiscal; al igual que nos levantamos unidos para detener el gasoducto, vamos a expulsar a la junta", dijo al destacar que por sus venas corre la misma sangre del patricio Ramón Emeterio Betances, el mártir nacionalista Pedro Albizu Campos y el prisionero político Oscar López Rivera, quien lleva 35 años encarcelado por luchar por la independencia de Puerto Rico.

Titulares puertorriqueños de bonos analizarán opciones ante un posible impago

SAN JUAN.- Los titulares puertorriqueños de bonos de la isla se reunirán este lunes para conocer cómo puede afectarles la imposición de una junta federal de control fiscal que ayude a reestructurar la deuda y qué opciones tienen ante el previsible impago del Gobierno.

La recién creada agrupación de Bonistas del Patio ha convocado a sus integrantes para celebrar el primer Encuentro de Bonistas de Puerto Rico, una jornada en la que se celebrarán una serie de conferencias con todos los sectores involucrados en la actual crisis económica y fiscal de la isla.

Se calcula que en Puerto Rico hay más de 60.000 personas que tienen bonos de deuda del Gobierno de la isla por valor de cerca de 15.000 millones de dólares, una parte significativa de los 70.000 millones emitidos en total por las diferentes administraciones y entidades públicas locales.

"Este evento será una magnífica oportunidad de educación y orientación para todos los tenedores de bonos de Puerto Rico", dijo Jorge Irizarry, director ejecutivo de Bonistas del Patio.

En la reunión se discutirá sobre la situación actual tras la aprobación por parte de la Cámara federal de Representantes del proyecto de Ley conocido por el acrónimo de "Promesa" y "las consecuencias directas que tendrán las decisiones que se están tomando a nivel federal sobre los puertorriqueños", dijo Irizarry.

El citado proyecto de Ley, que aún debe ser aprobado por el Senado federal, establece la imposición de una junta de control fiscal compuesta por siete miembros elegidos por el presidente de EE.UU. para que supervisen el cumplimiento de los presupuestos y el control de gastos y ayuden a reestructurar la deuda.

La reunión, que estará abierta al público en general, se llevará a cabo el lunes desde las ocho de la mañana en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Comenzará con una exposición por parte de miembros del equipo fiscal del Gobierno de Puerto Rico. Además, habrá un panel con todos los candidatos a la Gobernación de cara a las elecciones del próximo noviembre.

Hasta el momento han confirmado su participación los presidentes del gobernante Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier; del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló; y del minoritario Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe. Igualmente estarán los candidatos independientes Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre.

La presidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago declinó participar en el foro por estar en cierre de la sesión legislativa.

En otro panel, economistas como Joaquín Villamil, Carlos Colón de Armas y Joseph Rosenblum orientarán a los bonistas acerca de los posibles recortes en los pagos del principal y los intereses de su deuda y el impacto económico que pueden tener.

Habrá además un panel de congresistas y miembros del Tesoro federal, y otro que ofrecerá el punto de vista de las cooperativas de ahorro y crédito.

Los Bonistas del Patio aseguran haber estado entre los más afectados por los tres impagos en los que hasta el momento ha incurrido el Gobierno de Puerto Rico.

El primero fue en agosto de 2015, correspondiente a bonos de la Corporación de Financiamiento Público. El segundo fue en enero de 2016 con bonos de la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

El tercero tuvo lugar al comienzo de mayo, cuando se dejó de pagar un vencimiento de 400 millones de dólares de deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). De esa cantidad, cerca de la mitad pertenece a individuos puertorriqueños, según Bonistas del Patio.

Sin embargo, el más cuantioso previsiblemente será el del próximo 1 de julio, cuando vencerán bonos por valor de cerca de 2.000 millones de dólares, de los que unos 700 son obligaciones generales (conocidas en inglés como GO's).

Ese tipo de bonos están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.

Por ello, el Gobierno de Alejandro García Padilla está haciendo todo lo posible para presionar al Senado de EE.UU. a que apruebe el proyecto "Promesa" antes del 1 de julio.