miércoles, 11 de mayo de 2016

La economía de Puerto Rico sigue al borde del colapso


SAN JUAN.- En medio de la profunda crisis económica que atraviesa Puerto Rico, agravada por la cesación de pagos de su deuda, el Congreso de EE.UU. impulsa un proyecto que podría evitar el colapso total del Estado asociado. Sin embargo, no hay acuerdo y el debate se posterga cada vez más. Mientras tanto, los tenedores de bonos no cesan en la propaganda que incluye el asesoramiento de exlegisladores, según recoge https://actualidad.rt.com.

EE.UU. analiza qué hacer con los problemas financieros de Puerto Rico, que se agravaron luego de que la semana pasada no cancelara un pago de bonos por 422 millones de dólares, el monto más alto de una serie de bonos impagos desde 2015. Las previsiones son malas ya que el 1 de julio próximo, publicó 'Fortune', el Estado asociado deberá afrontar obligaciones por 2.000 millones de dólares.

¿Qué hacer con esta crisis? Tras la visita del secretario del Tesoro de EE.UU., Jacob Lew, a San Juan para monitorear la situación, este miércoles iba a comenzar el debate de un proyecto que prevé la creación de una junta de control que ayudaría a manejar la deuda de 70.000 millones de dólares y supervisaría su reestructuración.

Sin embargo, de acuerdo con el portal El Nuevo Día, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, no consiguió el apoyo suficiente para presentar el texto, por lo que, como mínimo hasta el viernes o la semana próxima nada pasará.

Una de las principales diferencias entre los legisladores de EE.UU. pasa por el repudio a lo que algunos califican de rescate financiero, pese a que la iniciativa no incluye ninguna ayuda de este tipo. Por eso, con el objetivo de facilitar su aceptación, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, el también republicano Rob Bishop, anunció una reformulación del texto y una nueva versión. No obstante, esto no fue suficiente para conseguir el respaldo necesario.

Presión a favor y en contra


Mientras los legisladores estadounidenses discuten cómo ayudar a Puerto Rico, los tenedores de bonos trabajan para sacar el mayor rédito posible. Por eso, invierten millones de dólares en contrataciones de especialistas para defender sus posiciones.

Judd Gregg, exsenador republicano, representa a un grupo de acreedores que, por las características de sus bonos, se beneficiarán si la economía de Puerto Rico mejorase, por lo que aseguró que el proyecto "trata a los acreedores con justicia y no utiliza dólares de los contribuyentes".

Por el contrario, la republicana Connie Mack, exintegrante de la Cámara de Representantes, responde que la norma "es pura y sencillamente un rescate en las espaldas de los contribuyentes, retirados y ahorristas".

Frente a estos diferendos, Bishop advirtió, de acuerdo con Reuters, que, si el tratamiento de la iniciativa se posterga, "la situación podría empeorar, la deuda podría empeorar y la crisis humanitaria podría empeorar", por lo que si quienes rechazan un "rescate" demoran la discusión, en un futuro, posiblemente estén obligados a impulsar ese rescate.

¿En qué situación está hoy Puerto Rico?


Cualquier descripción que se intente hacer sobre su estado financiero coincidirá en que atraviesa una profunda crisis, agravada por los vaivenes de la economía de EE.UU. Por un lado, las reservas monetarias son cada vez menores debido a la disminución de los ingresos agrícolas y a la eliminación de los incentivos impositivos federales para las industrias, a lo que se suma el déficit derivado de la colocación de bonos. 

Con todo esto, más de 200.000 personas abandonaron la isla en los últimos años para instalarse en territorio estadounidense, lo que redujo drásticamente la recaudación impositiva. En tanto, quienes se quedaron afrontaron el alza de impuestos y de las tarifas de los servicios públicos, la crisis de los comercios y los despidos que llevaron la tasa de desempleo al 12%.

Otras cifras describen muy bien cuán profunda es la crisis. La recesión es casi continua desde 2005, con una deuda que asciende al 70% de su PIB anual, por lo que la tercera parte de los impuestos está destinada a cancelar sus obligaciones.

Como si esto no fuese suficiente, de los 2.000 millones que vencen a comienzos de julio, unos 800 millones son bonos garantizados por la Constitución. No cumplir con esos pagos, como ya fue anunciado, provocará un problema legal de mayor gravedad.

Sin recursos

A diferencia de otros países, como Argentina, que enfrentaron una crisis similar por no pagar su deuda, Puerto Rico tiene condiciones que parecerían hacerle imposible saltar el problema. Por ejemplo, para 'Fortune' el país ya no estaría en condiciones de aumentar los impuestos para mejorar su recaudación dado que esa medida ya fue tomada. Tampoco podría incrementar sus exportaciones, ya que el crecimiento industrial de décadas pasadas concluyó a fines del siglo XX, cuando comenzó un importante declive.

Además, Puerto Rico, por ser un Estado asociado, no puede idear una salida propia a su crisis, ya que siempre dependerá de las medidas que tome Washington.
A favor está la importancia del sector turístico, que podría beneficiarse de la mejora de las relaciones entre Cuba y EE.UU. No obstante, parece poco en medio de un mar de situaciones tan conflictivas como negativas que podrían causar una larga estadía de Puerto Rico en una indeseable condición de impago.

El Gobierno boricua prepara un nuevo presupuesto pese a la situación de quiebra

SAN JUAN.- El Gobierno de Puerto Rico prepara un nuevo presupuesto para el año fiscal que comienza el 1 de julio, pese a la multitud de voces que abogaban por mantener el actual a la espera de que Washington habilite algún tipo de ayuda o sistema de control para sacarlo de la situación de quiebra en que se encuentra.

En unas declaraciones escritas, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, confirmó que está "próximo a presentar el presupuesto (del ejercicio fiscal 2017) ante la Legislatura", que deberá aprobarlo.
"Nos encontramos ante una coyuntura histórica compleja donde tenemos que tomar como única consideración el bienestar de los puertorriqueños", dijo al respecto desde Nueva York, a donde viajó para tratar de impulsar las negociaciones con los acreedores.
Según dijo, "el presupuesto se está trabajando de forma responsable y 'comprensiva' (completa, en detalle) para permitir que se continúen brindando servicios a la ciudadanía".
"No es una circunstancia típica. Es una realidad histórica única", apuntó igualmente en referencia a la excepcional situación en que se encuentra Puerto Rico, que el pasado 1 de mayo incurrió en su primer impago masivo de deuda y que el 1 de julio -justo cuando tendría que entrar en vigor el nuevo presupuesto- previsiblemente tendrá otro impago mucho mayor aún.
Además, los vencimientos de julio rondan los 2.000 millones de dólares, de los que 700 millones se corresponden con Obligaciones Generales, un tipo de bono cuyo pago está garantizado por la Constitución, donde se dice expresamente que su abono tendrá prioridad sobre cualquier otro gasto.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes de la isla, Rafael Hernández Montañez, ha amenazado con vetar el presupuesto del próximo año si éste no incluye disposiciones para el pago de las Obligaciones Generales.
"Las medidas se están trabajando y serán remitidas pronto para que la Legislatura pueda descargar su responsabilidad y contribuir en las causas del país", dijo hoy el gobernador sin ofrecer más detalles.
Estas declaraciones confirman, por un lado, que el Gobierno no ha desistido de presentar un presupuesto y, por otro, que a falta de menos de dos meses aún no lo tiene listo.
En este periodo Puerto Rico confía en que Estados Unidos logre consensuar algún tipo de ayuda para la isla. El Gobierno puertorriqueño quiere que se le permita declararse en quiebra bajo el paraguas de la legislación federal, para evitar litigios en los tribunales derivados de sus impagos.
Sin embargo, los legisladores federales no están dispuestos a esto y abogan más por imponer el control de una junta externa que supervise las gestiones del Gobierno y arreglar la maltrecha economía, que acumula una década en recesión.
Aunque el Gobierno local se opone a la imposición de esa junta de control fiscal, también son muchas las voces en la isla -sobre todo desde el ámbito empresarial- que la dan por hecho y que creen incluso que es la única manera de enderezar las cuentas.
Entre los que apoyan esa junta está el principal grupo local de medios de comunicación, GFR Media, que tiene intereses en otros sectores económicos y que controla los mayores diarios de la isla, incluido El Nuevo Día, donde hoy se publica un editorial titulado "Es necesaria ya la Junta de Supervisión Fiscal".
Desde hace semanas el diario más leído de la isla está mostrando su apoyo a esta iniciativa que "reestructure la deuda de 70.000 millones de dólares y 'viabilice' (canalice) los incentivos que encaminen la recuperación de la salud de las arcas gubernamentales y el desarrollo económico local".
Para este diario, la polémica generada en torno a la presentación del presupuesto, la amenaza del gobernador de vetar las enmiendas a la Ley de Moratoria y la ausencia de estados financieros auditados de ejercicios anteriores "retratan con elocuencia la necesidad de crear una Junta de Supervisión Fiscal federal que dirija los asuntos presupuestales (presupuestarios) y fiscales de la Isla".

Puerto Rico acoge con derecho a voto al 10 % de los dominicanos del exterior

SAN JUAN.- Cerca del 10 % de los dominicanos con derecho a voto que viven fuera de su país están censados en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, donde el domingo están también llamados a las urnas para elegir un nuevo presidente. 

"La importancia de los dominicanos en Puerto Rico para las elecciones es grande, ya que hay más personas con derecho a voto que en algunas provincias del sur de nuestro país", dijo hoy  el cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico, Franklin Grullón.
El diplomático explicó que unos 28.200 dominicanos estaban inscritos en las oficinas de la Junta Central Electoral de Puerto Rico antes del pasado 15 de enero, fecha límite marcada para ejercer el derecho al voto el próximo 15 de mayo.
Grullón matizó que serán unos miles más los que finalmente voten en Puerto Rico, gracias a una reciente resolución de la Junta Central Electoral por la que se permitirá que voten quienes dispongan de la célula de identidad y electoral que se exige.
La Junta Central Electoral de la República Dominicana en Puerto Rico dispondrá para el voto de 32 mesas electorales situadas en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, donde acudirá el grueso de los votantes.
Dada la dispersión de la población dominicana por todo el territorio puertorriqueño, la Junta Central Electoral ha dispuesto además mesas de votación para los municipios de Mayagüez, Caguas, Canóvanas, Vega Baja y Bayamón.
Fuera de Puerto Rico, los dominicanos repartidos por la región que se incluye en el área que corresponde al Consulado de San Juan podrán votar en Saint Thomas, Saint Croix, Tortola y las Islas Turcas y Caicos.
En cuanto a los resultados, Grullón manifestó que según una encuesta propia -de la que no dio más detalles- se espera que el 60 % de los votantes se decante por el actual presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina.
"Entiendo que será una victoria récord para Medina", sostuvo Grullón, quien dirigió la pasada campaña del actual presidente en Puerto Rico y forma parte del Comité político del PLD.
Grullón aseveró que las mesas electorales estarán abiertas entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde hora local, y que el proceso de recuento de votos estará a cargo de la Junta Central Electoral, entidad en la que como aseguró tiene plena confianza.
El diplomático comentó que los dominicanos que viven en Puerto Rico sufren actualmente las consecuencias de la profunda crisis económica que golpea a la isla desde hace cerca de una década, por lo que en algunos casos han optado por poner rumbo a Estados Unidos o regresar a su país.
"Muchos dominicanos que viven en Puerto Rico regresan a República Dominicana gracias a la mejora de la economía en nuestro país", destacó, tras apuntar que el crecimiento sostenido de la economía en los últimos años es uno de los factores que empujan a algunos de sus compatriotas a hacer las maletas de regreso. 
Grullón subrayó en ese sentido que en los últimos años se han creado en República Dominicana cerca de 400.000 nuevos empleos.
Oficialmente hay 68.000 dominicanos en Puerto Rico con ciudadanía estadounidense (por ser la isla un Estado Libre Asociado a EE.UU.), aunque de forma extraoficial se calcula que pueden vivir en este territorio caribeño hasta 200.000, un buen número de ellos sin regularizar su situación migratoria.
El próximo día 15 se elegirá al presidente y vicepresidente de República Dominicana, así como a 32 senadores, 190 diputados, 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano, 158 alcaldes y vicealcaldes y 1.164 regidores.

Presos organizados obtenían un millón de dólares ilícitos mensuales con comercio carcelario en Puerto Rico

SAN JUAN.- Las autoridades federales de Estados Unidos desarticularon una organización de presos que generaba un millón de dólares mensuales, anunció hoy la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez. 

 El operativo de produjo después que un gran jurado federal emitiera acusaciones contra 50 miembros de la Asociación Pro Derechos y Rehabilitación del Confinado (Ñeta) por asesinato, tráfico de drogas y violaciones a la ley del crimen organizado en las principales cárceles del país.

"Los Ñetas introducen drogas en las prisiones con la ayuda de oficiales corruptos, civiles que trabajan dentro del sistema carcelario y personas que visitan a los reclusos", aseguró la fiscal Rodríguez en rueda de prensa en la que reveló los hallazgos de Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de Puerto Rico.

Entre los acusados se encuentra el máximo líder de los Ñeta, identificado como Abelino Millán Machuca, alias Papito Machuca.

La organización, cuyo propósito era defender los derechos de los confinados, se dedicaba al enriquecimiento ilícito de sus miembros mediante la distribución de narcóticos, asesinato por encargo y el tráfico de teléfonos móviles en prisiones como el Complejo Correccional de Bayamón, contiguo a San Juan; El Zarzal en Río Grande y en Las Cucharas en Ponce.

Además, desde 2005, los Ñetas se encargan de proteger su territorio y las ganancias mediante intimidación, violencia y asesinatos.

La organización delictiva utilizaba el dinero generado para fiestas a sus miembros y los familias en las prisiones del DCR.

"Los vamos a procesar y vamos a tener en nuestros penales la rehabilitación de aquellos confinados que sí le interesa", afirmó el secretario del Departamento, Einar Ramos López, acompañado de la jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, cuya ayuda agradeció.

según Ramos López, los imputados generaban un millón de dólares al mes mediante la venta de drogas en las prisiones del país con la colaboración de oficiales, que también fueron acusados.

La pandilla cometió al menos dos asesinatos en las prisiones, además de promover el narcotráfico en la cárcel y fuera a través de Puerto Rico.

El Gobernador de Puerto Rico se reúne con acreedores en Nueva York

SAN JUAN.- El gobernador Alejandro García Padilla, quien viajó ayer a Estados Unidos, hoy se reunió con acreedores de Puerto Rico para plantear la necesidad de una reestructuración de la deuda pública de 70.000 millones de dólares. El mandatario explicó que Puerto Rico necesita una restructuración sostenible a largo plazo de su deuda pública que, a la vez, provea un nivel sustentable de crecimiento económico.
"No podemos continuar con medidas de refinanciamiento como proponen algunos acreedores y políticos", dijo García Padilla, quien en la víspera recibió en San Juan al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob J. Lew, en una visita cargada de enigmas para la generalidad del país.

El mandatario subrayó que Puerto Rico no puede volver a colocarse en un futuro cercano en la actual posición en que se encuentra, al borde de la bancarrota, por lo que "los acuerdos que se alcancen tienen que ser finales, sustentables y duraderos".

García Padilla insistió en que este es el momento de actuar para frenar la debacle que amenaza a Puerto Rico, a la vez que agradeció su respaldo al arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, para que se concretara la reunión entre el gobierno y los acreedores.

"Continuar esperando podría resultar en consecuencias económicas y sociales aún peores para el país; la emigración continuaría y la recesión podría agravarse, provocando que incluso los mismos acreedores recuperen un porcentaje mucho menor al proyectado", advirtió.

El gobernante expresó que en el transcurso de las negociaciones con los acreedores se continuará priorizando la prestación de servicios esenciales a los puertorriqueños.

"Puerto Rico ha estado en la mesa de negociación ininterrumpidamente con sus acreedores y reuniones como esta demuestran la buena fe de nuestra administración en este proceso", dijo sobre el encuentro en Nueva York antes de proseguir viaje a Washington, donde proyecta sostener encuentros con congresistas federales y funcionarios de la Casa Blanca.

Anunció que continuará enfocado sus esfuerzos en la continuación de estas negociaciones de la deuda pública, que el 1 de mayo provocó un impago parcial de 422 millones de dólares.

Se anticipa que para el próximo 1 de julio el gobierno de Puerto Rico incurrirá en un nuevo default, esta vez ascendente a 1.900 millones de dólares.

sábado, 7 de mayo de 2016

Un diputado boricua está por prohibir fotografías con "drones" sin permiso

SAN JUAN.- Un diputado del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) que impulsa prohibir en Puerto Rico realizar fotografías o videos con "drones" sin permiso de la persona afectada, recibió hoy el endoso de un grupo de ciudadanos. 

La reacción de algunos puertorriqueños a favor del proyecto de ley 2294 de la Cámara de Representantes, que presentó el parlamentario José Aponte Hernández, del PNP, es producto de que "personas inescrupulosas están utilizando esos dispositivos para espiar y tomar fotografías y vídeos sin autorización", se dijo.

La legislación de Aponte Hernández, expresidente de la cámara baja, pretender proteger el derecho a la intimidad de las personas.

Mediante la medida legislativa se establecería una ley para limitar el uso de imágenes captadas por "sistemas aéreos no tripulados".

De acuerdo con los propulsores de la legislación, cualquier persona perjudicada como consecuencia del uso de estos artefactos, podrá tener una causa de acción civil en contra del ciudadano, entidad o agencia pública que incurra en tal conducta.

Jorge Pagán, portavoz del grupo a favor del proyecto de ley, se quejó de que "en los últimos años hemos sido testigos de la proliferación de estos aparatos aéreos en actividades folclóricas y espectáculos".

"Creemos firmemente en el derecho a disfrutar de estos adelantos tecnológicos, pero de la misma manera entendemos que no pueden ser usados para irrumpir la intimidad de las personas", manifestó Pagán.

A su juicio, ya es tiempo de que esto se regule y por eso pedimos a la Cámara que atienda el proyecto en esta sesión, ya que es vital para la defensa del derecho a la intimidad en el Puerto Rico actual.

El pedido surge luego que se reportara que una persona que reside en el área turística del Condado, en San Juan, denunciara que uno de estos drones merodeó su apartamento.

Otra ciudadana alegó que en la noche del martes de esta semana cenaba con su esposo en su hogar en esa zona turística cuando se percataron que había un dron grabándolos.

Pagán dijo que, ante situaciones como estas, hay que reclamar a los legisladores que se apruebe el proyecto de ley antes de que termine la sesión el próximo 30 de junio.

Se quejó de que la medida aparece en primera lectura desde su presentación el 26 de enero de 2015, por lo que pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, que le dé curso a comisión.

viernes, 6 de mayo de 2016

Puerto Rico padece el infortunio de ser el paraíso fiscal de EEUU

PARÍS.- Puerto Rico está asfixiado por una colosal deuda y ahora espera que lo salve el Congreso de Estados Unidos, que indirectamente contribuyó a su crisis al transformar a ese archipiélago caribeño en un paraíso fiscal.

El territorio, incorporado a Estados Unidos en 1898, se debate hoy entre una deuda de 72.000 millones de dólares y una recesión, tras haber agotado un modelo económico basado en una cascada de ventajas fiscales.
Vigente entre 1976 y 2006, esa política ofrecía a las empresas estadounidenses instaladas en Puerto Rico no pagar ni un centavo al fisco estadounidense por las ganancias obtenidas en la isla.
Gigantes de la informática como Microsoft, o del sector farmacéutico, como Pfizer o Johnson & Johnson, se lanzaron hacia allí para escapar de unos impuestos a las sociedades estadounidenses del 35%, que son los más elevados entre los países industrializados.
"Eso funcionó como una especie de burbuja que explotó cuando el mecanismo terminó en 2006", explicó Scott Greenberg, de la organización Tax Foundation.
Poco a poco, las empresas empezaron a recortar sus presupuestos y comenzó a gestarse una recesión que no ha terminado y que es la contracara del pasado dinamismo boricua que lo llevó a tener un crecimiento económico del 9,8% en 2001.
"No se creó un modelo de crecimiento viable porque las empresas estaban allí solamente por las ventajas fiscales, sino también porque las autoridades de Puerto Rico no supieron aprovechar para desarrollar su economía", añadió Greenberg.
El gobierno de Puerto Rico (Estado libre asociado a EEUU), que dispuso de 10 años para prepararse para el fin de esos mecanismos, "no tuvo ninguna política industrial ni lanzó ningún proyecto", dijo Argeo Quiñones Perez, profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico.
Ese modelo de incentivos fiscales, vigente desde mediados de siglo XX en el archipiélago, no incluía ninguna contrapartida a las empresas beneficiadas.
"Debimos haber obtenido más imponiendo exigencias en términos de generación de empleo o inversiones directas", asegura Quiñones Perez.
Otra ventaja fiscal contribuyó al desastre de Puerto Rico, que el lunes cayó en un nuevo cese de pagos y seguramente incurrirá en otro mayor en julio.
Por la ley de 1917, que otorgó a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense -aunque sin derecho a votar en las elecciones presidenciales- los tenedores de deuda de Puerto Rico están exonerados de impuestos por los intereses que cobran.
Eso provocó la masiva llegada de fondos estadounidenses de pensión que siguieron prestándole dinero a Puerto Rico aun cuando sus finanzas estaban extremadamente debilitadas.
"Si esas obligaciones no estuvieran subvencionadas por el código impositivo estadounidense, los inversores habrían parado de comprar deuda por cuanto sus preocupaciones sobre la situación presupuestaria de Puerto Rico hubieran sido mayores que las ganancias esperadas", estimó Greenberg.
Financieramente desangradas, las autoridades de la isla advirtieron recientemente que sus arcas están vacías y que no podrán honrar los créditos recibidos. Ahora esperan que el Congreso de Estados Unidos le otorgue la posibilidad legal de reestructurar su colosal deuda.
Pese a la crisis y bajada de ingresos, Puerto Rico sigue ofreciendo ventajas fiscales pero ahora busca a inversores muy ricos.
Una ley de la isla vigente desde 2012, establece que todo estadounidense que se convierta en residente fiscal de Puerto Rico no pagará impuestos a las ganancias. Además, las tasa de imposición a algunas empresas de servicios financieros fue reducida al 4%.
Al defender ese mecanismo, que atrajo a administradores de fondos de inversión como el multimillonario John Paulson, el gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla dijo que quiere "compartir la riqueza y no la pobreza".
"Esa gente trae riqueza a Puerto Rico. Eso es bueno para todos aquí", decía en 2014.
Esa estrategia basada en incentivos fiscales está agotada y priva a la isla de cruciales recursos en tiempos de crisis, sostiene Quiñones Perez.
"El costo de mantener ese modelo se ha hecho muy pero muy elevado", añadió.

jueves, 5 de mayo de 2016

Puerto Rico se revela ante la negativa de beisbolistas de EEUU a jugar en la isla

SAN JUAN.- La mera posibilidad de que las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) cancelen los juegos previstos en Puerto Rico por miedo al zika está generando rabia entre los políticos locales, que temen que el virus dañe aún más la economía, y ciudadanía, que esperaba con ilusión esos encuentros.

"Sería vergonzoso, que sin ninguna razón válida, los peloteros, los entrenadores o los administradores de los equipos no vinieran a jugar a la tierra de uno de los peloteros más importantes en la historia", dijo por ejemplo el secretario del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico, Ramón Orta, quien aseguró hoy que aún se está negociando con la MLB para tratar de evitar la cancelación.
En una carta difundida en inglés criticó duramente que la MLB se estén planteando siquiera cancelar los juegos que los Piratas de Pittsburgh y los Marlins de Miami tenían previsto disputar el 30 y 31 de mayo en el estadio Hiram Bithorn de San Juan.
Al parecer, se está estudiando esa posibilidad ante la negativa de los jugadores a viajar a la isla por temor al zika, un virus transmitido por un mosquito que en la mayoría de los casos no produce síntomas destacables, pero ha sido ligado a defectos congénitos en hijos de embarazadas contagiadas y asociado a la muerte de una persona en la isla.
"La pasión que despiertan los deportes entre los puertorriqueños se refleja en una unidad y una alegría que no logran levantar ninguna otra actividad cultural, convirtiéndose en nuestra máxima expresión de nacionalismo", agregó Orta.
En su misiva, recuerda también que el fenecido puertorriqueño Roberto Clemente, una de las leyendas del béisbol en EE.UU., jugó durante 18 temporadas con los Piratas y demostró ser además una persona profundamente comprometida con las causas sociales.
En ese sentido, Orta lamenta ahora la supuesta decisión de los jugadores de los Piratas, así como de los Marlins, de no viajar a San Juan por miedo a contraer el virus del Zika.
"Todavía la MLB está haciendo unas gestiones para convencer a los jugadores", dijo en cualquier caso la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, cuyo municipio ha invertido al menos 700.000 dólares en reparaciones al estadio Bithorn, donde hasta el momento aún están programados ambos encuentros.
También el subdirector de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Luis Daniel Muñiz, dijo que la cancelación, que las autoridades locales dan por hecha aunque aún no se ha anunciado, es "desafortunada y desacertada".
Además, recordó que el Gobierno local lleva meses trabajando arduamente para combatir la propagación del mosquito Aedes aegypti, que transmite el zika, así como el dengue y el chikunguña, endémicos en la isla.
Incluso el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ha arremetido directamente contra los jugadores de ambos equipos, diciendo que "es irónico que los deportistas estén dispuestos a ir a Brasil a las Olimpiadas y no venir a Puerto Rico" o "a jugar en Miami o en Tampa (donde se baraja trasladar los partidos), donde hay zika, y no venir a Puerto Rico".
"Obviamente el béisbol no les da lo que la naturaleza no les dio", dijo García Padilla en televisión. "Creo que al fin y al cabo, si no son capaces de entenderlo, no son capaces de entenderlo. Podrán ser buenos beisbolistas, pero, obviamente, muy inteligentes no son".
Estos comentarios a su vez desataron hoy críticas entre beisbolistas de las Grandes Ligas, como Kike Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles.
"Señor AGP (sigla del nombre del gobernador), a lo mejor eres más inteligente que nosotros, pero el inglés se nos ha hecho un poquito mas fácil que a ti! (sic)", dijo en Twitter en alusión a las conocidas limitaciones del gobernador a la hora de hablar esa lengua.
Asimismo, el estelar receptor de los Cardenales de San Luis Yadier Molina añadió en la misma red social: "Señor AGP, 2+2=6 verdad? ?????? wait (espere) ohhh .. 4 ,, cierto..Gracias Gobernador por la ayuda ,,,".
Ante todo ello, el seleccionador de béisbol de Puerto Rico, Edwin Rodríguez, reaccionó pidiendo calma: "Tranquilos muchachos! Debemos mantener la calma. El pueblo está atento. Buena oportunidad para educar. Respiren!".
Igualmente, el expelotero y aspirante a comisionado residente por el Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, criticó a García Padilla por atacar a los jugadores y no centrar su atención en la "lamentable" decisión deportiva.
Mientras, en las redes se multiplican las quejas de los aficionados al deporte en Puerto Rico, que tienen muy pocas oportunidades de asistir a un partido de las Grandes Ligas.
"Es ilógico y ridículo que los jugadores hayan tomado esta decisión, pues específicamente en Florida se han reportado también casos de personas con zika", dijo en su cuenta de Facebook Gerardo Ortiz, un aficionado a este deporte, posiblemente el más popular en la isla.

García Padilla llama terroristas a los cabilderos en contra de Puerto Rico

SAN JUAN.- El gobernador Alejandro García Padilla llamó terroristas de derecha a aquellos grupos que están cabildeando en contra de los intereses de gobierno para enfrentar la crisis fiscal.

En su edición de hoy, El Nuevo Día, reveló que el grupo de cabilderos que buscan un apoyo a favor de que el Congreso de los Estados Unidos le otorgue al gobierno de Puerto Rico un mecanismo para reestructurar la deuda presenta una desventaja de un 50%, si se compara con los cabilderos que realizan esfuerzos en contra de que se le conceda a la Isla alguna alternativa. 
“Es una traición a Puerto Rico, algunos de ellos lo hacen motivados por el racismo, otros lo hacen por las causas económicas que están dispuestos a hacer sufrir a los puertorriqueños escasez a costa de recibir un retorno de inversión irrazonable, que sabían que era irrazonable desde el momento en el que lo pactaron y que sabían de las condiciones de liquidez desde el momento en que se vendieron esos bonos”, declaró García Padilla.
Recordó que en años anteriores se criticó al gobierno por el gasto de dinero en cabilderos y en esta ocasión quedó evidenciado que están en desventaja versus los que gastan los opositores.
Sin embargo, expresó su respeto y admiración por los republicanos Paul Ryan, quien es el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal que entiende con los asuntos de Puerto Rico, Rob Bishop, porque están haciendo su trabajo “decentemente”
A su vez, manifestó su indignación porque entre los cabilderos hay unos que adelantan sus causas a favor y en contra de la propuesta Junta de Control Fiscal.
“Es increíble, y hay puertorriqueños cabildeando en contra de Puerto Rico. Eso es ser mercenario…vamos a vencer ellos no quieren la Junta porque ellos temen a una Junta nombrada por el presidente (Barack) Obama, liberal y que respete a Puerto Rico. Es bueno que el pueblo entienda la diferencia entre la derecha y la izquierda, esa es la derecha es más esos que pautan anuncios en contra de Puerto Rico mintiendo desde aquí eso es terrorismo de derecha”, sentenció García Padilla, tras participar en la actividad de los Valores del 2015 del Cuerpo de Bomberos como parte de la celebración de su semana.

El Tesoro de EE.UU. pide dar preferencia a las pensiones de los jubilados de Puerto Rico

WASHINGTON.-  El secretario del Tesoro de EE.UU., Jacob Lew, afirmó  que las pensiones de los jubilados del gobierno de Puerto Rico deben tener  cierta preferencia al momento de reestructurarse la deuda pública de la Isla.

Pero, sostuvo que deben estar también sobre la mesa al momento de reajustar las obligaciones financieras del gobierno de Puerto Rico.
Lew hizo los comentarios en una entrevista en la radio pública del sur de California, como parte de una visita a ese estado en la que ha tratado con prioridad la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico y su interés en que el Congreso ofrezca al gobierno de la Isla un mecanismo para reestructurar su deuda, que ronda los $70,000 millones.
Para evitar que todo el sistema de pensiones públicas colapse, los trabajadores tienen que ver que sacan beneficio de sus aportaciones, advirtió Lew.
Uno de los asuntos espinosos de las negociaciones entre el Tesoro y el liderato de la Cámara de Representantes, con respecto al proyecto 4900 que impondría una junta federal de control fiscal, es el trato que se le daría a los sistemas de pensiones del gobierno, que tienen una deuda de $45,000 millones.
"Todas las partes tienen que ser traídas a la mesa", sostuvo Lew, al insistir en la importancia de echar hacia delante, con enmiendas, el proyecto 4900, que puede otorgar a la junta federal algún poder para reestructurar deuda pública.
El secretario del Tesoro sostuvo que tanto el proceso de reestructuración de las diversas dependencias del gobierno como la composición de la junta deben ser justos y equilibrados.
Ante las críticas de diversos sectores en Puerto Rico y los demócratas del Congreso en torno al poder de la propuesta junta sobre los funcionarios electos puertorriqueños, Lew afirmó que ningún gobierno o corporación quiere una autoridad de "supervisión".
Por ello, dijo, la junta "tiene que estructurarse de forma respetuosa". En ese sentido, indicó que el mismo lenguaje que se utilice para describir la junta y quienes son parte de la nueva autoridad son importantes.
"No queremos inflamar la sensibilidad local", sostuvo Lew.
Afirmó, sin embargo, que en términos del futuro político de Puerto Rico a ningún sector "le conviene tener una economía colapsada".
En medio de los impagos y la emigración masiva de puertorriqueños a EE.UU., Lew insistió en que el Congreso, que está en receso legislativo,  "no puede quedarse cruzado de brazos".